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Fabricación de culpables

Activistas por Nestora Salgado intensifican campaña por su liberación

Activistas internacionales intensifican campaña por la liberación de Nestora Salgado que cumple un año de prisión política

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14deagosto - Nestora 062

Mujeres del Comité Internacional Nestora Libre en la Ciudad de México. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Feministas, periodistas, activistas, artistas han intensificado las actividades del Comité de Mujeres Nestora Libre para demandar la libertad de Nestora Salgado García, integrante de la Policía Comunitaria de Olinalá que cumplirá el 21 de agosto un año en una prisión política en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit bajo condiciones que violan sus derechos humanos.

En conferencia de prensa efectuada el pasado 15 de agosto, en el Centro PRO Juárez de derechos humanos en la Ciudad de México, mujeres denunciaron la represión cometida por “el gobierno machista en el que vivímos hoy” contra Salgado García desde que fue detenida por fuerzas armadas sin orden de aprehensión, la fabricación de delitos, hasta las condiciones deplorables de su encarcelamiento.

Además de una carta que exige su liberación en la que firman entre otras personalidades; Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Regina Orozco, Liliana Felipe, Carmen Boullosa, Luisa Riley, Natalia Brushtein, Laura Imperiale, Shula Erenberg, se desarrollará la campaña “Todas somos Nestora”, “We are all Nestora”, que consistirá en expresar la solidaridad con Nestora Salgado con una foto y la leyenda #NestoraLibre.

Bety Lumbreras del Frente de Resistencia Los Ángeles, leyó una carta de la periodista Guadalupe Lizarraga, directora de Los Ángeles Press en la cual menciona cinco personas clave que han intervenido en el encarcelamiento injusto de Salgado García: el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, el alcalde de Olinalá Eusebio González Rodríguez en alianza con el síndico, Armando Patrón, el procurador que fabricó el expediente e imputó delitos falsos Iñaki Blanco e Isabel Miranda de Wallace que ha difamado ante los medios a Nestora y ha presionado a jueces locales para que no la liberen.

La feminista Marta Lamas señaló en su intervención que como feminista y ciudadana le preocupa la falta de transparencia en el caso, lo cual constituye una contradicción del discurso del gobierno y reiteró la demanda de mediación para que Salgado García sea trasladada a un penal de la Ciudad de México no en Guerrero.

Campaña internacional #NestoraLibre

Campaña internacional #NestoraLibre

Saira Rodríguez Salgado, hija mayor de Nestora, notificó que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ayuda de la Clínica de derechos humanos de la Universidad de Seattle para solicitar medidas cautelares para su madre, asimismo denunció la inactividad existente en el proceso legal por parte de los tribunales de Guerrero a pesar de existir desde hace seis meses una resolución federal que desechó cargos imputados a la integrante de la policía comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC).

Gloria Muñoz, fundadora de Desinformémonos.org, aseguró que aunque muchas veces se habla de que las periodistas no deben tomar partido, ella piensa lo contrario, “no se concibe el ejercicio periodístico sin la búsqueda de la justicia a través de las herramientas que el oficio ofrece… si la justicia en México prevaleciera, Nestora nunca debió haber pisado la cárcel”, refutó.

Muñoz relató que Salgado García fue detenida como si fuera la mujer más peligrosa, la subieron a un avión, vivió horas de incertidumbre sin dejarla ir al baño, recordó que aunque confluyen la presión de funcionarios contra la mujer como es el síndico y el presidente municipal de Olinalá así como el gobernador, no es algo local, “en éste y muchos casos, la presión del poder del Estado contra luchadores sociales, ejemplos hay muchos… mujeres que se han atrevido a defender su hoy y mañana como el caso de Enedina, campesina de 60 años que por negarse a vender sus tierras en Puebla está en una cárcel, son políticas de Estado”, criticó.

La periodista recreó las condiciones carcelarias de Salgado García y acusó que la quieren enloquecer por ser una mujer que se atrevió a enfrentar el gobierno y ser una líder comunitaria que denunció las complicidades de autoridades municipales con el crimen organizado.

Un rápido abrazo, una mesa que no les permite tocarse, una cancha de basquetbol a la que la llevan esposada, siendo la única que es tratada así en el penal de alta seguridad, fueron algunos de los detalles que se hablaron de las condiciones de Salgado García en prisión ante lo cual llamó a la investigación y que el caso no caiga en silencio y se olviden las corrupciones en Guerrero.

Salgado García, una de las personas que lideró a la ciudadanía en contra de la delincuencia organizada a finales de octubre de 2012, apenas pudo ver a uno de sus abogados de la firma Robles Gomez Mont, el 25 de julio, luego de la intervención de la Embajada Americana. La defensa de Nestora especificó que  ella no ha estado ante ningún juez, solo la han sacado a un cuarto y no a un juzgado con representación legal.

Nestora fue enviada al penal de El Rincón de Tepic Nayarit con auto de formal prisión sin darle los cinco días para presentar pruebas en su defensa, además de que el expediente fue fabricado y contiene afirmaciones distintas a lo que ella declaró.

Trinidad de San Salvador Atenco, dijo a Saira Rodríguez que no está sola, así como en Atenco hubo compañeros presos, perseguidos, así como están con los familiares de los desaparecidos, “estamos también contigo, no daremos solución pero daremos la lucha”, atajó y señaló que en Atenco fueron perseguidos e incluso asesinaron a dos jóvenes, Alexis y Xavier, además de encarcelamientos injustos y violaciones a mujeres.

“Se sabe todo lo que se pasa como familia, hay que seguir en la lucha, denunciar la política de Estado existente ante las imposiciones”, enfatizó a la hija de Nestora. “¿Qué estamos esperando para unirnos?, hagamos frente a la política represora que nos lleva a un lugar donde el pueblo sea el que gobierne”dijo.

“Mi mente jamás conocerá estas barreras mis pensamientos jamás serán presos, acuérdense que los robles no se doblan ni se van de lado”, recuerdan una de las frases que dijo Nestora Salgado. Por su parte su esposo, José Luis Ávila informó que el 21 de agosto habrá eventos en diferentes ciudades de Estados Unidos por parte del Grupo de Mujeres Radicales, el Partido Obrero Socialista, el freedom Socialist Party, el Frente de Resistencia en Los Angeles, entre otros grupos, en ciudades como Washington, Chicago, Los Angeles, y Nueva York, al igual que protestas frente a consulados mexicanos. Además del respaldo del congresista de Seattle Adam Smith, quien emitió recientemente una carta pidiendo apoyo al secretario de Estado, John Kerry.

En otras intervenciones de los asistentes, se refrendó el respaldo para exigir la liberación de Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Suastegui así como los policías comunitarios detenidos en relación al caso de Salgado García. Norma Mesino, dirigente de la Costa Grande cuya hermana fue asesinada hace casi un año, tachó de perverso al procurador Iñaki Blanco porque ha torcido la justicia y recordó que otras mujeres luchadoras sociales han sido asesinadas o desaparecidas sin que exista justicia como Eva Alarcón y Juventina Villa.

Fabricación de culpables

Calderón fabricó culpables con el Poder Judicial de la Federación: caso Sánchez Mayorga

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, víctima de fabricación de culpables por el Poder Judicial de la Federal

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Por Ignacio García

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, víctima de fabricación del delito de “beneficio de la explotación sexual” durante la administración de Felipe Calderón, denunció en un desplegado público que el ex mandatario utilizó al Poder Judicial de la Federación para fabricar culpables durante su gobierno en simulación de eficiencia policial, por lo que pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, a estos casos.

La denunciante señaló que por medio del expediente 30/2016-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México se abrió la averiguación en su contra el 19 de febrero de 2008. Fue María de los Ángeles Ocampo Allende, supuesta coordinadora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), quien inició el procedimiento, sin embargo, nunca demostró su identidad, aunado a que se le ordenó a Alicia González Cortés, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acumular averiguaciones previas por órdenes de la entonces diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco.

Enfatizó que la actual senadora Garza Ramírez, durante el gobierno de Calderón obtuvo puestos en la administración pública federal, contratos de adjudicación y licitación para sus familiares y la asignación de -al menos- cuatro inmuebles para sus fundaciones y asociaciones, como directivos de la asociación Casa sobre la Roca.

Agregó que la ex diputada federal Garza Ramírez conectó a Calderón con organizaciones religiosas en 2005, y una vez que arribó al gobierno federal fueron beneficiados con distintos cargos públicos, aunado a que aprovechó su organización para entregar premios a exgobernadores por su supuesto combate a la corrupción como a Eruviel Ávila y Javier Duarte, hoy procesado por desvío de recursos.

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga reiteró en el comunicado que Calderón había utilizado al Poder Judicial de la Federación para violar procesos penales como la detención ilegal y arbitraria, el incumplimiento en los requisitos para la valoración de pruebas, testigos aleccionados, actas circunstanciadas de cateo sin los requisitos legales, y enfatizó que en su caso no existió prueba alguna en su contra.

Estas acciones violatorias de los derechos humanos, añadió Sánchez Mayorga, fueron avaladas por la hoy Jueza Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Xucotzin Karla Montes Ortega, pues le dictó sentencia después de siete años de prisión preventiva, el 8 de mayo de 2020, quien presuntamente reconoció sólo las versiones de quienes se dicen las víctimas sin estar seguras de ello, aunado a las múltiples irregularidades que se presentaron en su proceso penal.

Afirmó que la jueza que le dictó sentencia mantiene una relación no profesional, calificándola de “consentida”, del magistrado Ricardo Paredes Calderón, pues acusó que no cuenta con la experiencia suficiente para desempeñarse como juzgadora y que obtuvo ese cargo por “influyentismo”.

Asimismo, acusó que la jueza viola sus derechos humanos, al padecer Covid-19 y no brindarle garantías de atención, aunado a los actos de tortura que ha padecido en su reclusión y su sentencia fue notificada tres meses después de haberse emitido.

Por ello, pidió la intervención del presidente de México para que su caso se resuelva conforme a la legalidad sin “influyentismo” ni obstáculos de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Sánchez Mayorga permanece recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México.

Desplegado público

“La máquina de culpables del expresidente Felipe Calderón fue el Poder Judicial de la Federación”

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, acudo ante usted, para rogarle su intervención, puesto que el gobierno de Felipe calderón y sus esbirros quienes fabricaban delitos para las estadísticas durante su mandato, fabricaron un delito en donde me afectaron, acreditando lo anterior, con las constancias que integran el expediente 30/2016-v, del índice del juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México; esto es así, puesto que la averiguación previa que a la postre fue ejercitada en mi contra, se inició el diecinueve de febrero de dos mil ocho, contra diversas personas, como en su caso lo fueron Gerardo Villareal Ramírez, Marco Antonio Torres Rosales, Cristina Margarita Narváez Medécigo y Arturo Pacheco Martínez, delito que fue denunciado por la licenciada María de los Ángeles Ocampo Allende, en su supuesto carácter de coordinadora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, de las constancias no se advierte documento alguno con el cual se acreditara la identidad con la que se ostentó, ni tampoco la personalidad que tenía para llevar a cabo denuncia alguna; además de que se le encomendó a la licenciada Alicia González Cortés, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acumular averiguaciones previas, por orden de la diputada federal del Partido Acción Nacional, Rosa María de la Garza Ramírez, quien es más conocida con el nombre de Rosi Orozco, en este contexto cabe precisarle que es de conocimiento público, puesto que en el periódico La Jornada, el miércoles 22 de mayo de 2019, se publicó que al amparo de Calderón, Rosi Orozco o con su nombre correcto y completo Rosa María de la Garza Ramírez y su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio, lograron grandes beneficios, puesto que se consiguieron importantes puestos en la administración pública federal, contratos de adjudicación o licitación para sus familiares y la asignación de al menos cuatro inmuebles para sus fundaciones y asociaciones, como directivos de la asociación Casa sobre la roca, la pareja Orozco ganó notoriedad en 2005, cuando acercó al candidato del PAN, Felipe Calderón a congregaciones cristianas y evangélicas. A raíz de ello, surgieron los primeros cargos en la administración federal entre 2007 y 2008; esto es, Alejandro Lucas, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del DIF, y en 2009, se convirtió en director del Instituto Nacional de las Personas Adultas, mientras Rosa María de la Garza Ramírez llegó a ser diputada federal del PAN y luego candidata al senado por el mismo partido. Una investigación reveló que los Orozco utilizaban la lucha contra la trata de personas y sus vínculos con las congregaciones cristianas y evangélicas para sacar beneficios políticos y económicos, cabe resaltar que incluso Rosa María entregó premios por la lucha contra ese delito a gobernadores del Estado de México, Eruviel Ávila, y de Veracruz, Javier Duarte (hoy preso), en donde incluso hay problemas de desaparición de personas e incluso alertas de género, por lo que fabricaban culpables para incrementar y justificar sus estadísticas del combate al delito de marras, estando muchas personas inocentes por la fabricación de culpables; ya que el Poder Judicial de la Federación colaboró de forma directa, puesto que habiendo -como en mi caso- violaciones flagrantes al proceso, detención ilegal, incumplimiento en los requisitos para la valoración de pruebas, testigos aleccionados, actas circunstanciadas de cateo sin los requisitos legales, dado sus vínculos con el entonces mandatario y el partido en el poder, esto es el PAN, justificaban su actuar, tan es así que a mí, me acusaron del delito de “beneficio a la explotación sexual” y, de las constancias que integran el expediente se analiza el delito de delincuencia organizada, además de que obviamente no se advierte prueba alguna con la que se acredite que yo haya obtenido algún beneficio o bien que hubiera efectuado algún acto delictivo; aspecto que fue solapado en principio por el entonces juez primero de distrito de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros y luego por la hoy Jueza Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Xucotzin Karla Montes Ortega, quien no obstante que incumplió lo dispuesto en la circular 8/2020 emitida por el pleno del consejo de la judicatura, supuestamente dictó sentencia después de siete años de prisión preventiva el ocho de mayo de dos mil veinte y me notificó hasta el tres de agosto de dos mil veinte, y digo supuestamente puesto que dice que se dictó por Karla Montes Ortega, siendo que el nombre de la citada juzgadora es Xucotzin Karla Montes Ortega, siendo de lo más normal los errores en este tipo de cuestiones, puesto que la ministerio público adscrita al juzgado formuló sus conclusiones acusatorias en mi contra respecto de diversa averiguación previa, sin embargo, dicha juzgadora asentó que era solo un error ortográfico cuando sabemos que en materia penal no se debe suplir ningún tipo de error, puesto que es de estricto derecho; asimismo, dicha juzgadora para dictar la sentencia en mi contra no analizó el delito que se me atribuye sino que solamente concluyó que con lo externado por las personas reconocidas como víctimas, las cuales sus dichos son de oídas, les otorga pleno valor probatorio sin tomar en cuenta las pruebas que obran en la causa, sino únicamente con sus dichos que son de oídas dice que es suficiente para acreditar plenamente mi responsabilidad, diciendo de forma dogmática, puesto que no hay prueba alguna con la que se acredite que yo mediante engaño sometí a las víctimas, que yo las contraté, en los restaurantes, ni que me aproveché de su situación de vulnerabilidad, al no tener permiso para laborar en el territorio nacional, puesto que esto lo dice sin que haya prueba alguna con la que se establezca, sino es una copia de la resolución de apelación, dictada en el toca penal 371/2015 del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, dictado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, esto es tres años después, que fue lo que tardó en resolverse mi apelación en contra del auto de formal prisión, posteriormente se ingresó mi amparo contra el auto de formal prisión que promoví y se tardó dos años en resolver, resultando para efectos, por qué no se les notificó a las supuestas víctimas, es decir, no resolvieron el fondo del amparo e incluso nunca se le remitió al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por lo cual promoví una queja y cambiaron a los magistrados a diversos lados, pero nunca resultan sancionados porque son solapados por los demás, esto es, “perro no come perro”, y la corrupción que abunda en el Poder Judicial Federal, hace que la persona que dictó mi sentencia, es la consentida por alguna cuestión inexplicable del magistrado Ricardo Paredes Calderón, puesto que se puede advertir que dicha juzgadora tiene una carrera judicial de menos de doce años, entrando como secretaria particular con dicho magistrado, para posteriormente ser su secretaria ejecutiva, oficial judicial y actuaria de Juzgado, cuando él estaba de magistrado en diversos tribunales fue actuaria y secretaria de juzgado siempre en donde estaba dicho magistrado; de igual manera de forma inexplicable acreditó el examen para ser Juez de Distrito, pero lo hizo respecto de los procedimientos adversariales, esto es, el nuevo sistema, la mandaron a Cuernavaca, en donde estuvo menos de un año y posteriormente la mandaron a la Ciudad de México, a los juzgados tradicionales, aspecto extraño puesto que no fue ratificada en el cargo a la fecha, ya que no ha transcurrido el termino para ello, pero la cambiaron para que estuviera en la Ciudad de México, en donde la adscribieron al juzgado décimo de procesos penales federales, pero como iba a desaparecer y ella tiene mucha influencia en el poder judicial, cuando falleció el juez anterior que detentaba el cargo, la citada Xucotzin Karla Montes Ortega, la adscribieron al Juzgado en el cual se encontraba el asunto de la maestra Elba Esther Gordillo y otros relevantes, ella pidió que se lo asignaran lo que le hicieron al día siguiente del fallecimiento del juez que detentaba el cargo, juzgadora que no tiene la experiencia, puesto que si se analiza su carrera judicial, no se explica porque llegó a ser juez, sino como se aprecia, del Instituto de la Judicatura por influyentísimo, y porque le dieron tal vez el examen, tal y como se demuestra del comunicado 30/2020 de fecha cinco de agosto de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, en el que se advierte que se sancionaron diversos servidores públicos entre ellos el exdirector general del Instituto de la Judicatura Federal magistrado Salvador Mondragón Reyes, quien fue sancionado con la destitución e inhabilitación por diez años, por habérseles encontrado responsables de la filtración y eventual comercialización de información confidencial sobre el 28 concurso interno de oposición practicado por el Instituto de la Judicatura Federal en el año 2018, aspecto que no sólo podría haber ocurrido en dicho examen sino en anteriores, por las redes de corrupción que existen en dicho Poder Judicial de la Federación; dado que la inexperiencia extrema de la citada titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales Xucotzin Karla Montes Ortega, lleva a violentar mis derechos humanos e incluso mi vida, puesto que no es posible que se le diga que estoy sufriendo Covid 19, que no me atiende el centro de reclusión en donde estoy a su disposición, y no realice ningún acto para cuidar mi salud y mi vida, que le comuniqué actos de tortura, crueles e inhumanos y no le dé vista al Ministerio Público, sino únicamente pida un informe, aspecto que se hará del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que al parecer dicha jueza no tiene el conocimiento para impedir se cometan actos de tortura, ni tampoco cumplir la ley, ya que por la pandemia se ordenó dictar la sentencia y notificar de manera escalonada, pero dicha juzgadora notificó tres meses después, y de forma virtual sin que me explicaran la sentencia, porque tenían mucho trabajo, y al entregarme copia obviamente me doy cuenta de que copio las conclusiones del ministerio público, así como la resolución de apelación, puesto que no hizo ningún razonamiento legal acreditado con pruebas que acreditaran mi responsabilidad, resaltando que tal inexperiencia se debe a que ella presento su examen para ser juez de distrito especializado en el nuevo proceso penal acusatorio, no en el sistema tradicional ni mucho menos mixto, de ahí su desconocimiento sobre el procedimiento y valoración de pruebas, lo cual es muy diferente del sistema adversarial acusatorio, siendo de igual forma preponderante citar que cuando aprobó el examen de mérito, estaba de director del instituto el magistrado destituido; por ende, sé perfectamente que tengo mi recurso, pero lo único que pido es que se resuelva con la legalidad y no con amiguismos ni influencia que tienen los juzgadores del poder judicial de la federación; quiero manifestarle señor presidente que interceda contra la corrupción empoderada que me tiene a la fecha privada de mi libertad, en virtud de la forma inhumana, injusta e ilegal con la que se trata a la ciudadanía, mi nombre es Claudia Ivonne Sánchez Mayorga y me encuentro recluida en el centro de reinserción social Santa Martha Acatitla. El gobierno del PAN me fabricó un delito y el Poder Judicial Federal por conducto de sus jueces me fabricaron culpable, puesto que no hay prueba alguna con la que se acredite que haya cometido algún delito y por el contrario sí se demuestra los ilícitos que han cometido en mi contra, como lo es que permitieron a una persona ajena el acceso al proceso y luego ella publicó en las redes sociales mi información, la cual debe estar resguardada, pero al decirle a la juez tal aspecto, no hizo nada para evitarlo demostrando su falta de experiencia y conocimiento de derecho; de igual forma, tuvo conocimiento que me detuvieron de forma ilegal, al carecer de valor el acta circunstanciada en donde me llevaron detenida al arraigo, sin embargo ella únicamente precisó que faltaban firmas, pero no era suficiente, así lo dijo en sentencia, por lo que no fue omisa sino es ignorante del derecho, también cuando supo que me torturaron, realizaron tratos crueles e in humanos en mi contra, y me quitaron la matriz sin mi consentimiento, no dijo nada, no hay ninguna averiguación previa o carpeta de investigación contra tales actos, porque el Poder Judicial Federal, es como una cloaca, en donde todas las ratas se cubren sus porquerías; señor presidente le pido me ayude a que se resuelva lo más pronto la apelación interpuesta conforme a derecho, en donde se demostrará que no se acreditan las circunstancias de tiempo, modo lugar y ocasión, del delito que se me atribuye, por lo que se debe revocarla resolución recurrida y dictar una sentencia absolutoria; máxime que muchas de las personas que intervinieron en la averiguación previa se encuentran actualmente enfrentando procesos con la justicia tal como lo es Genaro García Luna.

Por todo lo expuesto, pido de la manera más atenta su intervención para que se haga justicia.

Atentamente

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga.

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El Caso Wallace

Periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace

Nuevas revelaciones del caso Wallace sobre la fabricación de pruebas

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

Moya señaló que junto con Laura Domínguez, vecina y amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, participó en la búsqueda de los rastros del supuesto secuestro y homicidio del empresario, tal como lo denunciaba su madre Isabel Miranda. Sin embargo, se empezaron a percatar de las mentiras de Miranda y de cómo alteraba la realidad.

Tiempo después de la supuesta fecha de muerte de Hugo Wallace, José Luis Moya llevó a Laura Domínguez al aeropuerto para encontrarse con el supuesto victimado. “Se encontraron en un hotel enfrente del aeropuerto, y yo la esperé en el auto”, revela el investigador.

“La aparición de Hugo fue después de que su madre denunció su desaparición”, afirma Moya, explicando que primero denunció a las autoridades la desaparición como secuestro, y después Hugo Alberto tuvo el encuentro con Laura Domínguez en el aeropuerto. Por lo que decidieron denunciar los hechos con el periodista Ciro Gómez Leyva, quien sabía además de que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace, hecho relevante por la fabricación de la prueba de ADN con la sangre de la hija biológica de Wallace, hermanastra de Hugo.

Moya también señaló que los dos policías que estuvieron a cargo al inicio de la investigación, entre éstos, Víctor Palemón, fueron encarcelados con delitos fabricados, por haber descubierto otras pruebas fabricadas, como dos notas de rescate idénticas en papel fotográfico, entregadas una a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y otra a la PGR.

Palemón también le reveló a Moya que Isabel Miranda era quien hacía las declaraciones de testigos ante el Ministerio Público y obligaba a firmarlas, y que “si el Ministerio Público se oponía a este tipo de cosas les ponía un celular abierto para escuchar que declaraban”.

A pregunta de la periodista, por los documentos falsos entregados a la Corte de Chicago por parte de Isabel Miranda, como la carta de no antecedentes penales de Hugo Alberto Wallace, el investigador José Luis Moya confirmó que estaba enterado de la falsificación de documentos en el expediente, y que había elementos suficientes para procesar a Isabel Miranda.

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El Caso Wallace

Diputadas comparten foro sobre Justicia con Isabel Miranda, acusada de tortura y fabricación de secuestro

Diputadas de la Comisión de Justicia realizan foro para combatir impunidad con Isabel Miranda de ponente

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Por Guadalupe Lizárraga

Diputadas integrantes de la Comisión de Justicia del PRI, PAN, PRD y MORENA, dieron foro a Isabel Miranda Torres, en el seminario virtual sobre el Sistema Penal Acusatorio, pese a estar denunciada desde diciembre de 2018 ante la Fiscalía General de la República por la fabricación de pruebas y tortura.

La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Partido de Acción Nacional, una de las cuatro organizadoras del foro, afirmó que quieren combatir la impunidad y que ello es posible con investigación, “con un trabajo bien hecho de los operadores del sistema penitenciario sin corrupción”. Sin embargo, Ortega calificó de “invitados de lujo” a los ponentes entre los que se destacó a Isabel Miranda Torres, uno de los iconos de la corrupción judicial durante el gobierno de Felipe Calderón. La diputada panista incluso agradeció su participación, y prometió a los ponentes nuevos espacios de reflexión con los demás miembros de la comisión legislativa.

Lorena Villavicencio, diputada de MORENA, por su parte, señaló que la Comisión de Justicia era “una de las comisiones más productivas de diputados”, y pidió a la audiencia que valoraran el trabajo de legisladores, que “para ello se estableció la reelección”. La morenista calificó de trabajo extraordinario el de la “sociedad civil”, y enfatizó que incluso están haciendo labores que le correspondería al Estado mexicano, por lo que les reiteró su reconocimiento y apoyo legislativo, a lo que Isabel Miranda respondió que tomaría la palabra por la necesidad de seguir discutiendo sobre el tema.

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI, y moderadora del foro, dio una efusiva bienvenida a Miranda Torres, a quien presentó como “señora y licenciada”, a pesar de ser público que Miranda no tiene estudios formales de ninguna licenciatura, y se refirió a ella como “ganadora del premio nacional de derechos humanos 2010”, destacando que su trayectoria era “ampliamente reconocida”.

Isabel Miranda Torres ha sido acusada formalmente de mantener con tráfico de influencias y corrupción a funcionarios del Poder Judicial a ocho personas en prisión injusta, algunas desde enero de 2006, para sostener el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace. También ha sido denunciada por la corrupción a custodios y directores de penales para que interfirieran en las comunicaciones privadas de sus inculpados, incluso para que los torturaran y les restringieran cualquier tipo de beneficio al que por ley podrían acceder en un Estado de Derecho.

En su turno, Miranda sostuvo:

“…soy un ejemplo de que yo ni siquiera conocía a los secuestradores de mi hijo y fui capaz –junto con los ministerios públicos y las autoridades– de poder llevarlos ante un juicio y todo de manera legal”. Incluso se refirió al caso Cassez diciendo “ahora resulta que Florence también es víctima” y lo calificó de ser un caso político.

Los inculpados de Miranda –algunos con 14 años de prisión– han demostrado a través de protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que fueron torturados varias veces, por órdenes de Isabel Miranda, de acuerdo con los señalamientos de los mismos custodios y agentes del Ministerio Público. Incluso en el caso de César Freyre y Jacobo Tagle, ella misma participó en las sesiones de tortura con escupitajos, golpes en la cara, jalones de cabello, y en el caso de Freyre indicó a los agentes del ministerio público, entre éstos, a Braulio Robles Zúñiga, en qué parte del cuerpo darle los toques eléctricos.

A George Khoury, detenido arbitrariamente y torturado el 2 de septiembre de 2009 y el 18 de julio de 2020, Isabel Miranda lo acusó de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo Hugo, y ser el “jefe de la supuesta banda”. Hasta ahora, Khoury tiene dos reconocimientos de inocencia, uno por parte de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, y otro por parte de la Secretaría de Gobernación, ratificados en noviembre de 2019. Aún así, continúa interno y aislado en el Cefereso #17.

 

Diputados de MORENA han favorecido a Isabel Miranda

No es la primera vez que se ve favorecida y reconocida Isabel Miranda Torres por diputados integrantes de MORENA. En octubre de 2019, el coordinador de la bancada, Mario Delgado, la recibió en su oficina, y pidió a los diputados María de los Ángeles Huerta del Río y Hugo Ruiz Lustre que hicieran lo mismo. Ello generó una controversia entre los diputados por la organización del foro legislativo “Fabricación de culpables en México”, a propósito de las víctimas del falso caso Wallace.

Sin embargo, la diputada Huerta terminó acosando a esta periodista que organizó el foro para evitar que mencionara el nombre de Isabel Miranda o de su hijo, por lo que también se denunció formalmente ante la FGR y a la organización de protección de los derechos a periodistas Artículo 19.

 

Foro Sistema Penal Acusatorio

EN VIVO Foro Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos?

EN VIVO Foro Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos?Foro Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos? Participan juristas, académicos, sociedad civil, operadoras y operadores del sistema.

Posted by Cámara de Diputados – H. Congreso de la Unión on Friday, 4 September 2020

 

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El Falso Caso Wallace

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