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Elecciones México

Debate, instituciones y desconfianza en torno al proceso electoral en México

El IFE, organismo responsable del proceso electoral en México, estaría perdiendo credibilidad por sus parciales diseños en encuestas y conteos. Hoy, el debate, también marcaría quién se queda en segundo lugar, según experta.

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Aspecto de la organización electoral del IFE

Rodolfo Soriano*

Análisis

En esta fecha tan importante en el calendario cívico mexicano, a unas horas de celebrar el primer debate de los candidatos a la presidencia de la República, conviene detenerse a pensar en cómo llegan los candidatos a esta cita y, sobre todo, cómo llegamos nosotros.

Es triste reconocerlo, pero las expectativas acerca de lo que pudiera ocurrir en el debate son pocas. Una de las más prestigiadas consultoras de mercadotecnia electoral en México, Gisela Rubach, lo dijo hace poco en su cuenta de Twitter: “El debate del domingo va a definir quién es el segundo lugar”. En otras palabras, no esperemos demasiado de un debate que tendrá un formato acartonado, con toma cerrada de la cámara sobre quien esté en uso de la palabra, muy probablemente sin micrófono ambiental, de modo que sólo escucharemos lo que diga quien esté en uso de la palabra, y que, en total, asignará a cada candidato poco menos de 30 minutos de tiempo efectivo.

En tan poco tiempo, los candidatos en el mejor de los casos reiterarán las líneas generales de sus campañas. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota insistirá en que es diferente, aunque no nos diga por qué lo es; Enrique Peña Nieto nos dirá que él no quiere dividir a México; Andrés Manuel López Obrador nos dirá que PAN y PRI son lo mismo y que por eso debemos votar por él y Gabriel Quadri será el convidado de piedra que ha sido hasta ahora.

Los organizadores nos dicen que sí habrá intercambios pero, con 30 minutos por candidato, será difícil que vayan más allá de estos lugares comunes. Esto será más difícil porque las preguntas del debate son muy generales y permiten que los candidatos que no quieran contestar las libren con relativa facilidad. No hay mecanismos que permitan exigir, por ejemplo, algún grado de precisión técnica. Si nos dicen que van a crear un millón o un millón y medio de empleos, no hay algo que los obligue a decirnos, en concreto, cómo lo harán.

Basta comparar este tiempo con el tiempo que tuvieron en su debate François Hollande y Nicolas Sarkozy, que fue de cerca de 75 minutos para cada uno, además del tiempo que tuvieron los dos moderadores de la TV francesa, para darnos una idea de qué tan mal califica nuestra democracia mexicana frente a la francesa. Eso sin considerar que el debate francés tuvo tomas abiertas de las cámaras de TV, micrófonos abiertos, así como la disposición de los dos contendientes a discutir los temas que los moderadores les presentaban, y la de los moderadores a imponer su autoridad cuando Sarkozy u Hollande eludían las preguntas.

A la luz de estas diferencias, no sorprende la arrogancia de Ricardo Salinas Pliego y la manera en que esa actitud encuentra en México un terreno poco propicio. En esta triste historia del debate presidencial mexicano hay que agregar otro problema: la desconfianza en las dos autoridades supremas en materia electoral en México.

Por una parte, el Instituto Federal Electoral que se ha mostrado demasiado complaciente con los partidos políticos y con Ricardo Salinas Pliego y, por la otra, el Tribunal Federal Electoral que en la madrugada del sábado 5 de mayo publicó un fallo muy preocupante para la organización del proceso electoral del 1 de julio.

La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral ha decidido, a petición del Partido de la Revolución Democrática, prohibir que el IFE organice, como lo ha hecho en otras elecciones presidenciales, el “conteo rápido”. Este fallo plantea varias preguntas.

En un sentido, ¿por qué el PRD que debería ser el más interesado en darle certeza al proceso electoral pide lo opuesto? ¿Por qué el PRD pide que lejos de que tengamos un instrumento adicional para saber qué pasó la noche de la elección y evitar los problemas que vivimos en 2006, solicita al Trife que prohíba que el IFE organice el “conteo rápido”? Esta pregunta hace inevitable una catarata de preguntas adicionales: ¿Sabe Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Movimiento Progresista que, el PRD solicitó esto? ¿Está de acuerdo? ¿Qué razón podría haber para que actuaran así? ¿Es una decisión de Manuel Camacho Solís, el intermediario de las interminables pugnas de la izquierda mexicana? ¿Es una decisión de la dirigencia nacional del PRD en manos de Los Chuchos?

Si es así, ¿es una expresión más de las pugnas entre la dirigencia Chucha de ese partido y AMLO? Son demasiadas preguntas y todas muy difíciles de responder pues eliminar el “conteo rápido” del IFE no implica que se vayan a eliminar todos los “conteos rápidos”. Al prohibir el “conteo rápido” del IFE se generará un periodo, no sabemos qué tan prolongado, de incertidumbre acerca del resultado de la elección que será ocupado por la información que los partidos filtren a partir de los datos de sus propios “conteos rápidos”.

Los partidos políticos, a través de sus estructuras de representantes de casilla, tienen todo lo necesario para realizar este tipo de ejercicios que, además, ahora son mucho más fáciles de realizar por la existencia de los llamados “teléfonos inteligentes”. El razonamiento del tribunal electoral es, además de todo, pobre, pues dicen que “la autoridad electoral empleó razonamientos imprecisos al aprobar el acuerdo para la instrumentación de un conteo rápido el día de la jornada electoral”.

Es probable que el Consejo General del IFE efectivamente haya empleado un razonamiento que esté por debajo de los estándares del Trife, pero incluso, de ser cierto, ello no invalida, por una parte, la necesidad de que se cuente con un “conteo rápido” como complemento de todas las otras herramientas a disposición de la autoridad electoral y de la opinión pública para saber qué pasó el día mismo de la elección. Por otra parte, tampoco invalida lo más importante, que la técnica misma de “conteo rápido”.

El Trife tenía la opción de pedir una mejor justificación e incluso podía pedir que el IFE mejorara el diseño del dispositivo estadístico. Lo que resulta absurdo es que se nos diga que podemos prescindir de esa herramienta. El Trife pierde de vista que la credibilidad de los procesos electorales, como muchas otras cosas en la vida pública, no se construyen a partir de actos aislados. Necesitan de redundancia, es decir, de instrumentos que operen en caso que otros instrumentos fallen o no sean suficientes.

No sé si los magistrados de la sala superior del Trife estén demasiado influenciados por el clima que ha generado la publicación de las encuestas y asuman, desde ahora, que alguno de los candidatos va a ganar con un margen muy amplio, pero eso sería absurdo. Aunque las encuestas disponibles siguen dando una amplia ventaja al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde, Enrique Peña Nieto, esa ventaja empezará a estrecharse y no sería difícil que—de aquí a un mes—cuando estemos a menos de 30 días de votar, estemos en un escenario menos holgado y que se cierre todavía más al terminar junio.

Contar con un “conteo rápido” organizado por la autoridad electoral podría ser sumamente útil contar con un instrumento adicional para evitar la incertidumbre en la que vivimos hace seis años. Las máximas autoridades electorales del país, el IFE y el Trife, no abonan a la construcción de confianza. El IFE, por ejemplo, se ha mostrado sumamente débil en el enfrentamiento con Ricardo Salinas Pliego, y la decisión del Trife lejos de fortalecer al IFE, su par administrativo, lo debilita todavía más.

El IFE, por su parte, está entrampado en la veleidad, la soberbia y las actitudes de divas de algunos de los consejeros electorales. En marzo, por ejemplo, había un marcado enojo en la opinión pública por los bonos y las vacaciones que los consejeros del IFE se iban a asignar a ellos mismos después del proceso electoral. Esos excesos sólo pudieron contenerse después de que quedó claro que la actitud de los consejeros minaba la de por sí devaluada imagen del IFE. No está por demás recordar que la confianza en el IFE todavía no se recupera del bache en el que la sumió la veleidad e irresponsabilidad del entonces consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

Ahora, según los datos de Consulta Mitfosky, sólo 28 por ciento de los ciudadanos tienen mucha confianza en el IFE, 41 por ciento tienen algo de confianza y 27 por ciento no tienen confianza o tienen poca confianza en lo que haga el IFE (véase la tercera gráfica en la página 7 del reporte). Esos son números muy malos para una institución tan importante para la vida pública nacional y si a eso se le agregan este tipo de decisiones del Trife para prohibir el “conteo rápido”, con lo que nos quedamos es, de nueva cuenta, en aquella noche fatídica de julio de 2006 en que no sabíamos qué había pasado.

Y lo más grave es que, a 24 horas del debate, en lugar de hablar de las propuestas de los candidatos, estemos hablando de este tipo de cosas que no abonan a la construcción de mayor confianza. En este sentido, por ejemplo, el consejero Marco Antonio Baños y otros de sus colegas lejos de abonar a construir un espíritu de cooperación entre las autoridades electorales y favorecer, de esa manera, construir confianza, parece empeñado en alentar la confrontación, como lo demuestran sus intercambios vía Twitter con el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre, y eso inevitablemente se traducirá en mayores niveles de desconfianza en el resultado del proceso electoral.

 *El autor es sociólogo mexicano. Su blog es en este enlace.

Elecciones México

Corte rechaza Ley Bonilla en Baja California

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la denominada “Ley Bonilla”, por la cual el Congreso de Baja California aprobó la ampliación del mandato del gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

Por unanimidad, los ocho magistrados de la Corte en sesión virtual determinaron no existen elementos legales que avalen que el mandatario estatal permanezca en el cargo por un periodo de cinco años, pues los ciudadanos votaron por él para un periodo de dos años.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró que existen graves violaciones que revelan un fraude a la Constitución y un efecto corruptor de rango constitucional, por lo que se pretendió burlar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución.

De acuerdo con el ministro, se usaron herramientas de la democracia para minar la democracia, lo que corrompió el principio democrático, por lo que el mandato de Bonilla debe ser de dos años como se estableció en los comicios del año pasado en los resultó electo.

En octubre pasado, el Congreso de Baja California, encabezado por diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Acción Nacional (PAN) votaron a favor de extender el periodo de mandato del gobernador electo de esa entidad tres años más, por lo que permanecería en el cargo por cinco años, situación que generó que representantes de la oposición, así como de Morena se pronunciaran en contra de esa determinación.

Bonilla aseveró que aceptaría la resolución de la SCJN, máximo organismo del Poder Judicial de la Federación, por lo que en 2021 se llevarán a cabo nuevas elecciones para elegir al próximo gobernador de Baja California, y en total se desarrollarán comicios en 15 entidades del país.

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Con voz propia

La debacle del PAN y la desaparición del PRI

Las campañas de miedo y terror del PAN han pasado a la historia de una de las épocas más oscuras de México

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Enrique Domínguez Gutiérrez

Tuvieron que pasar 30 años, hoy, en 2019 Jaime Bonilla Valdez se erige como ganador indiscutible por la coalición conformada por: MORENA, PT, PVEM y Transformemos. Sin duda, una dolorosa derrota para el Partido Acción Nacional, por su parte, en Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta hizo lo propio con la coalición: Morena, PT y PVEM, al igual que en Baja California, queda evidenciada la intención del electorado por terminar con el viejo régimen.

El caso de Puebla a través de una guerra sucia se controló la información a nivel regional, se hicieron escándalos y spots con famosos, todo esto, al más puro estilo del fascismo cuyo gestor Joseph Goebbels (Cercano a Hitler en la Segunda Guerra Mundial) emprendió campañas para infundir el odio, miedo y Padre ideológico de dirigentes del PAN.

Es muy importante señalar que, en el fascismo, la religión juega un papel muy importante para manipular a la opinión pública, su retórica y su terminología se emplea aun por los dirigentes.

Cabe destacar que, en los casos de Miguel Barbosa y Jaime Bonilla no eran los idóneos, sin embargo, el hartazgo hacia los actos corruptos y saqueadores de gobiernos anteriores dio la pauta para que estos candidatos obtuvieran una victoria que deja sin lugar a duda la especulación de algún fraude y elección de estado como lo ha señalado Marko Cortés quien cuenta sus últimos días en la dirigencia del PAN por sus pobres resultados.

Resulta irónico que después de una campaña bestial en contra de Miguel Barbosa y con un manejo mediático de persuasión para el denuesto, aun así, haya ganado. Es lógico pensar que también ganó en las elecciones anteriores cuando compitió con la hoy fallecida Martha Erika Alonso, en el cual, el fraude fue vergonzoso y la FEPADE avaló su ilegítima victoria.

Jaime Bonilla, ganador de la contienda por la gubernatura de Baja California, tampoco estuvo exento de la calumnia, en que se le acusó de haber hecho donaciones en la campaña de Donald Trump, que días después fue desmentido el semanario Proceso.

Es ridículo ver que el presidente del PAN, Marko Cortés, emprenda una campaña con el eslogan “El PAN Crece”, ¿absurdo o conformista? Perder dos gubernaturas no es cosa menor y hablar de votantes es un modo meramente especulativo para hacer ruido en la red, observando minúsculas victorias electoreras para ensalzar lo importante que se consideran, pero, difícilmente se podrán llegar a considerar una oposición seria. Lo mismo hacen con las cifras económicas para el sesgo y la manipulación estableciendo rangos a conveniencia y exacerbar la crítica ácida a un gobierno que lleva 6 meses.

Las campañas de miedo, odio o terror, al igual que el neoliberalismo han sido una prueba más del fracaso como una táctica para atrapar a la población y ganar adeptos.

La oposición debe entender que el electorado ya no cree sus mentiras, huye a los medios tradicionales y está mejor informado.

Del PRI, ni hablamos, ha desaparecido…

 

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Al filo de la navaja

La fuerza del voto

A una semana de la elecciones en Baja California, la reciente experiencia electoral en México muestra que la fuerza del voto es esencial para el tránsito a la democracia

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Raúl Ramírez Baena*

El poder que tienen las y los ciudadanos para elegir democráticamente a sus gobernantes, a las autoridades en los principales órganos de gobierno y a sus representantes populares, el poder ciudadano, no es una graciosa concesión o dádiva, es el ejercicio pleno de un derecho universal y fundamental.

Cierto es que la sorda lucha política suele desvirtuar la calidad de los procesos electorales, más en condiciones de desigualdad social en la que la mayoría de las y los electores son rehenes de la partidocracia y de los intereses económicos y políticos del poder, que suelen trastocar los valores de la democracia. Desafortunadamente esto sucede en casi todo el mundo, y México no es la excepción.

En el largo y sinuoso proceso que vivimos en nuestro país, intentando despojarnos de los usos y costumbres políticas heredadas del pasado, el decadente sistema de partidos en México hace que la ciudadanía enfrente en cada elección el cada vez más recurrente gatopardismo de la militancia partidista y de las y los candidatos; el fácil cambio de camisetas y de colores en aras de acceder al poder –algo así como sacarse la lotería- y la cada vez más alejada identidad y congruencia con las corrientes ideológicas, que en teoría enriquecen el pluralismo, desalienta el acudir a las urnas, lo cual favorece a quienes apuestan a su “voto duro”. Salvo excepciones, suele dominar el oportunismo político como sello de nuestra época.

Sin embargo, el antídoto para impedir que las elecciones reproduzcan una tras otra los vicios a los que estamos acostumbrados y padecemos, es el poder del voto ciudadano, no sólo acudiendo a las urnas el día de la jornada electoral, sino también participando en los procesos electorales.

En el camino a la democracia, quizá el reto más difícil para garantizar la limpieza electoral es que las y los electores acudan de manera masiva y consciente a emitir su voto, sin dejarse influir por la guerra sucia, las descalificaciones, las mentiras, los vicios tradicionales, las fake news, las encuestas pagadas, etc.

Parece ser que las personas se apasionan demasiado, acríticamente, en favor o en contra de un partido o candidato, perdiendo la objetividad sobre los antecedentes, la calidad moral y la trayectoria de los contendientes; en las campañas electorales se siembra el amor infinito o el odio profundo. Esto, quizá, sean los resabios de la partidocracia que aún padecemos, del otrora fraude electoral sistemático, de la acostumbrada compra y coacción de votos que hoy está penalizada.

No es sino a partir de que caigan las primeras cabezas del fraude, en general de los delitos electorales, cuando la sociedad recupere la confianza en las autoridades y en los procesos electorales.

También, las fuerzas políticas deben ser responsables de postular de manera democrática a sus candidatas y candidatos y de elegir a personas con alta valía moral y social, dejando atrás los vicios tradicionales.

Avances en el sistema electoral

Es evidente que el enorme, complicado y costoso aparato electoral de hoy (el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLES)) en cada estado, está basado en la desconfianza ciudadana, y que los tribunales electorales, federal y estatales deben recuperar la credibilidad de la sociedad.

Con todo lo que pudiera estar en contra, para quienes vivimos los procesos electorales del siglo pasado y principios del presente, el tránsito hacia la democracia electoral va, quizá no a la velocidad que quisiéramos. Si bien es justo reconocer que no hemos alcanzado el ideal y que la disputa entre las fuerzas políticas es por los fuertes intereses que hay en juego, es a consecuencia de la lucha social, de las legítimas protestas en las calles y de los intensos debates y cabildeos en el Congreso, que hoy contamos con una compleja legislación electoral y con un vasto y eficiente trabajo de los órganos electorales encargados de los procesos electorales.

EN CONCLUSIÓN, aún que pudiera no gustarnos el desarrollo de las campañas en Baja California, que estemos decepcionados o menospreciemos el proceso electoral, que rechacemos a los partidos, los candidatos y candidatas; que nos incomode que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a 7 días de las elecciones locales, aún no defina si la gubernatura será por dos o por seis años, hay que acudir a las urnas. 

El abstencionismo provoca que quienes llegan al poder lo hagan sin legitimación y que, aun así, tomen las decisiones de Estado que afecten a toda la comuna y a la sociedad. ¿Cómo podemos exigir a los gobernantes si nos anulamos a nosotros mismos en el ejercicio de nuestros derechos?

La fuerza del voto es esencial para el tránsito a la democracia, para cambiar el estado de cosas que nos afecta y que queremos que cambie. Además, no dejemos que otros decidan por nosotros, porque así no cambia nada. La apatía política es el veneno y el voto masivo es el antídoto.

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El Falso Caso Wallace

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