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Violencia contra las mujeres

El lucro político de los feminicidios en Juárez

Organismos de DDHH y autoridades se critican el lucro político de los feminicidios en Juárez, mientras yacen 153 cuerpos en la morgue.

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Foto: globedia.com

Guadalupe Lizárraga

Los organismos de derechos humanos en México le han llamado la atención al gobernador de Chihuahua, César Duarte, específicamente por su ligereza verbal con la que denuncia que éstos “lucran atacando al gobierno”. El gobernador lo dijo en el contexto de la inauguración de un nuevo centro de justicia en Ciudad Juárez.

Lo que llama la atención es que el gobernador sea refutado en tan breve tiempo por los prestigiados organismos de derechos humanos regionales y nacionales que tuvieron hábilmente la capacidad para redactar y suscribir una carta pública, y exigir –con inmediatez mediática– el respeto por su trabajo y su honor.

Llama la atención, precisamente porque esta misma actitud y capacidad que ahora muestran es la que se requiere con urgencia en la solidaridad con las madres y víctimas de Juárez, quienes son directamente las afectadas y son quienes menos importan en la cadena de los prestigios reclamados.

Ninguno de los organismos civiles invitó al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas ni a Nuestras Hijas de Regreso a Casa, AC, a firmar el desplegado. Ambos grupos están integrados por madres de desaparecidas o de víctimas de feminicidios que cargan solas su dolor y son constantemente discriminadas, amenazadas de muerte e ignoradas por las autoridades y hasta humilladas por los funcionarios públicos. Evidencias y registros hay de todo ello, y la mayoría se ha publicado puntualmente en Los Ángeles Press, y en varios medios de España, como El Digital de Madrid y el Diario de Alcalá.

El Comité de Madres viene trabajando regularmente desde 2010 en las investigaciones de sus propias hijas y con sus propios recursos. Han expuesto sus vidas y agotados sus fuerzas, como lo ha hecho también Nuestra Hijas de Regreso a Casa, AC.

Gracias al valor de los integrantes del Comité de Madres, esta periodista inició una investigación titulada “Mujeres guardadas en la morgue”, integrada por una serie de reportajes que han sido publicados periódicamente a partir del 29 de noviembre de 2011.

Adriana Sarmiento

Por esta investigación, las madres fueron amenazadas de muerte por “filtrar información a la prensa extranjera”. Nosotros, los periodistas, también. Pero el impacto social de esta investigación se tradujo en obligar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a entregar los cuerpos que nosotros denunciábamos como retenidos en la morgue, como fue el cuerpo de Adriana Sarmiento, secuestrada a los 15 años de edad, el 18 de enero de 2008 y asesinada tres días después.

La historia de Adriana es la historia de cientos de niñas, con las mismas características y las mismas circunstancias. Esta investigación no ha terminado, y con cada reportaje hemos hecho denuncias muy precisas de lo que está pasando en torno a estos crímenes, que en otro país, los organismos de derechos humanos hubiesen obligado a renunciar a los funcionarios involucrados en la corrupción de las investigaciones.

Se trata de una masacre de 153 jovencitas, hasta ahora, que sus cuerpos han sido guardados en la morgue por años. Independientemente de las razones por las que el gobierno decidió retener los cuerpos, se trata de un genocidio que ha sido tolerado por todos. Se trata de un dolor colectivo, el de las madres y el de las víctimas, que no han tenido un ápice de justicia ni la solidaridad franca y plena de los organismos que hoy se sienten ofendidos por las palabras del gobernador.

Con la misma acción estratégica que han logrado con eficacia para cerrar filas entorno la testarudez verbal de César Duarte podrían haber impulsado una enérgica indignación pública por los tres años que lleva desaparecida Mónica Janet Alanís Esparza, alumna de la UACJ, y de cada una de las secuestradas. Podrían haber impulsado un pronunciamiento público para condenar la masacre de 153 jóvenes en esa ciudad. Tan sólo el número es espeluznante. Una flagrante violación de derechos humanos. No hay nada inventado. Todo es real. Los hechos están ahí, las osamentas están dentro de la morgue aún sin ser completamente identificadas, y sin esperanza de que puedan ser entregadas a sus familias en el menor tiempo posible.

El gobierno de Chihuahua, con cada entrega de osamentas, lucra políticamente, porque simula que está “encontrando” a quienes no estuvieron desaparecidas, sino que fueron secuestradas, y después, como si fueran cualquier cosa, las entrega en huesos incompletos a sus padres. La prensa alineada, las fotografías impresionantes, las declaraciones ad hoc, las lamentaciones públicas como contexto para los medios. Una parafernalia ya muy frecuentada en estos 20 años de asesinatos.

Foto: Comité de Madres

Pero no está demás que nos remuerda la conciencia al recordar que estas niñas fueron violadas. Fueron torturadas. Fueron drogadas. Fueron arrancadas de su hogar y de su familia para ser usadas sexualmente, golpeadas con brutalidad, mutiladas, hasta extinguirles lentamente la vida. Niñas que a los tres días de su secuestro ya estaban muertas porque no aguantaron la barbarie de su maltrato; otras, más fuertes, llegaron a durar algunos meses.

La indiferencia o la ignorancia ante este exterminio de Ciudad Juárez y Valle de Juárez ya suficientemente acreditado por los hechos es algo que nadie debería osar, nadie con sensatez y moral como podría esperarse de los organismos de derechos humanos y de autoridades. Lo que está en juego a saber es la justicia. Y ante ello, nadie habla de los responsables, ni de militares asesinos, ni policías locales y federales involucrados en estas masacres. Tampoco hay investigaciones que sigan la línea de los funcionarios públicos que han participado directa e indirectamente en la comisión de estos delitos, ni de las bandas locales que pagan cuotas de piso a funcionarios. La línea de la responsabilidad ha sido completamente ignorada, como las madres de las víctimas y como las mismas víctimas. Y en esta acostumbrada impunidad, como decía la filósofa política Hanna Arendt, “si todos somos culpables, nadie es culpable”. Por eso se necesitan nombres y apellidos, y los primeros que debemos de dar son los de los funcionarios involucrados en la misma fiscalía.

Cualquiera que niegue la verdad sobre estos crímenes, está condenando a la sociedad a no poder prescindir de la violencia. Y en semejante inframundo, los derechos humanos no salen muy reforzados que digamos. Aquí, entran los derechos humanos de quienes todavía necesitan de las organizaciones solidarias: las madres.

Hasta ahora ninguna organización ha dado la ayuda que necesitan las madres de estas víctimas. A los dos días de haber publicado la primera denuncia en Los Ángeles Press, nuestro reportaje fue copiado y alterado por reporteros de La Jornada y de El Diario de Juárez. En su momento, se denunció el hecho. Pero más allá de copy & paste de los periodistas con códigos éticos más flexibles, ningún medio se interesó en saber qué pasaba con las madres realmente. Fuera de la nota alarmante del momento, ellas no importaron. Cómo vivían la impunidad de los asesinatos no ha sido relevante, ni las penurias que algunas madres están viviendo porque han sido amenazadas y atacadas con violencia. Expulsadas de la ciudad, de sus hogares o reducidas a vivir en silencio su dolor conteniéndolo en un cáncer.

Tampoco ha habido un organismo de derechos humanos dispuesto a ofrecerles un poco de respaldo moral ni a paliar su escasez económica, pese a que tienen pleno conocimiento de que las víctimas, casi en su totalidad, están en condiciones muy precarias económicamente.

Norma Andrade, agredida en Juárez y en el DF

Las madres siguen necesitando ayuda. Y no solamente para enterrar a sus hijas. Requieren apoyo psicológico profesional, no el que provee el gobierno. Ellas necesitan enfrentar seriamente el duelo. Requieren apoyo económico, porque dejaron de ser productivas en el mercado laboral para dedicarse a hacer lo que no ha hecho el gobierno: buscar a sus hijas. Pero también requieren respeto y solidaridad: merecen inclusión en la comunidad de defensores de derechos humanos, porque ellas han sido las principales defensoras del derecho a la memoria de sus hijas. Por ellas sabemos sus nombres y conocemos sus rostros. Por ellas, sus hijas no se han quedado en la completa oscuridad.

La existencia de estos 153 cuerpos de jovencitas que fueron asesinadas, tiradas en una alguna fosa o enterradas en el desierto y luego recuperadas y retenidas en la morgue, merecen una mejor actitud de los vivos que no hemos sabido proveer dignidad a sus cortas vidas. Estas hijas de Juárez merecen una acción estratégica de la sociedad para lograr justicia a su memoria.

El gobierno de Chihuahua por supuesto que también lucra con estos crímenes, y lo hace políticamente. Incrementa su presupuesto cada año con ayudas federales para “combatir” la inseguridad. Crea infraestructura, burocracia, engorda al estado con dependencias fiscales supuestamente especializadas en la perspectiva de género. Se entiende, viniendo de donde viene. Pero lo que no se entiende es la postura de los organismos civiles. ¿Cómo pueden ofenderse más por cuatro o cinco palabras de un mal gobierno que la masacre de 153 niñas? ¿Quién mató a esas niñas? ¿Para quién trabajan los criminales? ¿Quién se está beneficiando de todas estas muertes?

¿Por qué el gobierno decidió guardar tanto tiempo los cuerpos? ¿Por qué los organismos civiles han tolerado en silencio estas graves violaciones de derechos humanos? ¿Por qué no hay una denuncia ante un tribunal internacional de este genocidio? ¿Qué cuentas les damos a sus madres?

Indudablemente, hay mucho qué hacer todavía. Si dimensionamos los hechos con su peso real, estamos en medio de la herida abierta de una masacre. No es el pasado ni es historia. Está sucediendo ahora.

Y a los organismos de derechos humanos que se sienten ofendidos por unas palabras tan poco inteligentes de una autoridad, hay que recordarles que la crítica del uno, no redime la del otro.

 

 

Justicia pendiente

Interna de penal de Atlacholoaya se ampara para recibir atención médica

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Por Ignacio García

ATLACHOLOAYA, Morelos.- La interna del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Morelos, Rosaura Rebolledo Ocampo, interpuso un amparo para recibir atención médica por la diabetes avanzada que padece, así como hipertensión arterial y asma, debido a que se le había negado.

Por medio de una carta que redactó la interna, señaló que desde que el pasado 8 de junio solicitó la protección de las autoridades judiciales, ya que padece problemas de pie diabético que se le ha complicado y está en riesgo de perderlo, y sólo le concedieron la curación de la extremidad, pero convulsionó al elevarse nuevamente su presión arterial.

De acuerdo con la denunciante, fue ingresada al penal de Atlacholoaya el pasado 17 de diciembre de 2015 torturada y acusada del delito de secuestro, aunque padece enfermedades crónico degenerativas desde hace 15 años, por lo que ha sufrido complicaciones de salud por la falta de atención médica, aunado a que por la actual pandemia por el Covid-19 teme por su vida.

Agregó que por su condición de salud se le debe aplicar insulina dos veces al día para sobrevivir, por lo que solicitó que no se vulneren más sus derechos humanos, pues de lo contrario puede fallecer por esta enfermedad en el interior del centro de reclusión de Atlacholoaya.

Apenas ayer se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el estado de Morelos con residencia en Cuernavaca el recurso de amparo por parte de la defensa legal de la denunciante para que se le brinden las condiciones médicas necesarias.

En el penal de Atlachoaloaya se han registrado constantes violaciones de derechos humanos a los internos, a quienes se les ha restringido los servicios médicos para quienes padecen algún tipo de enfermedad.

Rosaura Rebolledo Ocampo fue acusada de cobrar un pagaré de 13 mil pesos en la Tienda Electra, y sentenciada a 20 años de prisión el 17 de diciembre de 2015, con el expediente JOE/074/2016. 

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Con voz propia

Empresarios engañaron a los medios: paro de mujeres no tuvo 30 mil mdp de afectaciones

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El presidente de la Concanaco aseguró que las pérdidas del paro de mujeres el 9 de marzo alcanzaron los 30 mil millones de pesos; no sólo no cuentan con algún estudio que les respalde sino que lo mismo promueven dicha cifra para escasez de gasolina que para el Día del Padre o El Buen Fin

Por Emmanuel Ameth

El paro de mujeres del pasado 9 de marzo en el que los medios informativos de México replicaron una afectación económica de 30 mil millones de pesos, porque así lo aseguró José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, fue una Fake News.

La razón es simple.

Hubo dos formas de hacer la estimación: la primera, realizando un censo entre las empresas de Concanaco y posteriormente, extrapolar los resultados; la segunda, realizar un estudio con ayuda de una encuestadora.

Ambas metodologías, habrían identificado una estimación del total de mujeres que se unieron al paro así como otros estadísticos: tamaño de establecimiento, tipo, sector económico, ventas, etc.

Pero según Concanaco, estimaron una afectación de 26 mil millones de pesos, pero ésta se elevó en 15%, llevando a la cifra de 30 mil millones de pesos -lo que sugiere un estudio y la afectación de la totalidad de las empresas-.

Compartir datos erróneos no sólo es un despropósito para el movimiento de las mujeres, sino que se trata de un comportamiento grave.

Las fallas básicas

Fallaron sin embargo, incluso en sus estimaciones más básicas.

Porque para dar una cifra promedio de 26 mil millones de pesos diarios para el sector terciario, el PIB debió de ser de 9.5 billones (cifra de 2012); actualmente, la producción promedio diaria del sector terciario es de 32 mil millones (cifra del 2019) para un PIB terciario de 11.8 billones.

Señalaron que el 40% de la fuerza laboral en el sector terciario son mujeres; en realidad, son el 50% las 17.4 millones de mujeres para un total de 34.7 millones de ocupados en el sector.

Dijeron que la estimación la recibieron de sus 256 cámaras y de sus 650 delegaciones (de forma censal) a través de las 725 mil empresas que tienen afiliadas; pero desconocen su número real de afiliados. La razón es que sólo hay 522 mil 164 comercios en SIEM -que como las cámaras pueden constatar, observan mayores registros que los de afiliación a Cámaras-, cuyos registros además, no suelen incluir móviles ni algún otro medio de contacto inmediato -en caso de que cada Cámara hubiera llamado al total de sus afiliados-, amén que el total de establecimientos del sector terciario es de 4 millones 713 mil 816 según el DENUE.

Así pues, no sólo su estimación fue mal hecha, contemplando una afectación total en el sector -pese a que afirmaron que sólo participaría el 70% de las mujeres, esto es, 12.2 millones de féminas del ramo terciario- y ocuparon datos desfasados, sino que técnicamente les fue imposible monitorear el impacto -ni siquiera las encuestadoras se atrevieron a realizar un estudio- según los recursos con los que cuentan, pues no sólo no son capaces siquiera de conocer su número de afiliados, sino que su consigna, la de “poner un listón morado en la entrada de los establecimientos del sector”, no tuvo impacto alguno y ni siquiera se difundieron fotos sobre dicho fenómeno ¿de verdad cree Usted, lector, que si no fueron capaces de colocar el distintivo, iban a compartir información sobre sus trabajadores, ventas, afectaciones, etc.? ¿no le parece un despropósito para la causa que motivó el paro que se inventen cifras de tan mala forma?

Las cifras “mágicas” de los 26 mil a los 30 mil millones

Un periodista, o en este caso un reportero, solamente debe realizar una cosa: reportar la nota. Ello no refiere creer a pies juntillas lo que declara una fuente, existen preguntas mínimas que no se hizo un solo periodista en México sobre la afirmación de los 30 mil millones de pesos y que se trataba, de conocer la forma en la que se recibieron los datos, era algo elemental y una pregunta obligada, pues.

De hecho, con una mínima investigación en redes, podía apreciarse que la cifra de 26 mil millones -creciendo a 30 mil millones- es una cifra “mágica” para Concanaco, pues lo mismo la ocupó para el paro de mujeres el 9 de marzo que para las afectaciones del desabasto de gasolina, que como derrama diaria por el Buen Fin 2019, que por el Día del Padre, etc.

Aquí las pruebas:

Pérdidas por desabasto de gasolina son de 26 mil millones de pesos y sí, también podían llegar a los 30 mil millones, “Refirió que de acuerdo con cifras proporcionadas por las 256 cámaras afiliadas a Concanaco, 650 delegaciones las cuales aglutinan a 725 mil empresas y negocios, las regiones más afectadas fueron el centro y el occidente del país”.

Para el Día del Padre, esperaban una derrama de 26.4 mil millones de pesos.

La derrama de El Buen Fin 2019 fue de 30 mil millones de pesos para cada uno de los 4 días que se llevó a cabo (120 mil millones totales).

Y si la cifra de 30 mil millones de pesos – escalada desde los 26 mil millones de pesos iniciales- le parece “mágica” para las estimaciones de Concanaco para cualquier tema, ¡agárrese! que lo mismo la ocupan para hablar de inversión extranjera simplemente cambiándola a dólares.

No puede conocerse la afectación que se dio el pasado 9 de marzo con el paro realizado en México. Lo que sí se sabe, es que no hubo un sólo estudio serio y que por supuesto, aquellas cifras dadas a conocer por Concanaco, que repitieron todos los medios, son erróneas.

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Principal I

Fiscalía busca a agresora que quemó con bomba molotov a mujeres en marcha

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca a la mujer que arrojó una bomba molotov a las mujeres que se manifestaban el domingo pasado, donde resultaron quemadas una mujer policía, una mujer civil y una fotorreportera de El Universal.

La fiscalía capitalina detalló que abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por los delitos de lesiones dolosas y ha comenzado a revisar el video que circula en redes sociales donde se aprecian supuestas infiltradas en el movimiento.

En los videos se apreció a una mujer con lentes negros que lanzó el explosivo que estalló frente a las manifestantes, por lo que las tres mujeres lesionadas resultaron con quemaduras de segundo grado.

Asimismo, la autoridad capitalina refirió que también indaga sobre las responsables de la quema de la puerta mariana de Palacio Nacional y distintos saqueos en tiendas departamentales y de conveniencia, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.

La fiscalía ha identificado a seis mujeres jóvenes desde noviembre pasado y se han vandalizado durante las marchas y continuarán las indagatorias para detener a las responsables.

La escritora Beatriz Gutiérrez Muller difundió uno de los videos en los que aseguró que “así no”, pues reprobó los actos violentos que se efectuaron en la marcha del domingo pasado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

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El Falso Caso Wallace

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Desaparecidas de la morgue

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