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Justicia pendiente

Feminicidios de clase, la violencia “normal” de Juárez

Los feminicidios en Juárez, después de veinte años, no son prioridad a resolver para las autoridades, mientras las madres viven en extrema precariedad económica

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Casa de una jovencita víctima de feminicidio en Ciudad Juárez Foto: FGS

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ.- El grupo de académicas abocadas al análisis de la violencia contra las mujeres del Colegio de la Frontera Norte, Campus Ciudad Juárez, realizó el seminario internacional “Cuerpos y fronteras: transformando la violencia y rescatando la justicia”. El ejercicio académico a cargo de la socióloga Julia Monárrez Fragoso, tuvo como objetivo escuchar a las madres, quienes han sido las principales investigadoras de las desapariciones forzadas de sus hijas y sus feminicidios, pero también se enfocó a reflexionar y analizar el contexto en el que surge esta violencia con más de veinte años en Juárez.

Entre las ponencias, destacaron los testimonios de Silvia Banda y Luz Elena Muñoz, ambas madres de víctimas. Silvia Banda era madre de Fabiola Janette Valenzuela de 20 años, asesinada el 16 de septiembre de 2010, quien dejó un niño de dos años de edad. Lucía Muñoz aún busca a Nancy Ivette Navarro Muñoz, quien fue desaparecida el 13 de julio de 2011 a la edad de 18 años, cuando salió a buscar trabajo al centro de la ciudad.

El seminario del COLEF también fue marco para presentar propuestas orientadas a la visibilidad de las desapariciones y feminicidios como un problema público, y no sólo como estadísticas de cuerpos. La representante jurídica del Comité de Madres de Juárez y Familiares con Hijas Desaparecidas, Francisca Galván Segura, así lo planteó en su ponencia en la que partió de la tesis de que al tratarse de “feminicidios de clase” se normaliza la violencia contra las mujeres, porque no tienen poder ni recursos para defenderse.

Galván Segura señaló que la violencia contra el sector más vulnerable de las mujeres de Juárez, se ha normalizado por la impunidad de los criminales. Hasta ahora, en veinte años, los feminicidios de Ciudad Juárez siguen envueltos en misterios y corrupción en las invetigaciones.

En la ponencia presentada por la abogada espcialista, “Feminicidios de clase como la normalización de la violencia”, señaló que “las autoridades hablan de restos de las jóvenes por decenas o cientos, como si fueran objetos. Los medios las identifican como cuerpos numerados, pero se olvidan que fueron vidas con ilusiones y con familias” dijo.

La experta enfatizó en la indiferencia de las autoridades hacia las víctimas: “en más de 20 años no ha habido ninguna autoridad que responda con justicia a la madre de una desaparecida. Cuando las madres van a pedir ayuda se les maltrata, se les ignora o se les miente”, denunció ante el auditorio de académicas y miembros de organismos no gubernamentales. Informó también que las autoridades ofrecen una despensa a las madres con mayor precariedad la cual equivale a un valor aproximado de 8 dólares y se reparte cada mes. “Solo la normalidad del crimen en nuestra vida pública puede corromper de esa manera los corazones de quienes han sido designados para protegernos”, impugnó.

Galván Segura se refirió a los funcionarios públicos como “los que saben mejor que nadie que las leyes han dejado de reconocerse y respetarse, y que no ha habido una investigación respecto a los responsables de los crímenes”. Habló por el Comité de Madres y fue enfática al sostener que han dejado de confiar en las autoridades, porque éstas “han amenazado de muerte, porque han guardado silencio, porque nos han mentido, porque han manipulado las evidencias sobre los crímenes de las jovencitas”y puntualizó: “de todo esto hay pruebas, hay registros, hay nombres con apellidos.”

Se refirió a los feminicidios como crímenes de clase y observó que en Ciudad Juárez no existe una colonia de bajo estrato social que no haya sufrido o esté en riesgo de sufrir la desaparición de una jovencita,  máxime si llega a ser desaparecidas en el centro de la ciudad.

Solas en el dolor Foto: FGS

Cuestionamientos y propuestas del Comité de madres

¿Cómo cambiar la perspectiva institucional a un diagnóstico de género?

Primero, decir ausentes o extraviadas tiene una connotación de voluntariedad de las jóvenes desde la perspectiva de las autoridades. Y esto genera retraso en su búsqueda, porque hay que esperar 48 o hasta 72 horas para levantar un reporte. A veinte años de tener el problema Sin embargo, las madres hoy en y varios miles de desaparecidas y asesinadas, las autoridades todavía le dicen a las madres que se esperan porque a lo mejor sus hijas se fueron con el novio.

Ahora las madres usan el término desaparecidas, desde otra connotación que va más allá del secuestro o la desaparición forzada, y que conlleva un conjunto de delitos incluyendo el feminicidio no tipificado en nuestro estado, pese a que es el problema central por el cual se identifica internacionalmente a nuestra ciudad.

Hay madres en Ciudad Juárez que oficialmente no podrán tener los cuerpos de sus hijas, sino solamente un papel donde se informe que la muestra ósea que se cotejó es de su ser querido, que no hay nada que entregar para honras fúnebres, solo el dictamen en un papel oficial. Esto ejemplifica la importancia y urgencia al actuar cuando se tiene el reporte de una joven desaparecida.

Despensa que otorga el gobierno de Chihuahua como ayuda a las madres de víctimas de feminicidios Foto: FGS

Algunos planteamientos del Comité de Madres:

1. La visibilidad de las víctimas. Tiene que haber un registro completo de quiénes son las víctimas. Su historia de vida completa, para analizar los patrones criminales. Las víctimas deben ser tratadas mediáticamente con estricto respeto, principalmente por las autoridades. Cualquier autoridad que haga comentarios a los medios fuera de lugar, con denotaciones misóginas, deben ser retirados de inmediato de la investigación, y puestos a disposición de sus superiores y hacer el anuncio público para informar a todos ese retiro obligatorio. Deben ser exhibidos para evitar confusiones e impunidad. Esto no es un juego. La autoridad debe actuar con el ejemplo moral que se requiere para atender este gravísimo problema.

2. Medios con perspectiva de género. Los medios deben ser atendidos por una persona especializada en el manejo de la información con perspectiva de género y debe haber una coordinación con las madres de las víctimas. Esto no significa censura o control informativo. Significa cooperación y ayuda a hacer visibles a las jóvenes secuestradas. Toda la sociedad debe estar atenta a esto, y sólo puede lograse con unidad e inteligencia.

3. Sanciones para periodistas que infrinjan los códigos éticos. Los periodistas que hagan un uso de la información no responsable, o promuevan una declaración de las autoridades con intenciones misóginas, u ofensivas para las víctimas o sus familiares deben ser sancionados negándoles el acceso a la información mediante un comunicado público a su mismo medio, redes sociales y a los demás. Si no se exige el respeto a todos y cada uno de los involucrados en difundir este problema, seguiremos dando pequeños pasos sin avanzar. Se necesita seriedad y compromiso de la sociedad en su conjunto.

4. Soluciones radicalmente distintas. Las acciones de las autoridades deben ser visibles para todos. Quiénes son las autoridades, qué méritos tienen para estar en esta búsqueda. No estamos buscando animalitos. Son vidas humanas en riesgo. Y las víctimas merecen la mejor disposición y vigilancia de la sociedad, principalmente de las autoridades, por toda la felicidad que ya se les ha robado. Por otro lado, las autoridades trabajan con recursos públicos, nuestros impuestos. Por lo tanto, es menester saber quién es quién en estas delicadas tareas, por toda la trayectoria de desconfianza que ya se tiene con los gobiernos en todos los niveles.

5. Se debe visibilizar la información. Cada determinado período, las autoridades deben estar elaborando breves actualizaciones de su trabajo para informar a las madres. Estas actualizaciones deben ser registradas públicamente, no ante los medios necesariamente, pero estar disponibles. Las madres deben saber qué se ha hecho mes a mes en la investigación de sus hijas. Si hay un informe que registre inactividad de una autoridad por tres meses o más, esta autoridad debe ser llamada a cuentas por el Comité de Madres, y dar una explicación pública sobre esa situación.

6. Las autoridades tendrán que clasificar la información de extremo riesgo. La madre tiene derecho a ser informada. Y son las autoridades las que deben estar dando cuentas a las madres de las víctimas y saber medir los niveles de riesgo. Las organizaciones civiles no están capacitadas para medir los riesgos, es tarea de la autoridad.

7. Organizar periódicamente reuniones entre autoridades. Las madres deben reunirse con autoridades, pero también con profesionales en sociología, criminología, investigadores forenses, comunicólogos e iniciados en la materia, para conocer el estado o status del problema y resolver dudas, explicar el contexto y mejorar la coordinación.

8. Terminar con la impunidad. Comprendemos que llevamos veinte años padeciendo estos crímenes en completa impunidad. Necesitamos ser atendidos y ayudados para armonizar nuestras vidas, las vida de las familias con la vida pública de Ciudad Juárez. Y esto sólo puede lograrse a través de un acuerdo explícito entre las autoridades y la sociedad. Un nuevo contrato, con nuevas obligaciones y acuerdos. Todos debemos poner nuestra voluntad en ello. Ya no podemos postergar más la atención a estos crímenes y seguir durmiendo tranquilos.

 

Justicia pendiente

Tribunal federal ordena a FGR dejar de asegurar mansión de Lozoya

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Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal de la Ciudad de México confirmaron la resolución del juez octavo de Distrito de Amparo en la materia que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) deje de asegurar la mansión del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la Ciudad de México.

La resolución jurídica establece que se deja sin efectos el acuerdo de la FGR el pasado 28 de mayo de 2019 sobre la casa de las Lomas de Bezares que le fue asegurada a Lozoya, por lo que deberá de ser liberada a la brevedad.

Sin embargo, la FGR pidió una prórroga de diez más al juez para el cumplimiento de la resolución, luego de que el inmueble fue asegurado como parte de las indagatorias contra Lozoya por la compra irregular de Agronitrogenados, debido a que presuntamente fue con dinero entregado por el dueño de Hornos de México, Alonso Ancira.

El juez determinó que el inmueble ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México debe ser liberado de la intervención de la FGR, aunque aún no podrá ser ocupada hasta que concluyan las indagatorias correspondientes por los actos de corrupción de Lozoya.

Tras la detención de Emilio Lozoya, se ha filtrado las declaraciones del ex funcionario federal, quien ha señalado a varios actores públicos como los expresidentes de México, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por su participación en actos de corrupción.

Asimismo, ha señalado a otros personajes relevantes en los actos de corrupción como los excandidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade, así como al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entre otros ex legisladores federales emanados del priismo y panismo.

 

 

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Jueza de Chihuahua dicta prisión preventiva a Juan Ramón Collado por peculado

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La jueza de Control María Guadalupe Hernández dictó prisión preventiva al abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos desviados de las finanzas de Chihuahua para la simulación de un contrato por servicios jurídicos, cuyo beneficiario fue el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La jueza de control determinó que no se brindaron los servicios al gobierno de Chihuahua entre 2013 y 2014, por lo que el expresidente habría ayudado al ex gobernador de esa entidad, César Duarte, a convertirse en dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque no sucedió dicha situación.

El fiscal estatal de Chihuahua, César Augusto Peniche, señaló que Salinas de Gortari fue señalado como uno de los principales responsables y por ello podría ser llamado a declarar ante los tribunales locales para rinda información por los hechos que se le atribuyen.

De acuerdo con un testigo protegido, César Duarte recibió en uno de sus ranchos a Juan Collado y Carlos Salinas para pactar las aspiraciones del ex mandatario estatal de encabezar la dirigencia nacional del PRI en 2012.

La jueza de control dictó prisión preventiva a Juan Collado, quien permanece recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y el 6 de septiembre se llevará a cabo la audiencia para vincularlo a proceso.

Carlos Salinas habría solicitado 13.7 millones de pesos a César Duarte, quien por medio de Juan Collado con asesorías jurídicas vinculó el recurso, luego de que la fiscalía estatal localizó dos transferencias bancarias particulares al jurista para vincularlas directamente a Salinas.

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Justicia pendiente

Activistas piden protección para periodista hostigado por el gobierno de Chihuahua

Periodista de Chihuahua acosado por el gobierno de Javier Corral

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Por Ignacio García

Integrantes de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que se apliquen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger al periodista Manuel Osbaldo Salvador Ang, director del medio digital La Opción en Chihuahua, quien ha sido perseguido y hostigado en los últimos meses.

Dan González-Ortega, rector de la comunidad Teológica de México, explicó que la violencia que sufren los periodistas en México se ha agudizado en los últimos meses, por lo que destacó la importancia de contar con una prensa crítica que informe de forma plural sobre la realidad del país.

El profesor de Teología y defensor de derechos humanos, Fray Julián Cruzalta Aguirre, pidió la intervención de la CIDH para garantizar la libertad de expresión en Chihuahua, pues recordó que México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, pues los más de 130 comunicadores que han sido asesinados desde el 2000 la mayoría permanecen en la impunidad.

Por su parte, el obispo de la Iglesia Vetero Católica de México, Óscar Pérez Solano, destacó la importancia de la labor del periodista en un contexto de corrupción, impunidad y violencia que prevalece en todos los niveles del gobierno del país y por ello urgió a la CIDH a que se garanticen condiciones de protección para que no se convierta en una víctima más.

En tanto, Lorena Aguilar Aguilar, periodista y activista, señaló que los periodistas tienen derecho a informar sin que sean perseguidos y hostigados y por consiguiente les cueste la vida, pues México es una de las naciones que representan un mayor riesgo para los periodistas en un contexto permanente en el que ha prevalecido la impunidad.

Asimismo, Ernesto Rodríguez Cabrera, defensor de derechos humanos, reiteró que el organismo internacional debe proveer condiciones para que el periodista continúe con su labor permanente en esa entidad, debido a que las autoridades estatales y federales han sido omisas en brindar seguridad a los periodistas.

Yhodara Vega Andrade, representante de la red de derechos humanos, sostuvo que la labor de los periodistas permite democratizar la vida pública del país, por lo que al censurar a un comunicador también se limita el derecho a la información de los ciudadanos que son los más afectados.

Salvador Ang, entre otros trabajos, publicó un reportaje en el que reveló que una persona adolescente fue violada en el departamento del hijo de Carlos Borruel Baquera, actual director de la Comisión Estatal para la Vivienda. A partir de ello, se han incrementado los acosos. 

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El Falso Caso Wallace

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