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Investigaciones

Negocios sin reflectores: las empresas del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa, pese a la caída de sus líderes, mantiene sus negocios lícitos operando con el apoyo del gobierno mexicano

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Infografía parcial del Departamento del Tesoro.

Los tres líderes del Cártel de Sinaloa: Infografía del Departamento del Tesoro.

Por Maurizio Montes de Oca

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera atrajo los reflectores de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha esforzado en construir una narrativa que prioriza al Estado de Derecho mediante aprehensiones espectaculares desde el inicio del sexenio. Muestras de ello son Elba Esther Gordillo, lideresa de uno de los sindicatos más grandes y poderosos de América Latina, quien se mantuvo impune por varios años con sus corruptelas, y José Manuel Mireles, ex vocero de la asamblea de grupos de autodefensa en Michoacán, también opositor a la incorporación de sus hombres a la Fuerza Rural. Pero nadie tan valioso para los medios y la atención internacional, como el hombre que se convirtió en “el más buscado”, luego de la muerte de Osama Bin Laden, y el segundo en recibir el título de “enemigo público número uno” en Chicago, sólo después de Al Capone.

Con 1.68 metros de pies a cabeza, Joaquín “El Chapo” Guzmán se hizo de renombre por mucho más que su corta estatura. El oriundo de Badiraguato supo aprovechar la ventana de oportunidad que ofreció el cierre de las viejas rutas de tráfico hacia Estados Unidos que solían utilizar los cárteles cubanos, para redirigir la mercancía ilegal por la ruta del Pacífico en complicidad con antiguos operadores del Cártel de Juárez, con quienes luego del vigoroso liderazgo que adquirió tras su fuga del Penal de Puente Grande, comenzó a tener ríspidas relaciones cuyos altibajos contribuyeron en la formación de nuevos cárteles y células delincuenciales independientes. Aunque ninguna tan poderosa y tan complacida por las autoridades como la suya: la Federación de Sinaloa.

No obstante, la estrategia de decapitamiento de los cárteles y el calvario recorrido por Guzmán ante las cámaras, ocultan elementos importantes en materia del combate a la organización criminal en su conjunto.

El Chapo es sólo una de las piezas más visibles del rompecabezas que compone la Federación de Sinaloa, la cual cada año invierte miles de millones de pesos en mantener su infraestructura que implica mucho más que el simple tráfico de estupefacientes. Desde lavacoches (así comenzó su carrera delictiva Miguel Ángel Treviño “el Z 40”, en el Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas), sembradores de enervantes (el mismo Joaquín Guzmán se inició así en el negocio cuando era niño), sicarios, choferes, profesionistas diversos (como el ingeniero José Antonio Robledo quien tenía conocimiento en instalación de antenas y otros menesteres en materia de telecomunicaciones y es uno de las 36 personas de quienes se cree que su conocimiento técnico o científico, fue el principal motivo para su rapto por parte de comandos armados), informantes (como consta en las declaraciones vertidas para la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012), entre muchas otras ocupaciones ilícitas para el funcionamiento de esta empresa transnacional.

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Cronología de negocios del Cártel de Sinaloa

Las ganancias obtenidas por esta corporación, cuyas estimaciones van desde los tres mil millones de dólares atribuidos a Guzmán por la revista Forbes, hasta los 6 mil 600 millones de dólares según cifras ofrecidas por Patrick Raden Keefe al The New York Times (http://nyti.ms/1pdrhv0), y quien apunta que se tratan de cifras “conservadoras” debido a la dificultad para calcular empíricamente las fortunas de las organizaciones criminales. El dinero también implica infraestructura para regresar a sus inversionistas y no ser detectado por las autoridades antinarcóticos. Sin embargo, en el caso de este cártel parte de esta infraestructura está construida conjuntamente con las autoridades mexicanas.

El transporte de dinero en efectivo es altamente riesgoso por su volumen y fácil rastreo, el blanqueo es la mejor alternativa de hacerlo circular de un lado a otro de México y el mundo, insertándolo en los sectores legales de la economía mediante empresas formalmente establecidas, llegando incluso a dar empleo y contribuyendo a la hacienda pública con sus impuestos. Uno de los periodos más exitosos para estas empresas del Cártel de Sinaloa fue con la administración de Felipe Calderón, incluso llegaron a ser beneficiadas por programas gubernamentales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sabe perfectamente.

Un primer ejemplo de ello es la empresa “Rancho Agrícola y Ganadero, Los Mezquites S.A. de C.V.”, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el folio RAG000412BY5, la cual fue señalada en julio de 2013 por el Tesoro -a través de su Departamento de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés)- como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Rancho, Estancia y Balneario

El rancho Los Mezquites estaba ligado al capo Ismael “El Mayo” Zambada y a su familia mediante el notario público José Antonio Núñez Bedolla, quien según las autoridades norteamericanas, notariaba a nombre de integrantes del cártel empresas como ésta. Aparecía como beneficiaria de un subsidio gubernamental en la lista de Beneficiarios del Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado bovino, Porcino, Ovino o Caprino en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) del Ejercicio Fiscal 2005 (disponible en http://bit.ly/1rQEfjz). El titular de Sagarpa era Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien posteriormente fue nombrado otra vez en ese mismo cargo en 2007, con Felipe Calderón.

Rancho los Mezquites

Molinar Horcasitas, en apoyo directo a narcoguarderías

A pesar de que en su momento el notario Núñez Bedolla negó haber autorizado las escrituras del Rancho y de otras dos empresas ligadas con la Federación de Sinaloa, sí admitió haber notariado la guardería “Estancia Niño Feliz”, ubicada en Avenida Manuel Vallarta, número 2141 en Culiacán; la cual operaba bajo la clave CT 25PDI0012C (publicado por el portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa disponible en: http://bit.ly/WO6MeU).

Clave_CT_Niño_feliz

Según la lista de estancias infantiles publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta institución pagaba la cantidad de 2,299.40 pesos (USD 184.00) por cada niño a cargo de la guardería en la que aparecía como socia María Teresa Zambada Niebla, hija del famoso capo, con un contrato de adjudicación directa de 2007 a 2009. El titular en ese entonces era Juan Molinar Horcasitas, quien presentó el documento: “Políticas públicas implementadas por Juan Molinar”, en el que señala que una de sus primeras acciones fue la renovación de contratos de guarderías subrogadas, y “que requerían la firma del director general para salvaguardar la integridad financiera del instituto”.

lista estancias infantiles IMSS, El Financiero

En febrero de 2014, el Departamento del Tesoro volvió a señalar dos operadores del Cártel de Sinaloa, el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, quien trabajó previamente para el traficante Leónidas Vargas Vargas, líder del Cártel de Caquetá en Colombia; y John Fredy Cuellar Silva, hijo de Cuéllar Hurtado. Ambos en la mira del gobierno estadounidense por sus inversiones en empresas mexicanas de agricultura y empeño.

red de operacion cuellar, rancho y cooperativa, OFAC

Es el caso del Rancho La Herradura Cuemir con folio mercantil 17919-1 ubicado en el centro de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y que bajo el nombre de “Agrícola y Ganadera Cuemir S.P.R de R.I. podía encontrarse en un listado de convenios para realizar prácticas profesionales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, así como en un padrón de empresas de un fideicomiso de riesgo compartido de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Inclusive, puede encontrarse también en una lista de empresas con sementales aprobados por una asociación empresarial de Alemania.

Directorio de establecimientos TIF

Directorio de establecimientos Tipo Inspección Federal

Cumir alemania

En Alemania, promoviendo sementales.

Sagarpa, clave en el apoyo a empresas del Cártel

Otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como beneficiaria de programas del gobierno mexicano es la “Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C de R.L. de C.V.” Dicha empresa se encuentra también en el padrón de beneficiarios del Programa de apoyo a la inversión y equipamiento en infraestructura de la SAGARPA con un monto de $2’579’656, para el lapso enero-diciembre de 2011, siendo todavía titular de la dependencia Francisco Javier Mayorga Castañeda. En el reporte de avance para septiembre de ese mismo año, se especificó que el apoyo fue destinado a la modernización de instalaciones para obtener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF).

 

cooperativa avestruz en programade apoyo al equipamiento e infraestructura

El incentivo económico de Sagarpa a la Cooperativa de Avestruz Cuemir fue a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) con la clave TIF-JAL-11-000007 otorgado en 2011. Para el año 2012, la misma empresa aparecía en un directorio de la Dirección General de Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de la Sagarpa, donde se registran establecimientos con esa certificación, el cual –como su nombre lo indica- se reporta dedicado al sacrificio, corte, deshuese y proceso de productos cárnicos de avestruz. Incluso, para 2013, ya con la administración de Enrique Peña Nieto, y el titular de Sagarpa Enrique Martínez y Martínez, la cooperativa volvió a solicitar recursos públicos para corrales de cría y engorda, tríos reproductores de avestruz, para obra civil y para un centro de incubación.

avestruz cuemir

Los negocios lícitos del narcotráfico en expansión

Estos cuatro casos, –Los Mezquites, la guardería Niño Feliz, Rancho La Herradura y la Cooperativa de Avestruz– han arrojado luz en torno al problema que plantea la economía criminal en materia de combate a la delincuencia organizada. Las empresas pantalla funcionan como un puente entre el capitalismo subterráneo de las organizaciones criminales y la economía formal.

Desde 2007, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros ha identificado la inserción de dinero del Cártel de Sinaloa en diversos rubros productivos. En Jalisco se reportan empresas de combustibles como “Estación de Servicio Atemajac, S.A. DE C.V.”; en Sinaloa se tiene conocimiento de parques de diversión como “Parque Acuático Los Cascabeles S.A. de C.V.”; tiendas de autoservicio en Honduras como “Súpertiendas Handal”; inversiones en Belice como “Belize Chemicals LTD” dedicada a la comercialización de medicamentos o “Crown Paradise Enterprises LTD”, una agencia de viajes; en Ecuador “Negocios Internacionales del Ecuador, Nidegroup” o “Genética del Sur S.A.” en Uruguay; entre muchas, muchas otras. Negocios que siguieron funcionando pese a la caída de los capos con los que estuvieron relacionados.

Negocios sin reflectores, sin cámaras, sin la atención de la prensa internacional, pero que continúan aceitando la estructura de este cártel, y que cada año cobra miles de millones de dólares a cambio de miles y miles de vidas.

Fabricación de culpables

Calderón fabricó culpables con el Poder Judicial de la Federación: caso Sánchez Mayorga

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, víctima de fabricación de culpables por el Poder Judicial de la Federal

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Por Ignacio García

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, víctima de fabricación del delito de “beneficio de la explotación sexual” durante la administración de Felipe Calderón, denunció en un desplegado público que el ex mandatario utilizó al Poder Judicial de la Federación para fabricar culpables durante su gobierno en simulación de eficiencia policial, por lo que pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, a estos casos.

La denunciante señaló que por medio del expediente 30/2016-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México se abrió la averiguación en su contra el 19 de febrero de 2008. Fue María de los Ángeles Ocampo Allende, supuesta coordinadora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), quien inició el procedimiento, sin embargo, nunca demostró su identidad, aunado a que se le ordenó a Alicia González Cortés, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acumular averiguaciones previas por órdenes de la entonces diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco.

Enfatizó que la actual senadora Garza Ramírez, durante el gobierno de Calderón obtuvo puestos en la administración pública federal, contratos de adjudicación y licitación para sus familiares y la asignación de -al menos- cuatro inmuebles para sus fundaciones y asociaciones, como directivos de la asociación Casa sobre la Roca.

Agregó que la ex diputada federal Garza Ramírez conectó a Calderón con organizaciones religiosas en 2005, y una vez que arribó al gobierno federal fueron beneficiados con distintos cargos públicos, aunado a que aprovechó su organización para entregar premios a exgobernadores por su supuesto combate a la corrupción como a Eruviel Ávila y Javier Duarte, hoy procesado por desvío de recursos.

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga reiteró en el comunicado que Calderón había utilizado al Poder Judicial de la Federación para violar procesos penales como la detención ilegal y arbitraria, el incumplimiento en los requisitos para la valoración de pruebas, testigos aleccionados, actas circunstanciadas de cateo sin los requisitos legales, y enfatizó que en su caso no existió prueba alguna en su contra.

Estas acciones violatorias de los derechos humanos, añadió Sánchez Mayorga, fueron avaladas por la hoy Jueza Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Xucotzin Karla Montes Ortega, pues le dictó sentencia después de siete años de prisión preventiva, el 8 de mayo de 2020, quien presuntamente reconoció sólo las versiones de quienes se dicen las víctimas sin estar seguras de ello, aunado a las múltiples irregularidades que se presentaron en su proceso penal.

Afirmó que la jueza que le dictó sentencia mantiene una relación no profesional, calificándola de “consentida”, del magistrado Ricardo Paredes Calderón, pues acusó que no cuenta con la experiencia suficiente para desempeñarse como juzgadora y que obtuvo ese cargo por “influyentismo”.

Asimismo, acusó que la jueza viola sus derechos humanos, al padecer Covid-19 y no brindarle garantías de atención, aunado a los actos de tortura que ha padecido en su reclusión y su sentencia fue notificada tres meses después de haberse emitido.

Por ello, pidió la intervención del presidente de México para que su caso se resuelva conforme a la legalidad sin “influyentismo” ni obstáculos de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Sánchez Mayorga permanece recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México.

Desplegado público

“La máquina de culpables del expresidente Felipe Calderón fue el Poder Judicial de la Federación”

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, acudo ante usted, para rogarle su intervención, puesto que el gobierno de Felipe calderón y sus esbirros quienes fabricaban delitos para las estadísticas durante su mandato, fabricaron un delito en donde me afectaron, acreditando lo anterior, con las constancias que integran el expediente 30/2016-v, del índice del juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México; esto es así, puesto que la averiguación previa que a la postre fue ejercitada en mi contra, se inició el diecinueve de febrero de dos mil ocho, contra diversas personas, como en su caso lo fueron Gerardo Villareal Ramírez, Marco Antonio Torres Rosales, Cristina Margarita Narváez Medécigo y Arturo Pacheco Martínez, delito que fue denunciado por la licenciada María de los Ángeles Ocampo Allende, en su supuesto carácter de coordinadora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, de las constancias no se advierte documento alguno con el cual se acreditara la identidad con la que se ostentó, ni tampoco la personalidad que tenía para llevar a cabo denuncia alguna; además de que se le encomendó a la licenciada Alicia González Cortés, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acumular averiguaciones previas, por orden de la diputada federal del Partido Acción Nacional, Rosa María de la Garza Ramírez, quien es más conocida con el nombre de Rosi Orozco, en este contexto cabe precisarle que es de conocimiento público, puesto que en el periódico La Jornada, el miércoles 22 de mayo de 2019, se publicó que al amparo de Calderón, Rosi Orozco o con su nombre correcto y completo Rosa María de la Garza Ramírez y su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio, lograron grandes beneficios, puesto que se consiguieron importantes puestos en la administración pública federal, contratos de adjudicación o licitación para sus familiares y la asignación de al menos cuatro inmuebles para sus fundaciones y asociaciones, como directivos de la asociación Casa sobre la roca, la pareja Orozco ganó notoriedad en 2005, cuando acercó al candidato del PAN, Felipe Calderón a congregaciones cristianas y evangélicas. A raíz de ello, surgieron los primeros cargos en la administración federal entre 2007 y 2008; esto es, Alejandro Lucas, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del DIF, y en 2009, se convirtió en director del Instituto Nacional de las Personas Adultas, mientras Rosa María de la Garza Ramírez llegó a ser diputada federal del PAN y luego candidata al senado por el mismo partido. Una investigación reveló que los Orozco utilizaban la lucha contra la trata de personas y sus vínculos con las congregaciones cristianas y evangélicas para sacar beneficios políticos y económicos, cabe resaltar que incluso Rosa María entregó premios por la lucha contra ese delito a gobernadores del Estado de México, Eruviel Ávila, y de Veracruz, Javier Duarte (hoy preso), en donde incluso hay problemas de desaparición de personas e incluso alertas de género, por lo que fabricaban culpables para incrementar y justificar sus estadísticas del combate al delito de marras, estando muchas personas inocentes por la fabricación de culpables; ya que el Poder Judicial de la Federación colaboró de forma directa, puesto que habiendo -como en mi caso- violaciones flagrantes al proceso, detención ilegal, incumplimiento en los requisitos para la valoración de pruebas, testigos aleccionados, actas circunstanciadas de cateo sin los requisitos legales, dado sus vínculos con el entonces mandatario y el partido en el poder, esto es el PAN, justificaban su actuar, tan es así que a mí, me acusaron del delito de “beneficio a la explotación sexual” y, de las constancias que integran el expediente se analiza el delito de delincuencia organizada, además de que obviamente no se advierte prueba alguna con la que se acredite que yo haya obtenido algún beneficio o bien que hubiera efectuado algún acto delictivo; aspecto que fue solapado en principio por el entonces juez primero de distrito de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros y luego por la hoy Jueza Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Xucotzin Karla Montes Ortega, quien no obstante que incumplió lo dispuesto en la circular 8/2020 emitida por el pleno del consejo de la judicatura, supuestamente dictó sentencia después de siete años de prisión preventiva el ocho de mayo de dos mil veinte y me notificó hasta el tres de agosto de dos mil veinte, y digo supuestamente puesto que dice que se dictó por Karla Montes Ortega, siendo que el nombre de la citada juzgadora es Xucotzin Karla Montes Ortega, siendo de lo más normal los errores en este tipo de cuestiones, puesto que la ministerio público adscrita al juzgado formuló sus conclusiones acusatorias en mi contra respecto de diversa averiguación previa, sin embargo, dicha juzgadora asentó que era solo un error ortográfico cuando sabemos que en materia penal no se debe suplir ningún tipo de error, puesto que es de estricto derecho; asimismo, dicha juzgadora para dictar la sentencia en mi contra no analizó el delito que se me atribuye sino que solamente concluyó que con lo externado por las personas reconocidas como víctimas, las cuales sus dichos son de oídas, les otorga pleno valor probatorio sin tomar en cuenta las pruebas que obran en la causa, sino únicamente con sus dichos que son de oídas dice que es suficiente para acreditar plenamente mi responsabilidad, diciendo de forma dogmática, puesto que no hay prueba alguna con la que se acredite que yo mediante engaño sometí a las víctimas, que yo las contraté, en los restaurantes, ni que me aproveché de su situación de vulnerabilidad, al no tener permiso para laborar en el territorio nacional, puesto que esto lo dice sin que haya prueba alguna con la que se establezca, sino es una copia de la resolución de apelación, dictada en el toca penal 371/2015 del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, dictado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, esto es tres años después, que fue lo que tardó en resolverse mi apelación en contra del auto de formal prisión, posteriormente se ingresó mi amparo contra el auto de formal prisión que promoví y se tardó dos años en resolver, resultando para efectos, por qué no se les notificó a las supuestas víctimas, es decir, no resolvieron el fondo del amparo e incluso nunca se le remitió al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por lo cual promoví una queja y cambiaron a los magistrados a diversos lados, pero nunca resultan sancionados porque son solapados por los demás, esto es, “perro no come perro”, y la corrupción que abunda en el Poder Judicial Federal, hace que la persona que dictó mi sentencia, es la consentida por alguna cuestión inexplicable del magistrado Ricardo Paredes Calderón, puesto que se puede advertir que dicha juzgadora tiene una carrera judicial de menos de doce años, entrando como secretaria particular con dicho magistrado, para posteriormente ser su secretaria ejecutiva, oficial judicial y actuaria de Juzgado, cuando él estaba de magistrado en diversos tribunales fue actuaria y secretaria de juzgado siempre en donde estaba dicho magistrado; de igual manera de forma inexplicable acreditó el examen para ser Juez de Distrito, pero lo hizo respecto de los procedimientos adversariales, esto es, el nuevo sistema, la mandaron a Cuernavaca, en donde estuvo menos de un año y posteriormente la mandaron a la Ciudad de México, a los juzgados tradicionales, aspecto extraño puesto que no fue ratificada en el cargo a la fecha, ya que no ha transcurrido el termino para ello, pero la cambiaron para que estuviera en la Ciudad de México, en donde la adscribieron al juzgado décimo de procesos penales federales, pero como iba a desaparecer y ella tiene mucha influencia en el poder judicial, cuando falleció el juez anterior que detentaba el cargo, la citada Xucotzin Karla Montes Ortega, la adscribieron al Juzgado en el cual se encontraba el asunto de la maestra Elba Esther Gordillo y otros relevantes, ella pidió que se lo asignaran lo que le hicieron al día siguiente del fallecimiento del juez que detentaba el cargo, juzgadora que no tiene la experiencia, puesto que si se analiza su carrera judicial, no se explica porque llegó a ser juez, sino como se aprecia, del Instituto de la Judicatura por influyentísimo, y porque le dieron tal vez el examen, tal y como se demuestra del comunicado 30/2020 de fecha cinco de agosto de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, en el que se advierte que se sancionaron diversos servidores públicos entre ellos el exdirector general del Instituto de la Judicatura Federal magistrado Salvador Mondragón Reyes, quien fue sancionado con la destitución e inhabilitación por diez años, por habérseles encontrado responsables de la filtración y eventual comercialización de información confidencial sobre el 28 concurso interno de oposición practicado por el Instituto de la Judicatura Federal en el año 2018, aspecto que no sólo podría haber ocurrido en dicho examen sino en anteriores, por las redes de corrupción que existen en dicho Poder Judicial de la Federación; dado que la inexperiencia extrema de la citada titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales Xucotzin Karla Montes Ortega, lleva a violentar mis derechos humanos e incluso mi vida, puesto que no es posible que se le diga que estoy sufriendo Covid 19, que no me atiende el centro de reclusión en donde estoy a su disposición, y no realice ningún acto para cuidar mi salud y mi vida, que le comuniqué actos de tortura, crueles e inhumanos y no le dé vista al Ministerio Público, sino únicamente pida un informe, aspecto que se hará del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que al parecer dicha jueza no tiene el conocimiento para impedir se cometan actos de tortura, ni tampoco cumplir la ley, ya que por la pandemia se ordenó dictar la sentencia y notificar de manera escalonada, pero dicha juzgadora notificó tres meses después, y de forma virtual sin que me explicaran la sentencia, porque tenían mucho trabajo, y al entregarme copia obviamente me doy cuenta de que copio las conclusiones del ministerio público, así como la resolución de apelación, puesto que no hizo ningún razonamiento legal acreditado con pruebas que acreditaran mi responsabilidad, resaltando que tal inexperiencia se debe a que ella presento su examen para ser juez de distrito especializado en el nuevo proceso penal acusatorio, no en el sistema tradicional ni mucho menos mixto, de ahí su desconocimiento sobre el procedimiento y valoración de pruebas, lo cual es muy diferente del sistema adversarial acusatorio, siendo de igual forma preponderante citar que cuando aprobó el examen de mérito, estaba de director del instituto el magistrado destituido; por ende, sé perfectamente que tengo mi recurso, pero lo único que pido es que se resuelva con la legalidad y no con amiguismos ni influencia que tienen los juzgadores del poder judicial de la federación; quiero manifestarle señor presidente que interceda contra la corrupción empoderada que me tiene a la fecha privada de mi libertad, en virtud de la forma inhumana, injusta e ilegal con la que se trata a la ciudadanía, mi nombre es Claudia Ivonne Sánchez Mayorga y me encuentro recluida en el centro de reinserción social Santa Martha Acatitla. El gobierno del PAN me fabricó un delito y el Poder Judicial Federal por conducto de sus jueces me fabricaron culpable, puesto que no hay prueba alguna con la que se acredite que haya cometido algún delito y por el contrario sí se demuestra los ilícitos que han cometido en mi contra, como lo es que permitieron a una persona ajena el acceso al proceso y luego ella publicó en las redes sociales mi información, la cual debe estar resguardada, pero al decirle a la juez tal aspecto, no hizo nada para evitarlo demostrando su falta de experiencia y conocimiento de derecho; de igual forma, tuvo conocimiento que me detuvieron de forma ilegal, al carecer de valor el acta circunstanciada en donde me llevaron detenida al arraigo, sin embargo ella únicamente precisó que faltaban firmas, pero no era suficiente, así lo dijo en sentencia, por lo que no fue omisa sino es ignorante del derecho, también cuando supo que me torturaron, realizaron tratos crueles e in humanos en mi contra, y me quitaron la matriz sin mi consentimiento, no dijo nada, no hay ninguna averiguación previa o carpeta de investigación contra tales actos, porque el Poder Judicial Federal, es como una cloaca, en donde todas las ratas se cubren sus porquerías; señor presidente le pido me ayude a que se resuelva lo más pronto la apelación interpuesta conforme a derecho, en donde se demostrará que no se acreditan las circunstancias de tiempo, modo lugar y ocasión, del delito que se me atribuye, por lo que se debe revocarla resolución recurrida y dictar una sentencia absolutoria; máxime que muchas de las personas que intervinieron en la averiguación previa se encuentran actualmente enfrentando procesos con la justicia tal como lo es Genaro García Luna.

Por todo lo expuesto, pido de la manera más atenta su intervención para que se haga justicia.

Atentamente

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga.

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El Caso Wallace

Periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace

Nuevas revelaciones del caso Wallace sobre la fabricación de pruebas

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

Moya señaló que junto con Laura Domínguez, vecina y amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, participó en la búsqueda de los rastros del supuesto secuestro y homicidio del empresario, tal como lo denunciaba su madre Isabel Miranda. Sin embargo, se empezaron a percatar de las mentiras de Miranda y de cómo alteraba la realidad.

Tiempo después de la supuesta fecha de muerte de Hugo Wallace, José Luis Moya llevó a Laura Domínguez al aeropuerto para encontrarse con el supuesto victimado. “Se encontraron en un hotel enfrente del aeropuerto, y yo la esperé en el auto”, revela el investigador.

“La aparición de Hugo fue después de que su madre denunció su desaparición”, afirma Moya, explicando que primero denunció a las autoridades la desaparición como secuestro, y después Hugo Alberto tuvo el encuentro con Laura Domínguez en el aeropuerto. Por lo que decidieron denunciar los hechos con el periodista Ciro Gómez Leyva, quien sabía además de que Hugo no era hijo biológico de Enrique Wallace, hecho relevante por la fabricación de la prueba de ADN con la sangre de la hija biológica de Wallace, hermanastra de Hugo.

Moya también señaló que los dos policías que estuvieron a cargo al inicio de la investigación, entre éstos, Víctor Palemón, fueron encarcelados con delitos fabricados, por haber descubierto otras pruebas fabricadas, como dos notas de rescate idénticas en papel fotográfico, entregadas una a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y otra a la PGR.

Palemón también le reveló a Moya que Isabel Miranda era quien hacía las declaraciones de testigos ante el Ministerio Público y obligaba a firmarlas, y que “si el Ministerio Público se oponía a este tipo de cosas les ponía un celular abierto para escuchar que declaraban”.

A pregunta de la periodista, por los documentos falsos entregados a la Corte de Chicago por parte de Isabel Miranda, como la carta de no antecedentes penales de Hugo Alberto Wallace, el investigador José Luis Moya confirmó que estaba enterado de la falsificación de documentos en el expediente, y que había elementos suficientes para procesar a Isabel Miranda.

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El Caso Wallace

Diputadas comparten foro sobre Justicia con Isabel Miranda, acusada de tortura y fabricación de secuestro

Diputadas de la Comisión de Justicia realizan foro para combatir impunidad con Isabel Miranda de ponente

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Por Guadalupe Lizárraga

Diputadas integrantes de la Comisión de Justicia del PRI, PAN, PRD y MORENA, dieron foro a Isabel Miranda Torres, en el seminario virtual sobre el Sistema Penal Acusatorio, pese a estar denunciada desde diciembre de 2018 ante la Fiscalía General de la República por la fabricación de pruebas y tortura.

La presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Partido de Acción Nacional, una de las cuatro organizadoras del foro, afirmó que quieren combatir la impunidad y que ello es posible con investigación, “con un trabajo bien hecho de los operadores del sistema penitenciario sin corrupción”. Sin embargo, Ortega calificó de “invitados de lujo” a los ponentes entre los que se destacó a Isabel Miranda Torres, uno de los iconos de la corrupción judicial durante el gobierno de Felipe Calderón. La diputada panista incluso agradeció su participación, y prometió a los ponentes nuevos espacios de reflexión con los demás miembros de la comisión legislativa.

Lorena Villavicencio, diputada de MORENA, por su parte, señaló que la Comisión de Justicia era “una de las comisiones más productivas de diputados”, y pidió a la audiencia que valoraran el trabajo de legisladores, que “para ello se estableció la reelección”. La morenista calificó de trabajo extraordinario el de la “sociedad civil”, y enfatizó que incluso están haciendo labores que le correspondería al Estado mexicano, por lo que les reiteró su reconocimiento y apoyo legislativo, a lo que Isabel Miranda respondió que tomaría la palabra por la necesidad de seguir discutiendo sobre el tema.

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI, y moderadora del foro, dio una efusiva bienvenida a Miranda Torres, a quien presentó como “señora y licenciada”, a pesar de ser público que Miranda no tiene estudios formales de ninguna licenciatura, y se refirió a ella como “ganadora del premio nacional de derechos humanos 2010”, destacando que su trayectoria era “ampliamente reconocida”.

Isabel Miranda Torres ha sido acusada formalmente de mantener con tráfico de influencias y corrupción a funcionarios del Poder Judicial a ocho personas en prisión injusta, algunas desde enero de 2006, para sostener el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace. También ha sido denunciada por la corrupción a custodios y directores de penales para que interfirieran en las comunicaciones privadas de sus inculpados, incluso para que los torturaran y les restringieran cualquier tipo de beneficio al que por ley podrían acceder en un Estado de Derecho.

En su turno, Miranda sostuvo:

“…soy un ejemplo de que yo ni siquiera conocía a los secuestradores de mi hijo y fui capaz –junto con los ministerios públicos y las autoridades– de poder llevarlos ante un juicio y todo de manera legal”. Incluso se refirió al caso Cassez diciendo “ahora resulta que Florence también es víctima” y lo calificó de ser un caso político.

Los inculpados de Miranda –algunos con 14 años de prisión– han demostrado a través de protocolos de Estambul y valoraciones psiquiátricas que fueron torturados varias veces, por órdenes de Isabel Miranda, de acuerdo con los señalamientos de los mismos custodios y agentes del Ministerio Público. Incluso en el caso de César Freyre y Jacobo Tagle, ella misma participó en las sesiones de tortura con escupitajos, golpes en la cara, jalones de cabello, y en el caso de Freyre indicó a los agentes del ministerio público, entre éstos, a Braulio Robles Zúñiga, en qué parte del cuerpo darle los toques eléctricos.

A George Khoury, detenido arbitrariamente y torturado el 2 de septiembre de 2009 y el 18 de julio de 2020, Isabel Miranda lo acusó de ser el autor intelectual del supuesto secuestro de su hijo Hugo, y ser el “jefe de la supuesta banda”. Hasta ahora, Khoury tiene dos reconocimientos de inocencia, uno por parte de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, y otro por parte de la Secretaría de Gobernación, ratificados en noviembre de 2019. Aún así, continúa interno y aislado en el Cefereso #17.

 

Diputados de MORENA han favorecido a Isabel Miranda

No es la primera vez que se ve favorecida y reconocida Isabel Miranda Torres por diputados integrantes de MORENA. En octubre de 2019, el coordinador de la bancada, Mario Delgado, la recibió en su oficina, y pidió a los diputados María de los Ángeles Huerta del Río y Hugo Ruiz Lustre que hicieran lo mismo. Ello generó una controversia entre los diputados por la organización del foro legislativo “Fabricación de culpables en México”, a propósito de las víctimas del falso caso Wallace.

Sin embargo, la diputada Huerta terminó acosando a esta periodista que organizó el foro para evitar que mencionara el nombre de Isabel Miranda o de su hijo, por lo que también se denunció formalmente ante la FGR y a la organización de protección de los derechos a periodistas Artículo 19.

 

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Posted by Cámara de Diputados – H. Congreso de la Unión on Friday, 4 September 2020

 

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