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Justicia pendiente

Tortura e impunidad, denuncias de años en Guerrero

La tortura como táctica de terror del estado ha sido una denuncia constante por años en el estado de Guerrero donde no está tipificado el delito

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Militares en La Montaña Foto: Tlachinollan

Por Sergio Ferrer

LA MONTAÑA, Guerrero.- Existen decenas de casos documentados de tortura en Guerrero, sin contar la cantidad de delitos de esa índole que no se denuncian. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, fundado y dirigido por el antropólogo Abel Barrera Hernández, así lo destacó junto con otras organizaciones que expondrán ante Naciones Unidas (ONU) su preocupación por el rezago de la abolición de la tortura en México, ante la evaluación al estado mexicano que se lleva a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre, en Ginebra, Suiza.

“En Guerrero no existe la tipificación del delito de tortura en su código penal a pesar de que persiste esta práctica”, se explicó en el marco de la revisión del quinto y sexto informe periódico del Estado mexicano ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura.

En el informe en enfatizó en las deficiencias en la investigación sobre tortura incluyendo la nula aplicación del Protocolo de Estambul, así como el rezago en la reforma del sistema de justicia penal y la subsistencia del fuero militar.

Guerrero, impunidad de torturadores

Tlachinollan recuerda en su informe que Guerrero tiene un largo historial de graves violaciones a los derechos humanos marcadas por la impunidad. En esta entidad se cometió la mayoría de las desapariciones forzadas durante la década de los años setenta sin investigaciones judiciales.

En años más recientes, han continuado estos patrones de violaciones a derechos humanos, como lo comprueban los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa, violadas y torturadas por militares en el año 2002. La búsqueda de justicia por estas mujeres fue una tarea titánica y dolorosa para sus familias, sin embargo sus casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde ahí el tribunal publicó su sentencia en 2010.

Otro caso es el de los ecologistas desaparecidos de la sierra de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista que llevan meses sin que las autoridades pongan atención en el caso.

En La Montaña de Guerrero, el Monitor Civil de las Fuerzas Policiales ha documentado más de 60 casos de tortura y tratos crueles en los últimos tres años en la región, principalmente contra personas indígenas siendo la Policía Investigadora Ministerial responsable de la mayoría de las vejaciones.

Represión de policías federales a estudiantes de Ayotzinapa en diciembre de 2011 Foto: red

El caso Ayotzinapa no se olvida

Un caso emblemático de la persistencia de la tortura fue la “ejecución extrajudicial, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes en contra de estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”, cometidas el 12 diciembre de 2011 por policías federales y del estado.

El informe del “caso Ayotzinapa” será presentado por Tlachinollan, y da cuenta del doble crimen de la detención arbitraria de 42 personas de las cuales 24 fueron sometidas a golpes de palos y toletes, entre las que se hallaban cuatro menores y una mujer.

La organización documenta pormenorizadamente el caso de Gerardo Torres, estudiante de 19 años de edad, víctima de tortura y acusado de disparar un rifle Ak47, sufriendo la táctica militar para obtener confesiones ilegítimas en casos de alto impacto.

De acuerdo al informe de la CNDH se constató que los manifestantes de Ayotzinapa estaban desarmados y hubo empleo excesivo de la fuerza pública con armas. Sin embargo, la labor del Ombudsman no ha cobrado la fuerza necesaria para que se imparta la justicia, señalan miembros de la organización.

El informe de Tlachinollan, advierte que la investigación de la tortura en el estado de Guerrero es prácticamente inexistente, pues a la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del Ministerio Público, incluyendo a peritos y policías. Sentencias por tortura ignoradas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dictado tres sentencias condenatorias contra el Estado mexicano por casos de tortura ocurridos en Guerrero. Para el Centro de derechos humanos Tlachinollan es impostergable que el gobierno estatal reforme el Código de Justicia Penal para tipificar el delito de tortura. “De lo contrario no se va a poder garantizar un marco que abata la impunidad y de castigo ejemplar a los torturadores”, refieren los derechohumanistas.

El CAT de la ONU, en sus revisiones sobre México ha marcado la falta de tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero, a pesar de la expresa solicitud de las organizaciones no gubernamentales de la entidad. El informe presentado por el Estado mexicano tampoco hace alusión alguna a ello, por lo que Tlachinollan adelanta que solicitará al Congreso local la aprobación de reformas legislativas armónicas con los tratados internacionales en este campo.

“La falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias como lo constataron en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa”, sostiene Tlachinollan y abunda que incluso hubo amenazas de muerte contra un abogado del centro de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra, a quien le exigieron dejar ese caso a través de una amenaza escrita por lo que tuvo que salir del país varios meses.

Indiferencia ante recomendaciones de CNDH

Los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento, de acuerdo al informe de Tlachinollan. Respecto al estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió haber recibido 415 quejas y de éstas sólo 5 han concluido en recomendaciones, se denuncia.

En el informe de Tlachinollan también se da cuenta de la ratificación de la Procuraduría General de la República (PGR) con supuesta base en el Protocolo de Estambul, publicitado como la herramienta pericial para investigación de la tortura, en la que la misma autoridad reconoció que sus peritos han aplicado en 302 ocasiones el dictamen médico psicológico, especializado para casos de posible tortura y maltrato, y han encontrando en 128 casos lesiones posiblemente derivadas de tortura.

También se ha informado que no existe una sola sentencia condenatoria en contra de algún funcionario o miembro de seguridad estatal ni federal por el delito de tortura.

SEDENA, principal torturador

El Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan obtuvo información a través del IFAI, respecto a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), y reveló que se iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando tortura” y 821 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando lesiones” contra órganos militares, del 2002 a la fecha.

Sin embargo, a pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, explican los miembros de la organización no gubernamental de La Montaña, “sólo seis expedientes fueron consignados ante los juzgados penales por el delito de tortura, y en ninguno de estos casos hubo sanción penal para los responsables”.

Los derechohumanistas de Tlachinollan explican que “el hecho de que el delito de la tortura esté legislado en una norma secundaria que además está vinculada a la creación un organismo público autónomo y no en el Código Penal del Estado, contribuye a que los actos de tortura que se perpetran en Guerrero no sean investigados ni sancionados de forma adecuada”.

La organización internacional Human Rights Watch, por su parte, constató que no se ha iniciado ninguna investigación por los últimos seis años, a pesar de que el Ombudsman estatal recibió 52 denuncias de tortura, 41 de tratos crueles e inhumanos y degradantes y 275 denuncias por lesiones físicas contra las fuerzas de seguridad. “Ello repercute en la impunidad, porque no ha sido ninguna averiguación previa por el delito de tortura en el estado de Guerrero ni tampoco ha sido dictada una sola sentencia condenatoria por el delito de tortura en la entidad”, sostuvieron.

La tipificación de la tortura en Guerrero se encuentra prevista en la Ley que crea la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y establece el Procedimiento en Materia de Desaparición Involuntaria de Personas.

La foto de Bonfilio Rubio ejecutado por militares a los 29 años de edad Foto: familiares

La ejecución de Bonfilio Rubio Villegas

La revisión sobre la gravedad de estas violaciones de derechos humanos también se realizó a nivel federal. Aquí se destacó el caso de Bonfilio Rubio Villegas, originario náhuatl de La Montaña de Guerrero, quien fue ejecutado por militares el 20 de junio de 2009. Las organizaciones participantes en la revisión del caso lo señalaron como “otro de los pendientes del Estado mexicano que se encuentra en el acotamiento al fuero militar” por lo que ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hasta ahora -se explicó- si bien no se han logrado los fallos necesarios para generar jurisprudencia de la SCJN, en las discusiones se han establecido principios relevantes en relación a la restricción de la jurisdicción militar.”

El caso de Villegas se puso de ejemplo para su estudio, porque en agosto de 2012, el pleno de la SCJN declaró por una votación mayoritaria de 8 en el amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de la víctima, la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, y 2o y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para la organización Tlachinollan, el estado mexicano no se encuentra en condiciones de informar objetivamente que se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que ningún caso de tortura o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes sean investigados o juzgados en instancias castrenses. Enfatiza que “es muy grave el incumplimiento del estado a sus obligaciones internacionales asumidas en diversos tratados internacionales de derechos humanos y derivadas de cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, se concluyó.

 

Justicia pendiente

Tribunal federal ordena a FGR dejar de asegurar mansión de Lozoya

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Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal de la Ciudad de México confirmaron la resolución del juez octavo de Distrito de Amparo en la materia que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) deje de asegurar la mansión del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la Ciudad de México.

La resolución jurídica establece que se deja sin efectos el acuerdo de la FGR el pasado 28 de mayo de 2019 sobre la casa de las Lomas de Bezares que le fue asegurada a Lozoya, por lo que deberá de ser liberada a la brevedad.

Sin embargo, la FGR pidió una prórroga de diez más al juez para el cumplimiento de la resolución, luego de que el inmueble fue asegurado como parte de las indagatorias contra Lozoya por la compra irregular de Agronitrogenados, debido a que presuntamente fue con dinero entregado por el dueño de Hornos de México, Alonso Ancira.

El juez determinó que el inmueble ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México debe ser liberado de la intervención de la FGR, aunque aún no podrá ser ocupada hasta que concluyan las indagatorias correspondientes por los actos de corrupción de Lozoya.

Tras la detención de Emilio Lozoya, se ha filtrado las declaraciones del ex funcionario federal, quien ha señalado a varios actores públicos como los expresidentes de México, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por su participación en actos de corrupción.

Asimismo, ha señalado a otros personajes relevantes en los actos de corrupción como los excandidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade, así como al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entre otros ex legisladores federales emanados del priismo y panismo.

 

 

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Jueza de Chihuahua dicta prisión preventiva a Juan Ramón Collado por peculado

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La jueza de Control María Guadalupe Hernández dictó prisión preventiva al abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos desviados de las finanzas de Chihuahua para la simulación de un contrato por servicios jurídicos, cuyo beneficiario fue el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La jueza de control determinó que no se brindaron los servicios al gobierno de Chihuahua entre 2013 y 2014, por lo que el expresidente habría ayudado al ex gobernador de esa entidad, César Duarte, a convertirse en dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque no sucedió dicha situación.

El fiscal estatal de Chihuahua, César Augusto Peniche, señaló que Salinas de Gortari fue señalado como uno de los principales responsables y por ello podría ser llamado a declarar ante los tribunales locales para rinda información por los hechos que se le atribuyen.

De acuerdo con un testigo protegido, César Duarte recibió en uno de sus ranchos a Juan Collado y Carlos Salinas para pactar las aspiraciones del ex mandatario estatal de encabezar la dirigencia nacional del PRI en 2012.

La jueza de control dictó prisión preventiva a Juan Collado, quien permanece recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y el 6 de septiembre se llevará a cabo la audiencia para vincularlo a proceso.

Carlos Salinas habría solicitado 13.7 millones de pesos a César Duarte, quien por medio de Juan Collado con asesorías jurídicas vinculó el recurso, luego de que la fiscalía estatal localizó dos transferencias bancarias particulares al jurista para vincularlas directamente a Salinas.

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Justicia pendiente

Activistas piden protección para periodista hostigado por el gobierno de Chihuahua

Periodista de Chihuahua acosado por el gobierno de Javier Corral

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Por Ignacio García

Integrantes de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que se apliquen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger al periodista Manuel Osbaldo Salvador Ang, director del medio digital La Opción en Chihuahua, quien ha sido perseguido y hostigado en los últimos meses.

Dan González-Ortega, rector de la comunidad Teológica de México, explicó que la violencia que sufren los periodistas en México se ha agudizado en los últimos meses, por lo que destacó la importancia de contar con una prensa crítica que informe de forma plural sobre la realidad del país.

El profesor de Teología y defensor de derechos humanos, Fray Julián Cruzalta Aguirre, pidió la intervención de la CIDH para garantizar la libertad de expresión en Chihuahua, pues recordó que México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, pues los más de 130 comunicadores que han sido asesinados desde el 2000 la mayoría permanecen en la impunidad.

Por su parte, el obispo de la Iglesia Vetero Católica de México, Óscar Pérez Solano, destacó la importancia de la labor del periodista en un contexto de corrupción, impunidad y violencia que prevalece en todos los niveles del gobierno del país y por ello urgió a la CIDH a que se garanticen condiciones de protección para que no se convierta en una víctima más.

En tanto, Lorena Aguilar Aguilar, periodista y activista, señaló que los periodistas tienen derecho a informar sin que sean perseguidos y hostigados y por consiguiente les cueste la vida, pues México es una de las naciones que representan un mayor riesgo para los periodistas en un contexto permanente en el que ha prevalecido la impunidad.

Asimismo, Ernesto Rodríguez Cabrera, defensor de derechos humanos, reiteró que el organismo internacional debe proveer condiciones para que el periodista continúe con su labor permanente en esa entidad, debido a que las autoridades estatales y federales han sido omisas en brindar seguridad a los periodistas.

Yhodara Vega Andrade, representante de la red de derechos humanos, sostuvo que la labor de los periodistas permite democratizar la vida pública del país, por lo que al censurar a un comunicador también se limita el derecho a la información de los ciudadanos que son los más afectados.

Salvador Ang, entre otros trabajos, publicó un reportaje en el que reveló que una persona adolescente fue violada en el departamento del hijo de Carlos Borruel Baquera, actual director de la Comisión Estatal para la Vivienda. A partir de ello, se han incrementado los acosos. 

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El Falso Caso Wallace

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