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Latinoamérica

Violencia contra niños en tierra mapuche

La policía chilena ejerce de nueva cuenta violencia contra niños mapuche

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Niñs mapuches Foto: Fernando Fiedler / IPS

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, Chile (IPS).- Hemos sido ‘pasados a llevar’ (atropellados) por este Estado chileno que es racista, que nos reprime. La fuerza policial nos reprime a todo el pueblo mapuche… ellos son los que nos disparan a sangre fría”.

Así narró un indígena de 16 años la represión policial de la que fue víctima junto a otros campesinos de la región de la Araucanía, 680 kilómetros al sur de Santiago, tras el desalojo de un predio ocupado por varias comunidades que reclaman sus tierras ancestrales.

“Ese es el sentimiento de los niños que son parte de las comunidades que están en conflicto, porque ellos han crecido en medio de la violencia”, explicó a IPS la coordinadora de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), Ana Cortés.

“El adolescente del testimonio pertenece a una comunidad que ha estado desde hace muchos años tratando de recuperar un territorio que le permita vivir. Racismo y represión es lo que él ha conocido del Estado, por lo tanto, es lo que expresa”, añadió.

Esta denuncia sobre la represión publicada por el diario digital mapuche Werken, que circula por las redes sociales de Internet y por medios de comunicación electrónicos es el testimonio más concreto del recrudecimiento de la violencia, que en las últimas 72 horas dejó decenas de personas detenidas y varias heridas, entre ellas cinco niños y niñas.

En medio de la preocupación y la denuncia, este miércoles 25 se registraron nuevos incidentes, esta vez en la comunidad Temucuicui, que fue allanada por la policía.

El conflicto se agudizó el lunes 23, cuando miembros de la comunidad mapuche Ignacio Queipul de Temucuicui fueron desalojados por efectivos de la policía de Carabineros de los establecimientos La Romana y Montenegro, explotados por las empresas Forestales Mininco y Arauco.

Según portavoces indígenas, se trató de una movilización pacífica, que pretendía “llamar la atención” sobre el incumplimiento de diversas promesas del gobierno del derechista Sebastián Piñera en el marco de la lucha por la recuperación de tierras mapuches.

Estos predios, aseguran, son parte del territorio que les fue despojado a sus ancestros durante la “Pacificación de la Araucanía”, un proceso de invasión militar de dominación del Estado chileno en esa zona aborigen que se prolongó durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX.

La ocupación del lunes fue realizada por unos 60 comuneros. El desalojo, en contraste, habría sido ejecutado por unos 200 carabineros, que ingresaron al lugar disparando escopetas y bombas de gases lacrimógenos, según declararon testigos.

En ese operativo fueron detenidas 12 personas, tres de ellas menores de edad, quienes denunciaron haber sido víctimas de “todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros”.

La represión continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli, una de las localidades de la zona, cuando la policía disparó contra un grupo de comuneros que esperaban a quienes habían concurrido a certificar lesiones.

Entre las víctimas de este episodio figuran una niña de 12 años, quien recibió perdigones en la columna, y un adolescente de 16, que recibió balines en la cabeza.

El ataque motivó que el presidente Piñera anunciara una “investigación” para determinar responsabilidades de los carabineros, aunque enfatizó que su gobierno apoya “en un 100 por ciento el actuar (sic) policial”.

Según la Fundación Anide, entre 2001 y 2011, niños y niñas mapuches de entre nueve meses y 16 años de edad han sido blanco de heridas de balines, asfixias por bombas lacrimógenas, golpes, patadas y torturas, entre otros tratos vejatorios por parte de la policía.

Incluso se registró el homicidio de un joven de 17 años en el año 2002.

“Muchas veces hemos señalado que la violencia hacia los niños mapuche no es una excepción sino que se está convirtiendo en una norma. En cada allanamiento, tres o cuatro menores de 18 años salen heridos, y frente a esto no podemos señalar, como lo hace el gobierno, que son hechos aislados”, sostuvo Cortés.

La activista añadió que es preocupante el recrudecimiento de la violencia en territorio mapuche, que a su juicio se explica por la falta de solución a los problemas de fondo que tienen las comunidades.

Precisó que las medidas planteadas por el gobierno, que el martes 24 anunció un reforzamiento de personal policial en la zona, son de “seguridad interna” y no apuntan a resolver el conflicto de fondo.

“No veo ningún gesto de acercamiento con las comunidades en conflicto para negociar una salida política. Mientras eso no ocurra, van a seguir las movilizaciones sociales con personas heridas, muchos de ellos menores de edad”, advirtió.

Piñera encabezó el martes una cumbre de seguridad en La Moneda, la sede de gobierno, donde se analizó el conflicto mapuche y se determinó el reforzamiento policial, decisión que para algunos evidencia el afán oficial de una militarización de la zona.

“Cuando el gobierno empieza a buscar motivos para reprimir a las comunidades sin abordar el tema político que subyace en el conflicto, es porque perdió el norte respecto de cuál era la política del Estado en relación a los pueblos indígenas”, comentó a IPS el abogado mapuche Lautaro Loncón.

Chile suscribió varios tratados internacionales de protección de los derechos humanos y de la infancia y, en particular, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a pueblos indígenas, recordó.

Para Loncón, “a la hora de elaborar sus políticas públicas, el gobierno se basa más en la represión que en implementar esos convenios”.

El aumento de la violencia “tiene que ver con la postura histórica de la derecha política chilena respecto de los movimientos sociales e indígenas”, añadió.

“El gobierno de Piñera ha ido criminalizando la protesta social, no solamente hacia los mapuches, sino a cualquier movimiento que pueda poner en aprietos sus políticas neoliberales”, enfatizó.

El jurista coincidió en que, históricamente, existe “una actitud racista del gobierno y del Estado como institución, que se funda en la negación de la existencia de los pueblos indígenas y la negación de sus derechos. No es nada más que un racismo del que nunca la sociedad chilena se ha hecho cargo”, dijo.

La directora del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, viajó este miércoles 25 a la zona en una misión de observación y espera divulgar un informe en los próximos días.

En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifestó su “enérgico rechazo y condena” a los actos de violencia que afectaron a niños y niñas.

Por su parte, dirigentes del opositor Partido Por la Democracia solicitaron al encargado para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, el envío de un observador a la zona del conflicto mapuche.

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ONU acusa a Maduro de crímenes contra la humanidad

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Una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela han cometido crímenes contra la humanidad, pues utiliza de forma sistemática la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

La presidenta de la misión de la ONU, Marta Valiñas, señaló que encontraron motivos razonables para creer que las autoridades y fuerzas de seguridad de Venezuela han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran las ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura.

La representante de la ONU refirió que esos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento y el apoyo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno de Venezuela.

Apenas en julio, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que en Venezuela se cometieron detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso y casos de tortura y desapariciones forzadas, por lo que se trata de la segunda ocasión en la que se documentan violaciones graves a los derechos humanos.

La misión de la ONU detalló que se investigaron 223 casos, de los cuales 48 se examinaron en un informe de 443 páginas, además de que estudiaron 2 mil 891 casos para corroborar los patrones y violaciones cometidas en Venezuela durante la gestión de Maduro.

Desde 2015 Venezuela vive una crisis política que se incrementó en 2019 cuando el líder de la oposición, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de ese país, luego de acusar a Maduro de haber cometido fraude en los comicios de 2018, en los que se reeligió por tercera ocasión.

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Latinoamérica

Maduro indulta a decenas de dirigentes opositores

Decenas de presos políticos son liberados después de años de represión

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El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordenó indultos y sobreseimientos de causas seguidas contra decenas de dirigentes opositores, entre ellos una veintena de diputados, buscando atraerlos a su participación en una cuestionada elección legislativa en diciembre. En la imagen, El Helicoide, uno de los centros de reclusión especial de presos por causas políticas en Caracas. Foto: Wikimedia

CARACAS, Venezuela (IPS) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó, el pasado 31 de agosto, indultos y sobreseimientos de las causas seguidas contra decenas de dirigentes y activistas  opositores que durante años o meses han estado presos, exiliados o perseguidos por su gobierno.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo al leer la lista de los 110 alcanzados por la medida que “es importante que todos los sectores del país puedan sentir que tienen a alguien por quien votar” en la elección parlamentaria convocada para el próximo 6 de diciembre.

Un total de 27 partidos y grupos de oposición han llamado a no participar en esa elección de una nueva Asamblea Nacional, el congreso legislativo unicameral, por considerarla una “farsa” ya arreglada en su favor por los seguidores de Maduro, quienes controlan el resto de los poderes públicos y fuerzas de seguridad.

Tres diputados presos, Gilber Caro, Ismael León y Renzo Prieto, deberán quedar en libertad inmediatamente, y cesan las causas abiertas por supuestos delitos como instigación al odio y traición a la patria contra dirigentes como Henry Ramos, secretario general del partido socialdemócrata Acción Democrática.

En el exilio hay una veintena de diputados de varios partidos opositores, y la mayoría aparecieron en la lista de indultados o sobreseídos leída por Rodríguez, así como Freddy Guevara, refugiado en la embajada de Chile desde hace tres años.

Sin embargo, varios nombres fueron obviados, entre ellos Leopoldo López, “huésped” en la embajada de España y jefe del partido Voluntad Popular, al que pertenece el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como “presidente legítimo de Venezuela” por más de 50 gobiernos.

Tampoco figuraron Julio Borges, “canciller” de Guaidó y dirigente destacado de otro partido, Primero Justicia, ni los generales presos sindicados de participar en complots para derrocar a Maduro, entre ellos el ex comandante del ejército Isaías Baduel y el ex jefe de los servicios de inteligencia Miguel Rodríguez Torres.

En cambio, se incluyó entre los favorecidos a Rubén González, dirigente de los trabajadores del hierro y quien, tras liderar protestas laborales en el sureste, purgaba una pena de cinco años y nueve meses dictada por un tribunal militar, y al académico disidente del oficialismo Nicmer Evans, detenido hace 45 días.

Maduro había adelantado que esta semana sería “interesante para el diálogo, la reconciliación y las garantías más amplias para la vida política y las elecciones del 6 de diciembre”.

Es la primera vez, desde que inició su presidencia como heredero político del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), que Maduro emplea sus prerrogativas como cabeza del Estado para conceder alguna forma de indulto o perdón a opositores políticos connotados.

La oenegé humanitaria Foro Penal contabilizaba, hasta el anuncio de Rodríguez, 386 presos políticos, de los cuales 127 militares, 28 mujeres y dos adolescentes.

También ha denunciado constantemente la existencia de una “puerta giratoria” o procedimiento mediante el cual, cada vez que un tribunal concedía una medida de gracia a uno o varios detenidos políticos, se practicaba la detención de otros.

Todavía no se procesaban reacciones de la dirigencia opositora a la medida dictada por Maduro, y que según medios locales es parte de negociaciones o peticiones de personalidades de oposición que podrían marcar distancias y quizás avalar la convocatoria electoral de diciembre.

Pequeños grupos de oposición formal a Maduro y a su Partido Socialista Unido de Venezuela inscribieron candidatos para esos comicios, y el árbitro electoral amplió el plazo de postulaciones hasta el viernes 4 de septiembre, con la intención de atraer la participación de grupos indecisos.

El proceso convocado para diciembre no reúne los requisitos de una elección libre según Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, reunión de gobiernos del hemisferio que presiona por una salida electoral a la larga crisis venezolana.

La liberación de los detenidos por causas políticas, permitir el retorno y la libre actividad de todos los dirigentes, y preparar elecciones transparentes a órdenes de un árbitro confiable han sido peticiones constantes de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

A-E/HM

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Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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El Falso Caso Wallace

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