Ayotzinapa: Deslegitimación del Estado mexicano

En Chetumal, para exigir que termine la impunidad del gobierno responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Foto: noticaribe.com
En Chetumal, para exigir que termine la impunidad del gobierno responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Foto: noticaribe.com

 Sergio O. Saldaña Zorrilla*

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue una detención de la policía municipal, sino un secuestro perpetrado por elementos de la seguridad del Estado mexicano. Ese secuestro constituye un crimen de Estado. Un crimen de Estado que no es castigado deslegitima al Estado. Una vez deslegitimado, éste pierde su razón de ser y hay que reemplazarlo inmediatamente.

El nivel de gobierno ejecutor de este crimen de Estado es el municipal. Sin embargo, al ser la propia autoridad municipal incapaz de investigar y castigar a los responsables, de acuerdo al principio de subsidiariedad administrativa la responsabilidad corresponde escaladamente al nivel estatal y, en caso de persistir dicha incapacidad, la responsabilidad escala al nivel federal. Así pues, los dieciocho días transcurridos de los hechos son tiempo suficiente para darse cuenta de que no se están tomando las medidas en proporción a la gravedad de este crimen de Estado.

La única ruta para que el Estado mexicano recupere su legitimidad consiste en la realización inmediata de las siguientes acciones:

  1. Aprehender y procesar rápidamente al presidente municipal de Iguala.
  2. Aprehender y procesar rápidamente a todos los elementos de seguridad pública municipal que intervinieron en el secuestro de los estudiantes.
  3. Obtener la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre con el fin de que no interfiera con las investigaciones del caso. La abrumadora cantidad de señalamientos documentados en su contra constituyen elementos morales suficientes para retirarle la confianza del encargo de gobernador.
  4. Procesar y en su caso encarcelar al gobernador y demás personal gubernamental que resultara responsable.
  5. Investigar todas las denuncias que formal o informalmente se hayan realizado ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de fincar las responsabilidades y procesar en consecuencia a los funcionarios de esta dependencia por su posible negligencia, omisión o encubrimiento al alcalde de Iguala, al gobernador de Guerrero y a demás autoridades señaladas de colusión con el crimen organizado.
  6. La PGR debe inmediatamente llamar a cuentas –lo que hace tiempo se tenía que haber hecho-, a los secretarios y generales de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, pues sus elementos tienen presencia en todo el territorio nacional –y en especial en el estado de Guerrero, donde tienen una gran cantidad de elementos desplegados desde los años sesenta; desde hace décadas, difícilmente algo se mueve en el estado de Guerrero sin que ellos lo sepan. Los militares, sin lugar a dudas, poseen información valiosa sobre estos sucesos –y no sólo sobre el caso Ayotzinapa, sino sobre toda la guerra contra el narco en México. Los interrogatorios a estas autoridades castrenses revelarán la mayor parte de nombres de implicados y hechos. En caso de que estos interrogatorios no revelen información significativa, aún en ese caso deben haber fuertes consecuencias para las autoridades castrenses, pues ello revelará incumplimiento de su deber. Estos interrogatorios deben realizarse en audiencia pública en radio y televisión abierta en cadena nacional a fin de minimizar el riesgo de extorsiones dentro del proceso.

Cualquier cosa que haga el Estado mexicano que no comprenda los puntos anteriores será una simple simulación. El caso argentino es elocuente al respecto. La paz regresó al país (y las desapariciones cesaron) hasta que se enjuició a los militares responsables de la guerra sucia de los años setenta y ochenta.

Esta deslegitimación del Estado mexicano no sólo está teniendo lugar ante los ojos del Pueblo de México, sino que ahora también a nivel mundial. La tibia reacción del Estado mexicano ante este crimen de Estado también demuestra al mundo que México sigue sin tener la voluntad de convertirse en una democracia, con lo que la propaganda oficial internacional de “Un México que ha decidido cambiar” se convierte a partir de ahora en una farsa más. Nuevamente, estamos apareciendo ante el mundo como un país atrasado, sin estado de derecho, con prácticas salvajes y una corrupción incontrolable a todos los niveles.

La reciente proposición del presidente Peña –secundada por el Senado- de que fuerzas militares mexicanas participen en misiones humanitarias de Naciones Unidas como cascos azules se torna ahora inoportuna. Si bien es cierto que la eventual participación de nuestros militares en estas misiones traería enormes beneficios a nuestras fuerzas armadas en tanto que les enseñaría mejores procedimientos de respeto a los derechos humanos, también es cierto que éste no es el mejor momento para esa participación debido a lo reciente de las ejecuciones militares extrajudiciales en Tlatlaya y la pasividad mostrada por el ejército en Ayotzinapa.

Los cascos azules los necesitamos más bien nosotros en México puesto que ya reunimos los requisitos que justifican una intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, pues tenemos[2]: i) un conflicto bélico real (el Pueblo bajo ataque de un Estado cómplice del crimen organizado); ii) las instituciones del Estado son incapaces de solucionar el conflicto (pues se ha roto la confianza en el ejército mexicano, los cuerpos policiacos y las instituciones responsables de la impartición de justicia), y; iii) existe una sistemática violación a los derechos humanos de la población civil.

En caso de que el Estado mexicano no tome medidas de fondo como las arriba propuestas, será entonces hora de que la sociedad civil, por medio de organizaciones y grandes personalidades, solicite directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas se someta a discusión el caso de México. También podemos solicitar a distintos gobiernos que lleven nuestro caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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*El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Ciencias Económicas de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL), actualmente Investigador del International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), en Laxenburg, Austria y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Twitter: @SergioSaldanaZ

[1] Véase: http://www.un.org/es/peacekeeping/

3 thoughts on “Ayotzinapa: Deslegitimación del Estado mexicano

  1. Me parece, sospechoso, por decir lo menos, cómo las narrativas, tanto de un lado como de otro, buscan pintar luz o sombra, sin lugar para los matices.

    Las cosas que suceden en ayotzinapa -y en general en el sistema normal rural- son, por lo menos, ilegales; léase robo de unidades de reparto y de transporte, secuestro de los operadores, asaltos en pandilla a gasolineras y tiendas de conveniencia…además de “educación socialista” aderezada de lecturas subversivas, la dictadura del proletariado y demás ideas trasnochadas que sabrá Dios cuál es el objetivo…eso sin nombrar a la FECSM, que a sus miembros los nombra con apodos (igual que las guerrillas), y cuyos fines son más obscuros que las galeras de la procuraduría, así como sus miembros, su visión y su forma de operar.
    Ni siquiera se va a señalar a los que enviaron a los muchachos a Iguala (directivos de la escuela o los mandamases de la Federación de Estudiantes camnpesinos socialistas mexicanos?? -a qué?- ni a los que les llenan la cabeza de humo a los hijos de los campesinos??

    Por otro lado, autoridades de papel, que están ahí para enriquecerse abusando de sus funciones, policías que no cuidan, funcionarios que no funcionan, investigaciones sin ningún rigor científico, simulación en todo, nepotismo, ineptitud cuando no abierta imbecilidad por parte de “políticos” cobardes, improvisados cuando no abiertamente criminales…

    En una sociedad como ésa, no hay inocentes…

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