¿Corrupción o gobernabilidad?

Representantes de partidos y gobierno en México. Foto: archivo/red
Representantes de partidos y gobierno en México. Foto: archivo/red

Francisco Bedolla Cancino*

Más allá de colores y filiaciones partidistas, la regla dorada con la que se manejan las elites políticas y burocráticas del Estado mexicano es simple de enunciar: los escaños de representación y los altos cargos públicos, además del presupuesto fiscal, son botín de su propiedad. Tan cruda y natural es la vigencia de dicha regla que hasta parece una necedad traer a cuento el concepto de corrupción. Y sí, ciertamente, existe una feroz competencia entre dichas elites por hacerse del mayor trozo del pastel de los recursos públicos, siempre y cuando se respete la contraparte de esa regla dorada: que jamás ninguno de los depredadores ponga en entredicho su derecho compartido a depredar la riqueza nacional y a lastrar el futuro de las generaciones presentes y venideras. El nombre de esta regla sólo ocupa una palabra: impunidad.

Las noticias de actualidad ofrecen pruebas fehacientes del extraordinario oficio mostrado por la partidocracia para conservar bajo su control colegiado el jugoso negocio denominado Estado mexicano, cuyo secreto oculto es la férrea disciplina a  las reglas de la competencia interna por el botín y a las reglas de la cooperación para preservar a la sociedad excluida del goce y el disfrute de los recursos que sólo en la letra muerta de la Constitución y las leyes son públicos. Un recuento breve de lo más sonado viene a cuento.

En el seno del color azul, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, se lleva las palmas. En la balanza de la lucha por la presidencia de dicho partido, Pablo Emilio Madero privilegió el apoyo de dicho personaje por sobre los fuertes indicios de los “moches” que cobraba a los presidentes municipales por canalizarles recursos del presupuesto público, más los indicios de otros actos de corrupción que se siguen acumulando. Tan delicado es el tema que Madero vetó abiertamente la iniciativa interna de su partido de abrir una investigación sobre Villarreal y, yendo en sentido contrario, tan luego se confirmó su victoria sobre Cordero, ratificó al diputado como coordinador.

Hasta ahora, la lógica estratégica exhibida por el PRI y el PRD, los socios comerciales del PAN en el negocio llamado México, estriba en dar por entendido que “la ropa sucia se lava en casa”. Dicho en otras palabras: la corrupción en las altas esferas es un asunto que invoca la aplicación de las reglas no escritas de cooperación entre las elites, no las reglas de la competencia.

Del lado del PRI, se cuecen también sus habas. Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI capitalino con licencia, ha sido exhibido públicamente en sus prácticas de comercio sexual, mediando el uso de los recursos materiales, humanos y financieros de su partido, que por disposición constitucional es un órgano de interés público que se beneficia del financiamiento público.

Frente a tamaño escándalo, el mejor argumento de César Camacho, actual presidente del PRI, ha sido deslindarse de su dirigente y señalar que se trata de un situación estrictamente personal, a la cual el dirigente habrá de responder en su calidad de ciudadano. Se trata de un razonamiento curioso, por decir lo menos, en el que el PRI se des-responsabiliza por los actos de un alto dirigente suyo, investido como tal en los términos de la normatividad partidista. Bajo este entendido, la conclusión falaz está a la vista: la organización no tiene por qué hacerse cargo de las malas prácticas de sus dirigentes.

Tan curioso como lo anterior, o más, resulta el hecho de que, más allá de las demandas tardías presentadas en secuela a la información exhibida por Multivisión, el PAN y el PRD le han prestado mucho menos de la atención debida al tráfico sexual del líder priista. Peor aún, en el caso del PRD capitalino, pese a contar con los elementos suficientes, ha sido evidente la poca disposición de la Procuraduría a impulsar una averiguación a fondo.

El trasfondo de estas historias que involucran a las elites políticas y burocráticas sin distingo de partidos es a todas luces evidente: como no hay quien se encuentre libre de pecado, el acuerdo tácito o explícito entre los líderes de los partidos políticos es que nadie tira pedradas en contra de la corrupción. En lenguaje coloquial, esto significa que “entre gitanos no se leen las cartas”; o, mejor aún, que “perro no come perro”.

En una situación como la descrita, los escenarios posibles y probables resultan poco edificantes. El combate a la corrupción carece de la palanca y el punto de apoyo necesarios para rendir buenos resultados. Más probable resulta que la señal de impunidad emanada de las elites, como ha venido sucediendo, opere en las cadenas de mando como una invitación abierta a beneficiarse del uso y el manejo de los recursos públicos.

De entre las consecuencias esperables más perniciosas de la corrupción pueden señalarse la pérdida de oportunidades de desarrollo, la agudización de la pobreza y la polarización política. En tal virtud, frente a la indiferencia y la insensibilidad de los responsables de la política nacional, las preguntas sobre el futuro del país se tornan angustiantes y dramáticas. Y, dentro de ellas, señaladamente una: ¿cuáles son los límites dentro de los cuales la corrupción puede seguir funcionando sin vaciar de sentido y provocar la quiebra irreversible de la institucionalidad democrática?

Por lo visto hasta ahora, enfáticamente con la integración por cuotas partidistas  de las instituciones estatales clave (IFAI, COFETEL, INE, etc.), puede darse por descontado que las elites proceden en el entendido de que su doble arreglo para competir por el botín y para cooperar para evitar intrusiones es funcional para preservar la gallina de los huevos de oro y preservar su posición de privilegio.

Una mirada ajena, y nada complaciente, apunta a descubrir los barruntos de una situación amenazante. A la par del crecimiento de la pobreza y el hartazgo por los excesos de la corrupción y la impunidad, nuestra economía muestra señales de crecimiento poco satisfactorias, que hacen dudar de la pertinencia y la eficacia de las festinadas reformas estructurales.

Una hipótesis cada vez más fuerte es que la economía mexicana está al borde de no generar lo suficiente para alimentar los afanes depredatorios de las elites y contener los efectos de la pauperización. Quizás en breve las elites señaladas se encuentren insertas en el dilema de elegir entre preservar la corrupción o la gobernabilidad.

*Analista político

@franbedolla

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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