Cualác Guerrero también organiza policía comunitaria para autodefensa

Policía Ciudadana y Popular del área comunal nahua perteneciente a Olinalá. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Luego de que fueran liberados los tres retenidos por la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Temalacatzingo, con la intervención del gobierno estatal y municipal, el Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia, órgano que rige dicho sistema de justicia comunitario indígena, aseguró que es necesaria una mesa de trabajo con el gobierno estatal.

La PCP solicitó al gobierno del estado por tercera ocasión que los reciba en una mesa de trabajo. La reunión sería para plantear las necesidades y servicios de las comunidades indígenas y mestizas adheridas a dicho sistema comunitario.

“Peligroso que con grupos se pretenda militarizar”

En un documento difundido a medios de comunicación, califican de “peligrosa” la aparente estrategia que ha desplegado el gobierno a través de organizaciones como la UPOEG y Antorcha Campesina, afirmando que han recibido financiamiento del gobierno para desplegar su presencia en La Montaña, Costa Chica y otras regiones brigadas que supuestamente están construyendo autodefensa popular y/o gestionando servicios.

La PCP considera que esto es usado como pretexto para militarizar las comunidades, manipular a la gente y señalar a personas que podrían ser detenidas, como fue el caso de Ayutla. Allí, indican, dirigentes de la CRAC que están en una lista de supuestos delincuentes que la UPOEG y su brigada de autodefensa piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policíacos.

A decir de la PCP, hay datos sobre los retenes de vigilancia de que no son pobladores de los lugares sino personas extrañas con porte militar ajenos al pueblo lo que los lleva a pensar que “la UPOEG es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio del gobierno como ha ocurrido en otras regiones de América Latina”.

Bajo estas premisas, llaman al pueblo a no dejarse engañar y organizarse de manera honesta para cuidar a las familias, los pueblos y salir de la pobreza e injusticia convocando a quienes se han prestado al juego por dinero u otro interés a reflexionar su actitud y no dejarse manipular.

La PCP afirma que avalará a todo grupo o comunidad que se organice y se vincule con ellos, haciéndose público pero advierten que quienes retomen sus siglas y no tengan su aval serán desenmascarados y retenidos en caso de delinquir en su nombre.

Por otra parte convocan al pueblo de Guerrero a organizarse “poner su granito de arena para la transformación pues mientras la pobreza, la injusticia, la violencia y explotación permanezca en muchos pueblos de guerrero, no habrá tranquilidad…exigir a las autoridades del gobierno saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y campesinos… Es un deber constitucional. Nadie puede comer tranquilo mientras otro tenga hambre”, aseguran.

Las personas adherentes a Antorcha Campesina retenidos por agresiones y amenazas contra policías ciudadanos del área comunal de Temalacatzingo fueron reintegrados a la comunidad el domingo 3 de febrero por la intermediación del gobierno de Guerrero.

Fue a través de Moisés Alcaraz Jiménez, director general de Gobernación, que firmó un acta de conformidad y compromiso junto con el alcalde Eusebio González Rodríguez, el consejo de la PCP, familiares y los liberados.

Los puntos esenciales a cumplir por parte del gobierno estatal serán la reparación de los materiales dañados y lesiones aśi como dejar sin efecto las averiguaciones previas vertidas contra la PCP.

Como testigos también estuvieron Guadalupe H. médico general, Fernando Esteban Ramírez asesor de la Codehum y trabajadores del ayuntamiento principalmente.

Los que integran los Consejos de Gobierno Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualác y Huamuxtitlán afirman en el comunicado que los ciudadanos sin distinción que habitan el territorio comunitario cuentan con su apoyo y en los puestos de vigilancia son considerados delincuentes sólo quienes hacen caso omiso a señalamientos o les avientan el vehículo.

Sobre los comentarios del gobernador, de diputados y la iglesia católica vertidos en medios respecto a la reglamentación de la Policía Comunitaria y en su caso la PCP, sobre el sistema de seguridad de las comunidades aseguran que:

“Las autoridades tienen la obligación de esforzarse en el desenvolvimiento de la sociedad actual, no quedarse estáticos en lo que fue hecho sin capacidad de dinamismo e interacción con lo dialéctico, plantearse el reto de nuevas circunstancias.”

La PCP considera necesario modificar el tradicional pensamiento de que el gobierno lo sabe y lo puede todo para erigirse como el único depósito de la razón y la justicia.

“Pensamos que el gobernador actual y los legisladores tienen la capacidad para comprender las manifestaciones sociales de los pueblos, no todo lo que se mueve es enemigo, ni todo lo que viste ropa de amigo lo es”.

En este tenor aseveran que los pueblos organizados que tienen su propio sistema de seguridad y justicia no son enemigos de las instituciones, por lo que convocan a autoridades dejar de lado el autoritarismo arcaico que enterró a grandes imperios en el pasado.

Exigen además que se abandone el pensamiento de que a través de la fuerza física, las leyes, el dinero, se arregla todo porque es lo que denigra al ser humano y la razón de la disfuncionalidad social y política.

La Policía Ciudadana y Popular fundada el 2 de diciembre de 2012 se declaró partidaria de la Paz con Justicia y Dignidad además de ratificar que están organizados contra la delincuencia y la inseguridad, así como contra la corrupción de funcionarios o los abusos de poder que se empeñan en destruir la vida y la naturaleza.

“Inútil cualquier iniciativa si no se considera a las comunidades indígenas”

El Consejo define en el quinto comunicado tres aspectos fundamentales de su sistema de justicia: Retención de infractores, Reeducación psicosocial y Reintegración comunitaria o social, a lo que indentifican como Triple R de seguridad.

Es así que acotan que cualquier iniciativa de ley sobre la seguridad comunitaria será inútil si no se considera la opinión de comunidades indígenas, campesinas y no indígenas organizadas.

Las PCP ya tienen un reglamento y su accionar está avalado por el derecho constitucional y de otros instrumentos existentes, aseverando que nada es ilegal ni existe competencia por ver si el gobierno o las comunidades pueden más.

Como lo mencionarían de cierta manera indígenas organizados en un plantón en la CDI de Tlapa, la PCP asegura que hace falta la transformación del sistema jurídico actual para hacerlo coincidente con la propuesta de pueblos indígenas: “no más cárceles, no más penas severas ni montajes mediáticos”.

A decir de la organización que aglutina a 50 pueblos del área comunal de Temalacatzingo, el gobierno tendrá que sentarse sinceramente con los pueblos indígenas para impulsar el desarrollo y convenir acuerdos de seguridad, no es la imposición de nuevas leyes la solución, ni el levantamiento indígena es el problema, el problema es lo que durante muchos años han abandonado los gobernantes: trabajar para la justicia, el desarrollo y la paz social.

El próximo 10 de febrero, el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia CGSJ (Provisional) y el Colectivo de la Unión de Pueblos Indígenas “Emiliano Zapata”en coordinación con el CGSJ-Temalacatzingo-Huamuxtitlán realizará un evento político cultural con motivo de la constitución y fundación del Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia y la Policía Ciudadana y Popular (PCP) de Cualác.

Aspecto de la marcha que convocó a habitantes nahuas de las comunidades adheridas a la Policía Ciudadana y Popular para dar a conocer la situación de los tres antorchistas retenidos por agredir a la PCP. Foto: Sergio Ferrer

 Comunicado público:

A LA PRENSA ESTATAL,

NACIONAL E INTERNACIONAL

AL PUEBLO DE MÉXIO

Comunicado 5

Los que integramos los Consejos de Gobierno Seguridad y Justicia de Temalacatzingo, Cualac y Huamuxtitlán. Hacemos el siguiente pronunciamiento, sobre tres cuestiones fundamentales:

La liberación de los retenidos en Temalacatzingo.

La propuesta del Gobierno, algunos diputados y la iglesia de reglamentar a la policía comunitaria o ciudadana.

La política de infiltración que se ha desatado a través de organizaciones como la UPOEG.

1º.-Los CC. José Maximino García, Jaime Maximino García y Luis Maximino García retenidos por agresiones físicas, materiales y amenazas de muerte hacia la PCP. Fueron reintegradas a su comunidad el día domingo 3 de febrero alrededor de las 9:30 pm en la oficina de la PCP de Temalacatzingo, Gro. Por intermediación con el gobierno del estado y la Presidencia Municipal de Olinalá, quienes se comprometieron a dar cumplimiento los acuerdos que se establecieron con la familia de los tres retenidos el día 26 de enero en la comunidad del Paraíso municipio de Ayutla de los libres, que son: Respetar a la PCP, cubrir el costo de los daños causados a los materiales de la PCP y las lesiones a los mismos. Ante la presencia del Presidente Municipal C.P. Eusebio González Rodríguez como testigo de los familiares, la C. Guadalupe Hernández del Valle médico general, el asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado C. Fernando Esteban Ramírez y el representante del gobierno del estado C. Moisés Alcaraz Jiménez, Director General de gobernación del Estado firmaron un acta de conformidad. La valoración hecha por el médico general fue de “están estables”.

El CGSJ-PCP reiteramos la importancia de que todos los ciudadanos sin distinción que habitan en territorio comunitario cuentan con el apoyo de la PCP y que en los puestos de vigilancia, solo los delincuentes hacen caso omiso de los señalamientos o avientan el vehículo contra los policías ciudadanos. En todo caso, la PCP tiene indicaciones de proceder a la retención de los infractores y en caso de ser agredidos con fuego responderán, ese es el “legítimo derecho de autodefensa”.

La PCP no está para hacer daño a nadie, todo lo contrario, para auxiliar a quien así lo requiera, pero sujetos que creyendo tener poder o influencias — como en este caso– no respetaron la autoridad comunitaria, deberán saber que ante estas circunstancias se les aplicará el reglamento. Una agresión contra el Consejo o PCP es una agresión contra los más de 50 pueblos que apoyan a la PCP, los cuales están dispuestos a reaccionar en apoyo.

2º.- Respecto a la Reglamentación de la PC, PCP que en los últimos días se ha vertido en los medios, la preocupación del Gobernador, como por algunos diputados y la Iglesia sobre el sistema de seguridad de las comunidades. En primer lugar, Las autoridades tienen la obligación de hacer un esfuerzo por ponerse a la altura del desenvolvimiento social actual, no pueden instalarse en la comodidad estática de aquello que fue hecho esta hecho de una vez y para siempre, el acontecer social es dinámico, es dialectico. Plantear el reto de saber ajustarse a las nuevas circunstancias. También es necesario modificar el tradicional pensamiento de que el gobierno, lo sabe y lo puede todo. Erigirse como el único depósito de la razón y la justicia.

Pensamos que el gobernador actual y los legisladores tienen la capacidad para comprender las manifestaciones sociales de los pueblos, no todo lo que se mueve es enemigo, ni todo lo que viste ropa de amigo lo es. Los pueblos organizados que tienen su propio sistema de seguridad y justicia no son enemigos de las instituciones. Por eso convocan a estas a dejar de lado la pobre visión de que una autoridad es todo y puede hacer como su arbitrio le dicte. Eso es muy arcaico y propio del autoritarismo que enterró a grandes imperios en el pasado.

La pobre mentalidad de que mediante la fuerza física o de las leyes o el dinero lo arregla todo, es lo repudiable, es lo que denigra al ser humano, es la razón de las disfuncionalidad social y política, es el origen de las conflagraciones sociales. Nosotros somos partidarios de la PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD, estamos organizados contra la delincuencia y la inseguridad, contra todo daño físico, psicológico, contra la corrupción de funcionarios, contra el abuso del poder, contra los que se empeñan a destruir la vida y la naturaleza.

Por ello nuestro sistema de justicia tiene tres aspectos fundamentales, Las tres RRR:

1º Retención de los infractores.

2ª Reeducación psicosocial

3º Reintegración Comunitaria o social.

Cualquier iniciativa de Ley sobre el asunto de la seguridad comunitaria, será inútil, si no se considera la opinión de las comunidades indígenas, campesinas y no indígenas organizadas. Las PCP ya tienen un reglamento y su accionar está avalado por el derecho constitucional y de otros instrumentos existentes. Nada es ilegal, ni hay una competencia de haber quién puede más el gobierno o las comunidades. No se trata de eso, se trata de que las autoridades no pierdan de vista que gobernar en la soledad de los intereses de unos cuantos, genera otras necesidades.

Hace falta la transformación del sistema jurídico actual para hacerlo coincidente con la propuesta de los pueblos indígenas y las circunstancias actuales, no es con mas cárceles, ni con penas más severas, ni con montajes mediáticos como se puede resolver el problema de la inseguridad y la violencia.

El gobierno tendrá que sentarse sinceramente con los pueblos indígenas para impulsar el desarrollo y convenir acuerdos de seguridad, no es la imposición de nuevas leyes la solución, ni el levantamiento indígena es el problema, el problema es lo que durante muchos años han abandonado los gobernantes: trabajar para la justicia, el desarrollo y la paz social.

Por ello, por este medio y por tercera ocasión le solicitamos nuevamente al gobierno del estado nos reciba con una mesa de trabajo para hacerle el planteamiento de las necesidades y servicios de las comunidades indígenas y mestizas y de la PCP.

3º finalmente, hay que señalar que es muy peligrosa la estrategia que ha empezado a desplegar el gobierno del estado a través de organizaciones como la UPOEG y antorcha campesina. Estas espacios existenciales han recibido financiamiento de Gobierno para desplegar en la Montaña y otras regiones brigadas donde supuestamente están construyendo la autodefensa popular y gestionando servicios. En realidad lo que están haciendo es usar ese pretexto para militarizar a las comunidades, manipular a la gente y señalar a las personas que pueden ser detenidas, como es el caso de Ayutla donde los dirigentes de la CRAC están en la lista de los supuestos delincuentes que la UPOEG con su Brigada de Autodefensa piensa detener para luego entregarlos a los cuerpos militares o policiacos. Existen datos de que en sus retenes de vigilancia, no son pobladores de esos lugares quienes ponen los retenes, si no personas extrañas con porte militar, que no son del pueblo. Esto nos lleva a pensar que la UPOEG es una organización contraria al pueblo y se ha constituido para realizar el trabajo sucio al gobierno como ha ocurrido en otras regiones de América latina.

Llamamos al pueblo a no dejarse engañar y organizarse de manera honesta para cuidar nuestras familias, nuestros pueblos y luchar por mejores condiciones de vida, salir de la pobreza y la injusticia. A quienes se han prestado al juego por dinero u otro interés los invitamos a reflexionar su actitud.

Los convocamos a no dejarse manipular.

La PCP avalara todo grupo o comunidad que se organice y que se vincule con nosotros. Para eso, lo estaremos informando. Quienes retomen nuestras siglas y no tengan nuestro aval también serán desenmascarados y retenidos en caso de delinquir a nuestro nombre.

Convocamos al pueblo de guerrero a organizarse, a poner su granito de arena para la transformación, pues mientras la pobreza, la injusticia, la violencia y explotación permanezca en muchos pueblos de guerrero, no abra tranquilidad.

Por eso nos hemos organizado no solo para defendernos de la inseguridad y violencia, sino y sobre todo, para exigir a las autoridades del gobierno en todos sus niveles, saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas y campesinos. Es un deber constitucional. Nadie puede comer tranquilo mientras otro tenga hambre.

Soberanía Popular, Justicia y Libertad

CGSJ-PCP

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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