Defensores de derechos humanos piden a la CIDH medidas cautelares para proteger a la periodista Guadalupe Lizárraga

Integrantes de la Organización de Derechos Humanos de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a la periodista, defensora de derechos humanos y directora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga.

Lorena Aguilar Aguilar, defensora de derechos humanos y representante del Colectivo de Contrainformación Kaos en la Red, relató que la periodista ha sufrido constantes agresiones por su labor crítica y defensora de derechos humanos desde 2010, pero a partir de octubre del año pasado por denunciar los actos de corrupción en los que ha incurrido la empresaria Isabel Miranda de Wallace ha sufrido hostigamiento en redes sociales, por lo que pidió la intervención de la CIDH.

El obispo Óscar Pérez Solano, representante de la Iglesia Vetero Católica de México, dijo que la directora de Los Ángeles Press ha sido víctima de agresiones y ataques por ser una periodista comprometida con las víctimas y con la verdad, por lo que lamentó que el Estado mexicano no garantice condiciones de seguridad para los comunicadores. Hoy estamos levantando la voz por una periodista que ha sido lastimada por ejercer la libertad de expresión. Estos actos no pueden quedar en el olvido. 

Por su parte, Fray Julián Cruzalta Aguirre, profesor de Teología y defensor de derechos humanos, refirió que la libertad de expresión es la piedra angular de las sociedades democráticas y por ello consideró que el Estado debe otorgar estas condiciones a los periodistas, ya que México es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo. Señaló que en esta ocasión “no los congrega sólo el ataque a una periodista, sino el ataque a una sociedad democrática, en Guadalupe Lizárraga se está atacando el derecho a informarnos”. Enfatizó que el involucramiento de la Red Solidaria como organización se debe a que se trata del ataque a esta sociedad democrática. 

En tanto, Dan González Ortega, rector de la comunidad Teológica de México, recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con la sociedad a no permitir las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. “Es un deber democrático”, señaló y que era momento de que la sociedad civil demandara al presidente de la república el cumplir su promesa, ya que desde el inicio de su administración han sido asesinados 15 comunicadores en el país. “Los periodistas no son enemigos de un sistema, no son enemigos de una transformación social representada por un gobierno, son voces críticas pertinentes que nos permiten analizar la realidad”, apuntó.

Asimismo, Rodolfo Soriano Núñez, doctor en Sociología y autor de libros sobre Religión y Democracia, expresó que “era absurdo que después de tantos casos de periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos veinte años, por lo menos, un gobierno que ganó el poder como resultado de una elección cuya legitimidad nadie pueda cuestionar tenga que ser conminado, llamado, obligado a proteger a Guadalupe Lizárraga”. El sociólogo también sostuvo que  lo que ha denunciado la periodistas en los últimos años es una historia que por sí misma debería motivar a que se abrieran juicios contra Isabel Miranda Torres.

Soriano-Núnez dijo además que el Estado mexicano no ha provisto de las condiciones de seguridad para que los periodistas pueden desarrollar su labor, “no es normal que esto esté sucediendo en una democracia, no podemos normalizar la violencia”, dijo, por lo que pidió a la CIDH que se visibilice el riesgo en el que se encuentra la periodista. Además de hacer énfasis en la necesidad de desmilitarizar el país porque ello no ha contribuido a la seguridad, y sí a las violaciones de los derechos humanos. 

Al respecto, la periodista Lizárraga ejemplificó que su labor se ha centrado en la denuncia de los casos de culpables fabricados por el Estado y en la manera en la que sistemáticamente se han violado los derechos humanos de miles de personas en las cárceles del país, por lo que, pese a las amenazas, no puede desistir en su trabajo por ser parte de la reconstrucción del país y de la dignidad de las víctimas.

Además, Armando Vanegas Martínez, defensor de derechos humanos y asesor jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, exhortó a las instancias internacionales a proteger y acompañar a la periodista para evitar nuevas agresiones en su contra y con ello pueda continuar su labor de búsqueda de la verdad.

Ignacio García
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