Ejército detiene a seis policías comunitarios en Acapulco

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Por Sergio Ferrer 

ACAPULCO, Guerrero.- Eliseo Villar, uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y cinco policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC-PC fueron detenidos en Acapulco este lunes 6 de mayo por el Ejército y la Marina. Los hechos se dieron luego de que tras una revisión les fueran encontradas armas de fuego de “uso exclusivo del Ejército”, según información previa y llevados al Ministerio Público Federal de Acapulco para después ser trasladados a Chilpancingo por la Procuraduría General de la República.

La detención de los policías comunitarios adscritos a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán se da en el contexto generalizado de la criminalización de la lucha social y de representantes de organizaciones que buscan proteger a sus comunidades de los abusos y la corrupción de las mismas autoridades del estado, prácticas sistemáticas del gobierno perrredista-priísta de Ángel Aguirre Rivero.

Valentín Hernańdez, asesor de la Casa de Justicia de la CRAC de Ayutla de los Libres, señaló que la Policía Comunitaria exige respeto incondicional a dicha institución comunitaria y a sus acciones amparadas en la Ley 701 del estado de Guerrero así como en leyes nacionales e internacionales.

Es evidente indicó, que “la detención de uno de los cuatro coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y policías comunitarios es una violación a la Ley 701”.

En los hechos el gobierno estatal de Guerrero con el apoyo del Ejército y la Marina están aplicando el decreto propuesto por el gobernador para “regularizar” las policías comunitarias, el cual ha sido repudiado por la CRAC-PC.

Otro punto que destaca el asesor es que no se aceptan que los circunscriban a reservaciones de hecho, porque en caso de que siga manejando el gobierno que sólo son una autoridad en sus jurisdicciones tomarán el control total de las instituciones en el territorio comunitario.

La propuesta concretada en 17 años ha sido la de coexistir y convivir pero ahora el gobierno los está orillando a tomar otras determinaciones en tal sentido. La CRAC-PC reclama su derecho al libre tránsito y a la libertad de organizarse. También exigen que se respete la Ley 701 que los reconoce como carácter de autoridad coadyuvante en materia de seguridad y justicia.

Respeto a las armas, afirman que siempre serán defensivas y no ofensivas, ante lo cual exigen la libertad incondicional de sus compañeros y la devolución de las armas que son para la seguridad del pueblo y pertenecen a éste.

Durante su reciente visita a Japón, Enrique Peña Nieto aseguró, “más allá de las auto denominaciones que puedan tener estos grupos las eventuales prácticas que hagan queriendo hacer justicia por la propia mano es una actividad que está fuera de la legalidad y que mi gobierno habrá de combatir”.

 

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