El lastre de la corrupción en México

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El senador Emilio Gamboa, Enrique Peña Nieto y el diputado Manlio Fabio Beltrones, parte del entramado que ha hundido a México. Foto: aldiatx.com

Francisco Bedolla Cancino*

Nuestro estado, México, se constituye hoy por méritos más que suficientes como uno de los casos arquetípicos de la corrupción. En la actualidad, pocas organizaciones en el Planeta albergan una industria tan nefasta con los alcances y la intensidad observados en nuestro país. Estimaciones de instituciones especializadas y confiables señalan que, con un valor anual aproximado de 1.5 billones de pesos, cifra que representa el 10% del PIB, la corrupción se erige como la industria lucrativa de punta en nuestro país, la cual supera con creces al más rentable de los negocios lícitos: la explotación del petróleo y los hidrocarburos. He aquí, sin lugar a dudas, el tamaño del azote público al que nos enfrentamos.

¿Cómo llegamos a tan deplorable situación? Las hipótesis concretas son múltiples, pero sin lugar a dudas todas ellas anclan en el contexto sistémico provisto a lo largo del siglo XX por la estabilidad septuagenaria del presidencialismo autocrático, que prohijó la emergencia de las prácticas de contubernio entre los miembros de las corporaciones político-burocráticas y los integrantes de los grupos privados de interés y facilitó su recurrencia espacio-temporal, hasta hacer de ellas prácticas institucionalizadas.

Hoy, tan relevante hoy como su génesis, o más, resulta el sospechoso bajo perfil en que las elites políticas de los partidos y las elites burocráticas de los diversos órdenes de gobierno han conservado el problema de la corrupción y, peor aún, la ceguera o el menosprecio sospechoso mostrados por los intérpretes especializados de la vida público-política, es decir, los intelectuales, ante la magnitud y los efectos corrosivos de la corrupción en el Estado mexicano.

Una pregunta central en todo esto es ¿por qué la elite gubernamental, contando para ello con el apoyo activo de las elites sus partidos opositores, soslayó en su esfuerzo reformista el combate a la corrupción, cuando existen evidencias de que el margen de oportunidad de rendimientos es tan bueno como el ofrecido por las reformas estructurales en su conjunto?

La pregunta dista de ser ociosa. Si uno revisa la literatura especializada en la materia, existe un amplio consenso en que en los casos de corrupción sistémica extrema como el mexicano resulta no sólo aconsejable sino hasta imperioso vincular la reforma del Estado a una estrategia frontal de prevención y combate a la corrupción. Más aún, hasta resulta recomendable hacer girar las reformas en torno al diseño e implementación de un marco legal e institucional apto para enfrentar el azote de la corrupción.

El caso reciente y escandaloso de los dudosos contratos otorgados en el lapso de 11 años por Pemex a la empresa Oceanografía por más de 50 mil millones de pesos ofrece buenas pistas de respuesta a la interrogante mencionada. Hasta donde los indicios permiten sospechar, la corrupción aquí alcanza prominentes miembros en activo del PAN, de tal suerte que para ponerse a resguardo, condicionan al PRI el apoyo parlamentario que éste necesita para sacar adelante las leyes secundarias de la reforma energética. En tanto esto sucede, salen a la luz los escándalos de la onerosa campaña de Enrique Peña Nieto, por casi cinco mil millones de pesos, revelados por los diputados de la Comisión Investigadora del Caso Monex, y los tufos de corrupción del gobierno perredista en la obra de la línea 12 del metro.

Una pronta pero sostenible conclusión es que la corrupción, monopolio del partido oficial en la era previa a la transición, alcanzó en la era de la alternancia presidencialista el estatus de fenómeno transpartidista, y que tales circunstancias han colocado a las elites partidistas frente a la dura encrucijada de, o combatir la corrupción a un costo político elevadísimo; o hacerse de la vista gorda, para evitar harakiris y conservar de paso las ventajas privadas de tan lucrativa industria. Hasta ahora, la opción consistentemente preferida ha sido la primera, lo que corrobora las tesis de los connotados politólogos acerca de que, más allá de sus episodios como competidores, en los asuntos que más importan los dirigentes políticos se comportan como una clase aparte, opuesta al interés y el bienestar público de la ciudadanía.

En tal situación, uno de los detalles más preocupantes es que el éxito de las reformas constitucionales impulsadas, sin duda plausibles y hasta bondadosas en su orientación, amplía significativamente el margen de oportunidad de la corrupción. La experiencia internacional documenta probadamente que la elevación de la recaudación fiscal, el incremento de la inversión pública y la expansión de las actividades regulatorias del Estado son el caldo de cultivo idóneo para el florecimiento de la corrupción. Así, frente a la ceguera de los intelectuales orgánicos del poder, en materia de reformas estructurales, la pregunta relevante se desplaza del ámbito técnico de sus impactos en materia de crecimiento económico al de las probabilidades de expansión de la corrupción.

Un repaso pronto a la historia nacional de los últimos 80 años es más que suficiente para anticipar racionalmente que, ante la falta de incentivos políticos para enfrentarla, estamos frente a un escenario de alto riesgo de exacerbación de la corrupción, con todo lo que ello implica. En un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza, con síntomas preocupantes de descomposición del tejido social a lo largo y ancho del territorio nacional y con brotes de expresiones sociales que desafían la gobernabilidad, como los grupos de autodefensa, resulta poco aconsejable para la clase política nadar de a muertito en las aguas inerciales de la corrupción.

Pese a lo anterior, por desgracia, las dirigencias partidarias preservan su empeñoso afán de construir retaguardias de control compartido, que les provean los servicios de impunidad institucional que necesitan. A ello precisamente responde la captura partidocrática de las instituciones estatales clave del Estado mexicano, tales como el IFAI y ahora, con alta probabilidad, el Instituto Nacional de Elecciones, cuya integración y desempeño muestra los lastres y, a la vez, los límites del esquema partidocrático para proveer de gobernabilidad al sistema político mexicano.

* Analista político

@franbedolla

 

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