El protagonismo político de las Fuerzas Armadas en México

Fuerzas especiales del Ejercito Mexicano. Foto: jarocha.com

Raúl Ramírez Baena*

Tras la consolidación del Estado Mexicano en los años 30 del siglo pasado, las Fuerzas Armadas mexicanas (FFAA) han mantenido una tradicional lealtad al gobierno civil emanado de los procesos electorales, lo que les ha valido un reconocimiento y una gran confianza del pueblo mexicano.

Año con año y a pesar de los sucesos del 2 de octubre de 1968 y otros, los mexicanos salen a las calles cada 16 de septiembre a aplaudir el tradicional desfile militar que celebra el inicio de la Independencia. El INFORME PAÍS elaborado por el INE y el Colegio de México (Colmex), publicado en el año 2015, ubica al ejército en el primer lugar de confianza de los mexicanos, con el 62 por cierto, por arriba de los maestros (56%) y las iglesias (55%).

Las FFAA emanaron de un movimiento social, de una Revolución armada cuyo saldo fue de poco más de un millón de vidas humanas perdidas. Por su origen popular, ha sido tradicional su lealtad a las instituciones civiles, no a un partido o una persona (a pesar de que el presidente en turno es el Jefe Supremo de las FFAA como representante del Estado Mexicano), sino a su carácter garante de la soberanía nacional.

Si bien los regímenes de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox comenzaron a utilizar gradualmente a las FFAA en tareas de prevención e investigación de los delitos, contrario a los principios que establece la Carta Magna, es a inicios del año 2007, en el gobierno de Felipe Calderón, que el sector castrense irrumpe de manera abrupta en tareas de seguridad pública, exclusivas de la autoridad civil.

Un malentendido o convencional entendimiento del papel de las FFAA, provocó que éstas desviaran su lealtad hacia el Estado Mexicano, hacia la soberanía nacional, por la obediencia fiel al presidente Calderón. Las consecuencias, previsibles han sido una larga lista de denuncias y quejas por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por militares, que han devenido en múltiples recomendaciones de la CNDH y de los órganos de tratados de la ONU y la OEA, incluso, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, cuya resolución central sanciona al ejército mexicano.

A pesar de la tradicional abstinencia apolítica de las FFAA, en los últimos tiempos hemos visto a los militares fuera de los cuarteles, pero no sólo realizando funciones de seguridad pública, sino ahora, como nunca, a los titulares de las FFAA cabildeando en las cámaras de diputados y de senadores para que se apruebe la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, de la que mucho se ha hablado, busca legalizar la ilegal participación castrense en funciones de seguridad pública.

Las FFAA y López Obrador

Nos llaman la atención las críticas que ha expresado el presidente y seguro candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a las FFAA. La primera, cuando a principios de febrero de 2017, la Marina de Guerra abatió a 15 personas en Tepic, Nay., desde un helicóptero, entre ellos al “H2”, hecho videograbado y proyectado en los noticieros nacionales.

AMLO aseguró: “Es insoportable lo que sucede en México, no se puede quedar callado entorno a la balacera que se registró ayer donde elementos de la Secretaría de la Marina ajusticiaron a cerca de 10 personas, a seres humanos”.

Están enfrentando la violencia con la violencia, queriendo apagar el fuego con el fuego, nadamás producen sufrimiento, no es así”, condenó. Aseguró también que las autoridades deben dar toda la información de quienes fueron los masacrados en Nayarit. “Estoy seguro que fueron jóvenes la mayoría”.

Ante estas declaraciones, la Secretaría de la Marina negó que hubiera jóvenes masacrados. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, exigió a AMLO que se disculpe con la Marina y con el Ejército y Margarita Zavala, fiel a la visión calderonista, le respondió que “la seguridad no admite guiños a delincuentes”.

Días atrás durante su gira por los EUA, AMLO fue interrumpido en su discurso en Nueva York por Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, demandándole su responsabilidad por su cercanía con el entonces presidente municipal de Iguala y el gobernador de Guerrero. AMLO le contestó: “A quien tiene que reclamar es al Ejército y al Presidente Enrique Peña Nieto”.

Esta respuesta bastó para que el gobierno enviara al Gral. José Carlos Beltrán, Director de Derechos Humanos de la Sedena, a defender al ejército. Pero lo hizo mal. Su argumento dejó atónitos a muchos. Dijo: “Si alguna persona considera contar con pruebas que sustenten las supuestas pruebas y acusaciones de las que se ha especulado antes los medios de comunicación, se le hace una atenta invitación para que las presenten ante la autoridad competente para que estas procedan conforme a derecho en contra de quien o quienes puedan ser responsables”.

Agregó que los dichos de los actores sociales, los señalan como que “pretendemos que exista disposiciones legales a modo para poder transgredir los derechos humanos, lo cual es total y absolutamente falso generando opiniones totalmente contrarias a la naturaleza del servicio al pueblo de México”.

A pesar del protagonismo mediático militar, poco o nada se sabe de consignaciones a la justicia de elementos militares que torturan, desaparecen o ejecutan a civiles. La opacidad y la impunidad aplastan.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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