El silencio de Nestora Salgado ante las calumnias de la señora Wallace

Enrique Domínguez Gutiérrez

El 20 de mayo de 2018, durante las campañas electorales para la presidencia de México, en pleno debate televisivo, José Antonio Meade, candidato a la presidencia por la coalición “Todos por México”, hizo una declaración llamando “secuestradora” a Nestora Salgado, una mención calumniosa y deleznable, generando con ello la exposición mediática de una persona que a lo largo de los años defendió con valentía y firmeza (aun con riesgo de perder la vida) en Olinalá y municipios aledaños en el estado de Guerrero a través de la policía comunitaria.

Ahora es senadora de la república electa por mayoría relativa. Miembro de la Comisión de derechos humanos e integrante de varias comisiones; trabajo y previsión social, asuntos indígenas, estudios legislativos y seguridad pública.

No pasaban 72 horas, cuando la embestida de Isabel Miranda Torres. “La Wallace”, hizo su aparición, y como por arte de magia, los micrófonos se abrieron, El Universal, Aristegui Noticias, ADN Político, Milenio y El financiero dieron voz a quien a través de su organización “Alto al Secuestro” se pronuncia a favor de las víctimas. De pronto, la victimaria se victimizaba, se decía amenazada por las “huestes” de la entonces candidata al Senado, con un “Le van a partir la madre” (sic). También, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva (principal vocero de Isabel Miranda) exigió a Lorenzo Córdova que respetara la ley argumentando procesos aún pendientes.

Sin duda alguna, el secuestro es un delito grave, merece castigo ejemplar y debe evitarse, sin embargo, lucrar y utilizar un aparato de justicia corrupto, fabricando culpables es aún peor, es ruin y es vil.

Al igual que los inculpados de Isabel Miranda, a quienes presentó contra Derecho como secuestradores de Hugo Alberto Wallace (Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Albert y Tony Castillo, César Freyre, Jael Malangón Uscanga y Juana Hilda González Lomelí), Nestora fue ilegal y arbitrariamente detenida el 21 de agosto de 2013, bajo los cargos falsos de secuestro agravado. Los cargos se originan de acciones tomadas por la defensora de derechos humanos en consonancia con su papel y deberes como integrante de la CRAC-PC, dice también el artículo de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo que fue tomado para el presente texto.

“El 28 de enero de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Nestora Salgado. En su decisión, la CIDH consideró la fragilidad de la situación enfrentada por la defensora de derechos humanos en la prisión federal de máxima seguridad en Nayarit, así como los riesgos a su vida e integridad personal. La defensora de derechos humanos informó que no obtuvo la atención médica adecuada por el dolor crónico que padece hasta la fecha, como resultado de un accidente de coche sufrido previamente; y que estuvo sometida a malos tratos en el periodo en que se encontraba detenida”, continúa el artículo de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo.

La Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo añade que “Debido al fracaso del Estado en cumplir con las medidas cautelares emitidas por la CIDH, la defensora de derechos humanos empezó una huelga de hambre en mayo de 2015, resultando en un grave deterioro de su estado de salud”.

“El 29 de mayo de 2015, ya siendo declarada inocente de delincuencia organizada (el único delito federal en su contra), Nestora Salgado fue trasladada al Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, y luego fue enviada a la Torre médica de Tepepan, para que fuera atendida por un padecimiento de columna”.

“Tres jueces de Guerrero determinaron su inocencia ante las acusaciones por los delitos que se le imputaron y, tras dos años y siete meses presa, Nestora Salgado fue liberada el 18 de marzo de 2016”, establece también el artículo de Verificado.MX.

Por otra parte, de acuerdo con la publicación de la revista Gatopardo, Leonel Rivero, abogado de Nestora Salgado dijo que la exlideresa enfrentó siete procesos penales. De éstos, cinco están concluidos: el de delincuencia organizada y cuatro más por secuestro. En todos los casos fue declarada inocente. Los dos restantes siguen abiertos, explicó, porque el Ministerio Público interpuso dos recursos de apelación, en 2016, contra su liberación. “ya han pasado prácticamente dos años y no se han podido celebrar ni las audiencias (para concluir los procesos) porque, según las autoridades, ha sido imposible notificar a las víctimas”.

La defensa asegura que Salgado García no tiene ninguna orden de aprehensión pendiente. “La única manera en que pudiera revertirse esta situación es que dichas apelaciones sean declaradas procedentes, y aún en ese caso, el Ministerio Público no solicitaría nuevamente la aprehensión, ya que Nestora Salgado podría pelear esas resoluciones con un amparo indirecto e incluso podría contar con el recurso de revisión”.

“Antes de su arresto en 2013, la defensora de derechos humanos lideraba la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias: Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el municipio de Olinalá, Guerrero. La policía comunitaria fue organizada y liderada por Nestora en un esfuerzo por combatir el incremento de violencia, ataques, corrupción política y violaciones de los derechos de los pueblos indígena. El gobernador de Guerrero había prometido apoyar a la policía comunitaria, antes de decidir eliminarla en noviembre de 2014”, reza un artículo de la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo.

La calumnia, la exhibición mediática en violación a la presunción de inocencia, la difamación, y la “satanización” son las herramientas recurrentes de Isabel Miranda Torres, La Wallace, para fabricar culpables. Una práctica de los gobiernos neoliberales, como se refirió el presidente López Obrador en conferencia de prensa el 29 de marzo. No obstante, pese al grave perjuicio a la sociedad y el Estado de derecho, la impunidad de La Wallace sigue intacta, y Nestora aunque haya ascendido a un cargo de poder público por encima de ella, ¿por qué guarda silencio?

Enrique Domínguez Gutiérrez
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