Estado mexicano persiste en acoso y detenciones ilegales a indígenas

16-Junio-2013-Tlapa-Gro
Coordinadora de la Policía Ciudadana solicitando apoyo para su desempeño. Foto: Archivo/Subversiones.org

Por Sergio Ferrer 

TLAPA, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) denunció a través de un comunicado la reiterada violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas por parte de miembros del ejército, funcionarios y policías municipales. Así mismo, destacaron los abusos cometidos de la policía municipal de Olinalá, de los policías ministeriales de Tlapa y del hostigamiento del Ejército a ciudadanos, como es la detención ilegal del excomisario de Zontecomatlán, José Luis Refugio Pareja.

La queja pública relata que el 10 de marzo, Jośe Luis Refugio Pareja se encontraba jugando basquetbol en la cancha de Zontecomatlán, comunidad de Olinalá, cuando llegó una patrulla de la Policía Preventiva Municipal con 12 efectivos a bordo, mismos que descendieron del vehículo y sin mediar con la autoridad correspondiente que es el comisario municipal se lo llevaron pegándole en los testículos y rompiéndole la camisa.

Los policías le gritaron que su único jefe era Lorenzo Medardo Vázquez, director de Seguridad Pública de Olinalá. Una señora que presenciaba el abuso de autoridad contra el Refugio Pareja avisó a un grupo de personas que se encontraban en el crucero de Zicatlán, donde tres personas a bordo de una camioneta al encontrarse con la patrulla para preguntar el motivo de la detención fueron encañonados por los policías incluyendo el oficial Mario Vázquez, quien era el único que no iba encapuchado.

Después de privar de libertad a Refugio Pareja, quien fue comisario municipal de Zontecomatlán y ya lo habían detenido por intentar desconocer al alcalde del PRI, lo llevaron al ayuntamiento de Olinalá donde lo torturaron sicológicamente. Medardo Vázquez, sin presentar ningún documento oficial u orden judicial, llamó un taxi particular y trasladó al Cerereso de Atlamajac en Tlapa al detenido para un supuesto careo.

Al no encontrarse la juez, una licenciada dijo desconocer la cita de Refugio Pareja, además “porque su caso ya estaba avanzado”. En momento supuestamente lo liberaron, pero afuera ya lo esperaba la Policía Ministerial para llevárselo. “Nos vas acompañar a la buena o a la mala, porque tienes una orden de aprensión”, le dijeron sin presentarla.

El comandante de la ministerial le dijo directamente al joven, según su testimonio: “tienes un problema conmigo” y se lo llevaron a la comandancia local. En ese lugar el comandante de la ministerial habló de su celular a un médico para que le extendieran un certificado médico sin auscultarlo, donde dijera que no tenía contusiones, ni marcas que le dejaron en las manos por las torturas y el tiempo que estuvo esposado.

Posteriormente, lo trasladaron de nuevo al Cerereso donde lo encerraron con delincuentes y asesinos como parte de la tortura sicológica, afirma la PCP, hasta que salió bajo fianza por intervención de un abogado de Tlachinollan.

“Estas acciones son vistas por la Policía Ciudadana y Popular como una dinámica de violencia institucional que practican las corporaciones policiacas y militares a las cuales les paga el gobierno con dinero del pueblo”, señala integrantes de la PCP.

Esta acción, detalla el texto, se adhiere a las denuncias que se han presentado en contra de Medardo Vázquez. Sin embargo, el alcalde priísta Eusebio González Rodríguez ha respondido a la PCP que él no tiene la facultad ni la capacidad de destituirlo de su cargo, porque hay otras fuerzas o corrientes al interior del ayuntamiento que no dependen de él.

La PCP asegura que el ayuntamiento a través de su Policía Municipal y el ejército están decididos a incriminar y lastimar a los miembros de la policía ciudadana que trabaja en el núcleo comunal de Temalacatzingo y en Cualac.

Aunado a esto, “el doble discurso del alcalde, señalan, muestra una forma perversa al asestar golpes contra miembros de la PCP, además de que tenemos elementos de que existe complicidad con grupos delincuenciales, señala el documento sin precisar detalles”.

El acoso de militares a la comunidad

En cuanto al acoso militar, el día 20 de marzo una patrulla militar llegó a Zontecomatlán y tomaron fotografías a casas y personas. Cuando la Policía ciudadana les preguntó qué buscaban, los militares respondieron que estaban perdidos.

La PCP señaló que la Policía Preventiva Municipal de Olinalá no respeta a los comisarios de las comunidades que participan en la CRSJ-PCP pese a que hay un acuerdo entre esta institución y el presidente municipal. Y abundó que se deben tomar en cuenta a los comisarios como miembros del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia.

También aseguran que ya no acuden al Ministerio Público, porque no existe justicia. Del director de seguridad pública, señalaron que lo han visto pasearse junto con sus compinches en carros robados, uno especialmente que le fue robado a un pequeño comerciante por estos lugares, que al verlo en manos de quien esta decidió no reclamarlo por miedo a ser asesinado.

La PCP exige respeto irrestricto a los derechos humanos y civiles de todas las ciudadanas de los pueblos indígenas, respeto irrestricto a su Sistema de Seguridad y Justicia Indígena (SSJI) y a la Policía Ciudadana y Popular.

Pide también un alto al hostigamiento y persecución ilegal contra los ciudadanos y ciudadanas que integran la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular, que en las últimas fechas el MP militar los anda requiriendo y andan intimidando a comisarios municipales.

Por último, exigieron la salida del ejército de las tierras comunales y rechazaron la entrada de empresas con la intención de explotar los recursos naturales. Destacaron el daño ecológico al río Tlapaneco y responsabilizaron a la policía municipal de Olinalá, al director de Seguridad y al presidente municipal Eusebio González Rodríguez, así como al ejército y a la Marina, de cualquier daño físico o moral que pase cualquier ciudadano indígena de estas tierras comunales que se encuentran aglutinadas en la CRSJ-PCP.

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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