Instituciones de Justicia en Guerrero, botín de funcionarios

Fiscalia de Guerrero en  días recientes a la desaparició forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto; impacto.com.mx
Fiscalia de Guerrero en días recientes a la desaparició forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto; impacto.com.mx

Sergio Ulises Ferrer

Tras meses de peticiones legales a nivel internacional para que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de Nestora Salgado García, comandante regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, vuelve a darse un limbo de información, como ocurrió en los primeros días de su detención arbitraria. Esta vez en cuanto a la situación del traslado de la defensora de derechos humanos del Cefero 4 en Nayarit a una cárcel de la Ciudad de México, como respuesta mínima del Estado mexicano a una serie de medidas cautelares enviadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de este año para salvaguardar su vida.

Si bien son muchas aristas en las cuales se debe precisar respecto al caso de la Policía Comunitaria y en específico el caso de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC-PC, cuyo ejercicio de seguridad y justicia comunitaria lleva casi 20 años, esta ocasión les hablaré del antecedente de algunos de los funcionarios de Guerrero que han tenido a su cargo, desde la relación y diálogo con autoridades comunitarias hasta decisiones o investigaciones adecuadas a un marco de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general.

Antes, hay que recordar como contexto que en 2011 hubo dos ejecuciones extrajudiciales cometidas contra normalistas de Ayotzinapa por elementos policiacos, durante el recién llegado gobierno de Ángel Aguirre Rivero, cuyos responsables aún no han sido castigados. Para los dos años posteriores hubo más de una decena de asesinatos y desapariciones de luchadores y luchadores sociales en Guerrero que permanecen en la impunidad.

En julio de 2013 fue colocado el ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo como secretario general de gobierno de Aguirre Rivero y a Iñaki Blanco Cabrera como procurador de Justicia, figuras que estarían permanentemente en contra de la policía comunitaria llegando incluso a emitir declaraciones discriminatorias descritas gracias a una grabación filtrada a una persona reportera de la fuente.

En una comparecencia ante diputados locales en septiembre del mismo año, Martínez Garnelo, diría que los indígenas aplicaban una “justicia del siglo XV”, por su parte Blanco Cabrera dijo que “Nestora Salgado no obstante que tiene estudios de secundaria incompleta y no pertenece a ningún grupo indígena, tiene la posibilidad de entender el carácter antijurídico de sus acciones”, en relación a la detención arbitraria de la líder el 21 de agosto, efectuada por militares del 93 Batallón de Infantería, marinos de la Armada de México, enviada a una prisión de máxima seguridad bajo un oficio emitido el mismo día de su privación de la libertad por el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, el ex almirante Sergio Lara Montellanos, quien salió en una fotografía aun como comandante de la VIII Región Naval recibiendo un regalo del alcalde de Olinalá durante una visita del gobernador a la cabecera municipal después del levantamiento armado de pobladores contra la delincuencia organizada iniciado el 27 de octubre de 2012.

Hay varios nombres de políticos y funcionarios que no pudieron tener una respuesta adecuada a los problemas de seguridad que se presentaron en Olinalá, además del alcalde y síndico procurador de dicho municipio, como ocurrió a nivel estatal con Rosana Mora Patiño que le dejaría el cargo a Misael Medrano Baza en la Subsecretaría de Asuntos Políticos, ambos faltos preparación para comprender la función de la Policía Comunitaria, también el secretario de Gobernación Moisés Alcaraz, quien tendría oídos sordos a las denuncias debidamente acreditadas con documentos de lo que aconteció en el municipio. Sobra decir que hubo denuncias y pruebas que nunca se consideraron para efectuar una investigación de lo ocurrido en Olinalá, ¿o hay un informe público de los hechos ocurridos en dicha cabecera de la Montaña?

Se le ha ido la justicia a Guerrero, sin peritajes adecuados, ni respeto al sistema comunitario, sin diálogo, ni acatamiento constitucional a la autonomía de los pueblos indígenas, y los funcionarios han hecho y deshecho a discreción de lo que es hoy la Fiscalía General del Estado.

Desde la falta de trabajo coordinado con el sistema comunitario que rige a la CRAC-PC a la que está integrada la Policía Comunitaria de Olinalá en aquellos diálogos en los que se hablaba del protegido del alcalde priísta Eusebio González Rodríguez, Eugenio Sánchez González, un sujeto que se encontraba en reducación por comprobársele el delito de abigeato -de quien algunos familiares están presos por pertenecer a una banda de secuestradores dirigida por un ex presidente priísta e Olinalá, actualmente preso, hasta el desdén del gobernador y la actual insensatez del fiscal actual, han pasado casi dos años en los que Salgado García ha sufrido tortura y una condena anticipada confinada en una celda como forma de represión de Estado.

Pero siguiendo con la situación de los funcionarios, tras dejar el cargo Blanco Cabrera después de que ocurrieran las 43 detenciones desapariciones de jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, quien fuera testigo de cargo en el caso Wallace, cuya promotora Isabel Miranda generó una campaña de odio y desinformación contra Salgado García y la Policía Comunitaria, tomaría protesta Miguel Ángel Godínez Muñoz.

Funcionario que contrató 190 personas en su gestión, entre éstos decenas de familaires y conocidos. Foto: cortesía
Funcionario que contrató 190 personas en su gestión, entre éstos decenas de familaires y conocidos. Foto: cortesía

Diversas notas periodísticas dan un boceto de la persona que está llevando las riendas de la justicia en el estado. Miguel Badillo en su columna Oficio de papel, narró que la mañana del jueves 16 de abril de 2015, a Godínez Muñoz se le acercó el reportero Mauricio Romero para preguntarle cuántos de sus familiares trabajaban en la Fiscalía a lo que se negaría a declarar.

El columnista recuerda más adelante que buscó al funcionario para preguntarle sobre las denuncias por presuntos abuso de poder y nepotismo en especial de los nombramientos de sus primos hermanos Alaín Godínez Abarca y Alí Esmain Rodríguez González como subsecretarios de Despacho Estatal, de su tía Ángela Varela Gómez como directora general, de su cuñado Gildardo Álvarez Silva como director general de administración y como directora de área a la novia de su primo Alí, Lenika Rocío Ponce Juárez, pero no tuvo respuesta.

En su corto periodo en el cargo, Godínez Muñoz contrató 190 servidores públicos, muchos de ellos sin las condiciones necesarias del perfil obligatorio, aumentando 10 por ciento la nómina. El fiscal no ha tomado en cuenta denuncias contra el personal, en otra nota publicada en El Despertar de la Costa del 24 de febrero pasado, da cuenta de que al menos cuatro víctimas del caso de los cuerpos encontrados en “Crematorios del Pacífico” denunciaron tardanza en dar a conocer los resultados de los estudios de pruebas de ADN, en tanto que otra persona le habló del presunto acoso y amenazas de la agente del Ministerio Público adscrita a la agencia de Asuntos Especiales, María de Carmen González Gaytán, quien según la versión de un abogado que pidió que la SIEDO investigara el caso, fue privado de su libertad por unas horas por gente enviada por la funcionaria, así como denuncias contra otros funcionarios a lo que el fiscal se limitó a tomar nota.

La Fiscalía encontrará en lo posterior un problema en el desempeño de sus funciones, en cuanto al presupuesto de la Fiscalía es de 520 millones de pesos al año, los cuales 504 son para nómina, eso sin contar posibles fondos de la Federación o internacionales a los que podría acceder en un proceso de gestión, pero, ésta no tiene recursos para equipamiento técnico y de inteligencia según lo afirmado por el propio fiscal en una visita a Novedades Acapulco, el 6 de febrero de 2015. Para el 2016, el panorama indica que Guerrero estará lejos de establecer el nuevo sistema de justicia penal acusatorio cuya homologación en el país está pactada para ese año.

Godínez Muñoz quien según un currículum público en Internet menciona que tiene experiencia en seguros y que ha sido Policía Federal, Agente Federal Investigador, Agente de Interpol,  Abogado y experto en las Naciones Unidas contra la impunidad en Centroamérica, Fiscal Especial para la Investigación de la Delincuencia Organizada, Director de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, desconoce a fondo la situación de Guerrero y la tradición de seguridad y justicia de los pueblos no tolerada, sino avalada por leyes y tratados internacionales.

En su libro El Orgullo de ser policía, el actual funcionario de Guerrero, aunque habla de policías de otras partes del mundo, acota como antecedente histórico de éstos en el territorio nacional “a aquellos que en la época prehispánica se dedicaban a preservar el orden, cuidaban a sujetos de mala conducta o antecedentes criminales, la figura de los topílli, según su cita del diccionario de la lengua náhuatl, eran especie de alguaciles, de oficial de justicia, el que guarda el palo, a los que actualmente se les llamaría fiscales, luego escribe en dos líneas como ejemplo de la policía rural de Ríoverde en San Luis Potosí y por otra parte, señala el antecedente histórico de cómo el Ejército ha tenido que ocupar funciones de policía.

Es decir, el libro compendio El orgullo de ser policía no menciona entonces, conocimiento alguno en el tema de policías comunitarias que pudiera utilizar el funcionario para entender el contexto y los procesos desarrollados por dos décadas en la Montaña de Guerrero.

Recientemente, el 13 de mayo, el fiscal aseguró que no había en Guerrero presos políticos, “Yo ya estudié el caso. A mí me pidieron que desistiera de la acción penal, pero no me puedo desistir porque hay víctimas a las que no se les ha reparado el daño. Me hablaron de la Embajada de Estados Unidos, me hablaron de la CIDH, pero jurídicamente no procede. Si la señora cometió una injusticia debe aclararse en el proceso. Aquí no estamos cometiendo ninguna injusticia”, argumentó Godínez Muñoz al ser entrevistado del caso de Nestora Salgado García.

Las declaraciones han ido en aumento, y sin reconocer que el anterior gobierno aceptó e incluso invirtió en el trabajo de desestabilización de Eliseo Villar Castillo dentro de la CRAC-PC, el fiscal dijo a Milenio en relación a la refriega entre estatales y personas armadas auto identificadas como policía comunitaria dirigidas por Villar Castillo y Adelaida Hernández que derivó en al menos seis personas muertas que “los hechos ocurridos ayer fue un hasta aquí, fue un mensaje claro que no se va a permitir que no se rebase la línea de tolerancia y la del Estado de derecho…” ¿Cuál es ese mensaje claro? ¿Muerte antes de diálogo? ¿Muerte antes de investigación? ¿Represión?

Guerrero tiene cientos de desafíos y vemos con descontento que en cuanto a la Justicia las instituciones en lugar de servir como botones de cambio y credibilidad están siendo ocupadas para reprimir u omitir la garantía del ejercicio de los derechos humanos en el Estado. Un ejemplo es Nestora Salgado García, quien después de 19 días de huelga de hambre ha dejado de tomar líquidos iniciando una huelga de sed al saberse acorralada por un sistema de Estado que se rehúsa a hacer valer sus derechos como mexicana y como ser humano, un Estado que altera y manipula la verdad de los hechos para darle una apariencia de “sustento legítimo” a las acciones ilegales de funcionarios relacionados con la Justicia en Guerrero.

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