Autoridades del INM ignoraron advertencias sobre normas oficiales de seguridad en Ciudad Juárez

Diagnóstico sobre las estaciones migratorias elaborado en 2020 señalaba que la infraestructura en Ciudad Juárez no cumplía con las normas oficiales

Por Rosario Martínez De la Vega

La tragedia de Ciudad Juárez en la que murieron 40 migrantes en un incendio en la estación migratoria pudo haberse evitado si las autoridades hubieran seguido las normas oficiales de seguridad que ya les habían advertido en 2020. No había salidas de emergencia ni extintores, y las puertas no debían haber tenido candado o seguros.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de las Estaciones Migratorias (EM), elaborado en 2020 por la Dirección de EM del Instituto Nacional de Migración (INM), que se obtuvo a través de la respuesta a la solicitud de información 0411100012220, la estación migratoria de Ciudad Juárez operaba en una nave industrial, sin contar con la infraestructura acorde a las normas oficiales: rutas de evacuación, salidas de emergencia, ni extintores.

La administración federal tenía conocimiento de estas deficiencias, sin embargo, no hizo nada. Pese a esto, a dos semanas del incendio que cobró la vida de los migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó nuevamente a las víctimas:

«Todo indica que hubo una protesta, le prenden fuego a unas colchonetas, se produce fuego y hay intoxicación, porque quien tenía la llave no estaba», señaló en su conferencia matutina del pasado 11 de abril.

Evadiendo responsabilidades y sin asumir el tema como uno más de violaciones de derechos humanos, la tragedia es el botón de muestra de años de indiferencia, omisiones y malos manejos por parte del INM y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la crisis migratoria.

Desde el inicio de operaciones hasta su clausura en 2023, se realizaron tres modificaciones al edificio, ninguno con relación a medidas de seguridad.

Según el documento, la nave industrial de 1003.35 m2 tenía la capacidad para albergar 60 personas; sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por el INM en su carta informativa, reproducida por varios medios, al momento del incendio se encontraban 83 migrantes en sus instalaciones, 23 más que lo permitido. Incluso, se indica que 15 mujeres fueron evacuados y 7 empleados sin lesiones.

Los migrantes que se encontraban en condición de hacinamiento ilegal provenían de Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemal y Venezuela.

Fuente: INM

Ciudad Juárez, sin salidas de emergencia

Las normas oficiales NOM-002-STPS-2010 y NOM-026-STPS-2008 establecen que las “salidas de emergencia” son obligatorias, deben estar libres de candados, picaportes o cerraduras, y «no se les debe de colocar ningún seguro”. Normas que no fueron cumplidas por las autoridades de la dependencia federal en el caso de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Durante el momento del siniestro, un video que circula profusamente en las redes sociales, da cuenta de cómo los custodios dejan encerrados a los migrantes con puertas de rejas y candados. Piden, desesperados, les abran, siendo la única salida que tenía la estancia.

Por otra parte, el artículo 9 del reglamento de la Ley de Migración establece que es responsabilidad de los servidores públicos a cargo del INM “la custodia, seguridad y vigilancia de las personas extranjeras alojadas en las EM (…) en todo momento, salvaguardarán los derechos humanos de los alojados”.

El documento también da cuenta de que el personal de seguridad “(…) no está debidamente capacitado para brindar el servicio y no cumple con el perfil requerido para las funciones que se realizan en el INM (…)”.

Seguridad privada del INM

La empresa responsable de la seguridad de la Estación Migratoria, al momento de la tragedia, de acuerdo con lo manifestado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trata de Grupo de Seguridad Privada Camsa, SA de CV.

Según el mismo diagnóstico, los agentes del INM sí se encontraban debidamente capacitados; no obstante, los videos dan cuenta de cómo fueron rebasados, sin abrir la puerta y abandonando a las víctimas a su suerte al momento del incendio.

Hasta el momento cinco personas -tres funcionarios federales, un guardia privado y el migrante venezolano que presuntamente inició el fuego-, están bajo proceso, acusados de homicidio y lesiones.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó el pasado 11 de abril que procederá penalmente contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, como responsable de lo ocurrido, sin que haya renunciado o lo hayan removido de su cargo.