Justicia militar pide comparecer a comunitarios de Olinalá sin motivo

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Militares cierran paso en la carretera de Olinalá el 30 de enero. Foto: Consejo Olinala/FB

Por Arturo de Dios Palma

CHILAPA, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), que opera en los municipios de Olinalá y Cualac, denunció que la Procuraduría General de Justicia Militar llamó a comparecer a una de sus coordinadoras ante la fiscalía de la agencia del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona castrense.

La corporación ciudadana advirtió que el citatorio es infundado y lo calificó de acto de intimidación y hostigamiento.

De acuerdo con el citatorio que adjuntó la CRSJ-PCP al comunicado, el 30 de enero, la Procuraduría General de Justicia Militar citó a la coordinadora en esa corporación ciudadana, “Sitlali Pérez Vázquez”, para comparecer el 6 de febrero, sin argumentar los motivos del llamado.

“El citatorio tiene un fundamento inequívoco, según el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: ‘que funde y motive la causa legal del procedimiento’. El citatorio no cubre con los requisitos de formalidad porque el nombre de la agraviada está mal escrito, el domicilio es incorrecto y por si fuera poco, no ponen los hechos que se investigan sólo dice: ‘en relación a los hechos que se investigan’. ¿Por qué en el citatorio no escriben el motivo?”, pregunta la PCP.

Y agregó: “a los hechos que se investigan seguramente se refieren a la queja que los representantes de nuestro movimiento independiente, interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar el hostigamiento constante del que fue objeto La brigada Totlajtol Nejnemi (La palabra que camina) que salió el 16 junio a la ciudad de México”.

La CRSJ-PCP precisó, en el comunicado, que no pertenece al cuerpo militar “para asignarnos a la justicia militar”.

“Ahora resulta que los denunciados como violadores de los derechos humanos, sean los mismos quienes hagan Justicia, no se puede ser juez y parte”, argumenta.

Asimismo, la CRSJ advirtió de la intimidación y hostigamiento del Ejército en su territorio.

La CRSJ-PCP indicó que “la agraviada”, Citlali Pérez, nunca hizo una denuncia por derecho propio ante el fuero militar. Y cuestionó: “¿cómo se va a radicar una averiguación previa si no existe una denuncia previa por la supuesta agraviada? Absurdo”.

“Nos queda claro que este tipo de citatorios que fue dejado en la comunidad del Nuevo Paraíso por el Ejército y supuestas personas de derechos humanos es para intimidar e incriminar a nuestra CRSJ-PCP”.

 El Ejército irrumpe en comunidad de Olinalá

En el mismo comunicado, la CRSJ-PCP denunció que el ejército irrumpió en la comunidad de San Antonia Coyahuacán, Olinalá, e intimidó a los pobladores.

Informó que el pasado 6 de febrero en dicha localidad se presentó un “carro exclusivo” del ejército cuyos elementos rodearon la comisaría municipal. Posteriormente, indica el texto, un soldado se dirigió hacia el ciudadano José Franco que se encontraba en la cancha municipal y “de manera prepotente, violenta y amenazante le dijo: nos avisaron (sin decir quién) que en la comisaría municipal había una persona secuestrada y nosotros venimos a rescatarla ¿Quiénes son los del consejo y dónde están? ¿Dónde está el comisario? El aludido dijo que el comisario no se encontraba. Entonces ellos preguntaron ¿Dónde vive?”.

Ante la agresividad que mostraron los soldados, señala el documento, un ciudadano que se encontraba a la expectativa de lo ocurrido, avisó vía telefónica al comisario y se anunció por un aparato de sonido para informar a la comunidad de lo que estaba ocurriendo y de la presencia del ejército.

Al escuchar, dice el texto, el anuncio los soldados abordaron el carro y se retiraron rápidamente.

Dos días antes, la PCP detuvo a Pedro Carrasco Aquino quien fue acusado por la comunidad de “despojo a propiedad ajena, robo, daños materiales, por fabricar delitos en el Ministerio Público, fraude de una caja de ahorros, cómplice de homicidio, violencia y amenaza”.

Agrega: “vecinos ya habían hecho sus quejas y la justicia gubernamental nunca hizo nada para llamarlo a cuentas, ahora que la PCP lo retiene intentan incriminar a los representantes de las comunidades de “secuestradores. ¡Queda claro para quién trabaja el ejército!”.

El detenido se encontraba en un proceso de reeducación.

“Evidentemente, esta actitud del ejército y autoridades de gobierno es una muestra de cómo se ensañan contra los pueblos indígenas y no respetan las leyes que otorga derechos plenos a los pueblos para ejercer su autonomía, autogobierno y autodeterminación. Este tipo de acciones lo que muestra es su desprecio a los pueblos indígenas y al orden constitucional que dicen defender”, expone el documento.

La PCP acusó que “con estas acciones el Estado pretenden incriminar nuestro sistema de seguridad y justicia Indígena (SSJI) y señalarnos como personas delincuentes, están buscando una justificación de cómo adentrarse a las tierras comunales”.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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