La bajeza moral de la señora Wallace al amparo de la corrupción judicial

Enrique Domínguez Gutiérrez

Sin duda, uno de los graves problemas que vivimos en nuestro país está enmarcado por la inseguridad, la violencia y la corrupción. Éstas, permanecen ligadas entre sí, y generan un sistema de justicia putrefacto que suele ser depredador en muchos casos, sobretodo, incriminando a inocentes.

En gestiones del sistema de justicia, la simulación se manifiesta como una constante, donde las vejaciones se transforman en delitos de lesa humanidad como las torturas físicas, psicológicas, métodos viles para obligar confesiones, la prisión de familiares, el incumplimiento de tratados internacionales como los derechos humanos y el caso omiso a los llamados de la comunidad internacional.

Estamos en un país donde los golpes, las violaciones sexuales, infringir dolor, no dejar marcas como golpes en genitales, métodos de asfixia, inhalación de gases, privación del sueño, confinamiento y aislamiento, celdas frías y pistolas eléctricas suelen ser prácticas “normales” dentro de las prisiones.

Resulta indignante escuchar y leer relatos de las víctimas que describen los horrores sufridos para confesar crímenes que no cometieron, personas que son dañadas, viviendo en angustia todo el tiempo. El futuro es algo imposible de dilucidar, la esperanza no existe, señalamientos y evidencias falsas, se fabrican culpables y se da voz a personas que carecen de autoridad moral para hacer declaraciones completamente falaces, sesgadas y sin un afán de investigar lo que señalan por parte de quien difunde las falsas incriminaciones.

Es difícil para nosotros imaginar y, aun así, tener una visión sensible y empática de la situación, no es posible inmiscuirse de tal manera que uno pueda entender, aunque sea en mínima parte ese sufrimiento.

Los medios se encargan de enarbolar esa ira, pues en su mayoría, sólo se dan a la tarea de dar voz a quien aparenta poseer dignidad y un poder emanado de actores corruptos; satanizando y crucificando sin una mínima gota de sensibilidad para ir más allá de declaraciones irresponsables y desvergonzadas. Desvirtuar la verdad y generar sensacionalismo vende, anteponen lo económico y se olvidan del sufrimiento de los desamparados y vulnerables.

Otorgar la voz también conlleva una responsabilidad, y es evidente que desde el poder se desecha todo aquello que intente sanar un poco la sed de justicia que reclama el pueblo mexicano. Más grave aún resulta dar voz a quien se corona como artífice de la justicia sin serlo, y tener la perversidad de utilizar a su hijo, para dar rienda suelta a lo más bajo y ruin en complicidad con el sistema de justicia mexicano.

El caso más emblemático de lo anterior es el falso caso Wallace. El 11 de julio de 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda estuvo en su casa, recibió una llamada de su madre, luego otra que le alteró visiblemente, subió a su recámara y media hora después, sale de su departamento. Al día siguiente se le buscó sin resultados. El día 13 de julio de ese año se ponían las primeras denuncias por su desaparición, y lo que sigue es uno de los eventos más terribles para la vida de muchas personas que fueron incriminadas por secuestro y homicidio de quien no se tuvo nunca una evidencia del supuesto crimen.

Tráfico de influencias en CNDH de Isabel Miranda de Wallace. Composición: LA Press

 

En esta fabricación de culpables están involucrados funcionarios de alto nivel, se inculpa a inocentes y se juega con la sensibilidad de la audiencia a través de medios que se prestan a este juego.

Con un historial donde la trampa se manifiesta de manera continua, con reto a la autoridad, pasar por encima de la ley y haber permanecido en la cárcel por homicidio en grado de tentativa, la señora María Isabel Miranda de Wallace se erige como una víctima ante la opinión pública, pese a ser un personaje abominable que ha corrompido sistemáticamente el sistema de justicia, en complicidad con personajes tristemente célebres como Genaro García Luna (ex Secretario de Seguridad Pública y creador de la extinta Agencia Federal de Investigación), o Iñaki Blanco Cabrera (ex procurador general de Justicia de Guerrero en el periodo del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), Luis Cárdenas Palomino (ex colaborador de la Secretaría de Seguridad Pública federal de México), Humberto Castillejos Cervantes (ex asesor en la Procuraduría General de la República y muy cercano a Enrique Peña Nieto).

Exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, principal responsable de la política represiva de fabricación de culpables y tortura en México. Foto: red

La fabricación de culpables, el montaje y la actuación de escenas policiacas, forman parte de la simulación como característica innata de los gobiernos del PRI y el PAN en los que participaron en materia de Seguridad pública dichos personajes.

En el supuesto secuestro de Hugo Alberto Miranda Torres, también se interrelaciona el ataque a la exlíder comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado a quien le fueron fabricados casos de secuestro, detenciones arbitrarias e ilegales, al igual que los casos de Florence Marie Louise Cassez Crepin, las tres indígenas hñahñü, Teresa, Alberta y Jacinta; además de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa².

En aquel entonces, 2006-2014, las luminarias de los medios se encendieron para dar una amplia luz a la difusión del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, en un gran movimiento que se gestó con declaraciones falsas por parte de su madre, María Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace y/o Isabel Torres, como ha usado sus diferentes identidades) en colaboración con autoridades y manipulación de los hechos. Se fueron conformando expedientes con testimoniales que abarcaban hechos inverosímiles, que se generaron a partir de una fotografía sustraída del departamento que en aquel entonces rentaba Juana Hilda González Lomelí en la calle de Perugino número 6 interior 4, en la colonia Extremadura Insurgentes de la ciudad de México. Dicha fotografía fue utilizada para incriminar a quienes aparecían en ella, y no sólo eso, sino también a familiares cercanos como una medida para obligar confesiones mediante tortura. Tal es el caso de César Freyre Morales, su hermana Julieta Freyre Morales y su madre María Rosa Morales. En el caso de Jacobo Tagle Dobín, encarcelaron a su hermano. En el caso de Brenda Quevedo Cruz, el acoso, la detención ilegal y allanamiento a su madre Enriqueta Cruz Gómez. En el caso de los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, Tony fue incomunicado por casi cinco años. En el caso de Jael Malangón Uscanga, su esposa Paola Patricia Díaz Romero estuvo arraigada durante tres meses, sin ver a su hijo de cuatro años.

Sin tener pruebas, de inmediato Isabel Miranda Torres, “La Wallace”, pronto se dio a la tarea de emplear espectaculares, (negocio al que se dedicaba a través de su empresa Showcase Publicidad), colocando fotografías de los presuntos secuestradores. En primer lugar, aparece César Freyre Morales, inicia su campaña de odio, con entrevistas pagadas, cabe mencionar que ninguna organización defensora de derechos humanos se manifestó, a pesar de que se violaba la presunción de inocencia. Se ofrecían recompensas de 250,000 pesos, pronto aparecería el rostro de Jacobo Tagle Dobín, Albert Castillo Cruz y Brenda Quevedo Cruz.

No se debe dejar de soslayar que la empresa Showcase Publicidad opera con amparos, cuyas estructuras espectaculares están sobredimensionadas, en azoteas, adosadas e invasión en la vía pública. En sus declaraciones, Isabel Miranda Torres, “La Wallace” empezó a emplear apodos para las víctimas, con el objetivo de fortalecer la idea de que se trataba de un grupo delictivo. Esta idea nace de establecer entre los miembros de una organización, vínculos que atenúan un historial mediante el uso de apodos, una manera de retratar una característica especial por alguna habilidad dando a entender a la opinión pública de que se trata de una organización con gran historial de delitos.

Poco tiempo después del supuesto secuestro de Hugo Alberto, la simulación de “eficiencia policial” encabezada en aquel entonces por Genaro García Luna intenta ganar adeptos, pero pronto habría de caerse el teatro.

Luces y reflectores a la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez

Breve cronología

9 de diciembre de 2005: Un equipo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) ingresa al rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca, para detener a una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco –de la cual Florence Cassez supuestamente era miembro– y liberar a tres de sus víctimas. El operativo era transmitido por televisión abierta.

10 de febrero de 2006: El entonces director de la AFI, Genaro García Luna, reconoce en el programa Punto de Partida que la detención de los presuntos plagiarios fue una recreación y que Cassez y su novio, Israel Vallarta, habían sido detenidos desde un día antes del montaje televisivo.

Días después de transmitirse el programa, dos de las presuntas víctimas, Cristina Ríos y su hijo Cristian, ampliaron su declaración y aseguraron reconocer la voz de Cassez.

25 de abril de 2008: Cassez es sentenciada a 96 años de prisión por el secuestro de cuatro personas, asociación delictuosa y posesión de arma de fuego.

4 de junio de 2008: El secuestro de Fernando Martí Haik cobra relevancia, y de inmediato dos bandas son acusadas de manera simultánea por parte del gobierno local y federal, estableciendo una simulación, si bien, es evidente que el joven Martí fue asesinado, aun hay duda si realmente los secuestradores detenidos son realmente responsables.

Desde la sociedad civil y su organización “Alto al secuestro”, Isabel Miranda Torres, “La Wallace”, se pronunció en el caso Ayotzinapa, en el caso de las indígenas hñahñü, Teresa, Alberta y Jacinta (acusadas de secuestrar a agentes de la AFI), y también en el caso del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, entre muchos otros.

Alto al secuestro, organización civil creada por Isabel Miranda Torres, “La Wallace”, gana con la existencia de secuestros, estableciendo una especie de extorsión a gobiernos estatales, utilizando una herramienta que genera indicadores para medir la incidencia de secuestros, visita a los gobernadores y dos o tres meses después, por arte de magia los índices bajan. No olvidemos su cercanía a Genaro García Luna y a los hoy extintos Ricardo Martínez Chávez y José Luis Santiago Vasconcelos que desde la PGR apoyaban sus desvaríos.

El extinto abogado Ricardo Martínez Chávez trabajó para Isabel Miranda Torres desde 1998 hasta su asesinato, en 2017. Foto: perfil de Facebook

¿Quién era Ricardo Martínez Chávez?

De acuerdo con la investigación de Los Ángeles Press, en Los hombres de Isabel Miranda en las procuradurías, Ricardo Martínez Chávez fue nombrado jefe del área de investigación de Secuestros dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), precisamente un día antes del presunto secuestro de Hugo Alberto. Era abogado y trabajador particular de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de los negocios Cadillac, Farenheit, Royal, Playboy y Astrodome, ubicados en la Ciudad de México, quien es investigado por delitos de trata de menores y mujeres.

El litigante encubría a Iglesias Rebollo en operativos, alertándolo de desalojar sus bares para evitar investigaciones, según la investigación El falso caso Wallace, en un capítulo que le dedica la autora Guadalupe Lizárraga, a este personaje.

También, defendió a funcionarios involucrados con el fallido operativo de la discoteca New’s Divine de la capital del país donde, por una estampida, fallecieron 12 personas en junio del 2008 y litigó por 14 inculpados de trata de personas del bar Cadillac.

En su historial destaca la amenaza que realizó a un juez que dictó formal prisión a sus 14 acusados y la amenaza que realizó a las bailarinas del Cadillac, a quienes dijo que iba a boletinar para que no consiguieran trabajo en todo el país.

“Las mujeres no son víctimas, se prostituyen porque así lo quieren”, exclamó en su momento.

Por increíble que parezca, fue abogado de Isabel Miranda de Wallace.

Ricardo Martínez Chávez fue asesinado el 4 de enero de 2017, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una ráfaga, de más de doscientos disparos, lo interceptó en un auto oficial junto con otros tres agentes ministeriales a las 10: 30 de la noche.

 

“Alto al secuestro”: falsedad y violaciones a los derechos humanos

La organización Alto al secuestro, a través de Isabel Miranda Torres, “La Wallace”, se maneja hasta la fecha con impunidad. Ha sido cómplice, juez y parte, ha emitido declaraciones que obstaculizan y alteran la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ha evitado la salida anticipada de 74 internos que llevan más de 20 años presos en Atlacholoaya, Morelos.

Isabel Miranda ha promovido a través de su organización amparos, impidiendo la aplicación de protocolos para determinar si las víctimas han sido torturadas. Se ha involucrado en instancias que no son de su competencia y se maneja con tal desparpajo que hasta califica, sentencia y culpa sin evidencia a presuntos criminales.

Isabel Miranda de Wallace se maneja de manera siniestra, pendenciera y tenebrosa, su personalidad es una mentira en sí, como ejemplo detalla en la investigación mencionada:

  1. Acta falsa de carta de no antecedentes penales con sellos alterados del gobierno del Distrito Federal.
  2. Actas falsas donde se establece doble identidad con el acta de nacimiento como Hugo Alberto Miranda Torres ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave MITH691012T64, mientras que su registro como Hugo Alberto Wallace Miranda es WAMH6910123V8. Lo único real es la fecha de nacimiento.
  3. Actas falsas una, con nombre de Isabel Torres y la otra como María Isabel Miranda Torres en una de ellas nació en 1949 y en la otra nació en 1951
  4. Acta de defunción tramitada en 2013 (8 años después de la supuesta muerte de su hijo) cuya causa fue: “insuficiencia respiratoria aguda, asfixia mecánica por estrangulación, y asfixia por comprensión toracoabdominal”. La juez 18 del Registro Civil, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe al acta. Tiempo después, Miranda tuvo que dar de baja esta acta por su carácter ilegal, al no existir un cadáver real ni un certificado de defunción. Cabe destacar que la Dra. Blanca Crespo Arellano fue quien emitió el acta y la juez 18 del Registro Civil, Marsella Lizeth de la Torre Martínez, dio fe al acta. Tiempo después, “La Wallace” tuvo que dar de baja esta acta por su carácter ilegal, al no existir un cadáver real ni un certificado de defunción.
  5. María Isabel Miranda Torres declara muerto a su hijo en tres ocasiones por diferentes tipos de muerte:
    • Por un balazo
    • Por Asfixia
    • Por cercenamiento con una sierra eléctrica.

No se ha identificado su verdadero nombre, por indiferencia de las autoridades; por un lado, está María Isabel Miranda Torres, y por otro Isabel Torres, pero, reconocida en el ámbito mediático como Isabel Miranda de Wallace, sobre todo con dos actas de nacimiento, cuya fecha de nacimiento es diferente, en una establece que nació en el año de 1949, otra, en 1951, y una tercera fecha según medios es de 1955.

Evidencias

El departamento de Perugino número 6, donde supuestamente se le quitó la vida a Hugo Alberto, fue inspeccionado de manera meticulosa y no se encontró ni rastros ni evidencia alguna. El inmueble fue rentado por Isabel Miranda Torres, La Wallace, siete meses después la PGR realiza otra inspección y de la “nada” hallan bajo la alfombra una licencia de Hugo Alberto. Se encuentra un pedazo de cabello y dentro de la coladera una minúscula mancha de sangre, en la cual peritos realizan una prueba de ADN y el resultado es:

  • Positivo para el parentesco que se determina por la unión entre Enrique del Socorro Wallace e Isabel Miranda Torres, pero correspondían a una persona del sexo femenino.
  • Al hacerles ver ese argumento científico, simplemente señalaron que fue un error de dedo.
  • La licencia hallada estaba vencida, ¿Cómo es posible que no se tuviera la licencia vigente si ésta había sido renovada el mismo mes de su vencimiento?
  • Según Isabel Miranda Torres, La Wallace, su hijo fue secuestrado en el departamento de Juana Hilda Lomelí por un grupo dirigido por César Freyre. Según esta versión, falleció en la madrugada del 12 de julio de 2015 de una golpiza; sus agresores descuartizaron el cuerpo en el baño con una sierra eléctrica –comprada horas antes en un Wal-Mart– y arrojaron sus restos al azar.
  • Sin embargo, la defensa sostiene que el baño colinda con el cubo de luz del edificio; nadie escuchó el motor de la sierra eléctrica que supuestamente fue utilizada a las 8 de la mañana. El 13 de julio, peritos de la SIEDO, ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ingresaron a la vivienda y no encontraron rasgos de sangre. Salieron del departamento, dejando la puerta abierta durante dos semanas.
  • Isabel Miranda Torres. “La Wallace”, mintió ante la justicia estadunidense, al aseverar que su hijo no tenía ningún antecedente penal.
  • A raíz de una petición emitida en 2008 por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, que analizaba la petición para la extradición de Quevedo, la Agencia Federal de Investigación mandó una copia de la causa penal 196/2001, en la que se señaló a Hugo “penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”.
  • Existe una fotografía donde aparece Hugo Alberto vendado y supuestamente muerto, sin embargo, un perito de la delegación Benito Juárez señaló que el individuo que aparece en la imagen no puede estar muerto pues se presenta rigidez en el cuello.

Detenidos

Hasta este momento hay tres personas confesas, con declaraciones televisadas y expuestas, después de una incesante tortura cuyos testimonios no concuerdan.

Cesar Freyre Morales tardó cuatro años en confesar después de 20 torturas, con su madre María Rosa Morales y a su hermana Julieta Freyre en la cárcel por año y medio bajo falsas acusaciones. Una semana después, Julieta muere por un derrame cerebral dejando a dos menores de edad, de acuerdo con la información destacada en Los Ángeles Press. A César Freyre, se le impuso una condena de 131 años y 20 mil 987 días de multa por secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.

Jacobo Tagle Dobín, detenido el 4 de diciembre de 2010, lleva 9 años en prisión sin sentencia, torturado varias veces, víctima de violación, utilización inmisericorde de la pistola taser, “piquete” en las órbitas de los ojos entre varios métodos empleados. Su testimonio en el Protocolo de Estambul difundido en las investigaciones de Lizárraga es aterrador:

Llegaron los custodios y me sometieron. Me despojaron de la ropa y me dejaron por más de veinte días esposado de pies y manos al banco del escritorio. El frío en ese lugar era insoportable. Y en el mes de noviembre de 2012, los oficiales llegaron, como de costumbre, a golpearme, a darme toques y usando de nuevo el gas lacrimógeno. Me esposaron y, al final de todo, me introdujeron un tolete por el ano que me desgarró por dentro y, no sólo físicamente, también me desgarró el alma, mi dignidad y mi autoestima. De nuevo, me dijeron que era la despedida que me mandaba “mi madrina, la señora Wallace”.

Fragmento del testimonio del Protocolo de Estambul aplicado a Jacobo Tagle Dobín,
incorporado a la causa penal 35/2006, el 10 de diciembre de 2018.

Juana Hilda González Lomelí, arraigada desde el 13 de enero de 2006, fue torturada y abusada sexualmente por los agentes ministeriales Fermín Ubaldo Cruz y Braulio Robles Zúñiga. Dos días antes, su hermano había sido golpeado severamente y hospitalizado. Fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión y cuatro mil 292 días de multa.

 

Pese a las torturas, no se han declarado culpables

En reportajes de Los Ángeles Press, publicados desde el 31 de mayo de 2014, destacan los testimonios de quienes -pese a la tortura- no se han declarado culpables ni han sido sentenciados: Brenda Quevedo Cruz, torturada en dos ocasiones con violencia sexual por agentes ministeriales, entre ellos Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez, lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Jael Malangón Uscanga detenido de manera arbitraria e ilegal 13 años en prisión sin sentencia, se le “sembró” evidencia para ser aprehendido y fue arraigado junto con su esposa por 90 días. Posteriormente, se le incriminó en otro secuestro para fundamentar que la supuesta banda tenía otras actividades ilícitas y de esta manera calificar el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda como un hecho de crimen organizado. Ha sido torturado en varias ocasiones y atacado bajo la consigna de que “No es personal, pero me pagan bien por hacerlo”.

Albert Castillo Cruz, víctima de tortura, detenido arbitraria e ilegalmente el 7 de marzo de 2006 lleva 13 años preso con una sentencia de 93 años y seis meses de prisión. Se le impuso una multa de siete mil 775 días, por secuestro y delincuencia organizada. Dio su testimonio a Lizárraga, para exponer su caso en el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, el 18 de agosto de 2018.

Fui flanqueado por sombras anómalas, fui devorado por las fauces de la apatía social, he sido azotado por los látigos de la corrupción y condenado a usanzas de la inquisición. Sin vivirlo, no sería capaz de vislumbrar la grandeza de mi creador, quien día a día me demuestra que mi ímpetu, la fortaleza que me mantiene impertérrito ante el dragón de siete cabezas es infinito; porque él soy yo, y yo soy él; no importan las calamidades que acompañen, la condena, aquí estoy, de pie, lleno hasta el fin de los tiempos, domino mi camino, dueño de mi destino, para decirles que soy un hombre inocente.

Tony Castillo Cruz, torturado, detenido de manera arbitraria e ilegal se presentó voluntariamente ante la autoridad al saber que su hermano estaba detenido. Deseaba aclarar que no participaron en el presunto secuestro, que la acusación era falsa y que solo eran conocidos de César Freyre Morales. Tony Castillo, sin embargo, fue sentenciado a 93 años y seis meses de prisión y se le impuso una multa de siete mil 775 días, por secuestro y delincuencia organizada.

¿Hugo Alberto está vivo?

Laura Domínguez (La mejor amiga) tuvo múltiples encuentros con Hugo Alberto en 2007, misma fecha de su declaración. Fue amenazada y se desistió a corroborar su información. Sin embargo, esta información fue ratificada por su pareja sentimental, el investigador privado José Luis Moya Moya.

Hugo Alberto Miranda Torres, nombre de su doble identidad oficial, tiene registro vigente ante el SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave MITH691012T64, mientras que su registro como Wallace Miranda es WAMH6910123V8.

Ante la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación. El CURP de Wallace Miranda, con fecha de inscripción del 13 de septiembre de 1999, lleva la clave WAMH691012HMCLRG01, y la entidad del registro dice México; mientras que el de Miranda Torres con fecha de inscripción en el 24 de febrero de 2010, cinco años después de su supuesta muerte, tiene la clave MITH691012HDFRRG05 y la inscripción fue en el Distrito Federal.

La tarjeta de crédito de Hugo Alberto fue utilizada 9 días después de su muerte para hacer una compra en Liverpool, y su madre nunca pidió el video de la tienda para saber quién había hecho la compra. Las tarjetas de Hugo tampoco fueron canceladas.

La burla a la sociedad

En 2010, mientras Genaro García Luna recibe la medalla al mérito por el presidente colombiano Juan Manuel Luna Santos, en reconocimiento a la lucha de Felipe Calderón contra el crimen organizado, Isabel Miranda Torres “La Wallace” recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos, de manos del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, resaltando su labor en el combate al secuestro y a las víctimas, como “prueba indiscutible del enorme poder que tiene la ciudadanía”.

A “La Wallace” se le da voz en diferentes medios como, Radio Fórmula, Uno TV, Televisa, TV Azteca, Aristegui Noticias, Excélsior, El Universal, entre muchos otros, con la manipulación y una falsa bandera de víctima.

¿Qué gana Isabel Miranda con el falso secuestro de su hijo?

La ambición y la sed de poder es tal, que el encumbramiento por una falsa causa es en beneplácito a su codicia para obtener beneficios económicos y políticos. Influencia, poder económico y político es lo que sigue ganando.

Sus represalias

La autora del libro El falso Caso Wallace y de 82 reportajes y notas sobre este tema, Guadalupe Lizárraga, ha sufrido dos intentos de secuestro y amenazas por parte de Isabel Miranda Torres y de la diputada de MORENA, María de los Ángeles Huerta, que se alió en su favor después de realizar el foro sobre fabricación de culpables, en la Cámara de diputados, el 5 y 6 de noviembre de 2018.

Ámbar Treviño Pérez, abogada defensora fue detenida, acusada de falsificación de documentos, responsabilidad profesional y delincuencia organizada con finalidad de cometer secuestro. Meses después fue exonerada.

Luis Miguel Ipiña Doña, escritor vasco, autor de “Cárcel de mujeres”, estuvo en prisión con falsas acusaciones por Isabel Miranda. Los acosos constantes contra Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo, de Giel Meza, activista de derechos humanos, y de María Guadalupe Vicencio Sánchez, activista que increpó a Miranda en una marcha. También difamó a los periodistas Anabel Hernández, José Reveles y Patricia Barba Ávila, que se difundían elementos sobre la falsedad del caso.

En un falso secuestro, donde no hay ni cuerpo, ni cadáver, ni arma, ni sierra, ni huellas dactilares, existen pruebas contundentes de tortura, de violaciones flagrantes a los derechos humanos, acusaciones falsas sin coherencia cronológica, contradicción en declaraciones es muy importante hacer justicia y liberar de inmediato a las víctimas de este ser abominable llamado Isabel Miranda Torres “La Wallace”.

Hasta el día de hoy, la periodista Guadalupe Lizárraga ha tenido acercamientos con el nuevo gobierno siendo recibida por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien el 12 de diciembre de 2018, dio la instrucción de que se abriera el expediente para la investigación penal del caso Wallace.

En conclusión: Una mentalidad sociópata daña el tejido social, pisotea, y se le dan las facilidades para actuar de manera impune. Esta señora merece un castigo ejemplar y pagar por los daños generados. No es venganza lo que se pide, solo es justicia.

Agradezco las facilidades otorgadas por Guadalupe Lizárraga y el apoyo de losangelespress.org para la elaboración de este artículo con el fin de informar a la opinión pública.

 

Fuente: LaOrquesta.mx

Enrique Domínguez Gutiérrez

Enrique Domínguez Gutiérrez. Diseñador Industrial. Posgrado en Diseño de mobiliario y Maestría en Gestión y diseño del producto. Columnista en laorquesta.com.mx Aficiones: Astronomía, lectura, viajar, escritor de relatos, ensayos y vuelos mentales. Pintura, talla en madera y escultura. Comparto lugares de residencia entre la CDMX y San Luis Potosí. Intereses: la investigación, reflexión y el análisis. Me gusta adentrarme en la problemática de las personas en situación de vulnerabilidad, la incomprensión de las minorías.
Enrique Domínguez Gutiérrez

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