La dignidad perdida del Estado frente al caso Wallace

 

 Guadalupe Lizárraga

Cuando se vulnera la dignidad de otros seres humanos, dañamos también nuestra propia dignidad, nos recuerda Peter Bieri, en La dignidad humana. La afirmación me lleva a pensar en el caso Wallace y en su red de servidores públicos que por mera codicia han sido cómplices de la aberrante fabricación de culpables en México.

Hace un año, el 29 de marzo de 2019, expuse la falsedad del caso Wallace en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por mi voz, escuchó de la persecución desatada contra mi persona de parte de Isabel Miranda Torres después de revelar por años la fabricación de pruebas en el falso secuestro de su hijo Hugo Alberto. También escuchó de las amenazas que recibí en mis redes sociales de la diputada federal de MORENA, María de los Ángeles Huerta del Río, para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda ni de su hijo en el foro que organicé en la Cámara de diputados sobre el tema.

En esa ocasión, López Obrador fue receptivo y dio la instrucción a sus subordinados que se atendiera el caso, especialmente por los riesgos que yo enfrentaba como periodista. Sin embargo, ha pasado un año y las víctimas siguen en prisión injusta con la esperanza en un hilo, toreando las embestidas de Miranda, y el disimulo de las autoridades. Hace más de un año, puse las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por la fabricación del secuestro de su hijo y por secuestro en grado tentativa contra mí en dos ocasiones. El fiscal Gertz Manero confirmó al presidente mis denuncias y dijo que se encontraba en etapa inicial la investigación contra Miranda. Incluso, me presenté varias veces con el fiscal para darle seguimiento a la información que aportaba, y presenté a la fiscalía y al Senado al padre biológico de Hugo Alberto, así como las evidencias de la fabricación de pruebas, dando él el testimonio de cómo lo obligaron a aportar una muestra de sangre. Di a los medios de comunicación los nombres de los agentes del Ministerio Público que trabajaron al servicio de Miranda para torturar, violar y hostigar a las víctimas con el fin de que se inculparan. Y sin embargo, el Estado ha sido sordo, ciego y cínico ante la contundencia de la farsa. Un estado que ha perdido su dignidad.

Los medios, de igual manera. ¿Qué dignidad puede tener el dueño del periódico El Universal al vender sus espacios a una torturadora que paga lo que sea para sostener la farsa del hijo secuestrado? ¿Qué dignidad puede tener un periodista que vende su nombre para legitimar la mentira a sabiendas que va la vida de otras personas? Da lo mismo que se llame Ciro Gómez Leyva que Anabel Hernández García, ambos han sido parte de la fabricación y del sufrimiento de muchas personas inocentes, además de las víctimas de Miranda, y ambos reciben aplausos por su inmoralidad.

El Universal no sólo fue constante en el apoyo al narcotraficante Genaro García Luna, quien junto con Isabel Miranda hizo de México un botín. También el diario puso a su reportera Icela Laguna, al servicio de la criminal de derechos humanos y exhibieron a personas inocentes como los peores delincuentes sólo por capricho de Miranda. Icela y Anabel se han mostrado como íntimas amigas, se citan en sus textos una a otra, y reproducen sin ningún pudor ético la información de los expedientes fabricados de los agentes del Ministerio Público al servicio también de Isabel Miranda. Eso, desde 2006. Y en los libros de Anabel, desde 2010. Pero lo más sorprendente es que en 2020, diez años después y con un supuesto cambio de régimen, la titular de la Agencia del Estado Notimex, Sanjuana Martínez, dé voz a Isabel Miranda como la única verdad, y dé trato de escoria a las verdaderas víctimas. ¿Qué dignidad puede tener una funcionaria pública como Martínez, servil a la criminal de derechos humanos por pura codicia y complicidad?

¿Qué dignidad pueden tener los funcionarios que usan nuestros recursos públicos para favorecer la inmoralidad de los macabros despropósitos de Isabel Miranda como lo hicieron con los de García Luna? ¿Qué dignidad puede tener un agente ministerial que le pagan para que viole sexualmente a los internos en prisión y luego en su casa llega a abrazar a su mujer y a sus hijos? ¿Qué dignidad puede tener un juez que cierra los ojos a la justicia por dinero? ¿Un abogado que simula actos jurídicos a cambio de varios millones de pesos como lo hizo el abogado José Patiño, recomendado por la asociación canadiense En Vero? ¿Cómo es posible que el Estado mexicano siga siendo la fuente de aberración en la fabricación de culpables y cobre años de vida de miles de personas inocentes a costa de la avaricia de unos cuantos?

Luchar contra el caso Wallace es luchar contra la crueldad y la corrupción del Estado. Un estado que fue secuestrado desde la administración de Fox, tiempo en el que crearon la farsa del secuestro Wallace, y consolidada en la administración de Calderón. Pero hoy, en la administración de AMLO, y con las contundentes evidencias de la falsedad del caso, las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y el deterioro de su salud, sólo puede pensarse que el Estado no ha logrado su liberación. Se trata de un poder judicial que dicta sentencias acordes a los beneficios económicos ofrecidos por los victimarios. Un poder legislativo que se vuelve cómplice por su silencio y simulación de cambio. Un poder Ejecutivo que no hace valer su palabra y tolera las indignidades de sus propios servidores públicos. Una sociedad cómplice por su tolerancia. Un Estado, pues, que ha perdido su dignidad.

Recientemente, un juez señaló como improcedente la libertad de George Khoury Layón, víctima del caso Wallace, pese a la petición de la Naciones Unidas después de investigar el caso y determinar que es inocente y que sus derechos humanos fueron violados. Otro juez negó beneficios básicos a las víctimas en respuesta a las compensaciones inmorales de Miranda. A César Freyre Morales de nueva cuenta le filtran llamadas telefónicas y le dan trato de “peligroso criminal”, y las torturas sufridas hasta 2017 para que se incriminara por la farsa Wallace son tomadas con toda normalidad por el Estado mexicano. Servidores públicos siguen desviando o copiado la correspondencia en los penales, los custodios siguen dando trato vejatorio a los internos, los medios y periodistas siguen haciendo eco de las calumnias a los culpables fabricados. Y sin embargo, todos –en México– ya saben que el caso Wallace es la gran farsa sostenida por el dinero mal habido de Isabel Miranda Torres; pero la entelequia llamada Estado sigue movida por los mismos actos inmorales de la corrupción y la codicia a costa de las vidas de las víctimas.

El mismo presidente López Obrador se refirió a la injusticia que viven las víctimas de fabricación de culpables como “secuestro de Estado”, reconoció que las violaciones de derechos humanos podrían incurrir en delitos de lesa humanidad, como es la detención arbitraria, tortura, violación y encarcelamiento injusto. El presidente lo ha reconocido en las cinco veces que le he expuesto de una u otra forma la situación de las personas en prisión injusta. No obstante, el problema persiste: la profunda fractura del Estado de derecho, y la falta de dignidad de un Estado que no termina de levantarse.

One thought on “La dignidad perdida del Estado frente al caso Wallace

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *