CIDH condena uso desproporcionado de la violencia en Perú
Miembros de la CIDH durante su visita a Perú en enero de 2023
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El reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena en seis ocasiones el uso de la fuerza
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Llama a que se investiguen las 57 muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Hoy miércoles 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en su sede de Washington, DC, un reporte sobre la situación que observó en materia de respeto a los derechos humanos en el contexto de las protestas que acompañaron a la caída del gobierno de Pedro Castillo y la instalación del actual gobierno de Dina Boluarte, desde principios de diciembre de 2022 y hasta mediados de enero de 2023.
El reporte, cuyo texto completo está disponible aquí, detalla una serie de violaciones graves a los derechos humanos de los peruanos que agravaron problemas estructurales asociados a la marginación de comunidades enteras que se perciben a sí mismas como excluidas de los procesos de deliberación y toma de decisiones en Perú.
La CIDH enfatiza la existencia de una “fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina”, así como “una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales”, que acompañaron la crisis política que derivó en la renuncia y posterior proceso judicial al ahora expresidente Castillo.
De manera más precisa, el párrafo número 292 del reporte dice:
La CIDH constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población.
En ese sentido, el documento advierte sobre un “uso indiscriminado de la fuerza” en seis de sus párrafos. En el 160 dice:
"La Comisión también condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano. Además, enfatiza en la urgencia de adoptar políticas integrales de seguridad ciudadana que prevengan y combatan el uso de criterios discriminatorios en acciones de seguridad, en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación".
Más adelante, en el 173 condena “los hechos acaecidos en Juliaca e insta a que las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Asimismo, rechaza los hechos de violencia que tuvieron lugar en el marco de las protestas. Corresponde a las autoridades competentes realizar investigaciones exhaustivas para determinar los autores materiales e intelectuales responsables de estos hechos.”
La CIDH, sin embargo, concluye ese párrafo con una segunda crítica sobre el uso de la fuerza cuando dice: “Sin perjuicio de las determinaciones judiciales a que haya lugar, se recibieron con extrema preocupación denuncias sobre el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado.”
La masacre de Juliaca, en que murieron al menos 18 personas y otras 100 resultaron heridas, es clave en la crítica contenida en el párrafo número 178 que señala:
"De la información recibida, la CIDH observa que en los sucesos violentos de Juliaca se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas. Como fuera indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto de Juliaca, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos. No obstante, reitera que, respecto del uso de la fuerza, no puede trazarse una línea divisoria nítida entre armamento letal y menos letal, pues casi todo uso de la fuerza contra la persona humana puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a la pérdida de vidas o lesiones graves".
En el 180 lamenta la pérdida de vidas y condena, por tercera vez “el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, e insta una investigación urgente”.
En el 289 estima que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.
Portada del reporte publicado hoy por la CIDH.
De entre todos los lugares donde hubo conflictos, la CIDH destaca lo ocurrido, además de Juliaca, en Lima, Ica, Arequipa y Cusco. Ahí considera, que “la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza (énfasis de Los Angeles Press). Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados.
Por último, en el 291 señala respecto de uno de los epicentros de la protesta social, la ciudad de Juliaca, 840 kilómetros al sureste de Lima, en las inmediaciones del Lago Titicaca, muy cerca de la frontera con Bolivia:
"En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas. Como fuera indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como las así llamadas avellanas".
El documento concluye con un total de 36 recomendaciones agrupadas en siete conjuntos relativos al A. Diálogo y la superación de la crisis (p. 102), B. Seguridad ciudadana (p. 102), C. Reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos (p. 103), D. Lucha contra la impunidad (p. 104), E. Institucionalidad democrática (p. 105), F. Libertad de expresión, reunión y asociación (p. 105) y G. Otras (p. 107).
De las más notables son las recomendaciones sobre la libertad de expresión, pues Perú es uno de los países con las leyes más severas contra los periodistas que ejercen su derecho a informar.
El 17 de abril de este año, diversos diarios de Hispanoamérica publicaron un artículo firmado por Mario Vargas Llosa que da cuenta del hostigamiento que la orden religiosa del Sodalicio de Vida Cristiana, fundada por los depredadores sexuales y pederastas Luis Fernando Figari y Germán Doig (ya finado), ejerce contra la periodista Paola Ugaz.
Llamado a Investigar
El documento de la CIDH no constituye un juicio por sí mismo. Es una invitación a que las autoridades peruanas conduzcan por su cuenta una investigación exhaustiva de la masacre de Juliaca y de otros hechos violentos ocurridos en las últimas tres semanas de 2022 y las primeras tres de 2023.
El documento va acompañado de un listado anexo que detalla los nombres de 57 personas que fallecieron en el contexto de las movilizaciones (pp. 109-111). En ese listado sólo una persona es identificada como policía José Luis Soncco Quispe de 29 años, de Juliaca. Las otras 56 fueron civiles, de los cuales once fallecieron en accidentes de tránsito o de otro tipo.
A pesar de la mesura del documento de la CIDH que, en concreto sólo llama a que las autoridades peruanas investiguen, sectores de la derecha peruana hicieron encendidos llamados a que Dina Boluarte saque a Perú del llamado Pacto de San José, que es el instrumento que trata de ofrecer garantías para el respeto a los derechos humanos en el hemisferio occidental.
