La Suprema Corte aplaza la resolución sobre las fosas de San Fernando

San Fernando, Tamaulipas / FOTO: Pepe Jiménez
San Fernando, Tamaulipas / FOTO: Pepe Jiménez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa uno de los casos más dramáticos de violaciones a derechos humanos en la historia reciente de México: la aparición de decenas de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. ¿Es buena noticia? Tal vez no. La sentencia que se propone votar se queda a la mitad del camino que las víctimas necesitan y, peor, mantiene en el limbo la responsabilidad de la PGR en sus deficientes investigaciones sobre el caso.

Daniela Rea

SAN FERNANDO, Tamaulipas.- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la resolución del amparo que familiares de personas cuyos cuerpos habrían sido identificados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, interpusieron en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por la posible cremación de restos y por el no reconocimiento de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

El amparo 382/2015 fue interpuesto por Bertila Parada de Osorio, otra víctima hermana de uno de los migrantes identificados, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). Sin embargo, debido a que el ministro ponente del caso, Jorge Pardo Rebolledo, fue comisionado a otras causas, no pudo asistir a la Sala y la resolución quedó aplazada, sin fecha prevista.

Los ministros deberán resolver entre otras cosas, si las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas en el año 2011 –que sumaron 47 fosas con 193 cuerpos– se consideran una grave violación a los derechos humanos, si se reconoce a Bertila y a la otra quejosa como víctimas de graves violaciones a derechos humanos (desaparición forzada), si se investiga la presunta orden de que se incineraran restos encontrados en esas fosas –contrario a los procedimientos judiciales y a los derechos de las víctimas-, y si se reconoce el interés legítimo de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho en el proceso judicial.

“Este es uno de los primeros casos donde se tocan casos de desaparición forzada, frente a restos sin identificar, enmarcados en graves violaciones a los derechos humanos y a víctimas migrantes, que deberían tener un estándar mayor de protección por la vulnerabilidad que enfrentan en su tránsito por México”, dijo Ana Lorena Delgadillo, abogada de la Fundación.

“La Corte va a revisar la pertinencia de la fragmentación de un caso en competencia local y federal, sobre todo cómo eso afecta en el acceso a la justicia de las víctimas. Además la Corte debiera evaluar cuáles son los límites, los retos que enfrenta un juicio de amparo cuando la víctima está en otro país”.

En mayo del 2013, las salvadoreñas Bertila y la otra mujer, acompañadas por la FJEDD, presentaron un amparo en contra de la PGR por varias deficiencias en la investigación de las fosas de San Fernando.

Cuerpos encontrados el 27 de marzo de 2011 en San Fernando, Tamaulipas
Cuerpos encontrados el 27 de marzo de 2011 en San Fernando, Tamaulipas

Entre los argumentos de las mujeres estaban: la posible incineración de los restos, que la PGR no las reconoció como víctimas por la desaparición, asesinato o posible ejecución de sus familiares Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, y por lo tanto no reconoció sus derechos; también se quejaron de la violación al derecho a no sufrir tortura o malos tratos como consecuencia de negar derechos e información como víctimas de desaparición forzada; de la violación al derecho a la verdad por no tener información certera sobre la identificación de sus familiares y la afectación al derecho a la verdad que reclamó la Fundación para acceder a investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos.

El caso llegó a la primera sala de la SCJN a manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El primer borrador del proyecto del Ministro está disponible en internet y a partir de ese documento la Fundación expresó su preocupación por la orientación que éste plantea:

En primer lugar, porque en él no se reconoce la condición de migrantes de las víctimas, lo que tiene mayor impacto en cuanto al acceso a la justicia, reparación y verdad; que el caso no se reconozca como una grave violación a los derechos humanos; que las quejosas no sean reconocidas como víctimas de la desaparición forzada de sus familiares; que no se reconozca el derecho a la verdad; que no se revisen las consecuencias de un trabajo pericial deficiente y que la carga de la prueba recaiga en las quejosas.

“También nos preocupa que no se reconozca el interés legítimo de la Fundación, siendo que se trata de una grave violación a los derechos humanos”, expresó Delgadillo.

Desde que comenzó la investigación de estos casos la Fundación ha reclamado a las instituciones como la PGR y el IFAI que se reconozcan como grave violación a los derechos humanos y el daño colectivo que generan.

“Estos crímenes ocurrieron en un contexto de generalidad y sistematicidad de crímenes cometidos contra personas migrantes, y en lo específico en estos hechos participaron agentes y funcionarios del Estado mexicano, entre ellos varios policías”, expuso la Fundación en su alegato a la SCJN.

“Cuando se presentan este tipo de grave violaciones, los estados deberán garantizar tanto el conocimiento de la verdad acerca de los acontecimientos como la participación en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y también a toda persona u organización que tenga un interés legítimo en el proceso”, agregó.

Ana Lorena Delgadillo reconoció que el proyecto del Ministro Pardo Rebolledo sí exige que se otorgue una copia del expediente a la víctima, lo que había negado la PGR desde el inicio del proceso, y que se reconoce el carácter de víctima de las quejosas, aunque es de manera parcial.

Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx

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