Ley de Extranjería, a discreción del nuevo gobierno español

La ley de Extranjería debería de responder a una normativa estratégica y adecuada para proteger a quienes se han desplazado masivamente de sus países de origen con el fin de salvar sus vidas: CEAR

Por Guadalupe Lizárraga

Foto: Rodolfo Buaiz

Los inmigrantes vuelven al temor de ser expulsados en España. El nuevo gobierno del Partido Popular representa para ellos la amenaza de revertir los tímidos avances en materia de inmigración que se impulsaron con el gobierno anterior encabezado por el PSOE. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) así lo manifesta en su reporte 2011, en el que convoca al gobierno a conducirse con apego al derecho internacional en protección de los miles de desplazados que se están internando en España, debido a las reacciones violentas de los gobiernos en África del norte y Medio Oriente ante los levantamientos de la población por conseguir mayores libertades.

Para quienes llevan tres años viviendo en España, han tenido la opción de regularizar su estatus migratorio de acuerdo al Reglamento de la Ley de Extranjería (aprobada en 2009 y en vigor desde el 30 de junio). Sin embargo, no podrán hacerlo si entraron de manera ilegal al país, si no han acreditado su arraigo social tras residir tres años sin salir, y si no cuentan con un contrato de trabajo en el momento de solicitar su legalización.

CEAR sostiene que hay una necesidad de crear una normativa estratégica y adecuada en España al margen de cualquier partido político, y que “las leyes de Extranjería no deberían de ser el resultado discrecional y oportunista de un gobierno”. Así lo establece en su reporte de 2011, y alerta sobre “la relevancia de los desplazados por los levantamientos del norte de África y Oriente Medio, donde los gobiernos han reaccionado con violencia y causado miles de muertos y heridos”.

La organización relaciona directamente la represión de los gobiernos con la afluencia masiva hacia el interior de España, “entre unos 700 mil y un millón de desplazados, miles de libios y tunecinos, que tienen derecho a recibir protección y asilo en un estado seguro”, como lo señala el régimen de protección temporal español, según el Real Decreto 1325/2003/24 de octubre, apunta el reporte.

Quienes ya eran refugiados en Libia, Siria, Túnez  o Egipto, han tenido que salir de nueva cuenta a buscar asilo para resguardar sus vidas, afirma CEAR, y el escenario es más complicado porque se enfrentan a reacciones racistas en las ciudades receptoras, y son detenidos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). “El hecho mismo de encerrar a una persona por haber emigrado para salvar su vida es inaceptable”, opina la responsable del área de incidencia política de CEAR, Salva Lacruz, quien calificó a esos centros como “agujeros del Estado de derecho”.

El reporte de CEAR también aborda la situación de los centros en Madrid, Valencia y Málaga, como los casos más graves de racismo, donde inmigrantes fueron víctimas de tortura. Pero también hizo un llamado al gobierno español ha reconsiderar la petición de visado para los ciudadanos sirios y libios por su derecho internacional a recibir protección de un estado seguro.

A los extranjeros que se encuentran en situación irregular se les priva de libertad en estos centros hasta por 60 días por carecer de documentación de residencia. La falta administrativa de acuerdo a las leyes españolas es equiparable a no portar la licencia de conducir mientras se circula en su auto.

Con información de IPS

Reporte de 2011, CEAR:

http://bit.ly/s2u282

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