Los presos políticos de Peña Nieto o la normalización de su violencia

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Guadalupe Lizárraga

Esta Navidad varias decenas de familias mexicanas no podrá ser felices con plenitud porque tienen a un ser querido en la cárcel sin que hubieran cometido un delito. Son los presos políticos de Peña Nieto en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero.

Fui invitada a participar en el programa radiofónico en la red de la periodista Patricia Barba en la Nueva República. Uno de los temas por los que fuimos convocados fue el de las policías comunitarias y el encarcelamiento injustificado de Nestora Salgado García, presa política del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre los participantes se apuntaló la conversación hacia la necesidad de unir a los mexicanos para rescatar a la nación o para formar un gran frente de resistencia contra “el sistema”, como se suele decir al conjunto de autoridades que manipulan e imponen leyes que contravienen el interés público. Pese a que el encuentro de reflexiones derivó en una discusión sobre las congruencias o incongruencias de AMLO en su trayectoria política y si MORENA llenaba o no las expectativas éticas de la lucha de hoy, se pusieron de relieve varios puntos relevantes que es necesario detenernos en ello para saber qué posibilidades tenemos aún como nación.

Alberto Ramírez dio la pauta en el plano del Estado. “Los tres poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han renunciado a ejercer su poder, a cambio de someterse al sistema que paga su decisión”. Y Ramírez hizo referencia a los jueces que ganan 600 mil pesos mensuales (USD $46,153.00). Esto significa políticamente que tenemos un estado secuestrado por una mafia que recurre al erario para pagar la sumisión de los poderes ante el secuestro.

Ciertamente, el poder público que estratégicamente sostiene a un Estado es el poder judicial. Sin embargo en México, al estar inundado en corrupción y sometimiento al Ejecutivo, siguiendo el patrón conductual del presidencialismo autoritario de antaño, es un comodín de la mafia en el poder para manipular el sistema de Justicia a discreción en beneficio de intereses particulares. El poder Legislativo, por menos recursos hace lo mismo. Se podría ver también como una especie de privatización de la Justicia, como se viene haciendo con los recursos naturales. Quien tiene poder político y acceso al erario, lleva la ventaja sobre los vulnerables del sistema: indígenas, mujeres y pobres.

Peña Nieto y su secretario de Gobernación, adicionalmente, se han dado a la tarea de suspender garantías constitucionales de personas que participan en grupos de oposición política a su gobierno, o que intentan protegerse del crimen organizado tolerado por las mismas autoridades. Éste es el caso de las entidades mencionadas al inicio de este texto. Si ponemos atención en ello, vemos el caso de Nestora Salgado en Guerrero, una líder comunitaria que fue detenida utilizando las fuerzas armadas y sin mediar ningún delito, lleva cuatro meses encarcelada sin que se le permita ver a un abogado.

Con el afán de controlar políticamente y bloquear la pronta salida de Nestora, no falta la intromisión perniciosa de serviles del gobierno de Peña Nieto como la diputada Luisa Ayala Mondragón, que haciendo alarde de sus influencias políticas a nivel local, manipula a la hermana de Nestora, y logra sacar de la defensa al abogado Vidulfo Rosales, de la organización independiente de Tlachinollan. La diputada Ayala, quien también fue titular de la presidencia municipal de Olinalá, con una trayectoria nada transparente en su gestión pública, ha entorpecido la defensa de la líder comunitaria, en un momento clave como es la apelación de la que se tenía fecha para el 15 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

A cambio, insiste la diputada Ayala con siglas usurpadas de la izquierda, en meter al abogado Francisco Montesinos, quien sin experiencia en la defensa de los derechos humanos y por tanto con presumible falta de ética profesional acepta sustituir al abogado de Tlachinollan.

¿Quién paga a Francisco Montesinos para que simule la defensa de Nestora Salgado? Es algo que el mismo abogado niega confesar a José Luis Ávila Báez, esposo de Nestora, sorprendido por el cambio de abogados sin su consentimiento. Cuando se le informó a Ávila Báez, le dijeron que había sido decisión de Nestora Salgado, con quien no tiene comunicación telefónica porque a ella sólo le permiten llamar a un número de teléfono y es el de su hija en Olinalá. Cuando ésta le pregunta a su madre si ella había autorizado el cambio de abogado, Nestora niega haberlo hecho, pero ya se había obstaculizado a Vidulfo Rosales.

Al igual que Nestora Salgado, el policía comunitario de Tixtla Gonzalo Molina está sin defensa legal. Fue internado en el penal de Miahuatlán, sin una orden judicial, sin un expediente sobre la denuncia que pesa sobre él, y sin un abogado que lo represente. Las autoridades del penal le dictaron un castigo por 74 días, supuestamente por organizar un motín (del que ya hubo otro un interno responsable de ello) y le negaron la visita de su esposa Ausencia Honorato. Una mujer humilde, pero de firme decisión, que logró la ayuda de un grupo de activistas zapatistas, quienes la pusieron en contacto con un abogado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, para que pudiera ver a su esposo encarcelado por casi dos meses. En condiciones también similares se encuentra Arturo Campos, y 13 detenidos más de los que no sabemos con precisión sus nombres en las diferentes cárceles de Guerrero y algunas prisiones federales porque niegan esa información las autoridades.

Estos casos son sólo una pequeña muestra de lo que está pasando en México con el gobierno de Peña Nieto, y con el sistema de Justicia. Un gobierno impuesto que está militarizando comunidades indígenas, que opera con el narcotráfico en términos comerciales, y que decide suspender las garantías constitucionales de los más vulnerables por buscar protegerse de los criminales. Con menos abusos, hace treinta años se les identificaba a este tipo de estados-nación como dictaduras.

No obstante, llama la atención que hoy periodistas y analistas, identifiquen esta época de necesaria resistencia como parte de la normalidad de un país que “con cierta inestabilidad” pretende seguir la simulación de un sistema de partidos para imponer un gobierno y la simulación de un sistema de poderes públicos para depredar a la ciudadanía.

En la conversación con los colegas convocados por Patricia Barba, a quien felicito por crear ese espacio de libertad por internet, más que discutir sobre la necesidad de incluir a un “todos” en el rescate de México, considero que primero debemos saber dónde estamos parados. ¿Para qué queremos a todas las izquierdas juntas o a todo el pueblo, si no sabemos ni siquiera de quién cuidarnos?

¿Realmente la unión de víctimas y victimarios, de mercenarios y vulnerables, de poderosos y sumisos, de izquierdas y simuladores va a hacer posible la reconstrucción de la nación? Yo no lo creo, y considero la diferencia importante. No deberíamos de ver como normal que un país, que formalmente se autoidentifica como democracia, tenga presos políticos. No debería ser normal que nos resulte indiferente. No debería de ser desplazada esa discusión en ningún foro libre por discutir la viabilidad de la “vía electoral” o el partido que pudiera simular un cambio. Lo recordó Patricia Barba: el IFE, instalado por Salinas de Gortari desde finales de los 80, ha sido el brazo legitimador de los fraudes electorales cada sexenio que contribuye a disfrazar el estado autoritario de democrático.

Y lo vemos hoy en uno de los puntos más quebrados de los derechos constitucionales: los presos políticos que se oponen al gobierno. Cada preso político hoy representa un atropello a una familia mexicana que ha demostrado su consciencia y compromiso público. Cada preso político es una falla del Estado mexicano. Cada preso político es un crimen de derechos humanos de Enrique Peña Nieto. Nada de esto debería ser “normalizado”, callado, o ignorado. Es parte de la resistencia de los medios libres que se abren espacio entre tanta ignominia política.

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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