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MÉXICO

Mentiras y violencia contra sus hijas: la otra historia de la activista Kika Flores

La vida de Nicteha Flores, entre mentiras y violencia doméstica hacia sus hijas

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Por Guadalupe Lizárraga

Erika Nicteha Flores Gutiérrez, conocida en el Estado de México como Activista Kika Flores, se presentó recientemente en entrevistas y redes sociales como madre de una joven asesinada y propietaria de la Fundación Iris, refugio para niñas y niños, víctimas de violencia sexual. Fue una de las convocantes a la toma de las instalaciones de los organismos de derechos humanos de Ecatepec y Ciudad de México, apenas un mes después de la misteriosa muerte de su hija Fátima Chacón Flores, a los 16 años, a quien dijo no haber podido velar por “culpa del Covid”, según su post, y le habían entregado los restos cremados.

La convocatoria de Kika Flores para tomar las instalaciones de las comisiones de derechos humanos inició el 6 de septiembre de 2020, con un sin número de compartidas en Facebook, y la principal difusión fue por activos de FRENA, Movimiento AntiAMLO, dirigido por Gilberto de Jesús Lozano. El objetivo era destituir a las funcionarias públicas Grisel Barrientos, directora del Instituto Municipal de la Mujer, a Sandra Pacheco, de la Fiscalía de Género y a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Después de la toma y quema de las oficinas de Ecatepec, el 11 de septiembre, y de las denuncias por represión de policías estatales, el 14 de septiembre, las activistas se movilizaron en mensajes privados para retirar los mensajes de Kika Flores en los que convocaba al evento. La instrucción era retirar la evidencia de su convocatoria en las redes.

En entrevista radiofónica con Paola Rojas sobre la represión policial denunciada después de la toma de las comisiones de derechos humanos, la conductora de noticias enfatizó a la activista: “además estás embarazada”, y en las redes sociales se escribió que había sido golpeada en la detención por el fiscal de Atizapán, y que su embarazo era de ocho meses. Sin embargo, una fuente –de la que nos reservamos su identidad por el riesgo en que se encuentra– detalló a Los Ángeles Press sobre la simulación del embarazo de Kika Flores, y dijo que ella misma había comentado en un reducido grupo que se había ligado las trompas de Falopio para evitar otro embarazo. Pero “son los mismos miembros de FRENA los que difunden esa información de Kika”, apuntó.

 

Flores tiene seis hijos, y un nieto que adoptó de Fátima Chacón Flores, la hija fallecida a los 16 años, y que tuvo su hijo a los 12. El esposo de Kika, Alejandro Chacón, le quitó la custodia legal de sus hijos por abandono. Pero también Kika Flores demandó a su hija Fátima por maltrato al menor y abandono, y peleó la custodia de su nieto, ya hoy de dos años, de acuerdo con la siguiente evidencia.

Demanda de Erika Nicteha Flores a su hija menor de edad por maltrato abandono a su hijo.

“Nunca el gobierno nos ha apoyado en nada”

Además del nieto, Kika Flores tiene bajo su resguardo a otros tres niños, que estuvieron reportados como desaparecidos con la alerta Ámber en Ixtlahuaca, Estado de México. De acuerdo con su propia información, son los niños que llevó a la toma de las instalaciones de los organismos de derechos humanos. Flores señaló en la entrevista con Rojas que los niños habían sido víctimas de abuso, y los tenía en el refugio de la Fundación Iris para atenderlos.

Flores también destacó que nadie le ayudaba en su manutención ni a darles educación, y que el gobierno nunca la había ayudado en nada. La periodista insiste en la pregunta: “¿Ninguno de los tres niveles de gobierno?” Y Flores responde: “¡Ninguno!”. Sin embargo, entre las evidencias recabadas por Los Ángeles Press, existe un documento oficial del Gobierno de la Ciudad de México, durante el periodo de Enero a Diciembre de 2018, que se corrobora parte de la ayuda recibida por ser “víctima de derechos humanos”, con un monto de 30,300 pesos (1,450 dólares aproximadamente).

Sobre “los golpes a niños”

A pregunta de la conductora, Kika Flores señaló también que sus nietos fueron golpeados por los policías, el de un año, y el de tres (hijo de su hija fallecida). Lo mismo señaló en el caso de su hija Erika, que “fue golpeada por los policías cuando intervino para que no la golpearan a ella”. Los golpes que supuestamente recibió su hija Erika fueron “en las costillas y sangraba de las rodillas”.

Rojas preguntó sobre el caso de Fátima, fallecida hace un mes, si había avanzado en las investigaciones, y si era por lo que se encontraba en la toma de las instalaciones de la comisión de derechos humanos. Kika Flores, sin ninguna alteración emocional, negó que el motivo de su protesta fuera por el asesinato de su hija. Dijo que estaba pidiendo la destitución de la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Grisel Barrientos, a quien acusó de haber golpeado a Fátima, provocándole un supuesto aborto. En abril de 2019, fue grabada la trifulca en que supuestamente fue agredida la menor por la funcionaria, pero se observa en el video que fue la joven la agresora.

 

 Sobre la hija muerta

La historia de Fátima Chacón Flores tiene aristas misteriosas. Fue reportada como desaparecida el 10 de noviembre de 2018, cuando tenía 15 años, y se activó el alerta Ámber. Sin embargo, Fátima no sólo había sido demandada por su madre para quitarle la custodia de su hijo, sino además fue exhibida por ella en redes sociales como una joven con problemas de adicción inducida supuestamente por su padre y expuso fotografías de su nieto, aparentemente maltratado y con sangre en la nariz.

Los misterios de la desaparición de Fátima llaman la atención porque su madre Ericka Nicteha Flores ha tenido el apoyo de la senadora del PAN Rosi Orozco, entre otras políticas y activistas dedicadas al tema de la trata. La misma experiencia de Flores le ha valido reconocimiento público como derecho-humanista en la Cámara de diputados por defender presuntamente a menores víctimas de abuso sexual y tráfico. Sin embargo, siendo una activista de poder de convocatoria como recién lo demostró con la toma de instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, en la desaparición de su hija no emprendió acción alguna más allá del reporte de desaparecida y en ciertos medios.

Reportada como desaparecida el 2 de noviembre de 2018

En el transcurso del mes de agosto de 2020, en las redes sociales, Flores se ha referido a su hija con tres mensajes amorosos. No obstante, en mensajes privados con personas muy cercanas a Fátima revelaron el maltrato de la activista a su hija para retirarle la custodia del bebé, y cuestionaron el segundo embarazo de la adolescente de 15 años, después de haber sido reportada como desaparecida en 2018.

En el perfil de otra de las hijas de Kika Flores, Iris, le reclama “las mentiras” en las que las ha involucrado, incluso a sus nietos. Y le pide que le regrese el hijo a su hermana Fátima.

Exposición de su familia

Mensajes de despedida a Fátima

Después de señalar a su familia, Kika Flores ha publicado algunas notas amorosas dedicadas a su hija Fátima por su muerte, incluso explica que no la pudieron velar por “culpa del Covid”, poniendo en su red que la imagen de una veladora, un ramo de flores y una cajita. En uno de los mensajes, se refiere a su hija y a la pareja de su hija también como fallecido, y alude que ella cuidará de su hijo.

Reclamos de sus hijas

Una de las hermanas de Fátima Chacón, reclaman a su madre Kika Flores de mentir, de hacerles daño a los hijo sy a los nietos, y el abandono en el que las tuvo.

Mensaje fúnebre de Kika Flores a su hija, en contraste con el de personas cercanas a Fátima.

 

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MÉXICO

CDMX usará 2 fármacos contra el Covid-19

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Médicos de Institutos y Centros de Salud de la Ciudad de México se sumarán a los ensayos clínicos de dos medicamentos que serán evaluados en los pacientes con síntomas leves y moderados de Covid-19.

Los médicos capitalinos utilizarán el Mesilato de Camostat y la Artemisia Annua, por lo que México se suma a los países como Estados Unidos que prueban la eficacia de estos medicamentos contra el nuevo tipo de coronavirus.

Otras instituciones que participan en el protocolo son el Instituto Max Planck de Alemania, el Instituto Pasteur en Corea y la Universidad de Kentucky de Estados Unidos, las cuales analizan los resultados de estos fármacos en los pacientes con Covid-19.

José Gottes, encargado de la investigación, señaló que el tratamiento se aplicará sólo a los pacientes con síntomas leves o moderados y se basa únicamente en los medicamentos para reducir algunos de los problemas de salud, por lo que se tratan de un soporte para la mayoría de los pacientes con síntomas leves o moderados.

Ambos medicamentos fueron desarrollados en Japón para tratar la pancreatitis aguda, esofagitis y otras enfermedades, por lo que el Mesilato de Camostat bloquea la entrada viral celular del virus en las células epiteliales de las vías respiratorias humanas primarias.

Los investigadores en 2016 descubrieron que este medicamento impidió la fusión de la membrana celular con el virus MERS-COV, reportado por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y que se trata de un tipo de coronavirus, similar al SARS-COV-2, aunque es más letal pero menos contagioso.

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Fabricación de culpables

Calderón fabricó culpables con el Poder Judicial de la Federación: caso Sánchez Mayorga

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, víctima de fabricación de culpables por el Poder Judicial de la Federal

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Por Ignacio García

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, víctima de fabricación del delito de “beneficio de la explotación sexual” durante la administración de Felipe Calderón, denunció en un desplegado público que el ex mandatario utilizó al Poder Judicial de la Federación para fabricar culpables durante su gobierno en simulación de eficiencia policial, por lo que pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, a estos casos.

La denunciante señaló que por medio del expediente 30/2016-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México se abrió la averiguación en su contra el 19 de febrero de 2008. Fue María de los Ángeles Ocampo Allende, supuesta coordinadora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), quien inició el procedimiento, sin embargo, nunca demostró su identidad, aunado a que se le ordenó a Alicia González Cortés, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acumular averiguaciones previas por órdenes de la entonces diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco.

Enfatizó que la actual senadora Garza Ramírez, durante el gobierno de Calderón obtuvo puestos en la administración pública federal, contratos de adjudicación y licitación para sus familiares y la asignación de -al menos- cuatro inmuebles para sus fundaciones y asociaciones, como directivos de la asociación Casa sobre la Roca.

Agregó que la ex diputada federal Garza Ramírez conectó a Calderón con organizaciones religiosas en 2005, y una vez que arribó al gobierno federal fueron beneficiados con distintos cargos públicos, aunado a que aprovechó su organización para entregar premios a exgobernadores por su supuesto combate a la corrupción como a Eruviel Ávila y Javier Duarte, hoy procesado por desvío de recursos.

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga reiteró en el comunicado que Calderón había utilizado al Poder Judicial de la Federación para violar procesos penales como la detención ilegal y arbitraria, el incumplimiento en los requisitos para la valoración de pruebas, testigos aleccionados, actas circunstanciadas de cateo sin los requisitos legales, y enfatizó que en su caso no existió prueba alguna en su contra.

Estas acciones violatorias de los derechos humanos, añadió Sánchez Mayorga, fueron avaladas por la hoy Jueza Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Xucotzin Karla Montes Ortega, pues le dictó sentencia después de siete años de prisión preventiva, el 8 de mayo de 2020, quien presuntamente reconoció sólo las versiones de quienes se dicen las víctimas sin estar seguras de ello, aunado a las múltiples irregularidades que se presentaron en su proceso penal.

Afirmó que la jueza que le dictó sentencia mantiene una relación no profesional, calificándola de “consentida”, del magistrado Ricardo Paredes Calderón, pues acusó que no cuenta con la experiencia suficiente para desempeñarse como juzgadora y que obtuvo ese cargo por “influyentismo”.

Asimismo, acusó que la jueza viola sus derechos humanos, al padecer Covid-19 y no brindarle garantías de atención, aunado a los actos de tortura que ha padecido en su reclusión y su sentencia fue notificada tres meses después de haberse emitido.

Por ello, pidió la intervención del presidente de México para que su caso se resuelva conforme a la legalidad sin “influyentismo” ni obstáculos de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Sánchez Mayorga permanece recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México.

Desplegado público

“La máquina de culpables del expresidente Felipe Calderón fue el Poder Judicial de la Federación”

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, acudo ante usted, para rogarle su intervención, puesto que el gobierno de Felipe calderón y sus esbirros quienes fabricaban delitos para las estadísticas durante su mandato, fabricaron un delito en donde me afectaron, acreditando lo anterior, con las constancias que integran el expediente 30/2016-v, del índice del juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México; esto es así, puesto que la averiguación previa que a la postre fue ejercitada en mi contra, se inició el diecinueve de febrero de dos mil ocho, contra diversas personas, como en su caso lo fueron Gerardo Villareal Ramírez, Marco Antonio Torres Rosales, Cristina Margarita Narváez Medécigo y Arturo Pacheco Martínez, delito que fue denunciado por la licenciada María de los Ángeles Ocampo Allende, en su supuesto carácter de coordinadora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, de las constancias no se advierte documento alguno con el cual se acreditara la identidad con la que se ostentó, ni tampoco la personalidad que tenía para llevar a cabo denuncia alguna; además de que se le encomendó a la licenciada Alicia González Cortés, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, acumular averiguaciones previas, por orden de la diputada federal del Partido Acción Nacional, Rosa María de la Garza Ramírez, quien es más conocida con el nombre de Rosi Orozco, en este contexto cabe precisarle que es de conocimiento público, puesto que en el periódico La Jornada, el miércoles 22 de mayo de 2019, se publicó que al amparo de Calderón, Rosi Orozco o con su nombre correcto y completo Rosa María de la Garza Ramírez y su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio, lograron grandes beneficios, puesto que se consiguieron importantes puestos en la administración pública federal, contratos de adjudicación o licitación para sus familiares y la asignación de al menos cuatro inmuebles para sus fundaciones y asociaciones, como directivos de la asociación Casa sobre la roca, la pareja Orozco ganó notoriedad en 2005, cuando acercó al candidato del PAN, Felipe Calderón a congregaciones cristianas y evangélicas. A raíz de ello, surgieron los primeros cargos en la administración federal entre 2007 y 2008; esto es, Alejandro Lucas, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del DIF, y en 2009, se convirtió en director del Instituto Nacional de las Personas Adultas, mientras Rosa María de la Garza Ramírez llegó a ser diputada federal del PAN y luego candidata al senado por el mismo partido. Una investigación reveló que los Orozco utilizaban la lucha contra la trata de personas y sus vínculos con las congregaciones cristianas y evangélicas para sacar beneficios políticos y económicos, cabe resaltar que incluso Rosa María entregó premios por la lucha contra ese delito a gobernadores del Estado de México, Eruviel Ávila, y de Veracruz, Javier Duarte (hoy preso), en donde incluso hay problemas de desaparición de personas e incluso alertas de género, por lo que fabricaban culpables para incrementar y justificar sus estadísticas del combate al delito de marras, estando muchas personas inocentes por la fabricación de culpables; ya que el Poder Judicial de la Federación colaboró de forma directa, puesto que habiendo -como en mi caso- violaciones flagrantes al proceso, detención ilegal, incumplimiento en los requisitos para la valoración de pruebas, testigos aleccionados, actas circunstanciadas de cateo sin los requisitos legales, dado sus vínculos con el entonces mandatario y el partido en el poder, esto es el PAN, justificaban su actuar, tan es así que a mí, me acusaron del delito de “beneficio a la explotación sexual” y, de las constancias que integran el expediente se analiza el delito de delincuencia organizada, además de que obviamente no se advierte prueba alguna con la que se acredite que yo haya obtenido algún beneficio o bien que hubiera efectuado algún acto delictivo; aspecto que fue solapado en principio por el entonces juez primero de distrito de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros y luego por la hoy Jueza Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Xucotzin Karla Montes Ortega, quien no obstante que incumplió lo dispuesto en la circular 8/2020 emitida por el pleno del consejo de la judicatura, supuestamente dictó sentencia después de siete años de prisión preventiva el ocho de mayo de dos mil veinte y me notificó hasta el tres de agosto de dos mil veinte, y digo supuestamente puesto que dice que se dictó por Karla Montes Ortega, siendo que el nombre de la citada juzgadora es Xucotzin Karla Montes Ortega, siendo de lo más normal los errores en este tipo de cuestiones, puesto que la ministerio público adscrita al juzgado formuló sus conclusiones acusatorias en mi contra respecto de diversa averiguación previa, sin embargo, dicha juzgadora asentó que era solo un error ortográfico cuando sabemos que en materia penal no se debe suplir ningún tipo de error, puesto que es de estricto derecho; asimismo, dicha juzgadora para dictar la sentencia en mi contra no analizó el delito que se me atribuye sino que solamente concluyó que con lo externado por las personas reconocidas como víctimas, las cuales sus dichos son de oídas, les otorga pleno valor probatorio sin tomar en cuenta las pruebas que obran en la causa, sino únicamente con sus dichos que son de oídas dice que es suficiente para acreditar plenamente mi responsabilidad, diciendo de forma dogmática, puesto que no hay prueba alguna con la que se acredite que yo mediante engaño sometí a las víctimas, que yo las contraté, en los restaurantes, ni que me aproveché de su situación de vulnerabilidad, al no tener permiso para laborar en el territorio nacional, puesto que esto lo dice sin que haya prueba alguna con la que se establezca, sino es una copia de la resolución de apelación, dictada en el toca penal 371/2015 del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, dictado el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, esto es tres años después, que fue lo que tardó en resolverse mi apelación en contra del auto de formal prisión, posteriormente se ingresó mi amparo contra el auto de formal prisión que promoví y se tardó dos años en resolver, resultando para efectos, por qué no se les notificó a las supuestas víctimas, es decir, no resolvieron el fondo del amparo e incluso nunca se le remitió al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por lo cual promoví una queja y cambiaron a los magistrados a diversos lados, pero nunca resultan sancionados porque son solapados por los demás, esto es, “perro no come perro”, y la corrupción que abunda en el Poder Judicial Federal, hace que la persona que dictó mi sentencia, es la consentida por alguna cuestión inexplicable del magistrado Ricardo Paredes Calderón, puesto que se puede advertir que dicha juzgadora tiene una carrera judicial de menos de doce años, entrando como secretaria particular con dicho magistrado, para posteriormente ser su secretaria ejecutiva, oficial judicial y actuaria de Juzgado, cuando él estaba de magistrado en diversos tribunales fue actuaria y secretaria de juzgado siempre en donde estaba dicho magistrado; de igual manera de forma inexplicable acreditó el examen para ser Juez de Distrito, pero lo hizo respecto de los procedimientos adversariales, esto es, el nuevo sistema, la mandaron a Cuernavaca, en donde estuvo menos de un año y posteriormente la mandaron a la Ciudad de México, a los juzgados tradicionales, aspecto extraño puesto que no fue ratificada en el cargo a la fecha, ya que no ha transcurrido el termino para ello, pero la cambiaron para que estuviera en la Ciudad de México, en donde la adscribieron al juzgado décimo de procesos penales federales, pero como iba a desaparecer y ella tiene mucha influencia en el poder judicial, cuando falleció el juez anterior que detentaba el cargo, la citada Xucotzin Karla Montes Ortega, la adscribieron al Juzgado en el cual se encontraba el asunto de la maestra Elba Esther Gordillo y otros relevantes, ella pidió que se lo asignaran lo que le hicieron al día siguiente del fallecimiento del juez que detentaba el cargo, juzgadora que no tiene la experiencia, puesto que si se analiza su carrera judicial, no se explica porque llegó a ser juez, sino como se aprecia, del Instituto de la Judicatura por influyentísimo, y porque le dieron tal vez el examen, tal y como se demuestra del comunicado 30/2020 de fecha cinco de agosto de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, en el que se advierte que se sancionaron diversos servidores públicos entre ellos el exdirector general del Instituto de la Judicatura Federal magistrado Salvador Mondragón Reyes, quien fue sancionado con la destitución e inhabilitación por diez años, por habérseles encontrado responsables de la filtración y eventual comercialización de información confidencial sobre el 28 concurso interno de oposición practicado por el Instituto de la Judicatura Federal en el año 2018, aspecto que no sólo podría haber ocurrido en dicho examen sino en anteriores, por las redes de corrupción que existen en dicho Poder Judicial de la Federación; dado que la inexperiencia extrema de la citada titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales Xucotzin Karla Montes Ortega, lleva a violentar mis derechos humanos e incluso mi vida, puesto que no es posible que se le diga que estoy sufriendo Covid 19, que no me atiende el centro de reclusión en donde estoy a su disposición, y no realice ningún acto para cuidar mi salud y mi vida, que le comuniqué actos de tortura, crueles e inhumanos y no le dé vista al Ministerio Público, sino únicamente pida un informe, aspecto que se hará del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que al parecer dicha jueza no tiene el conocimiento para impedir se cometan actos de tortura, ni tampoco cumplir la ley, ya que por la pandemia se ordenó dictar la sentencia y notificar de manera escalonada, pero dicha juzgadora notificó tres meses después, y de forma virtual sin que me explicaran la sentencia, porque tenían mucho trabajo, y al entregarme copia obviamente me doy cuenta de que copio las conclusiones del ministerio público, así como la resolución de apelación, puesto que no hizo ningún razonamiento legal acreditado con pruebas que acreditaran mi responsabilidad, resaltando que tal inexperiencia se debe a que ella presento su examen para ser juez de distrito especializado en el nuevo proceso penal acusatorio, no en el sistema tradicional ni mucho menos mixto, de ahí su desconocimiento sobre el procedimiento y valoración de pruebas, lo cual es muy diferente del sistema adversarial acusatorio, siendo de igual forma preponderante citar que cuando aprobó el examen de mérito, estaba de director del instituto el magistrado destituido; por ende, sé perfectamente que tengo mi recurso, pero lo único que pido es que se resuelva con la legalidad y no con amiguismos ni influencia que tienen los juzgadores del poder judicial de la federación; quiero manifestarle señor presidente que interceda contra la corrupción empoderada que me tiene a la fecha privada de mi libertad, en virtud de la forma inhumana, injusta e ilegal con la que se trata a la ciudadanía, mi nombre es Claudia Ivonne Sánchez Mayorga y me encuentro recluida en el centro de reinserción social Santa Martha Acatitla. El gobierno del PAN me fabricó un delito y el Poder Judicial Federal por conducto de sus jueces me fabricaron culpable, puesto que no hay prueba alguna con la que se acredite que haya cometido algún delito y por el contrario sí se demuestra los ilícitos que han cometido en mi contra, como lo es que permitieron a una persona ajena el acceso al proceso y luego ella publicó en las redes sociales mi información, la cual debe estar resguardada, pero al decirle a la juez tal aspecto, no hizo nada para evitarlo demostrando su falta de experiencia y conocimiento de derecho; de igual forma, tuvo conocimiento que me detuvieron de forma ilegal, al carecer de valor el acta circunstanciada en donde me llevaron detenida al arraigo, sin embargo ella únicamente precisó que faltaban firmas, pero no era suficiente, así lo dijo en sentencia, por lo que no fue omisa sino es ignorante del derecho, también cuando supo que me torturaron, realizaron tratos crueles e in humanos en mi contra, y me quitaron la matriz sin mi consentimiento, no dijo nada, no hay ninguna averiguación previa o carpeta de investigación contra tales actos, porque el Poder Judicial Federal, es como una cloaca, en donde todas las ratas se cubren sus porquerías; señor presidente le pido me ayude a que se resuelva lo más pronto la apelación interpuesta conforme a derecho, en donde se demostrará que no se acreditan las circunstancias de tiempo, modo lugar y ocasión, del delito que se me atribuye, por lo que se debe revocarla resolución recurrida y dictar una sentencia absolutoria; máxime que muchas de las personas que intervinieron en la averiguación previa se encuentran actualmente enfrentando procesos con la justicia tal como lo es Genaro García Luna.

Por todo lo expuesto, pido de la manera más atenta su intervención para que se haga justicia.

Atentamente

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga.

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MÉXICO

Morena requiere 800 mil firmas para enjuiciar a expresidentes

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A dos días de que concluya el plazo para obtener las firmas necesarias para someter a juicio político a los expresidentes de México, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aún les faltan 800 mil rúbricas para alcanzar la meta.

De acuerdo con fuentes al interior de Morena, el partido ha recabado más de un millón de firmas en todo el país, lo que representa un avance del 55 por ciento de la meta, aunque aún le restan dos días al partido para obtener el mínimo necesario para iniciar los procesos legales contra los exmandatarios federales.

Para someter a juicio a los expresidentes, Morena debe obtener por lo menos dos millones de firmas ciudadanas que demanden que los ex mandatarios cometieron actos de corrupción durante sus respectivos gobiernos y por ello deben ser procesados conforme a la ley.

La Ciudad de México es la entidad que más firmas ciudadanas ha sumado en el país, pues es también la región donde el partido político cuenta con mayor estructura política, por lo que dicho partido espera obtener las rúbricas necesarias para iniciar los procedimientos contra los exmandatarios.

Una vez que se obtengan las firmas totales el Senado de la República enviará los registros al Instituto Nacional Electoral (INE) para que las valide y en caso de que se compruebe su veracidad serán enviadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinará si la pregunta es o no constitucional.

Posteriormente la corte enviará la consulta al Senado y éste hará lo propio al INE para que la aplique, pero en caso de no obtenerlas se solicitarán a las Cámaras de Diputados o de Senadores o incluso al Ejecutivo federal, con las cuales se iniciarían las investigaciones contra los ex mandatarios que también contemplan a Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

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El Falso Caso Wallace

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