Notimex definirá rumbo de la 4T entre legalidad e impunidad

Adriana Urrea

Hace 133 días estalló la primera huelga en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de una institución dependiente del Gobierno Federal: en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Este movimiento derivó principalmente de una violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de su directiva.

El conflicto laboral que inició con la llegada de la actual directora general de la Agencia, Sanjuana Martínez, propuesta por el Ejecutivo, tiene características propias por las que debería ser atendido de forma expedita. Se trata del medio público de mayor alcance e influencia en el país: el 80 por ciento de los huelguistas son mujeres, en su mayoría jefas de familia y porque la huelga se desarrolla en medio de la emergencia sanitaria más severa en la historia mundial, por la propagación del virus COVID-19.

La Dirección General se niega a un diálogo y menos quiere alcanzar una solución que permita a las y los trabajadores de Notimex (algunos con hasta 30 años de antigüedad en la institución) poder regresar a su fuente de trabajo y atender las medidas de resguardo en casa, cuando México vive el momento más letal por la pandemia.

El caso de Notimex incumple lo establecido en el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio, así como los convenios 89, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de las leyes mexicanas y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la gestión de Sanjuana Martínez ha prevalecido el hostigamiento laboral, violaciones de las condiciones de trabajo (30 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo), una clara intromisión en la vida sindical, la formación de un sindicato patronal y con ello amenazas de despido por no participar en el mismo; hasta hoy, se despidió al 80% de la planta laboral de forma injustificada, incluida una mujer embarazada y personas con discapacidad, y se dio una suplantación de trabajadores.

El presidente de México ha dicho que este conflicto se resolverá y deberá ser ante las autoridades competentes y ha instruido a que haya un diálogo y una solución en apego a la Ley. Esto tampoco ha sido atendido por la Dirección General de la Agencia.

En este escenario hay dos posturas claras al interior del Gobierno mexicano y, aquella que gané, será la que determinará el rumbo no sólo de esta Agencia sino de toda la actuación de la administración federal. Es decir, cuál va a ser la política laboral.

Por un lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que abrió el sexenio con una reforma laboral que promueve y defiende la libertad sindical y de asociación, ha actuado en apego a sus atribuciones y cumpliendo con su promesa. Fue esta misma reforma, la que permitió a las y los trabajadores de Notimex rescatar su sindicato después de que se quedó acéfalo por intromisión de la Dirección General.

Hasta ahora las instancias y funcionarios de dicha Secretaría han aplicado la reforma conforme lo establecido. Esto permitió que, previo un recuento solicitado por la Dirección, se declarara “legalmente existente” la huelga que estalló el 21 de febrero. Esto no lo reconoció Notimex, por el contrario, se atacó a las autoridades con información falsa.

Posteriormente, el 14 de mayo, se apreció a la directiva para que respetara el Derecho de Huelga, pues de lo contrario sería sancionada, e incluso se pidió la intervención del órgano máximo de administración de Notimex, la Junta de Gobierno, para aplicar y vigilar el cumplimiento del resolutivo. Finalmente, la Agencia paró la publicación de información hasta el 9 de junio pasado, pero manteniendo actividades administrativas.

Los representantes legales de Notimex en su insistencia para no respetar la resoluciones de la autoridad laboral, han interpuesto recursos legales sin sentido, con el único objetivo de confundir a los participantes y a la audiencia.

Por otro lado, la postura de la Dirección General de desconocer el derecho de las y los trabajadores y de desacreditar su movimiento con acusaciones falsas y difamaciones, está respaldado abiertamente en la Secretaría de la Función Pública (SFP), la encargada de vigilar el buen desempeño de los funcionarios públicos.

Es bien sabido, que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, es amiga cercana de la Directora de Notimex y no ha dudado en mostrarle su apoyo en redes sociales.

Esta relación de amistad quedó evidenciada en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de Notimex, que se llevó a cabo de forma virtual el 28 de junio. Con el respaldo de un funcionario de la SFP, la Dirección insistió en la necesidad de levantar las operaciones de la Agencia, argumentando el Derecho a la Información de la Ciudadanía, lo cual se le negó dado que hay una resolución de la autoridad laboral en ese sentido.

No obstante, minutos después de dicha reunión en la que se reiteró la negativa para operar hasta que no se resuelva el conflicto laboral, la Dirección retomó la publicación de información en redes sociales y el portal de noticias de Notimex, destacando el respaldo de la SFP.

Cabe destacar que las demandas que los trabajadores sindicalizados han interpuesto ante dicha dependencia por las diferentes faltas de la Dirección, no han procedido hasta hoy.

En términos legales, el Derecho a la Información no es superior al Derecho de Huelga. Además, con la suspensión de labores en Notimex no se limita el acceso a la información de la población, dado que no es el único medio público de comunicación. Por el contrario, al no respetar el Derecho de Huelga, sí pone en riesgo la libertad de asociación del Derecho Colectivo, e incluso la libertad de expresión.

Adicionalmente, las y los trabajadores demandan el Derecho a la Salud, debido a que ha sido la negativa de la Dirección la que ha extendido el movimiento de huelga y los mantiene en campamentos a la intemperie, pese a los riesgos que existen por la pandemia y los embates climáticos que hoy se viven en el país.

La postura de los funcionarios del sector laboral deja de manifiesto la intención de apegarse a la Ley y de respetar una reforma laboral que ellos establecieron y que tiene como propósito reforzar la defensa de los derechos de las y los trabajadores. En tanto, la actuación de la SPF es de defender y promover una actuación ilegal y de rebeldía a las propias autoridades del gobierno. Sobreponiendo el interés de la nación a intereses personales.

La división de posturas de las propias dependencias al interior del gobierno de la Cuarta Transformación, la 4T, no se limita a estas dependencias federales. Lo más grave, es que estamos en la definición de un gobierno que se apegará a Derecho, con la aplicación de la Ley de forma correcta y realmente acabar con las malas prácticas del pasado, o será un gobierno en el que se sigan permitiendo la impunidad y el compadrazgo, sin importar el bienestar del pueblo.

Esto, ¡ya lo veremos!

 

Adriana Urrea
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