Organizaciones de Guerrero demandan liberación de asesores de la CRAC

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Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria. Foto: Sergio ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Martha Carmona Nazario, esposa de Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) exigió a los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán presentar con vida a su pareja quien fue retenido por comunitarios la tarde de ayer.

Carmona Nazario demandó la presentación con vida de su esposo sin ningún golpe ni signo de tortura ya que en la sede de la CRAC en San Luis Acatlán a la cual corresponde el territorio donde fue detenido junto con el consejero Ignacio Navarro, negaron su detención y no le han dan respuesta sobre el paradero de su pareja, por lo que lo considera desaparecido o secuestrado.

La mujer relató que le informaron que detuvieron a Hernández Chapa y a Ignacio Navarro alrededor del mediodía por lo que acudió a la casa de justicia donde una comandanta le dijo que no tenían registrado a ningún Valentín, que no estaba allí. Momentos después, la mujer policía habló con otra persona y le indicó que lo tenían en Cochoapa, sin dar más datos.

“Estoy preocupada, no me dan razón de él, responzabilizo de su integridad a quien ordenó la detención dicen que no lo pueden mostrar, no he podido verlo ni se sabe donde está”, replicó la madre de familia quien agregó que la CRAC nunca había actuado de esa manera.

Al domicilio de Hernández Chapa no llegó un documento para que se presentara o acusación alguna en su contra, menos le mostraron alguna orden de aprehensión; sin embargo, por otra parte, los integrantes de la comisión que informó las investigaciones sobre el fraude a la institución comunitaria, en la cual están implicados los coordinadores de San Luis Acatlán, tienen órdenes de aprehensión.

Un testigo de la retención de Hernández Chapa, por parte de policías comunitarios, indicó vía telefónica que una patrulla municipal pasó por el lugar pero no se acercaron. También alertó a los organismos de derechos humanos a estar pendientes de los hechos en torno al sistema de justicia comunitario.

Hernández Chapa es abogado y lleva más de 15 años radicado en San Luis Acatlán, ha proporcionado asesoría jurídica a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias asímismo ha dado seguimiento a las comisiones de salud, comunicación y de base. “Nunca tuvo un problema de justicia con la CRAC, nunca habían actuado de esa manera, se caracterizan por ser justos, pero ahora hay muchas cosas mal”, lamentó el testigo.

Organizaciones piden presentación con vida de consejeros de la CRAC

Organizaciones sociales que apoyan a la Policía Comunitaria de la Montaña Costa Chica de Guerrero exigieron a través de un comunicado, “la presentación inmediata de nuestros compañeros Valentín Hernández Chapa e Ignacio Navarro Mosso, ya que las autoridades de la CRAC-PC con sede en San Luis Acatlán se han negado a decir en dónde se encuentran detenidos y no sabemos en qué condiciones se encuentren”.

El texto relata que al mediodía del 18 de marzo, los consejeros de la Policía Comunitaria fueron detenidos arbitrariamente por policías comunitarios comandados por Eliseo Villar Castillo en la gasolinera de San Luis Acatlán, ubicada a la salida hacia Tlapa.

Al mismo tiempo fue tomada la radio comunitaria, impidiendo su acceso a los responsables para informar a las comunidades sobre este hecho y emitiendo órdenes de aprehensión por cargos desconocidos contra los coordinadores de la radio y contra la comisión de investigación de un fraude del que se acusa a coordinadores de la sede de San Luis Acatlán.

A decir de las organizaciones firmantes entre éstas; la Red de Organizaciones Sociales en Apoyo a la CRAC-PC, Colectivo Construyendo Resistencia, Telar de Raíces A.C., Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas Kinal Antzetik, D.F. Y Enlace Continental de Mujeres Indígenas sección México, estos hechos se dan en un contexto en el que Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino, coordinadores regionales de la sede mencionada, han decidido establecer una relación de subordinación con el Estado, dando la espalda a su propia organización y a sus líderes.

Esta preocupación se inscribe, no sólo en el hecho de que sus autoridades actuales estén involucradas con hechos como los que se denuncian en las Asambleas Comunitarias de un fraude, sino porque están atentando con la libertad y la integridad física de aquellos que se atreven a denunciarlas, acusan.

El documento da cuenta de las declaraciones de Villar Castillo en la cual responsabiliza a los integrantes de la comisión que lo investiga por fraude de un aparente atentado en su contra perpetrado el domingo en Capulín Chocolate, comunidad de origen del coordinador de la CRAC.

Para los firmantes, la acusación de Eliseo Villar se percibe como un acto de represalia contra dichos integrantes: Valentín Hernández Chapa, Ignacio Navarro Mosso, quienes no sabemos en dónde están detenidos. Así como de Gelasio Barrera Quintero (consejero y fundador de la CRAC), Ramiro Navarrete Cortés, Felicitos Clemente Quintero, Vicente González Lauro, Pedro Vejez Mosso, Abad García García, Delfino Ramos Vázquez, quienes tienen órdenes de aprehensión por parte de Eliseo Villar.

Las organizaciones demandan respeto a las decisiones de las asambleas regionales, lanzaron un llamado a las organizaciones solidarias a pronunciarse ante el acoso que enfrenta la Policía Comunitaria pero sobre todo demandar respeto a la máxima autoridad comunitaria que es la asamblea regional.

La denuncia asume que la situación se da en un contexto de represión e infiltración de las instituciones del pueblo por parte del Estado y de los intereses económicos detrás de los proyectos mineros que intentan penetrar en la región.

La crítica a la decisión de los coordinadores de detener a integrantes de la PC se auna a los cuestionamientos por la toma de decisiones unilateralmente, desconocimiento de acuerdos de asambleas y de la población que integra la Policía Comunitaria en diversos puntos.

Según análisis de organizaciones, está establecido que el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitario, establece que todos los coordinadores nombrados en Asamblea Regional deberán ser ratificados por sus comunidades de origen en Asamblea Comunitaria, cuya acta deben presentar ante la CRAC para dar validez a la elección. No obstante, Eliseo Villar no fue ratificado por la comunidad de Capulín Chocolate. Lejos de esto, dicha comunidad ha decidido dejar la CRAC ante la desconfianza que representa esta persona en su localidad.

Un segundo punto indica que los coordinadores Regionales Eliseo Villar, Adelaida Hernández Nava y la secretaria de la CRAC, Beatriz Adriana Domínguez Rivera están acusados de fraude por la cantidad de 740 mil pesos que correspondían a las comunidades de Ayutla y San Luis Acatlán, -cabe destacar que desde el mes pasado la casa de Justicia de Zitlaltepec no había recibido tampoco el recurso estatal correspondiente-.

El dinero, continúa el texto, fue entregado a Eduardo Lemus Bustos, alias el Wadi, para que éste proveyera a la CRAC de armas, cartuchos, vehículos, a través de un supuesto escolta de Peña Nieto, quien era en realidad un extorsionador ahora preso en el Cereso de San Luis Acatlán.

Resalta además que la entrega de este dinero se realizó sin informar a la Asamblea Regional sobre el destino de los recursos e incluso, tampoco se les consultó a las comunidades si debían o no ser aceptados estos recursos provenientes del Estado. Se trata de un hecho que ha generado una fuerte controversia, pues compromete, no sólo el prestigio de una institución autónoma de los pueblos, que hasta antes de esta administración, subsistía de las aportaciones de la población y de los pocos recursos que otorgaban los municipios para el sostenimiento de la misma.

Antes de este hecho, los coordinadores de la sede de San Luis Acatlán, habían desconocido públicamente a las autoridades de las sedes de El Paraíso y de Olinalá, de las cuales 12 integrantes están recluidos en penales de máxima seguridad en flagrante violeación a sus derechos humanos, y pese a que estas sedes fueron legalmente reconocidas por el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, hecho que evidencia su estrecha relación con el gobierno del estado de Guerrero.

El cuarto punto señala que el contexto de esta situación es la lucha que han sostenido los pueblos en la defensa de su territorio frente a la posible instalación de empresas mineras. Desde entonces, la lógica de la seguridad se ha transformando, de la indiferencia de las autoridades del estado de Guerrero, hasta su intervención directa y protección frente a los actuales Coordinadores de San Luis Acatlán.

Mencionan como ejemplo, la cantidad de seis millones de pesos que otorgó el Gobernador a la CRAC-PC y las múltiples reuniones y acuerdos que han celebrado con autoridades militares, judiciales y ejecutivas del Estado.

En cuanto al fraude, se explica que en asamblea micro regional con la asistencia de comisarios, autoridades agrarias, consejeros regionales y locales de 17 comunidades de un total de 36 de San Luis Acatlán, la asamblea determinó:

1.Suspensión de las funciones de Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino como coordinadores regionales, la del Comandante Regional Agustín Suástegui Domínguez, de los elementos del Grupo de Guardia Permanente, así como la destitución de Adriana Domínguez Rivera, como secretaria. En el caso de los Coordinadores y Comandantes Regionales, en la próxima asamblea micro-regional se determinara su revocación y reeducación.

2. Se convocó a una próxima asamblea micro-regional para el próximo sábado 22 de marzo del año en curso, a las nueve horas en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en el entendido de que es la segunda convocatoria y se procederá a tomar determinaciones definitivas, en torno al fraude cometido en contra de la CRAC-PC y para la restructuración de Coordinadores y Comandantes Regionales.

3. Se acordó notificar al Gobierno del Estado de Guerrero la negativa de las autoridades presentes al acuerdo tomado con Eliseo Villar Castillo de que la Procuraduría General de Justicia y la SEDENA intervengan en la investigación del fraude, y en lo general, que no se inmiscuya el gobierno en el proceso interno del sistema comunitario. En el entendido de que se está suspendiendo de sus funciones y atribuciones a Eliseo Villar y Adelaida Hernández, ningún acuerdo o trato que hagan a nombre de nuestro sistema comunitario es válido.

En otros puntos, solicitan a coordinadores y comandantes regionales de las otras casas de justicia no intervenir en el conflicto, reclaman que no hay relación directa de que los miembros de la comisión investigadora tenga relación con el atentado contra Villar Castillo ya que son personas honorables e incluso varios son fundadores de la institución autónoma de los pueblos.

Alertan además de las posibles órdenes de aprehensión en contra de los demás miembros del comité de investigación así como los responsables de la radio “La voz de la Costa Chica”.

 

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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