Pablo Green, culpable fabricado del “Michoacanazo” desde 2009

Ana Lozano

No creo que exista peor infierno que estar preso siendo inocente. El de convertirte en una víctima de un sistema viciado y cruel. Ser torturado y arrojado con arrogancia e indiferencia por aquellos que están obligados a protegerte, a un abismo peor que el averno mismo. Quedar solo, para después ser ignorado y olvidado…

La fabricación de culpables es una práctica común en este país. Gracias a las investigaciones periodísticas se ha comprobado que muchos casos “resueltos” han sido fabricados. Incluso se han elaborado montajes de captura que son transmitidos por televisión. Y no pasa nada…

Existen miles de personas inocentes en diversas cárceles del país.

La mañana del 29 de marzo de 2019, la periodista Guadalupe Lizárraga cuestionó al presidente López Obrador sobre el tema. Le dijo que en el caso de la fabricación de culpables había miles de víctimas, que ella poseía una base de datos de 206 personas y que en el penal de Atlacholoaya en Morelos había más de setenta seres en el abandono jurídico.

El presidente López Obrador le contestó: “He dado instrucciones a la Licenciada Olga Sánchez Cordero que abra una mesa para atender a quienes han sido injustamente encarcelados y quienes no deberían estar en las cárceles. Hay este proceso abierto, se está atendiendo a las personas. Hay quienes desde hace mucho tiempo no han sido sentenciados y están ahí como secuestrados o presos por consigna. Estamos trabajando con este propósito, hay constancia de que hemos dado instrucciones, se está trabajando para liberar a presos que injustamente están detenidos y revisar todo lo que pueda significar la fabricación de delitos”.

Tal es el caso de Pablo Green Salamanca, quien lleva nueve años y nueve meses preso, por fabricación de pruebas, recluido en el penal de Atlacholoaya, Morelos.

La detención del señor Green se debió a la estrategia de Marisela Morales para resolver casos: la fabricación de culpables. Morales era procuradora General de la República, en el sexenio de Felipe Calderón. Gracias a la infamia de esta “procuradora de justicia”, muchos inocentes fueron procesados por las falsas declaraciones de sus testigos protegidos y por la fabricación de pruebas.

La señora Morales fue acusada de varios delitos, como abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, intimidación, cateo ilegal de domicilios, manipulación de testigos y tortura. También fue responsable de más de cincuenta casos fabricados, los cuales fueron elaborados con malicia y sin fundamentos. Su único objetivo era el de presentar culpables, sin importar si lo eran o no. Ella se encargaba de que lo fueran, y así resultaba siendo la heroína que combatía a la delincuencia organizada, colgándose medallas a costa de inocentes, “armando” y “resolviendo” casos. Muchos, se dice, bajo tortura… Hubo confesiones ministeriales sin sustento, mentiras de los dudosos testigos protegidos. Muchas fueron las víctimas de esta exprocuradora, amante de la farsa. Nunca fue procesada, ni tampoco ningún otro funcionario de la entonces SIEDO por llevar a inocentes a prisión.

Marisela Morales orquestó el “Michoacanazo” y la “Operación Limpieza”, operativos durante los cuales arrestó a 35 alcaldes, a militares de alto rango y a funcionarios civiles de Leonel Godoy. Todos los alcaldes y militares, por falta de pruebas fueron liberados y exonerados, tiempo después. Pero algunas personas, que carecían cargos importantes, siguen encarceladas esperando justicia. 

La pesadilla del señor Pablo Green Salamanca, comenzó el 2 de julio de 2009, cuando policías federales entraron violentamente a su domicilio sin ninguna orden de aprehensión, con el pretexto de que su domicilio tenía características de ser una casa de seguridad por contar con alambrado y alarma. Lo golpearon brutalmente frente a su esposa, exigiéndole que les entregaran el dinero, las armas y la droga. Pablo Green les contestó que él no tenía nada de lo que ellos buscaban. Se dedicaron a buscar… revolvieron la casa con la mayor indiferencia a la familia, y una terrible prepotencia. Al no encontrar nada, uno de ellos se reportó por radio con su comandante y le dijo: “

–Jefe, este cabrón no tiene nada –El jefe le contestó:

–Tráiganlo; acá traemos a otros dos.

Le ordenaron que se vistiera y lo subieron a una camioneta blanca.

En violación a sus garantías constitucionales, fue llevado y retenido en un lugar desconocido en las afueras del estado de Michoacán, en vez de ser presentado, de inmediato, en la delegación de la PGR en Lázaro Cárdenas, entidad en la que residía. Posteriormente, lo trasladaron a las instalaciones de la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México, y fue presentado a las 10 de la mañana, argumentando que el señor Green era sicario y de que había sido detenido cuando se encontraba a bordo de un vehículo, portando un rifle, dos granadas y 9 gramos de cocaína. Acusaciones fabricadas en el parte informativo con la ayuda de los ministerios públicos.

Carmen Mendoza Valencia, esposa de Pablo Green, presentó una queja ante la visitaduría de Derechos Humanos, de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Relató la manera en que habían ocurrido los hechos, la violencia con que habían sustraído a su marido de su casa, coincidiendo con la declaración del señor Green y vecinos, testigos oculares reales.

El 3 de junio, un día después de la detención, ya le habían impuesto los testigos protegidos Emilio, Ricardo y Carlos; fue señalado y acusado por los mismos, a través de una fotografía que se le había tomado en las instalaciones de la SIEDO, prueba que después se consideró ilícita.

El testigo protegido Emilio declaró que el señor Green era miembro de “La Familia Michoacana” y que era jefe de plaza en Petatalco, Guerrero. En el expediente se encuentran también las declaraciones de personas que habitaban en el lugar declarando quién era en realidad el verdadero jefe de plaza.

A esta falsa declaración se le sumó la de Ricardo. Quien afirmó que el señor Pablo Green recibía todos los embarques de droga del chino Zhenli Ye Gon, y que tenía millones de pesos en una cuenta bancaria. Declaración que después fue desechada, ya que la institución bancaria negó que el señor Green poseyera dicha cantidad.

El señor Green fue arraigado ochenta días mientras se llevaba a cabo la declaración y no se encontraron pruebas en su contra. A pesar de ello, el 19 de septiembre de 2009 fue puesto a disposición de un juez por delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del ejército y de delitos contra la salud. Fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos.

En diciembre de 2013, cuatro años después de su detención, el caso fue cambiado de juzgado y presidido por la juez Rosa Montaño Martínez. Se presentaron las pruebas y se desacreditaron las imputaciones federales. Se demostró que sí fue sacado de su domicilio, que las declaraciones de los policías federales y de los testigos protegidos se contradecían y se comprobó que todo había sido fabricado. A pesar de la evidencia a su favor, fue sentenciado a veinte años de prisión, más ocho años por la supuesta portación de arma –un rifle que en el transcurso de las investigaciones se demostró que no funcionaba–. Además, le otorgaron tres años más por la cocaína que había sido sembrada entre sus cosas, pese a los estudios toxicológicos que le realizaron y que demostraron que el señor Pablo Green no consumía drogas.

Estuvo ocho años de “prisión preventiva”, y el 23 de junio de 2017, el juez le dictó sentencia condenatoria sin valorar ninguna de sus pruebas ofertadas por su defensa. El 15 de marzo de 2018 presentó el recurso de amparo directo al Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco, mismo que le fue negado el 12 de diciembre del mismo año. El 19 de enero de 2019 presentó un recurso de reclamación esperando que revisen su situación jurídica, en busca de justicia.

El caso de Green Salamanca, solo es una ventana del inmenso problema de la fabricación de culpables, heredado de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. 

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