Precisiones sobre el caso de Nestora Salgado a La Nueva República

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Estimado Rubén Luengas,

En apego a la verdad y a tu profesionalismo en toda circunstancia, hago las siguientes precisiones sobre el caso de Nestora Salgado García en la entrevista que realizas a Patricia Barba. Considero de alta pertinencia pública hacerlo en este caso en abono a la defensa de libertades y derechos que han sido conculcados sistemáticamente en el estado de Guerrero, y ahora particularmente contra la Policía comunitaria adherida a la Casa de Justicia El Paraíso, con sede en Olinalá.

Sergio Ferrer, recién nominado Premio Nacional de Periodismo en México, y tu servidora, llevamos la investigación puntual de lo que sucede en torno al caso de Nestora Salgado y de la Policía Comunitaria de Olinalá. Nuestras investigaciones tienen como propósito la verdad sin filtros oficiales para evitar la manipulación informativa, sobre todo, al tratarse de un caso flagrante de violaciones de derechos humanos por parte del Estado mexicano, y que como sociedad formamos parte de éste.

En la entrevista que haces a la periodista Patricia Barba, a quien remito respetuosamente copia de estas precisiones, ella señala como “causa” que imputa el gobierno mexicano a Nestora Salgado García, el supuesto secuestro del síndico regidor Armando Patrón Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional. Nestora, en su calidad de comandante y coordinadora regional de la Policía comunitaria de Olinalá, fue llamada a intervenir en el caso de Patrón Jiménez, acusado de abigeato (efectivamente como dice la reportera), pero también fue detenido por estar involucrado en un doble asesinato relacionado con el robo de reses. De ello hay testigos y testimonios firmados ante el Consejo Social Olinalteco y en el Ministerio Público de la localidad.

La detención de Nestora, primero fue por la denuncia de secuestro de este señor Patrón Jiménez, pero él mismo, al poco tiempo, se retractó públicamente de su acusación, y la represalia inmediata del presidente municipal Eusebio González Rodríguez, fue la de pedirle la renuncia como síndico. Incluso, Patrón Jiménez intentó huir de la ciudad.

La siguiente “causa”, fabricada por la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Guerrero fue el supuesto secuestro de seis jóvenes, que la PGJE presenta como menores de edad. Con falsos testimonios, padres de familia que no les tiembla la voz para mentir e incriminar a Nestora, la acusación de secuestro es agravada al agregar que “todas las víctimas eran menores de edad”. Nosotros corroboramos que el secuestro es absolutamente falso y publicamos parte de las evidencias que la defensa de Nestora tiene en su poder desde el inicio del caso.

Los jóvenes, que hoy acusan de secuestro agravado a Nestora, fueron localizados el 10 de junio de 2013, por la Policía Comunitaria a petición de las madres que buscaban a sus hijas, entre éstas dos adolescentes de 14 y 16 años, quienes se habían huido de casa. Estas jóvenes usan drogas y beben sistemáticamente junto con el resto de los otros jóvenes. Una vez localizados por la Policía comunitaria y entregados a sus familias, las mismas madres pidieron personalmente y con oficio firmado y testigos de por medio, la “reeducación” de sus hijas. El término “reeducación” es usado por los comunitarios, bajo sus usos y costumbres para imponer como sanción el servicio social a la comunidad, y la retención o internamiento de las personas por un tiempo que depende de su comportamiento.

Otro de los puntos mencionados por la colega Patricia Barba, es sobre el término de “secuestro de estado” que imputa al gobernador Ángel Aguirre Rivero. El estado, como sabemos, orden jurídico y administrativo con pretensión de validez, es decir de legitimidad en el territorio al que aspira dominar, parafraseando la clásica definición weberiana, no podemos atribuírselo ni como sinónimo ni como propiedad a un gobernante sin caer en una inconsistencia conceptual. Podemos argumentar que se trata de un secuestro del gobierno mexicano (federal) que manipulando las instituciones, burocracia y medios, en violación flagrante de las leyes, coarta la libertad de Nestora Salgado, de Gonzalo Molina, de Bernardino García y de los otros tres policías comunitarios. Cuando decimos secuestro de Estado imputamos una responsabilidad criminal a los tres poderes, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, y estamos refiriéndonos al Estado-nación por su acción de suspender las garantías constitucionales de las víctimas. Éste es el caso de Nestora Salgado, pero no implementado por Aguirre.

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La tozudez con la que los empleados de Peña Nieto insisten en fabricar mentiras en torno a Nestora Salgado y a la Policía comunitaria no puede ser explicada más que por su profunda vocación autoritaria y apresurada necesidad de dotar de cierta legitimidad a su “amo”.

La colega insiste en que los motivos de la aprehensión de Nestora son “locales” y por su condición de mujer, a lo que llama “machismo” del estado. Con ambigüedad retórica confirma su suposición. “No sé qué otro motivo puede ser”. Desde la defensa de los derechos humanos y del periodismo, resulta irrelevante, si Nestora Salgado es mujer o si Gonzalo Molina es hombre. Son seres humanos inocentes, a los que les han suspendido sus garantías constitucionales cuando generaban acciones para el bien público de sus comunidades. Evidencias, testimonios, sus propias trayectorias políticas, el impacto social de sus acciones y la legitimidad otorgada por la mayoría de sus pueblos, no se pueden ocultar con un expediente malhecho, con un discurso que raya en lo totalitario de un presidente que no tiene noción de dónde está parado.

Patricia Barba también señala que el esposo de Nestora, José Luis Ávila, está en huelga de hambre y que se ha trasladado a Nueva York para llamar la atención de Naciones Unidas. Eso pasó en septiembre, aprovechando las movilizaciones en los consulados mexicanos en contra del grito de Independencia de Peña Nieto. Actualmente, Ávila coordina una serie de iniciativas de resistencia y difusión sobre el caso de su esposa en Estados Unidos, junto con otras organizaciones políticas y de derechos humanos, como el Partido de Libertad Socialista y el Frente de Resistencia en Los Ángeles, California. A estas acciones se han sumado grupos de Australia y España, para lograr una manifestación simultánea en consulados mexicanos para seguir exigiendo la liberación de Nestora y sus compañeros.

Por último, la colega sugiere que se haga presión social y que ésta provenga del exterior. En ello estoy completamente de acuerdo. Es lo que venimos realizando desde la detención de Nestora Salgado, el 21 de agosto, precisamente. De todo ello da cuenta puntualmente nuestro medio Los Ángeles Press. La Embajada de Estados Unidos está interviniendo en el caso, también, aunque es poco lo que se ha avanzado, pero ha podido lograr que se mantenga el contacto telefónico de Nestora con su familia. Algo vital para ella, después de haber estado en un régimen de incomunicación.

La presión social que falta es la de México. Creen que se dice y se hace poco sobre Nestora y otras luchas por la censura que se ejerce a los medios de comunicación. Ésa es la función atribuida por el gobierno de Peña Nieto: alterar la realidad. Pero si revisan un poco la web, pueden darse cuenta de que hay un sinnúmero de notas y reportajes sobre el caso. Tan sólo en Los Ángeles Press, hay unas veinte notas y artículos desde la detención. También se han logrado casi 6 mil firmas exigiendo su liberación a la ONU, a Obama y a Peña Nieto, a través de la plataforma de Change.org

Junto con José Luis Ávila, la organización Visión Alternativa de Mexicali, el Frente de Resistencia y Los Ángeles Press, se lograron armar 106 despensas, dos sacos de frijol de 50 kgs y dos sacos de arroz de igual peso con 10 bolsas extragrandes de ropa para niños, hombres y mujeres, incluyendo zapatos y tenis. Todo esto se envió desde Los Ángeles y Mexicali hasta Tlapa, Guerrero, y lo recogió el comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá, Jesús Coronel. La organización de estas despensas fue espontánea y solidaria, en nombre de Nestora Salgado, para ayudar a la comunidad apaleada por las tormentas Manuel e Ingrid.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizarán las manifestaciones en los consulados mexicanos exigiendo la libertad de Nestora. Hasta ahora no hay una organización en México que se haya sumado a esta iniciativa, excepto la Policía comunitaria de Olinalá.

Nuestro corresponsal, Sergio Ulises Ferrer, por cierto, quien es el autor de los videos utilizados en la entrevista a Patricia Barba por La Nueva República, fue entrevistado por Carmen Aristegui, recientemente, por el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo en Los Ángeles Press, y comentó también allí el caso de Nestora Salgado. Esto es pues, que no hemos dejado de aprovechar cualquier instancia mediática para gritar Libertad por Nestora. Y es a lo que los invitamos, con estos apuntes.

Saludos cordiales,

Guadalupe Lizárraga

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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