Reciclado en Inteligencia mexicana que favoreció fabricación del caso Wallace

Guadalupe Lizárraga

¿Por qué continúa la impunidad de Isabel Miranda? La pregunta es una constante en un sinnúmero de comentarios en las redes sociales. Los usuarios extrañados se preguntan qué pasa con la justicia en México, si la promesa del presidente López Obrador para este gobierno ha sido la de terminar la corrupción, la impunidad, la de no permitir más torturas, y hacer de la justicia un objetivo alcanzable a corto plazo. Sin embargo, dos de las víctimas de Isabel Miranda Torres, George Khory Layón y César Freyre Morales, que han sido de los más denigrados y torturados en los gobiernos anteriores, han vuelto a sufrir vejaciones bajo esta administración, cuando creían que ya había terminado este calvario con la llegada del nuevo régimen.

De acuerdo con la información aportada por el periodista Miguel Badillo, de Contralínea, titulado Disputa en Inteligencia Nacional, el secretario de Estado de Seguridad pública, Alfonso Durazo, decidió mantener a Gustavo Rómulo Salas Chávez, después de ser despedido del Centro Nacional de Investigación, recientemente, por no pasar los controles de confianza. El periodista da los detalles del despido y de cómo Durazo decidió mantenerlo en la estructura gubernamental de Inteligencia, bajo el mando del sonorense Francisco Acuña Méndez, incluso pese a tener antecedentes de corrupción en SEIDO, durante el gobierno de Enrique Peña.

Salas Chávez ocupó el cargo de subprocurador, en PGR, en los años 2015-2016, y colaboró en la construcción de la “verdad histórica” de Murillo Karam sobre el caso Ayotzinapa. Cualquiera que esté medianamente informado sobre la procuración de justicia en nuestro país, sabe que SEIDO ha sido el brazo torturador de la PGR, en los gobiernos neoliberales, y sus operadores son los que han fabricado pruebas en el falso secuestro Wallace, y en miles de casos más, para simular eficiencia policial, por corrupción, o por tráfico de influencias para venganzas personales.

Desde el gobierno de Vicente Fox, administración donde se fabricaron los primeros secuestros mediáticos por Genaro García Luna, incluyendo el caso Wallace, Salas Chávez ya pertenecía a ese grupo de burócratas de la Seguridad pública, en la supuesta atención a víctimas, dentro de la PGR. En 2009 y 2010, años clave para Isabel Miranda, Salas Chávez era director adjunto de la Coordinación General de Investigaciones, de donde salieron no pocos expedientes fabricados, entre éstos, el de George Khoury Layón, torturado en su detención, cuando el titular de la PGR era todavía Eduardo Medina Mora.

El brinco que dio Salas Chávez como fiscal especial para delitos contra la Libertad de expresión no fue fortuito. Se necesitaba quién pudiera “controlar” las denuncias de la prensa en uno de los años más sangrientos del periodo de Felipe Calderón. Los periodistas que corrimos con más suerte y llegamos a denunciar las agresiones por revelar corrupciones y crímenes de lesa humanidad, fuimos amenazados y censurados por las mismas autoridades. Además, en diciembre 2010, mientras Isabel Miranda recibía la corona a la fabricación del secuestro de su hijo, el premio nacional de derechos humanos, ya circulaba el libro Los señores del narco, de Anabel Hernández, con los expedientes fabricados de los inculpados del caso Wallace, que para esa fecha todos habían sido nuevamente torturados por SEIDO.

Durante el gobierno de Peña, Salas Chávez ascendió a subprocurador de este organismo. Él estaba a cargo, en noviembre de 2016, cuando sufrí el primer intento de secuestro, por dos agentes quienes intentaban llevarme “a declarar” a la PGR, con el argumento de que “estaba dando una versión diferente a la oficial”.

Otra de las coincidencias de Salas Chávez con Isabel Miranda, en lugar y tiempo, después de su paso por el Consejo de la Judicatura Federal, fue en Gobernación, el 9 de enero de 2019. Isabel Miranda asistió a la primera reunión del año de los consejeros ciudadanos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, sin que hubiera sido convocada por el nuevo gobierno. Salas dejó Gobernación el 31 de enero, para brincar a la Suprema Corte de Justicia, a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Después al Centro Nacional de Inteligencia. Y de allí fue rescatado por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo para ubicarlo en el Cenfi.

Es un acto no sólo irresponsable del secretario de Estado el favorecer a personas que sirvieron a otras administraciones relacionadas directamente con la corrupción y las violaciones de derechos humanos durante sus funciones. Sino –además– su decisión de ejercer influencia para rescatar a Salas Chávez, después de que había sido despedido, promueve la impunidad de quienes deberían de estar en el banquillo de los acusados, porque sus víctimas, las que han sobrevivido, aún padecen la prisión, las secuelas de las torturas y el burocratismo que propicia la corrupción judicial. No es la primera situación que se da con Durazo en este sentido. Pero también, todos y cada uno de los mexicanos, incluyendo a las generaciones futuras, hemos sido afectados por esa corrupción en las instancias de impartición de justicia con la que se quebró el Estado de Derecho. Seguirla solapando, no corresponde a los principios morales presentados por el presidente López Obrador para su gobierno. No corresponde tampoco a la transformación que se espera de este país.

Por las víctimas del falso caso Wallace, y por su trayectoria política, el secretario Alfonso Durazo debería de reconsiderar quién realmente ayudaría a servir con honestidad a este país.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *