Secretaría de Transportes del GDF desacata cumplir ejecutoria laboral

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El jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera y su secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León. Foto: yucatan.com.mx

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León, desobedeció la orden del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera de cumplir la ejecutoria laboral dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, el pasado 7 de febrero, en restitución de los derechos conculcados al trabajador José Manuel Guerrero Ramos, despedido injustamente por la administración en noviembre de 2003.

En un comunicado oficial, el jefe de Gobierno del Distrito Federal firmado por Héctor Serrano Cortés, ordenó “acatar sin dilación” lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito, Máximo Ariel Torres Quevedo, de reinstalar al trabajador Guerrero Ramos en su mismo puesto en el que entonces se desempeñaba y de pagarle la cantidad de $935,200 pesos por salarios caídos y prestaciones en un plazo de diez días.

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El secretario de Transportes y Vialidad decidió, por su parte, solicitar al juez una ampliación del plazo para “para cumplir con la ejecutoria”, el cual fue concedido por autoridad judicial. Sin embargo, el funcionario aprovechó la ampliación del plazo para interponer un recurso de queja, en desacato a lo ordenado por su superior, Miguel Ángel Mancera y por el mismo Juez Sexto de Distrito.

Se trata de uno de los juicios laborales más importantes en la historia del Poder Judicial en la Ciudad de México que abre la posibilidad de generar un acto de justicia para un trabajador. No obstante, el desacato del secretario de Transportes y Vialidad hacia su propio superior como es el jefe de Gobierno del Distrito Federal y hacia el Poder Judicial, representa para el trabajador Manuel Guerrero Ramos, una situación de alerta que vulnera el Estado de Derecho. Ante ello, se hace varios cuestionamientos, sobre la orden soslayada por el alto funcionario que podría implicar la posibilidad de trasladar el caso ante la Suprema Corte de Justicia.

En entrevista a Los Ángeles Press, advierte las implicaciones para la justicia laboral el que un funcionario público desacate la orden de un juez y dilate la justicia que ya de por sí ha tardado diez años en llegar.

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  Misiva a Los Ángeles Press por parte del trabajador Manuel Guerrero Ramos

Sra. Guadalupe Lizárraga

Directora de Los Ángeles Press

Lo expresado en el texto que le envío, refleja sólo una parte del viacrucis que un trabajador despedido injustamente tiene que padecer por años para que probablemente le sean restablecidos sus derechos. Le solicito atentamente la publicación del mismo, porque considero que el caso es de interés público y, asimismo, la experiencia que contiene puede ser aprovechada por cientos o miles de trabajadores.

Estoy consciente de que el texto es extenso y que un medio impreso lo descartaría o haría un resumen que le restara objetividad, además de que muy probablemente no publicarían algo que cuestione los actos gubernamentales. Por lo anterior, Los Ángeles Press y su lema “Las noticias que no se ven en tu país” se vuelven cada vez más necesarios para que miles de mexicanos puedan disfrutar del derecho de ser informados sobre asuntos que la prensa nacional (con honrosas excepciones) omite publicar por no afectar sus intereses. Consciente de la integridad, objetividad y valor que como periodista demuestra en sus textos, le solicito su punto de vista respecto del texto que le envío, así como si usted lo considera importante, el que Los Ángeles Press pueda entrevistar a los actores gubernamentales que el texto cita reiteradamente. Toda vez que el vacío de autoridad que el texto menciona, no tan sólo perjudica a un trabajador sino a todos los habitantes del Distrito Federal.

Por acciones ilegales efectuadas por autoridades laborales en el proceso de mi Juicio Laboral 2007/04, el suscrito inició el Juicio de Amparo 622/2013. En éste, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, con fecha 07 de febrero de 2014, ordenó al secretario de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Rufino H. León Tovar, a que en el término de tres días, (después de ser notificado de la orden del Juez), el secretario reinstalara al suscrito en el puesto que venía desempeñándose antes de su despido injustificado, así como a cumplir con todo lo ordenado en la Ejecutoria (sentencia de un tribunal colegiado) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en su sesión plenaria (sesión donde deciden los tres magistrados que integran el tribunal) del día 20 de enero de 2010.

También el 07 de febrero, el Juez Sexto ordenó girar oficio al jefe de Gobierno del Distrito Federal (Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza), para que ordenara al secretario de Transportes y Vialidad cumplir con la ejecutoria, apercibido (advertido de una sanción) que de no probar que dio la orden al secretario, se le impondría una multa de cien días de salario, además de que incurriría en los mismas responsabilidades de su subalterno el secretario de Transportes y Vialidad.

Lo ordenado por el Juez Sexto de D1strito en fecha 07 de febrero de 2014, fue informado por Los Ángeles Press en su edición del 14 de febrero de 2014. Después del 07 de febrero del presente, en el caso en cuestión ha sucedido lo siguiente:

I. Con fecha 10 de febrero de 2014, la instancia gubernamental en cuestión fue notificada del acuerdo del 07 de febrero de este mismo año. Por lo tanto, los tres días que tenían los funcionarios para dar solución a lo ordenado por el Juez Sexto en fecha 07 de febrero de 2014, se vencían el 13 de febrero de 2014.

II. En razón de lo ordenado por el Juez Sexto, con fecha 11 de febrero de 2014, se dictó un oficio por parte del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera Espinosa:

El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo 622/2013. En ese sentido y en atención al acuerdo de fecha 07 de febrero del 2014, le ordeno por única ocasión para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la acate sin mayor dilación.

En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se dará vista a la Contraloría Interna para el inicio del procedimiento contemplado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por actualizarse la violación a la fracción VII del artículo 47 de dicho ordenamiento, cuya sanción puede llegar a significar la destitución del puesto que desempeña.

No omito manifestar, que para el caso de que la autoridad directamente obligada al cumplimiento no acate la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se procederá a la remoción.

Cabe señalar que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo vigente, prevé lo siguiente:“Articulo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir” Sírvase remitir a la Dirección General de Servicios Legales, las constancias que acrediten el cumplimiento de la sentencia, acuse del escrito con anexos que se exhiban ante la autoridad federal , así como copia del acuerdo en que se declare cumplida. Por Ausencia del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Firma el C. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés.

 

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III. Con fecha del 13 de febrero de 2014, el secretario de Transportes y Vialidad presentó al Juez Sexto de Distrito el OFICIO: DJ/SA/318/2014, en el cual expresa lo siguiente:

“…solicito a su Señoría, tenga a bien ampliar el plazo otorgado a esta autoridad dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, toda vez que para la realización del mismo se requiere el Visto Bueno de la Consejería Jurídica”. 

IV. Con fecha del 17 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito dictó un acuerdo en el cual (refiriéndose a la petición del secretario de Transportes y Vialidad), menciona lo siguiente:

“…con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede al secretario de Transportes y Vialidad un término de diez días, para que reinstale a José Manuel Guerrero Ramos, en el puesto que venía desempeñándose antes del cese injustificado […]”.

V. Con fecha 17 de febrero de 2014,  el secretario de Transportes y Vialidad interpuso un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del Juez Sexto de Distrito en materia de Trabajo, de fecha 07 de febrero de 2014. No obstante, que cuatro días antes había solicitado mayor plazo para cumplir con lo ordenado en el citado acuerdo.

VI. Con fecha 19 de febrero de 2014, el Juez Sexto de Distrito tuvo por presentado el ‘recurso de queja’ que el Secretario de Transportes y Vialidad interpuso en contra del acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

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Salvo una errónea apreciación del suscrito, la acción de interponer un ‘recurso de queja’ en contra del acuerdo del 07 de febrero del presente, después de haberle solicitado al mismo juez un mayor plazo para cumplir con ese acuerdo y, el juez haberle concedido ese plazo, podría tomarse como falta de seriedad en las palabras y acciones de un alto funcionario público. Sin embargo, también podría tomarse como la acción de un gobierno que desconoce a quien le ha resuelto favorablemente una solicitud. Asimismo, la acción del secretario genera una gran desconfianza hacia el Gobierno del Distrito Federal, ya sea porque el ‘recurso de queja’ lo realizó con la posible autorización de su superior, o porque no existe disciplina y obediencia hacia su superior, el jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera, quien en fecha 11 de febrero del presente le ordenó al secretario acatar sin dilación lo mandatado en el acuerdo de fecha 07 de febrero de 2014.

Por lo tanto, el Secretario de Transportes y Vialidad con el ‘recurso de queja’ intenta revertir el acuerdo del Juez Sexto de fecha 07 de febrero de 2014, incluso pese a que al mismo Juez Sexto le solicitó ampliación del plazo para cumplir con ése acuerdo. En este sentido, nos genera la reflexión que si eso le puede suceder a una alta autoridad del Poder Judicial como lo es el Juez Sexto de Distrito, un simple trabajador como lo es el suscrito, se encuentra en total indefensión y desmesurada desventaja frente al poder del Gobierno del Distrito Federal. Todo lo mencionado en cuanto a las actitudes ambivalentes del señalado secretario, al suscrito lo lleva a plantearse múltiples interrogantes de las cuales destacan las siguientes:

1. Ante la terminante orden que en fecha del 11 de febrero del presente le dio el jefe de Gobierno al secretario de Transportes y Vialidad para acatar sin dilación lo ordenado el 07 de febrero por el Juez Sexto de Distrito. ¿Fue real por parte del Dr. Miguel Mancera o sólo fue una encubierta estrategia del Gobierno del Distrito Federal para distraer y soslayar lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito?

2. Para el caso que la orden que en fecha 11 de febrero del presente, le dio el Jefe de Gobierno al Secretario de Transporte y Vialidad, fuese real por parte del Dr. Miguel Mancera. Luego entonces, no se explica: ¿Cómo una orden del jefe de Gobierno del Distrito Federal puede ser soslayada por un secretario, exhibiendo el nulo caso que se le hace a la orden de un superior?

3. Asimismo, no se explica ¿cómo el nombrado secretario puede colocar al jefe de Gobierno en posición de que le sea impuesta una multa de cien días de salario y sea protagonista de un juicio de incidente de inejecución de sentencia, donde la Suprema Corte de Justicia puede separarlo del cargo que ocupa y consignarlo por los delitos que resulten? Todo por la contumaz e insensible negativa del secretario de Transportes y Vialidad, a cumplir la orden del Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo.

Las anteriores interrogantes para un ciudadano común son indescifrables. Sin embargo, los medios de comunicación sí pueden tener acceso a los personajes políticos y cuestionarlos al respecto. Es por lo anterior que sería muy positivo que Los Ángeles Press sea un importante detonante para encontrar esas respuestas.

Considero que el vacío de autoridad que se percibe con las nugatorias acciones del secretario de Transportes y Vialidad, en cuanto a soslayar la puntual orden de su superior jerárquico, el Dr. Miguel Mancera Espinoza, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Este vacío de autoridad no tan sólo preocupa al suscrito como trabajador sino como ciudadano del Distrito Federal. Toda vez que esas acciones debilitan aún más el endeble Estado de Derecho que se vive en esta gran metrópoli que es la Ciudad de México.

Es importante recordar que el despido injustificado del suscrito, se dio por el hecho de haber denunciado en su cargo de Enlace Administrativo de la Dirección del Registro Público de Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad, actos probablemente constitutivos de delito ante la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Administración que prefirió separar injustificadamente de su cargo al suscrito, en lugar de iniciar una mínima investigación al respecto. Prueba de ello es el expediente que generó la nombrada denuncia, en donde en tres ocasiones con grotescas y parciales resoluciones se protegió a los responsables y se soslayaron los argumentos e indubitables pruebas aportadas por el suscrito.

Por las irrebatibles pruebas de insensibilidad gubernamental que existen en el juicio laboral del suscrito, se puede concluir que tanto en el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, como en el actual del Dr. Miguel Mancera Espinosa, la actitud de denunciar los actos de corrupción es considerada como un delito que se “castiga de oficio” en el gobierno de la “honestidad valiente” y de acuerdo a lo que se percibe en el Juicio de Amparo 622/2013, la señalada actitud también se persigue de oficio en el actual gobierno de: “decidamos juntos.”

Finalmente, el suscrito considera que son necesarias y urgentes, distintas reformas a la Constitución Política y a diferentes Leyes, las cuales permiten la impunidad a las autoridades que supuestamente atienden las transgresiones a los derechos de los trabajadores. Asimismo, esas obsoletas Leyes permiten que la Justicia se tarde años en llegar a un trabajador o nunca llegue.

Por el momento en los Tribunales Laborales se perciben dos tipos de justicia una tardada, severa, ortodoxa y decimonónica para el trabajador; y otra complaciente, permisiva, amable, pronta, solidaria y expedita para la clase gobernante.

Manuel Guerrero Ramos

mscysi@gmail.com

México, D. F. a 04 de marzo de 2014

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