Testimonios de migrantes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Hermelinda, mujer de una comunidad de Metlatónoc, narra que su madre fue atropellada mientras se dirigía a trabajar a un campo agrícola del norte del país y no fue ayudada. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- Catarino y Francisca, ñuu savi de Cascada del Zorro en Cochoapa el Grande relataron en su lengua indígena apoyándose para la traducción en intérpretes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, la situación de miseria y discriminación que viven en su comunidad.

Ellos emigraron, igual que el 26% de los habitantes de La Montaña para buscar trabajo y poder mantener a sus familias. Al regresar, después de varios meses, el maestro de la escuela del pueblo se negó aceptar a sus hijos como alumnos.

Catarino recordó que sufrió en el campo agrícola porque el trabajo era muy pesado, Francisca detalló que su hija se enfermó porque en el campo se tenía que levantar a las tres de la madrugada, los niños no comían a sus horas y les pagaban muy poquito además de que el patrón los criticaba y discriminaba a sus hijos y a los de otros trabajadores, “les hacía feo” por lo que mejor regresaron a su comunidad aunque no haya trabajo y poca comida.

Pero, al regresar e intentar que sus cinco hijos ingresaran a la escuela, el único maestro que cubre la educación primaria en el pueblo no aceptó a los niños y le echó en cara a los padres que ellos tenían la culpa por haber migrado y no haber inscribirlos en la escuela a tiempo. Su caso no es el único. Hasta el momento sólo uno de los menores de esta familia logró entrar como “oyente” a la escuela.

Este testimonio es parte de la serie de denuncias de jornaleras y jornaleros agrícolas que se presentaron este martes en una pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) entre los que se encuentran relatos que dan cuenta de maltratos, discriminación, y explotación económica en contra de migrantes indígenas.

Las denuncias fueron presentadas ante un grupo de especialistas integrado por Sergio Sarmiento, Beatriz Canabal Cristiani y Antonieta Barrán, investigadoras y especialistas en temas de La Montaña y jornaleros agrícolas. También estuvo en la mesa Camilo Pérez Bustillo, representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, Juan Molina, misionero del Espíritu Santo y Abel Barrera director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña y parte del Consejo de Garantes del proceso del TPP en México.

El acto se realizó en la Casa Católica luego de que la Unidad de Servicios Integrales USI de Tlapa destinada a jornaleros y donde se efectuaría la pre audiencia, estaba ocupada por adherentes del programa 70 al ser requeridos por el programa en esas instalaciones propiedad del gobierno federal.

Testimonios de jornaleros y jornaleros agrícolas de La Montaña de Guerrero. Foto: Sergio Ferrer

Otro testimonio rendido, es el de Cristina y Eugenio habitantes na savi de Totohuehuetlán en Copanatoyac, cuyo hijo lleva más de un año encarcelado al ser inculpado de la muerte de otros jornaleros en un incendio en el lugar de hacinamiento de un campo agrícola en Sonora pudiendo tener una condena de hasta 20 años de prisión.

La pareja señaló que reclaman sus derechos a las autoridades y a los jueces que recogieron el testimonio les contaron que su hijo fue acusado de provocar un incendio en el campo agrícola al que fueron a trabajar y no han sabido cual ha sido la situación de su hijo, que tiene un defensor de oficio, al no tener dinero para acudir a Hermosillo donde está preso.

Aunque dijeron confiar en las autoridades, acudieron al Centro de Derechos Humanos de La Montaña para recibir orientación en buscar de resolver el problema de su hijo Francisco Peláez Cantú; quieren justicia.

Los cuartos que se quemaron estaban construidos con cartón y lámina no metálica y era el lugar destinado como dormitorio para los jornaleros. Entre las declaraciones sobre los hechos, hubo quien sostuvo que fueron jornaleros locales quienes quemaron las construcciones. Otros jornaleros se negaron a testificar por temor ante la incertidumbre de los padres de Francisco que es notoria y contrasta con la firmeza en sus declaraciones al afirmar que las condiciones de vida en los campos agrícolas son injustas.

Pérez Bustillo, encargado del Eje sobre migración, refugio y desplazamiento forzado del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos señaló a jornaleras, jornaleros y estudiantes de la UPN que asistieron a la sesión que en Guerrero, México, América Latina y el mundo hay estructuras que reproducen la injusticia siendo la migración uno de sus productos.

El experto indicó que la migración no es un proceso libremente elegido por quienes emigran, ya que la decisión de irse es producto de una situación de injusticia ante lo que se requiere entender las causas y conocer a sus responsables.

El TPP busca articular los procesos ocurridos en Acteal, la Caravana de Madres de Desaparecidos de Centroamérica, la masacre de San Fernando, la situación de los exbraseros y los migrantes de La Montaña como un problema grave ante la necesidad de organización de los pueblos.

“Es un momento propicio de hacer balances porque los problemas seguirán profundizándose en la coyuntura del cambio de gobierno por lo que es necesario estar preparados en espacios de reflexión”, matizó Pérez Bustillo.

Un genocidio paulatino

En los últimos cinco años, más de 100 mil personas migrantes han sido asesinados, secuestradas, violadas o vulneradas en algún derecho y en su dignidad. Así lo sostuvo el Tribunal de Permanente de los Pueblos que tuvo recientemente dos audiencias en Chiapas, durante el momento culminante de la caravana de Madres y familiares de migrantes desaparecidos que en su camino, demandaron una vida de calidad para evitar emigrar hacia el norte del continente desde países de Centroamérica como Honduras, Guatemala o Nicaragua.

También ha ocurrido en procesos de contrainsurgencia o guerra sucia como el caso de Guerrero donde las políticas estatales han producido migración forzada o desplazamiento forzado.

Ante esto, el TPP busca denunciar el terror de Estado perpetrado por autoridades de los tres niveles además de militares y policiales contra mujeres migrantes que en su tránsito son violentadas. Estos crímenes tienen la mano del Estado, declararon, y también se busca someter a juicio a los responsables.

Además de Guerrero, otros pueblos afectados por la guerra “sucia” son los pueblos indígenas de Los Altos y la selva de Chiapas, en específico los familiares y sobrevivientes de la masacre de Acteal. Los familiares de las víctimas pidieron presentar el caso de la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en la que murieron 45 personas indígenas desplazados a la fuerza de sus comunidades por políticas de Estado.

“La lucha de la Caravana de Madres y Las Abejas es la misma lucha, responde a las mismas condiciones que produce la injusticia en La Montaña por lo cual el compromiso del TPP es procurar que las denuncias y testimonios lleguen a todo el mundo, que se sepa que hay injusticia en la región en el marco de procesos de migración provocado por la injusticia” afirmó Pérez Bustillo.

Otro caso con el que se quiere conectar estas situaciones es el proceso relacionado con migrantes, específicamente con la masacre de San Fernando ejecutada en Tamaulipas en 2010. Las autoridades mexicanas decían que eran otros los que estaban asesinado que eran Los Zetas o en Acteal fueron los paramilitares para nunca reconocer la incidencia y responsabilidad de autoridades civiles, militares y policiales.

Es por eso que el TPP busca generar un puente en todos esos testimonios de denuncias y casos paraponer a juicio al Estado mexicano en todos los niveles de poder que contribuyen a crear condiciones de injusticia.

El tribunal no es lo mismo que otros tribunales formales del Estado, éste tiene el compromiso de la construcción de otro derecho y otra justicia; justicia alternativa, popular, comunitaria, colectiva y comprometida con las luchas por la liberación de los pueblos y en contra de todas las formas de explotación, opresión y discriminación, aseguró el especialista.

Sergio Sarmiento, profesor investigador, Juan Molina misionero del Espíritu Santo y Camilo Pérez representante del Eje de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos Foto: Sergio Ferrer

Testimonios que las autoridades ignoraron

En el evento hubo más testimonios como el de Celestina, mujer originaria de una comunidad na savi oaxaqueña quien es madre soltera porque su esposo murió por un accidente durante el recorrido en el camión de redilas rumbo al campo agrícola donde trabajaba en el norte del país.

Los empresarios contratistas no apoyaron a la mujer con el traslado del cuerpo de su marido a su lugar de origen, “lo querían quemar allí para no gastar”, explicó la joven en castellano, quien agregó que el camión en el que viajaba, los pasajeros iban muy apretados y apenas si cabían incluso sentados en la parte alta del vehículo.

Hermelinda de la comunidad me´phaa de Francisco I. Madero en Metlatónoc relató las dificultades que sufrió al morir su madre atropellada por uno de los socios del campo agrícola en el que trabaja. Su madre falleció al cruzar una carretera en donde los dejó inadecuadamente el transporte para no pagar 55 pesos en una caseta. Los dueños de los campos no se hicieron responsables del traslado del cuerpo de la madre de Hermelinda y buscó la manera de trasladarla a su tierra. Ella es madre soltera, su esposo la abandonó con hijos de por medio.

Hubo varios casos más entre los que destaca el de Cecilia y su hijo Antonio originarios de Joya Real Cochoapa el Grande, que regresaron un cinco de septiembre de San Quintín, Baja California, porque el empleador los trató mal y les pagaba poco dinero. Ellos y más de cuarenta pasajeros que viajaban en el autobús que rentaron para su regreso, por imprudencia del conductor, sufrieron un accidente al volcarse el vehículo.

Luego del accidente ocurrido en Xochihuehuetlán, elementos de la Policía Federal al parecer negociaron con el chofer para dejarlo libre y posteriormente enviaron a la gente a descansar a Tlapa, quienes al regresar por sus pertenencias al autobús se dieron cuenta que les habían robado su dinero ahorrado en cuatro meses de trabajo de todas las familias mixtecas.

Estos son algunos ejemplos de las situaciones que padecen las y los migrantes de La Montaña de Guerrero; población indígena que se enfrenta condiciones de trabajo inferiores a las señaladas por las normas internacionales.

En base a información investigada por Tlachinollan en México 26 por ciento de la población es migrante.

 

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

One thought on “Testimonios de migrantes ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

  1. Saludos, debemos ser objetivos en las calificaciones que emitamos de las cosas. Por un lado. La migracion no es una decision loca de las familias, todos tenemos una situacion muy dificil en Mexico, pero es peor en el caso de las familias de la montaña. El curso de cualquier escuela tiene un programa, el cual requiere diciplina, y mas si es de otra lengua! Asi que la decision de los maestros de no aceptar a los alumnos, tiene sustento, aunque tiene que ponerse en la balanza cuando se entiende lo primero. No hagamos martires a unos y crucifiquemos a otros a la ligera.

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