¿Un violador de derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia?

Embajador Eduardo Medina Mora. Foto: red
Embajador Eduardo Medina Mora. Foto: red

Amador Rodríguez Lozano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. Es la institución que dice la última palabra respecto a lo que estipula la Constitución, resuelve los conflictos entre la federación y los municipios del país. Es también quien evita los excesos del poder y obliga a las autoridades a respetar sus derechos humanos de los habitantes de México. No hay un solo acto jurídico, salvo lo electoral, que no esté sujeto a su revisión, de ahí la importancia de que sus miembros, no solo sean juristas distinguidos, sino hombres y mujeres de Estado con gran calidad moral, honestidad acrisolada, independencia e imparcialidad, conscientes de su alta responsabilidad ante la nación.

De ahí que Eduardo Medina Mora no deba ser electo ministro de la Suprema Corte de la Nación. Éstas son mis razones: Primero, no reúne todos los requisitos que exige la Constitución, no importa que la Comisión de Justicia del Senado, sin mayor estudio, lo haya considerado elegible. Ciertamente los requisitos formales señalados en la fracción I, II y III del artículo 95 de la Constitución, sí los cumple: es ciudadano mexicano con plenos derechos, tiene título de abogado con más de 10 años de antigüedad y tiene más de 35 años de edad. Los problemas empiezan con el párrafo IV “gozar de buena reputación” ¿Tiene Eduardo Medina Mora buena reputación? No, y lo voy a demostrar. El diccionario jurídico mexicano se refiere a la buena reputación cuando trata del requisito para ser ministerio público, este requisito debe tener mayor relevancia para la elección de un ministro de nuestra Corte Constitucional, “la reputación, señala el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene que ver con la fama y el prestigio de una persona que le reconocen los demás, por los comportamientos que ha demostrado a lo largo de su vida, la cual siendo honrada y decente es reconocida como tal. Comportamientos que se traducen en un compromiso real, no aparente, con la excelencia personal, comprendida ésta, como aquella práctica reiterada de las virtudes cívicas, en las que se identifica principalmente el humanismo, es decir el reconocimiento de que toda persona humana esta investida de una alta dignidad y como tal debe ser tratada”, hasta aquí la cita del diccionario jurídico.

Me pregunto si Medina, como director del CISEN, institución que realiza labores de espionaje, responsable, entre otras tareas, de la vigilancia telefónica ilegal de los políticos, grupos sociales y en general de los opositores al gobierno, ¿respetó la Constitución? ¿Medina Mora respetó las garantías de las personas? ¿Las trató con dignidad y respeto? Claro que no, Medina Mora fue un instrumento del gobierno de Vicente Fox para espiar ilegalmente a todos los opositores de su gobierno, violando flagrantemente sus garantías de seguridad y privacidad. Como Secretario de Seguridad Pública Federal y procurador general del país, tuvo acciones similares, de reiterada violación de los derechos humanos y de las garantías jurídicas en general.

Describo algunos casos. En el ejemplo de Atenco, pueblo del Estado de México, cuyos pobladores se opusieron a que le quitaran sus tierras para construir un aeropuerto, Medina Mora como secretario de Seguridad pública federal, permitió primero las atrocidades cometidas contra este pueblo, siendo Peña gobernador, lo que tal vez le esté valiendo estar en la terna del Presidente. Más tarde como procurador, les negó la posibilidad de investigar tales hechos y les dio carpetazo. Rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Durante este operativo 26 mujeres denunciaron violaciones sexuales. Este caso sigue en investigación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2008, no aceptó una recomendación de la CNDH, sobre la violación de derechos humanos en el caso de la explosión de la mina Pasta de Conchos, lo que motivó que fuera finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que obligara al gobierno mexicano a reconocer dicha violación. Violó los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, tres indígenas otomíes a las que acusó falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación. Amnistía internacional las consideró presas de conciencia y la Suprema Corte les otorgó amparo, revocó la sentencia y las declaró inocentes.

Permitió la violación del territorio nacional, al hacerse de la vista gorda, de la famosa operación “Rápido y furioso” que introdujo armas ilegalmente desde Estados Unidos de América como parte de una operación encubierta fallida. Además mintió a México como procurador y, ahora, al Senado, diciendo que no sabía de tal operación. Hay documentos públicos estadounidenses, que demuestran que sí estaba informado (documentación comprobatoria #230, al informe del Congreso de USA, titulado: R&F, la anatomía de una operación fallida, hecha pública el 31 de Julio del 2012).

Como procurador llevó el proceso tan famoso de Florence Cassez, el cual al final, la Corte declaró ilegal, con todas las repercusiones internacionales, que nos llevaron casi a la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia. Medina Mora también fue acusado en España de violar los derechos de una ciudadana española Cristina Valls, por actos de tortura, acusación que si bien fue desechada, seguramente por una gran actividad diplomática del gobierno de Calderón, fue una querella que al final fue analizado por el Tribunal constitucional de aquel país. Todos los anteriores hechos nos demuestran fehacientemente que Eduardo Medina Mora, no tiene buena reputación, sino todo lo contrario. Por lo que no reúne el requisito de la fracción IV Del artículo 95.

En la fracción V, la Constitución establece que debe haber residido en el territorio nacional los últimos dos años antes de su designación. A todas luces no reúne este requisito, pues ha estado residiendo en la ciudad de Washington, D.C., como le corresponde como embajador de México ante el gobierno de USA. Antes de eso, fue embajador en Londres. Querer realizar una interpretación política de la Constitución es inaceptable, en el sentido de que la embajada mexicana en Washington es territorio nacional. Esto es una total falacia, primero, pues el derecho internacional no reconoce a los lugares de las embajadas como territorio de los países que establecen tal sede diplomática en su capital, es tan sólo un hecho de reciprocidad internacional, donde se respetan las los territorios donde se asientan las embajadas extranjeras, para que se respeten en dichos países las propias. Así lo considera la Convención de Viena sobre Derecho diplomático vigente, pero además, independientemente de lo anterior una cosa es el status de la embajada y otra la residencia del embajador.

Ahora bien, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado de esta disposición respecto a la residencia en territorio nacional? Que el que vaya a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia tenga arraigo y esté totalmente familiarizado con los asuntos cotidianos del país, sobre el particular, los de carácter jurídico. El Tribunal Electoral Federal, al referirse a la residencia en materia electoral, ha señalado que: la vecindad y la residencia no se prueban sólo con la existencia de domicilio, ya que también se deben acreditar el tiempo y la efectividad de las mismas, ya que el concepto de vecindad implica elementos de fijeza y permanencia que consiste en mantener casa, familia e intereses en una comunidad social determinada… Tampoco cabe excepción alguna; porque si la hubiera, la tendría que expresar la propia Constitución y no lo hace.

En sentido contrario, en 1994, como senador me tocó eliminar una excepción a tal disposición, en el sentido que se podía conservar hasta seis meses la residencia cuando se estaba en un servicio público. Tampoco le son aplicables los conceptos que pretende en el documento, en el cual el presidente Peña lo postula, alegando que la ley del Servicio exterior y el Código civil les permite mantener a los diplomáticos su domicilio. Erran terriblemente los asesores que le hicieron este documento a presidente Peña, pues primero, domicilio es algo totalmente distinto a residencia, una persona puede tener varios domicilios: el de trabajo, el fiscal, el conyugal, etcétera, pero sólo una residencia. Y, segundo, no es válida jurídicamente tal argumentación, porque aun siendo cierta, la jerarquía de la norma constitucional sobre las leyes secundarias, hace inaplicables estas últimas. Por lo tanto, el actual embajador no llena tampoco el espíritu ni la letra de la norma. Medina Mora tampoco cumple el requisito de residencia que establece la Constitución.

Los requisitos de la fracción VI son meramente formales y se refieren a no tener ciertos cargos en la administración pública federal o ser diputado federal, senador, gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Aparentemente, el embajador los reúne, porque no ha tenido recientemente ninguno de estos cargos, pero el interés jurídicamente tutelado es la imparcialidad frente al poder ejecutivo y estos requisitos no los llena Medina Mora, primero porque el propio presidente Peña lo evidenció al expresar que mandó una terna con Eduardo Medina Mora.

No, señor presidente, la terna es de tres y no de uno. Además se corre el rumor en el Senado, que personal del Ejecutivo está tratando de comprar votos en su favor. No sé si sea cierto, pero cuando el río suena es que agua lleva; además, tal como lo señala el senador Javier Corral, el expresidente de la Corte Mariano Azuela, íntimo amigo del ex presidente Salinas, principal impulsor de Medina Mora, estuvo en el Senado, tratando de convencer a los senadores que aprobaran a Medina Mora. ¿Por qué tanto interés?

Pero, además, no hay tal imparcialidad en el actual embajador en Washington, sirve a los intereses del Ejecutivo en turno. En Atenco, ayudó a Fox y al entonces gobernador Peña; en Michoacán, detuvo ilegalmente –en una acción sin precedentes– en la historia política reciente, espectacular y televisada, a 38 presidentes municipales de Michoacán, sin cumplir el requisito de desafuero que la Ley establece, los detuvo sin pruebas, para intentar que el PAN de Calderón ganara las elecciones michoacanas. Todos los presidentes municipales salieron libres por falta de pruebas. Lo mismo se puede decir del caso de la mina Pasta de Conchos, privilegió las instrucciones presidenciales de proteger a los intereses de los propietarios de las minas. Finalmente, sirvió a los intereses presidenciales al solicitar la acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación del aborto en el Distrito Federal, acción que por cierto perdió. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad e independencia frente al Poder que debe caracterizar al titular del Ministerio Público Federal? Los ejemplos nos demuestran que de aprobarse su nombramiento como ministro sería un lacayo jurídico del presidente en turno y de los intereses más regresivos del país.

Por último, el párrafo final del articulo 95 mandata que se debe preferir a personas que se hayan destacado por su eficacia, capacidad y probidad en la procuración de justicia, cualidades que con lo arriba expresado se demuestra que Eduardo Medina Mora ni es eficaz, ni tiene capacidad ni eficiencia, pues según datos de México, el índice delictivo en 2007 fue del 97%, y la impunidad en ese mismo año fue del 98.76%.

En febrero del 2008, México Único en contra de la Delincuencia y consulta Mitofsky encontraron, en una encuesta nacional, que el 41% de los mexicanos sostenía que era mucha la corrupción en el Ministerio público. Según el CIDE, del 2005 al 2008, (Medina fue procurador del 2006 al 2009), de acuerdo con las víctimas, calificaron con un 4,1 de escala de uno al 10, la eficacia del Ministerio público. Podríamos seguir dando cifras, pero el resultado es el mismo, como secretario de Seguridad pública federal y como procurador general de la República, ni fue eficaz ni tuvo la capacidad para combatir con éxito la delincuencia. Si se tuviera más tiempo y los senadores fueran más responsables, y además analizaran las consignaciones bajo su encargo, se demostraría que la mayoría de los procesados salieron libres.

Una última reflexión: el fortalecimiento del Poder Judicial Federal y de la Corte Constitucional no puede quedar en entredicho con la aprobación de un sujeto como Medina Mora. ¿Por qué poner en riesgo el poco pero bien ganado prestigio que goza actualmente la Suprema Corte de Justicia? ¿Que no habrá argumentos jurídicos suficientes y adecuados para que el Ejecutivo federal defienda sus casos que se lleguen a ventilar en la Corte sin tener un incondicional? ¿Es necesario un personaje tan desprestigiado como el actual embajador para garantizar la presencia de una persona cercana al Ejecutivo en el debate de los asuntos jurídico- constitucionales más relevantes de la Nación? Yo no lo creo, ojalá que coincidan conmigo los senadores. Me preocupa que haya 12 suplentes en el Senado sin experiencia legislativa, que serán, espero que no, fácilmente influenciables por la seductora voz presidencial.

Fuente: Blog del autor

One thought on “¿Un violador de derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia?

  1. En 1988 era cronista parlamentario y me desesperaba ver como pese a todos los argumentos racionales de la oposición, el PRI siempre votaba lo que se le daba la gana, aun cuando los partidos del Frente de la Revolución Democrática y el PAN unieran sus votos en contra. Hoy el PRIAN es un bloque unido, lo cual es trágico, pero también podemos ser optimistas porque en menos de 72 horas ciudadanos reunieron firmas para que no se votara por Medina Mora. El PRIAN/PVEM/PAN se han constituido en un bloque para demostrar que los ciudadanos no importan, perderán el desafío.

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