
Ignacio García Miércoles, 30 de Marzo del 2022
Foro Público
A más de siete años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sacudió al peñanietismo al evidenciar que el Ejército mexicano tenía conocimiento real sobre los hechos que acontecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, lo que sepulta cualquiera atisbo de la denominada “verdad histórica”.
En su momento, el entonces procurador General de la República ( PGR), Jesús Murillo Karam, sentenció que los normalistas habían sido asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y aventados al río, la realidad ha sido muy diferentes, pues los drones captaron que integrantes de la Marina manipularon el sitio horas antes de llegada de los agentes ministeriales en lo que se demuestra el encubrimiento del Estado.
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Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, conmocionaron tanto a México como al mundo, pues la magnitud con la que el crimen organizado pudo operar de forma tan flagrante sin la intervención de las autoridades provocó la indignación general de la sociedad que exigió justicia, y ante el rechazo de los hechos el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de calmar las críticas creando la “verdad histórica” que dejó más dudas que certezas.
Con el paso del tiempo y la apertura de los expedientes clasificados se ha logrado conocer que el Ejército mexicano—al cual Murillo Karam defendió al asegurar que no sabía lo que ocurría—sabía perfectamente sobre la desaparición de los estudiantes normalistas y no actuó en contubernio con el crimen organizado, lo que demuestra que hubo complicidad del Estado mexicano con las organizaciones delictivas que operan.
Así, con estos nuevos datos se mancha la honorabilidad de las fuerzas castrenses que se justificaban asegurando que no tenían conocimiento de la desaparición de los estudiantes, pese a que varios sobrevivientes ya habían denunciado que solicitaron su apoyo y éstas se negaron.
La propuesta de criminalización que emprendió el gobierno federal contra los normalistas tampoco tuvo efecto, pues incluso se les atacó de llevar drogas en los autobuses, supuestamente operando para “Los Rojos”, organización rival de “Guerreros Unidos”, a la cual se le atribuye la responsabilidad de la matanza de los estudiantes.
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De esta manera, se exhibe que no sólo completa complicidad de la policía municipal de Iguala que trabajaba para el narcotráfico, sino también de la policía estatal, policía federal, el Ejército y la Marina que permitieron que se cometieran crímenes inenarrables contra los jóvenes que pretendían acudir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Por ello, resulta obvio que Peña Nieto conociera los detalles de los hechos que acontecieron en Guerrero y que ordenó el encubrimiento del Ejército mexicano que ha demostrado tener poderes metainstitucionales que remontan a los años revolucionarios, donde éstas prácticamente eran el gobierno.Si la administración de Andrés Manuel López Obrador verdaderamente quiere mostrar la verdad de los hechos de Iguala tendrá que investigar y sancionar a los responsables de la fallida “verdad histórica”, aunado a que tendrá que explicarse el verdadero paradero de los jóvenes, pues hasta el momento es desconocido el sitio donde se encontrarán los 43 estudiantes.
Además, tampoco se debe olvidar a todos aquellos opinadores de los medios de comunicación que validaron la llamada “verdad histórica”, la defendieron y justificaron como si se tratara de un absolutismo, así como a aquellos que lucraron con esta narrativa para escribir libros criminalizando a los estudiantes y empoderando a las fuerzas armadas.
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Nota aparte: Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de un crimen de Estado que no puede quedar en el olvido, pues tiene las mismas dimensiones históricas que la matanza del 2 de octubre de 1968 que sigue tan presente en el colectivo nacional.
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