Ignacio García Martes, 15 de Abril del 2025
Foro Público
Han transcurrido más de dos años desde que 40 personas migrantes murieron en el interior de un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, por una serie de omisiones y negligencias de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo titular, Francisco Garduño, ha sido acusado del delito de ejercicio ilícito del servicio público, pero su cercanía con el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo han cobijado en la impunidad.
Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que Garduño dejará su cargo al finalizar este mes y su lugar será ocupado por el ex gobernador de Puebla, Salomón Jara, los familiares de las víctimas y los colectivos defensores de derechos humanos han exigido justicia por las omisiones cometidas por el todavía comisionado nacional de migración.
La impunidad que ha acompañado a Garduño desde la tragedia de la estación migratoria se evidenciará en una disculpa pública que deberá ofrecer a los familiares de las víctimas, colectivos y sociedad en general. Para la Fundación para la Justicia la resolución del juez Víctor Manlio Hernández Calderón—uno de los pocos juzgadores que no ha sido señalado de corrupción por la 4T—y ratificada por el tribunal de apelaciones es una muestra del intento de cerrar cualquier expediente en su contra.
Garduño se ganó su boleto a la impunidad por su cercanía con López Obrador, a quien apoyó desde que fue candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México en el 2000 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y desde entonces fue uno de los personajes más cercanos al tabasqueño.
Durante su gestión como mandatario capitalino, Garduño fue designado como secretario de Transporte y Movilidad, siendo uno de los impulsores de la creación del Metrobús que se implementaron en esa administración y posteriormente fue subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.
Aunque originalmente López Obrador había considerado a Garduño para desempeñarse como secretario de Seguridad Pública, la propuesta fue rechazada por el entonces presidente de México, Vicente Fox, por lo que su lugar fue ocupado por el ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien tuvo que dejar ese cargo tras el linchamiento de policías en Tláhuac.
El comisionado del INM se unió al tabasqueño en su primera campaña presidencial para operar políticamente en Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit, mientras que en 2012 volvió a repetir su cargo como operador político en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
Tras la segunda derrota electoral de López Obrador, retornó a su labor como director jurídico de gobierno de la alcaldía Xochimilco, y fue uno de los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), razón por la cual volvió a apoyar al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México como candidato a la presidencia de la República por tercera ocasión en 2018, ahora como coordinador de campaña en Querétaro.
Como dice ex presidente de México, “Amor con amor se paga”, y al comenzar el sexenio fue designado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, pero a los seis meses del inicio del sexenio, con la renuncia Tonatiuh Guillén López del INM fue nombrado como responsable de esa área desde 2019.
Las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que Garduño militarizó a los agentes migratorios que funcionaron como policía que detuvieron a los migrantes para evitar que cruzaran hacia Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump y en la gestión de Joe Biden.
La complicidad del comisionado del INM con el ex presidente le impidieron ser removido de su cargo, ya que como lo pregonó el ex mandatario federal necesitaba “90 por ciento lealtad y diez por ciento capacidad” y por ello no era necesario que se mejorara la actuación del área de migración.
Al menos en el sexenio de López Obrador no recibió críticas ni del morenismo ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual a cargo de Rosario Piedra Ibarra ha sido cómplice de la cuarta transformación y cobijando cualquier abuso que se haya cometido.
Aunque muchos funcionarios fueron removidos de sus cargos con el inicio de la administración de Sheinbaum, Garduño fue uno de los pocos perfiles que se mantuvieron en el gobierno actual, pese a que representaba un lastre para el nuevo gobierno, debido a que no cuenta con la legitimidad pública por parte de las organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos, así como la opinión pública en general.
Pese a que el funcionario federal está obligado a ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas, no se han modificado los centros de atención migratoria para que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes que han sido criminalizadas en los últimos años, desde que Trump pidió al gobierno mexicano reforzar las fronteras.
Hay otros personajes que han sido cobijados por la 4T, como recientemente ocurrió con Cuauhtémoc Blanco que evadió el desafuero por las acusaciones de tentativa de violación, pero Garduño relativamente mantuvo un bajo perfil en la escena pública que le permitió seguir en su cargo durante el sexenio pasado y en los primeros meses de esta administración.
Los migrantes han relatado que los centros migratorios del INM son verdaderas cárceles, en donde carecen de medicamentos para la atención de problemas de salud, y donde son torturados por los agentes migratorios que han funcionado como policías y militares al mismo tiempo para exceder sus facultades.
La ausencia de una política migratoria con enfoque en derechos humanos es uno de los principales problemas que existen en el sector migratorio, donde las personas migrantes se encuentran en mayor vulnerabilidad por la ausencia de mecanismos de contención y atención especializados.
El caso de Ciudad Juárez no es aislado, pero las autoridades federales han olvidado sus labores de mejoramiento de las instalaciones conforme a la reglamentación en Protección Civil, así como la dignificación de los espacios públicos, que han sido olvidados por el Estado, sin importar los diferentes partidos políticos que han gobernado al país.
Así, Garduño deja el INM con el cobijo de la impunidad que le otorga la 4T, que ha optado por volver a proteger a quienes son parte del movimiento, y más aún a una de las personas más cercanas al ex presidente, quien dedicó espacios en las conferencias de prensa mañaneras para acusar una campaña sucia en su contra.
Nota aparte: Otro de los personajes que también fue protegido en la 4T fue Ignacio Ovalle, ex titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en donde se cometió un desfalco millonario por más de 20 mil millones de pesos, pero que simplemente fue protegido por el ex presidente.