Hazael Sayavedra Martes, 03 de Noviembre del 2026
Juan Manuel Molina pasó de operador clave del Congreso a convertirse en un factor de desgaste que Morena busca contener antes de las elecciones.
Por Hazael Sayavedra
Morena está haciendo limpieza. No por convicción ética, sino por cálculo electoral. El partido se deshace de sus lastres visibles antes de que el costo político se vuelva irreversible. Juan Manuel Molina García, diputado local de Baja California, es el ejemplo más claro de esa purga.
Hace meses documenté en esta columna el patrón de su operación: 17 años de permanencia institucional bajo tres siglas —PAN, Movimiento Ciudadano y Morena—, control casi ininterrumpido de la Junta de Coordinación Política, producción legislativa orientada a blindar al Ejecutivo de turno y a sí mismo, y una ausencia sistemática de iniciativas con impacto medible en salud, vivienda o seguridad ciudadana. El análisis se tituló El operador de Marina del Pilar que nadie investiga. Lo que entonces era arquitectura de poder hoy es un activo comprometido: sigue siendo útil para operar el Congreso, pero ya no puede exhibirse sin costo.
El despido que sí es mensaje
El 29 de octubre de 2026, Morena removió a Molina como representante propietario ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Tras casi cinco años en el cargo, fue sustituido por Héctor Israel Ceseña Mendoza. La dirigencia no designó suplente. El mensaje no fue de “nuevas encomiendas”, como el propio Molina intentó presentar en redes: fue de descarte. En el ciclo electoral que se avecina, el partido no puede permitirse que su cara institucional frente al órgano electoral sea el legislador con la peor reputación y los peores resultados de la bancada.
Molina es el diputado que acumula más indicadores de desgaste: denuncias por peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias ante la Fiscalía Anticorrupción —incluyendo escoltas pagados con erario público desde 2009, antes incluso de ser legislador—; multas confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por afiliaciones irregulares frente a oficinas de Bienestar; y una trayectoria legislativa que, como se documentó en julio, se reduce a avalar deuda, reformar dietas y proteger posiciones de poder. Su perfil de riesgo ya no es un detalle interno: es un costo electoral.
El Congreso más caro del país también tenía cara: la de Molina
El descarte tampoco ocurre en el vacío. El 12 de marzo de 2026, durante la “Mañanera del Pueblo”, la presidente Claudia Sheinbaum exhibió al Congreso de Baja California como el más caro del país por legislador: 34.8 millones de pesos anuales por diputado —34,867,503 pesos—, frente a los 5.1 millones de Colima, con el mismo número de legisladores: 25. “¿Por qué va a tener un presupuesto que es siete veces mayor por legislador?”, preguntó entonces, en el marco de su “Plan B” de reforma electoral para reducir privilegios en congresos locales. El presupuesto total del Poder Legislativo de BC rondaba los 871 millones de pesos, sin contar el Órgano de Fiscalización.
Pero el dispendio no era abstracto. Para 2026, el Congreso que Molina controlaba desde la JUCOPO se autoaprobó 2 millones 901 mil pesos para “alimentación”, un millón 135 mil pesos para “artículos de café” —café, cremora, servilletas, galletas, refrescos, té, azúcar, vasos y cucharas desechables— y 120 mil pesos para “agua y hielo”. Ése es el nivel de detalle del gasto que se defendía como “operación legislativa”. Y si el café costaba un millón, el elevador de tres pisos costó 3.6 millones de pesos: más que una casa. No es mantenimiento: es infraestructura de lujo para un edificio que ya era el más caro por legislador del país.
Dos meses después, el 12 de mayo de 2026, Sheinbaum celebró el recorte de 52 millones 648 mil 55 pesos que el Congreso de BC aplicó a su presupuesto 2026: “Pues qué bueno”, dijo. El gesto suena a austeridad hasta que se pone en contexto: 52.6 millones representan apenas 6 % de los 871 millones del presupuesto total. Y el propio Congreso confirmó que la reducción se hizo en “partidas administrativas y de operación”. Es decir, el gran gesto de austeridad consistió, en buena medida, en dejar de pagar café, galletas, agua y hielo con dinero público, mientras el costo por legislador seguía siendo el más alto del país y el elevador de tres pisos —más caro que una casa— seguía en pie. Ese Congreso, el del café de un millón y el elevador de 3.6, era el mismo que Molina controlaba desde la JUCOPO. La remoción del IEEBC no sólo desactiva a un operador incómodo: es señalización hacia el electorado y hacia los operadores que aún quedan. Desactiva al rostro legislativo de un privilegio que ya tenía factura nacional.
Del Congreso al fraccionamiento: el mismo método
El patrón no se detiene en el Congreso. En Villa Mediterránea, el fraccionamiento donde reside desde 2016, las acusaciones de vecinos y del exgobernador Jaime Bonilla —quien gobernó Baja California de 2019 a 2021 y lo llamó públicamente “cabecilla de un cártel inmobiliario”— describen apropiación de áreas comunes, control de casetas, opacidad en cuotas de mantenimiento y presuntas ocupaciones irregulares de decenas de viviendas. El conflicto escaló a altercados físicos y demandas por daño moral. Es la misma lógica de control que ejerció en la JUCOPO, sólo que ahora a escala privada y con costos reputacionales que el partido ya no absorbe.
La opacidad en recursos públicos —partidas discrecionales de “ayudas sociales”, dietas altas en el Congreso más caro del país por legislador— y el escándalo inmobiliario no son episodios aislados. Son dos caras del mismo método: permanencia como fin, no como medio.
Lo que el partido entiende y el ciudadano ya sabía
Morena no está purgando por transparencia. Está purgando porque Molina se convirtió en un activo comprometido. En un ciclo donde el partido necesita rostros menos contaminados, el diputado con denuncias abiertas, resultados legislativos nulos y un expediente inmobiliario que genera titulares constantes es el lastre que se suelta primero. La remoción del IEEBC es el primer movimiento visible de una desactivación controlada. No será el último.
El análisis de julio identificó el patrón. El movimiento de octubre confirma la consecuencia. Cuando un activo comprometido deja de ser presentable, el poder no lo confronta: lo desactiva. No por justicia. Por cálculo. Y si el daño colateral alcanza al partido, mejor que el golpe llegue antes de la boleta que después.
---