Daniel Lee Martes, 03 de Noviembre del 2026
Estados Unidos enfrenta cuestionamientos por las condiciones de detención y las muertes de migrantes bajo custodia de sus autoridades migratorias.
Por Daniel Lee
La muerte de migrantes bajo custodia de ICE exhibe el costo humano de una política de control que exige resultados, pero debe responder por la protección de quienes quedan bajo su responsabilidad. Los mexicanos, que sostienen una parte fundamental de la economía estadounidense, también están entre las principales víctimas de esta crisis.
El Día de Muertos encontró en Newark, Nueva Jersey, una expresión que va mucho más allá de la tradición mexicana. Frente al centro de detención Delaney Hall, familiares, activistas y organizaciones defensoras de los inmigrantes se reunieron para recordar a quienes perdieron la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No fue solamente un homenaje: fue una exigencia de justicia y una denuncia sobre lo que ocurre detrás de los muros de los centros de detención estadounidenses.
La dimensión del problema es alarmante. Desde enero de 2025 hasta octubre de 2026, al menos 18 mexicanos habían fallecido en incidentes relacionados con operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia de ICE, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La cifra representa una advertencia que México no puede minimizar: sus ciudadanos están perdiendo la vida en un sistema cuya obligación fundamental es garantizar su integridad mientras permanecen detenidos.
No estamos hablando de estadísticas anónimas. Detrás de cada fallecimiento hay una persona, una familia, hijos que esperan a sus padres, padres que pierden a sus hijos y comunidades que enfrentan ausencias irreparables. También hay preguntas que necesitan respuestas: ¿recibieron atención médica oportuna?, ¿se respetaron sus derechos?, ¿existieron negligencias?, ¿quién supervisó las condiciones de detención y quién debe responder por lo ocurrido?
Human Rights Watch documentó 52 fallecimientos bajo custodia de ICE durante los primeros 500 días de la segunda administración Trump. Su investigación identificó deficiencias en la atención médica, la supervisión de las instalaciones y la transparencia institucional. Son señalamientos que obligan a examinar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, particularmente cuando la expansión de la detención no está acompañada de garantías suficientes para proteger la vida.
Pero existe una contradicción todavía más profunda que Estados Unidos debe enfrentar.
La población de origen mexicano alcanza aproximadamente 40.5 millones de personas en ese país. Su aportación económica es extraordinaria: generó alrededor de 2.27 billones de dólares de producto interno bruto en 2024, de acuerdo con estimaciones de UCLA. Millones de mexicanos trabajan en la agricultura, la construcción, la industria manufacturera, los servicios, la hotelería, los restaurantes y el cuidado de personas. Pagan impuestos, consumen, emprenden negocios, generan empleos y contribuyen al crecimiento de las comunidades donde viven.
Su importancia tampoco termina en las fronteras estadounidenses. En 2025, México recibió 61 mil 777 millones de dólares en remesas, recursos que proceden fundamentalmente del esfuerzo de quienes trabajan en Estados Unidos y que sostienen a millones de familias, comercios y economías locales.
Sin embargo, esa contribución no siempre encuentra correspondencia en el trato que reciben quienes enfrentan procesos migratorios. El trabajador que durante años participó en la construcción de una ciudad, cosechó sus alimentos o sostuvo actividades esenciales puede terminar detenido, separado de su familia y expuesto a condiciones cuya vigilancia y transparencia han sido cuestionadas.
La situación no significa que Estados Unidos deba renunciar a sus leyes migratorias. Significa que ninguna autoridad puede interpretar el cumplimiento de esas leyes como una autorización para debilitar los derechos fundamentales. La detención migratoria no suspende la dignidad humana ni libera al Estado de su responsabilidad de garantizar atención médica, condiciones seguras, información a las familias y acceso a mecanismos efectivos de justicia.
Para México, el desafío también es enorme. La protección consular debe traducirse en algo más que acompañamiento administrativo y declaraciones de preocupación. Cada fallecimiento de un connacional requiere investigaciones exhaustivas, asistencia jurídica a sus familiares, seguimiento de las denuncias y exigencia de responsabilidades cuando corresponda. La defensa de los mexicanos en Estados Unidos debe ser permanente, independientemente de su condición migratoria.
Pero también es necesario reconocer el papel de la propia comunidad mexicana. Las organizaciones, los trabajadores, los familiares y los activistas que levantan la voz están construyendo una defensa colectiva que no puede depender exclusivamente de los gobiernos. Su organización y participación pública son indispensables para exigir transparencia, vigilar las condiciones de detención y evitar que las muertes terminen reducidas a expedientes burocráticos.
La movilización frente a Delaney Hall dejó un mensaje que trasciende Nueva Jersey: los migrantes no son números, expedientes ni objetivos de operativos. Son personas que tienen derechos, familias y una historia de contribución a la sociedad estadounidense.
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