Yohana Gilvaja, la diputada incómoda del gobierno de Baja California

Hazael Sayavedra

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Gilvaja cuestiona la opacidad del sistema penitenciario y exige esclarecer las responsabilidades por el ingreso de drogas, las muertes por sobredosis y los contratos de la Fiscalía.

Por Hazael Sayavedra

  • Nota al lector:

    Los precios de la droga, del Marlboro y de la manita, así como la descripción del penal como mercado cautivo, provienen de testimonios de cinco fuentes —internos, familiares y una fuente externa— y no de expedientes oficiales. Lo que no está probado no se afirma como hecho. Quién cobra por la droga que entra es una pregunta abierta, no una acusación. Los votos, las iniciativas y las intervenciones en tribuna se sustentan en el registro del Congreso y en cobertura periodística citada en el cuerpo.

La diputada incómoda del Congreso se llama Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja. Su nombre dejó de ser solo el de una legisladora del Partido del Trabajo —PT—. Se convirtió en Gilvaja: una marca política de oposición desde adentro de la coalición gobernante. Es la aliada formal de Morena que vota contra el oficialismo cuando tiene argumentos y pregunta lo que otros callan. No es una disidencia de partido. Es una confrontación desde la lealtad: se define de izquierda, apoya el proyecto de la Cuarta Transformación y, al mismo tiempo, le cobra al gobierno estatal la austeridad que predica.

En noviembre de 2024 lo dijo con claridad ante AFN Tijuana, el 1 de ese mes: “Soy de izquierda, soy del PT, apoyo las políticas que implementó Andrés Manuel López Obrador, apoyo a la actual presidente Claudia Sheinbaum, pero no por el hecho de tú ser cercano o creer en un partido, significa que te vas a perder entre la borregada”. Esa frase es el manifiesto de Gilvaja. Su registro de votos demuestra que no fue una declaración de ocasión.

Gilvaja ataca lo que considera gasto sin prioridad, opacidad financiera y privilegio. Su blanco no es el proyecto nacional: es la administración estatal, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, los alcaldes que considera opacos y los coordinadores de su propia coalición cuando le piden disciplina sin argumentos. Este trabajo la sostiene como la diputada más incómoda del Congreso de Baja California: no la más estridente, sino la que más incomoda a quien tiene algo que esconder. Su reto es que el tono no le gane al argumento.

El 1 de diciembre de 2024 votó contra la extinción de los organismos autónomos: “¿Por qué les queremos quitar ese derecho a saber, a la transparencia?”. Según Fábrica de Periodismo, en Baja California esa iniciativa no alcanzó la mayoría. El 19 de diciembre de 2025, según la versión oficial de la sesión, votó en contra del Dictamen 116: la Ley de Ingresos del Estado para 2026, aprobada 18 a 6. Dijo que esa ley es “un abuso no solamente para los empresarios” y que ella es “partidaria por las personas más vulnerables”. El 12 de febrero de 2026 votó contra una deuda de 2,960 millones para la desaladora. La Jornada Baja California registró el 19 a 6; Gilvaja sostuvo que no era un proyecto hídrico, sino una deuda: “No estamos en contra del agua, estamos en contra de la opacidad de las finanzas”.

El 3 de diciembre de 2025, en la comparecencia de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, se sumó a Diego Echevarría Ibarra para cuestionar una Suburban blindada: ¿por qué se prioriza la seguridad de los funcionarios y no la de la ciudadanía? El pasaje consta en el expediente original; no se halló transcripción independiente en la prensa abierta, al margen de un semanario que este trabajo no cita. El 15 de septiembre de 2026, según AFN, cuestionó los cerca de seis millones de pesos del concierto de Edén Muñoz, mientras faltaban medicamentos, seguridad y escuelas. “No es falta de dinero. Es falta de prioridades”, dijo. El exhorto no obtuvo mayoría.

No solo vota en contra. También propone, y a veces el Congreso le vota a favor. Preside la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la XXV Legislatura, según el acuerdo de comisiones del 1 de agosto de 2024 y la instalación del 22 de agosto (La Jornada Baja California). Desde esa presidencia ha desglosado informes de la SIDURT y ha preguntado cuántos predios se han regularizado en comunidades como Las Moritas, Terrazas del Valle y Maclovio Rojas.

El 6 de noviembre de 2025, el Pleno le aprobó por unanimidad reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana para crear la Policía Cibernética, una unidad de prevención de delitos digitales en el Centro Estatal de Inteligencia Preventiva. Lo registraron Uniradio, ExpressoBC y Península BC. Es su logro legislativo más claro: una reforma por unanimidad. En Tecate, en abril de 2026, recordó que el dictamen tardó casi dos años.

El 15 de abril de 2026, el Pleno aprobó un exhorto suyo para atender de inmediato los servicios públicos, la seguridad y la recolección de basura en colonias de Playas de Rosarito, según The Baja Post. El 4 de junio, el listado oficial del Congreso consigna dos proposiciones suyas aprobadas en votación económica: una, para atender el deterioro de infraestructura en Tijuana; otra, para elevar la seguridad ciudadana ante amenazas a funcionarios municipales. AFN registró que una proposición suya para reingeniería de la Dirección de Verificación de Tijuana obtuvo mayoría.

Otras iniciativas suyas están presentadas, no todas aprobadas en el Pleno. En noviembre de 2024, Península BC consignó una propuesta para sancionar con hasta ocho años el desvío de recursos del ISSSTECALI; en febrero de 2025, otra para adelantar a ese año la eliminación de plásticos de un solo uso; en marzo, La Jornada Baja California informó de una reforma al Código Penal sobre el uso ilícito de la inteligencia artificial. En esta revisión no se confirmó que esas tres hayan sido aprobadas por el Pleno. El 27 de abril de 2026, Gilvaja dijo en Tecate que una propuesta para que los uniformes escolares se vendan en cualquier tienda seguía atorada.

El 22 de octubre de 2026, según AFN, presentó exhortos al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, para que explique el manejo de recursos, un acuerdo con transportistas, contratos de alumbrado y un basurero clandestino. Llamó “violentador” a Burgueño y lo acusó de usar páginas en redes para denostarla. Son señalamientos de la diputada, no una sentencia. El coordinador de Morena, Juan Manuel Molina García, le reclamó estar “pasando por encima de las regulaciones del Poder Legislativo”. Ella no se agachó. “Yo estoy pidiendo cuentas claras a los tijuanenses”, respondió. La escena resume su lugar: la voz incómoda para quienes se alinean, el contraste de la 4T cuando la disciplina pide silencio.

Su frase en Tecate, el 27 de abril de 2026, lo dice sin maquillaje. Según AFN, llamó al Congreso “agachón” y “de juguete”, y afirmó: “Somos un congreso de juguete en Baja California, somos un congreso que no tiene fuerza legislativa; somos un congreso que cuando uno quiere levantar la mano, los otros 17 te aplastan”. Dijo que, en las comparecencias, los morenistas “se le ponen de tapete” a los funcionarios. Es la voz que denuncia y, en su relato, la voz del pueblo frente a un recinto que ve como oficialía de partes. Y en el penal, el expediente la estaba esperando.

El 10 de noviembre de 2026, durante la glosa del secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo, Gilvaja develó el tema de las cárceles. Con una nota periodística en la mano, leyó presuntos cobros del Cereso de Tijuana: visitas íntimas a 500 dólares; un celular a 20 mil pesos, “y claro, viene con su rentita de 10 mil pesitos”; whisky, coñac o vino a 3 mil; la televisión a otros 5 mil. “Cobran mucho mejor que en varios congales de Tijuana, ¿eh?”, soltó. Preguntó a la comisionada: “¿Usted gobierna los penales o solo administra la nómina?”. Mencionó señalamientos contra el director Uriel Guerrero González y pidió saber si hay investigaciones o sanciones. Lo cubrieron La Jornada y En Línea BC. Gilvaja abrió el tema. El Congreso no lo ha cerrado.

Este texto tiene dos movimientos. El primero es el perfil de la diputada que denuncia. El segundo, que empieza aquí, es el expediente del penal que ella abrió en tribuna. Distintas fuentes describen un mercado cautivo: la tiendita como casa de moneda, la heroína como divisa fuerte y una pregunta sin respuesta por escrito: ¿quién cobra por la droga que entra?

El menú de la nota que ella leyó es este: visita íntima, 500 dólares (unos 8,750 pesos, a un tipo de cambio de 17.50, aproximado); celular, 20,000 pesos; “rentita” del celular, 10,000; celular completo —compra más renta—, 30,000; whisky, coñac o vino, 3,000; televisión, 5,000. Son cobros presuntos, no tarifas oficiales. Fuentes con conocimiento del penal añaden que una caja de Marlboro se vende hasta en 2,000 pesos, más de veinte veces el de la calle. Cuando la oferta está controlada, el precio lo fija quien tiene la llave.

Conviene compararlos con el Hong Kong de Tijuana. Un estudio de El Colegio de la Frontera Norte ha documentado servicios de 130 a 150 dólares por 30 minutos, y hasta 200 por servicio. No consta —ni este trabajo lo afirma— que ahí se venda droga. La visita íntima en el penal cuesta 500 dólares, dos veces y media más que el tope de ese mercado. En el penal, la visita ocurre en un cuarto vigilado, con registro, horario y reja: no se paga el servicio, se paga el acceso. Esa prima de cautiverio explica el resto del menú.

La columna “Con voz propia” consigna, por una fuente de El Hongo, el precio de la heroína: un gramo a 3,000 pesos; una dosis “menor que la cabeza de un cerillo”, a 500. Un gramo son seis dosis; un kilo, 3,000,000 de pesos y 6,000 dosis; 1,432 gramos, a esa tarifa, equivaldrían a 4,296,000 pesos. El 13 de mayo de 2026, tras detenerse a un jefe de la Unidad Canina, la comisionada reconoció una presunta red de custodios y tres ingresos de droga en menos de cuatro meses. Las versiones de ese decomiso difieren: una habla de presunta metanfetamina; otra, de dos kilogramos de heroína. La conversión a 3,000 pesos por gramo es un orden de magnitud, no una cifra única del expediente.

Según testimonios aportados para este trabajo, la manita —una dosis de heroína del tamaño de una lenteja— cuesta 500 pesos y se paga al tipo de cambio de la tiendita. Nueve Coca-Colas de dos litros, a 52 pesos cada una, suman 468; el faltante de 32 se completa con Zukos —la moneda de menor denominación de ese mercado— o con galletas. Las papas grandes, a 55 pesos, son otra unidad de cambio; el texto original solo mencionaba “papitas”, sin tarifa. La tiendita es la casa de moneda: la familia deposita saldo, el reo compra y con los productos paga la manita. Quien controla la tiendita controla el dinero. Si el saldo no alcanza, el “X” recibe la transferencia afuera, confirma el pago adentro y salda la deuda: un mecanismo tipo hawala. El dinero no cruza la reja. La familia cree que ayuda; fondea el mercado.

En Mexicali, según esos testimonios, predomina la heroína: gana en precio por gramo (3,000 pesos), en dosis (seis manitas), en olor —casi nulo—, en no requerir fuego y en discreción. Los cigarros no son comunes porque el humo delata. En El Hongo, la variedad es mayor. Lo constante es la heroína. ¿Por qué el caldo de oso? Porque, donde encendedores y cerillos escasean, la heroína se diluye y se inhala: sin humo, sin fuego, sin jeringa. La ventaja es operativa; la desventaja, sanitaria: al diluirse a ojo, la dosis se vuelve imprecisa. El método más discreto es también el que más sobredosis produce.

La hipótesis más extendida —que los cárteles controlan las cárceles— no se sostiene con lo que describen las fuentes. Según testimonios, los cárteles surten, pero no controlan la reja. El control interno lo disputan “Los Paisas” y “los Sureños”. El director abre la reja; la banda administra el mercado. El peaje se cobra dos veces: en la puerta y en el pasillo. La fragmentación no debilita el negocio: lo encarece y lo paga el cliente.

El negocio no está solo en vender la dosis: está en meterla. Una ruta son los policías y custodios. El caso del custodio Gerardo Cortina Palma, detenido el 13 de mayo de 2026 en el acceso a El Hongo con cuatro celulares y, según los primeros reportes, unos dos kilogramos de heroína en un vehículo oficial, consta en diversos medios locales. El Sol de Tijuana ha referido que la FGR investiga el ingreso de droga al penal. Dos kilos, a 3,000 pesos por gramo, equivaldrían a 6 millones, con la reserva ya dicha. Un comando armado emboscó al comandante Ramiro Tolentino Téllez cuando lo trasladaba a la FGR; el comandante y su escolta resultaron lesionados. Trascendió, de manera extraoficial, que un mando de ingresos está bajo investigación: sin expediente público, no es un hecho probado.

Otra ruta, según testimonios, es la sala de términos: un reo sale por un delito menor, regresa al día siguiente e introduce 100 gramos de heroína: 300,000 pesos, 600 manitas. Un mensajero lo entrega al cliente. Con cuatro viajes al mes, esa ruta movería 1.2 millones de pesos mensuales, 14.4 millones al año. Son cuentas de testimonio, no una auditoría. Las visitas familiares, contra el mito, son la vía menos rentable: “rara vez llega con un kilo entre las piernas”, resume una fuente.

María Elena Andrade Ramírez fue comisionada del Sistema Penitenciario y hoy es fiscal general: primero administró la puerta y ahora dirige a quien debería investigarla. Según testimonios recogidos para este trabajo, la revisión de la operación de las tienditas quedó en sus manos cuando era comisionada. Ese testimonio no prueba, por sí solo, un delito ni un ingreso ilícito.

El vínculo más incómodo está en las compras de la dependencia que hoy dirige. Según la investigación de Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press (30 de septiembre de 2026), basada en facturas —IE 159 e IE 302—, contratos de la PNT y la designación de la OFAC del 29 de septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado contrató a Inteliproof Efficient. El Universal, con base en la PNT, contabilizó 33 contratos por 73.2 millones de pesos (73,243,744), 19 por adjudicación directa, entre 2022 y 2025. MCCI y otros medios elevan el monto a más de 200 millones al sumar otros contratos. Para los 33, el total es el de El Universal. La OFAC sancionó a la empresa por considerarla parte de la red financiera de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, y los reportes identifican como socio fundador a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Esa sanción es una medida administrativa de Estados Unidos, no una sentencia mexicana. Los contratos reportados públicamente cubrieron uniformes, equipo táctico y software de reconocimiento facial; los drones constan en la factura IE 302 de Los Ángeles Press —cuatro DJI Mavic 3 Thermal, del 14 de diciembre de 2023—, no en esos 33 contratos. La UIF bloqueó cuentas de la empresa. El gobierno estatal ordenó revisar los contratos. La presidente Claudia Sheinbaum señaló que Estados Unidos no ha entregado pruebas sobre las empresas de Baja California. Los documentos demuestran la relación contractual, no que se entregara información de la Fiscalía a organizaciones criminales.

La ironía es de manual: quien debe investigar la heroína del penal compró vigilancia a una empresa que Estados Unidos señala como parte de la red financiera del cártel que controla la plaza. No hace falta probar que la fiscal “mete la droga” para ordenar los hechos. Como comisionada, según testimonios, revisó la operación de las tienditas; como fiscal, su dependencia contrató a quien debía vigilar. Cualquier lectura que concluya, de esa coincidencia, quién se queda la ganancia o que existe una red oficial que introduce la droga es una hipótesis no demostrada en este trabajo. Es motivo para exigir documentos, no para condenar desde una columna.

Los muertos se cuentan distinto según quién los cuente. En junio de 2023, la entonces comisionada Andrade reconoció 40 muertes por aparente sobredosis en los penales del estado. En febrero de 2025, el fiscal central Rafael Orozco dijo que la Fiscalía solo tenía tres casos registrados en El Hongo, “uno muy viejo”; familiares que protestaron en Mexicali el 31 de enero hablaban de al menos ocho. Una columna de El Imparcial, del 26 de mayo de 2026 —denuncia periodística, no dato oficial— sostiene que en El Hongo se revierten sobredosis con naloxona donada y que esas muertes no llegan al Semefo. Infobae México recogió el 21 de mayo de 2026 nombres de internos próximos a salir muertos por aparentes sobredosis, entre ellos Rodrigo Vázquez, Wilfrido Chávez, Wilber García y Erik Campos. En octubre, la CNDH, según la prensa, colocó a La Mesa con 4.45 de 10, la más baja del estado. En la glosa de noviembre, según AFN, la comisionada Lorena Huerta Salas dijo no contar con información para confirmar si los señalamientos eran recientes; habló de 92 personas puestas a disposición por decomisos de celulares desde el 19 de enero, 43 en Tijuana, y no mencionó la naloxona ni las sobredosis.

Un eslabón que no aparece en el menú de Gilvaja, pero forma parte de la misma economía, es la explotación sexual de las internas. Informes de derechos humanos —reportes de la CDHDF, La Jornada y Lindero Norte— han documentado el patrón en penales del país: “papeletas” para elegir a las internas y, por 200 o 300 pesos, el acceso a un túnel. En Baja California, se reportó que en 2025 trascendieron videos y fotografías de internas en celdas, y un video en vivo con usuarios de redes. También se documentó “el servicio de trabajadoras sexuales al cliente, con distintos precios”. Infobae México, el 21 de mayo de 2026, reportó una presunta red con drogas, celulares, prostitución y armas. La lectura —y debe etiquetarse como tal— es que las internas se convierten, según esos reportes, en moneda de cambio. No es un hallazgo propio de este trabajo, ni una cifra verificada y vigente para Baja California; tampoco autoriza a dar por sentada una red oficial.

La permeabilidad del sistema tiene nombre y expediente: Noel Orlando Bustamante Martínez se fugó del Cereso de Mexicali el 5 de agosto de 2026, tras una audiencia por robo calificado, saltando desde la azotea con overol naranja. Fue recapturado horas después. Trasladado a El Hongo I, en Tecate, se fugó de nuevo en la madrugada del 4 de noviembre de 2026. Según La Jornada Baja California y Cadena Noticias, usó una segueta para romper los barrotes de su celda, en el área médica. El mismo reo, dos penales, dos métodos, menos de tres meses. Si un reo puede saltar una azotea y romper barrotes en un penal de “alta seguridad”, la tesis de que las cárceles son un mercado poroso no es una figura retórica.

Cuando una empresa sancionada por la OFAC cobra contratos de la Fiscalía, no preguntarse qué pasa dentro del penal no es prudencia: es inocencia. El problema no es el señalamiento del Tesoro: es que el Estado firma contratos y después pide confianza. El problema no es que un custodio caiga o que un reo se fugue una vez, sino si hay una estructura que lo cubre. Nada de eso se afirma aquí como sentencia, sino como el expediente que Gilvaja abrió y que el Congreso no ha cerrado.

Gilvaja abrió el tema. Su pregunta sigue abierta, y detrás de ella hay otras que un exhorto podría formular por escrito. Para empezar, ¿quién autoriza la operación de las tienditas y quién la revisó cuando María Elena Andrade era comisionada? Esa revisión tendría que esclarecer también quién cobra por la droga que entra, cuánto se paga por introducirla y cuántos custodios han sido sancionados. A ello se suma otra cuestión: ¿por qué la Fiscalía contrató a una empresa hoy sancionada?

El problema se extiende a las condiciones de vida y de muerte dentro de las cárceles. ¿Cuántos internos mueren por sobredosis cada año y cuántos fallecimientos se registran como “paro cardíaco”? También falta saber si existe un protocolo oficial de naloxona o si la reducción de daños depende de donativos. En cuanto a los controles de ingreso, las autoridades tendrían que informar cuántos reos han salido por audiencia y regresado el mismo día durante los últimos doce meses, y cuántos fueron revisados al reingreso. La explotación sexual de las internas exige respuestas igualmente precisas: cuántas han sido víctimas, quién cobra por esos servicios y qué investigaciones existen. Y frente a las fallas de seguridad, queda por explicar cómo se fugó dos veces el mismo reo en menos de tres meses y qué sanciones hubo.

De algunas de estas cuestiones ya sabemos la respuesta; otras siguen a la espera de documentos. Al cierre de esta edición, la Fiscalía no ha respondido públicamente a la pregunta de Gilvaja ni a los señalamientos de la glosa. Si los testimonios son falsos, que el gobierno estatal, CESISPE y la Fiscalía lo demuestren: que publiquen los permisos de las tienditas, las actas de revisión y cateo, los decomisos y las sanciones. El silencio también se cobra.