
Hazael Sayavedra Sábado, 21 de Noviembre del 2026
Bustamante enfrenta cuestionamientos por contratos millonarios de asesoría vinculados a empresas relacionadas con su familia y por créditos contratados durante su administración en el Ayuntamiento de Mexicali.
Por Hazael Sayavedra
Primera entrega: el préstamo, las asesorías y la deuda.
Tijuana, Baja California.- Norma Bustamante pedirá un préstamo de hasta 200 millones de pesos a corto plazo, que deberá quedar liquidado antes de junio de 2027, a diez meses de entregar la alcaldía de Mexicali. El 11 de noviembre habló de deuda a largo plazo; el 13 rectificó. “Unos 200 millones para salir con muchas cosas”, dijo. “Borremos eso y nos quedamos con corto plazo.”
Hay un refrán que en México se recita al final de cada trienio y que no transcribo completo por decoro: “Año de Hidalgo…”. Ustedes saben cómo termina. Habla del último año, cuando se cierra la llave del cargo y se abre la del cajón. Norma Alicia Bustamante Martínez arrancó su segunda gestión el 1 de octubre de 2024 y la termina en septiembre de 2027. Faltan diez meses, y lo primero que anunció fue un préstamo.
La fecha tiene explicación legal. El artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios permite a los municipios endeudarse a corto plazo sin pedirle permiso al Congreso, siempre que la deuda no rebase el 6 por ciento de sus ingresos y quede pagada tres meses antes de que termine el gobierno. Septiembre menos tres meses: junio. El artículo 31 añade que ese dinero solo puede cubrir “insuficiencias de liquidez de carácter temporal”. Dicho sin adornos: sirve para pagar lo que ya se debe. Lo que se prometió construir tendrá que buscar otra caja.
¿Para qué, exactamente? Nadie lo ha dicho. Ella habló de compromisos y de las aportaciones extraordinarias al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California —Issstecali—. El regidor Manuel Rudecindo García, del Partido Acción Nacional —PAN—, dijo que no ha recibido propuesta formal, que ya hubo otro préstamo de corto plazo el año anterior y que 200 millones no alcanzan para los cerca de 700 millones que costará el Issstecali en 2027. También protestó el diputado federal Armando Samaniego, del Movimiento Regeneración Nacional —Morena—, el partido de la alcaldesa. Fuego amigo.
Conviene corregir dos versiones que circulan. Se ha dicho que el Ayuntamiento maneja casi nueve mil millones al año. Los documentos dicen menos: 6 mil 200 millones en 2025; 7 mil 259 millones 860 mil pesos en 2026, más 470 millones de las paramunicipales; y 7 mil 400 millones proyectados en la Ley de Ingresos 2027, aprobada por Cabildo el 13 de noviembre. Doscientos millones son menos del 3 por ciento de eso. Tampoco hubo degradación de calificación: HR Ratings ratificó A+ en junio de 2025 y Fitch subió al municipio a A+ en octubre de ese año. Por eso la pregunta incomoda: con mil millones más que en 2025, ¿por qué se queda sin liquidez justo en el año de Hidalgo?
Asesorías que nadie puede medir
Quien ha trabajado con analistas de inteligencia financiera sabe que el dinero público rara vez sale por la puerta grande. Sale por rendijas legales: una adjudicación directa aquí, una asesoría allá, una renta, un sobreprecio, un crédito “de liquidez”. Juntas dibujan un modelo, y los modelos tienen método. En las tipologías de corrupción, la consultoría ocupa un sitio de honor: su entregable es un informe que nadie lee y su precio carece de referencia de mercado.
La Agencia Fronteriza de Noticias —AFN— documentó que en 2024 el Ayuntamiento otorgó más de 25 millones de pesos en asesorías por adjudicación directa. El Observatorio Ciudadano de Baja California —ObserBC— contó 41.2 millones en servicios profesionales en 2025 y 70.6 millones al cierre del primer trimestre de 2026: en tres meses, treinta millones más que en todo el año anterior. La Voz de la Frontera, con datos del mismo Observatorio, contó 58 adjudicaciones directas entre 2024 y junio de 2025, por más de 212 millones.
El contrato estrella se llama, sin ironía, “Asesoría y acompañamiento… de los proyectos estratégicos y compromisos prioritarios del XXV Ayuntamiento 2025”: 10 millones 440 mil pesos. Revisé el documento en el portal municipal, número 01-AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-12-25. Lo pidió el tesorero Roger Sosa Alafita, lo firmó la oficial mayor Claudia Beltrán, se adjudicó directo y el prestador es Lúmina Profesionales en Consultoría, Sistemas e Infraestructura, representada por Sendy Edith García Lizárraga. Recuerden el nombre. Casi novecientos mil pesos al mes, si el contrato cubre el año completo, para que alguien le diga al gobierno cuáles son sus prioridades.
El municipio tiene más de seis mil empleados y 389 comisionados a paramunicipales. La Ley de Adquisiciones de Baja California exige acreditar que ningún servidor público puede hacer el trabajo antes de contratar fuera; el Observatorio no encontró esas constancias en el portal. En la glosa de octubre, la alcaldesa lo resumió así, según El Mexicano y Nexos: “Nosotros usamos asesores para todo, absolutamente”. Cuando le preguntaron qué proyectos se asesoraron, reconoció que no podía enumerarlos.
La familia también asesora
Las asesorías tienen apellido. AFN documentó que de aquellos 25 millones de 2024, 9 millones 522 mil 200 fueron a tres empresas ligadas entre sí y relacionadas con Norma Castañeda Bustamante, hija de la alcaldesa: Lúmina, IDEA Consultores y Aplicaciones y Nube Electrónica. Solo IDEA cobró 5 millones 991 mil 400 en un contrato. Desde 2022, Oveishon, empresa hermana de IDEA, facturó contratos de difusión que RadarBC suma en 3 millones 654 mil pesos. Y en 2025 Lúmina se quedó con los 10.44 millones de los “proyectos estratégicos”. Sumados, los contratos de 2024 y 2025 dan al menos 19.96 millones para empresas ligadas a la hija, sin contar Oveishon; los contratos son hechos, y el vínculo, un señalamiento.
Uno de los contratos de Oveishon fue para la policía. Guadalupe Lizárraga documentó en Los Ángeles Press que en mayo de 2023 la Dirección de Seguridad Pública Municipal adjudicó, por invitación a tres, el contrato 01-AYTOMXL-OM-INV-02-23 por 1 millón 554 mil 400 pesos a Oveishon, para la comunicación social de la corporación; según RadarBC, lo firmó el entonces director, Pedro Ariel Mendívil García, cuyo expediente reviso en la segunda entrega de esta serie. La policía, con agencia de imagen. Y la agencia, en familia.
En mayo de 2024, el entonces candidato panista Francisco Fiorentini denunció el conflicto de interés ante la Sindicatura. La alcaldesa respondió que su hija ya no trabajaba en Oveishon cuando se firmaron los contratos; ante La Jornada Baja California dijo que la asesora sin sueldo y que dejó IDEA para evitar conflictos. Queda dicho. El mismo diario encontró que el portal de una asociación civil seguía presentándola como consultora de IDEA.
En Los Ángeles Press documenté que José Antonio Castañeda Bustamante figura como dueño de Caligráfica, proveedora estatal y municipal. Punto Norte publicó, con fuentes anónimas, que los tres hijos operan como filtro para las contrataciones. Lo anoto como señalamiento: nadie lo ha probado. En el lenguaje del Grupo de Acción Financiera Internacional —GAFI— tiene nombre: partes relacionadas de una persona políticamente expuesta —PEP—, la bandera roja más vieja del manual.
La cuenta de 2020
Otro contrato, de 20 millones 326 mil 706 pesos, firmado el 11 de marzo de 2026, paga la defensa ante un crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria —SAT— por 508 millones 167 mil 649 pesos, determinado por diferencias en las retenciones del Impuesto Sobre la Renta —ISR— de sueldos de 2020. Ese año gobernaba el Ayuntamiento Marina del Pilar Ávila. En marzo de 2025 el Cabildo ya había aprobado pagar otro crédito, de 240 millones, en veinte parcialidades, según AFN. La práctica antecede a Bustamante y viene de la casa: se retiene, la cuenta no cuadra y la paga el siguiente.
Deuda para el último año
En diciembre de 2025, el Cabildo aprobó un crédito de 240 millones para cubrir los pagos de noviembre y diciembre al Issstecali. Ese gobierno, recordó La Jornada Baja California, había presumido que en dos administraciones no se había endeudado. Las notas a los estados financieros del propio Ayuntamiento lo detallan: tres créditos de Scotiabank Inverlat por 80 millones cada uno, firmados el 30 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, a 365 días, para “insuficiencias de liquidez de carácter temporal”. Al 31 de marzo se habían pagado 24 millones.
La deuda municipal pasó de 880.9 millones al cierre de 2025 a 1 mil 91.3 millones al primer trimestre de 2026, la cuarta más alta del país entre municipios, según la Secretaría de Hacienda citada por Esquina 32, y la quinta, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas —CEFP— citado por La Voz de la Frontera. Ella dice que es herencia. La parte larga, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos —Banobras—, lo es; los créditos de Scotiabank los firmó su gobierno.
Mi hipótesis, marcada como tal: un crédito de liquidez que vence en diciembre, seguido de otro de liquidez que empieza en enero, se parece mucho a deuda que paga deuda. El calendario convierte lo temporal en permanente. Si el nuevo préstamo termina pagando a Scotiabank, la hipótesis quedará confirmada. Las rentas, los contratos y el Issstecali, que completan el modelo, son materia de la segunda y la tercera entregas.
Al 31 de marzo, según las notas a sus propios estados financieros, el Ayuntamiento debía 216 millones a Scotiabank, con vencimientos el 29 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027; al 13 de noviembre, según el regidor Rudecindo García, el Cabildo no había recibido la propuesta formal del nuevo préstamo.
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Para esta entrega se retomaron las respuestas públicas de las personas y autoridades señaladas. No se solicitó una nueva versión al Ayuntamiento de Mexicali.