El abuso contra niñas y niños persiste entre expedientes rezagados, desapariciones y denuncias de familias que reclaman respuestas de las autoridades.
Por Itsmania Platero
Las víctimas invisibles en manos de depredadores mantienen a Honduras entre los países con las tasas más altas de fecundidad adolescente en América Latina y el Caribe, con 97 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años.
Cada año, más de 1,000 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres. Se trata de embarazos infantiles que, por la edad de las víctimas, obligan a investigar posibles delitos de violencia sexual, abuso, explotación, trata y producción de pornografía infantil.
El problema se agrava cuando los expedientes permanecen durante meses o años en el Ministerio Público. Familias denunciantes aseguran que algunos casos tardan más de dos años sin una resolución y describen ese retraso como una espera destinada a desgastar a las víctimas.
Para entonces, algunos niños han perdido cualquier posibilidad de una atención inmediata y otros han desaparecido.
Entre 2022 y agosto de 2025, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contabilizó la desaparición de 729 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años por distintas causas.
En lo que va de 2026, otros 135 menores han sido reportados como desaparecidos, según datos de la DPI. De ese grupo, 54 todavía no habían sido localizados y 107 de los reportes correspondían a niñas de entre 11 y 15 años.
Cada caso se vuelve más complejo por el delito denunciado y por el silencio que las familias atribuyen a las instituciones encargadas de proteger a la niñez.
A la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) llegan de manera constante denuncias de madres y familiares que aseguran haber sido separados de sus hijos sin encontrar después una respuesta efectiva en las instituciones de justicia.
“Nos han despojado de nuestros hijos”, denuncian madres que aseguran no encontrar una vía institucional para recuperarlos o conocer con claridad la situación jurídica de los menores.
Organizaciones como Casa Alianza Honduras han documentado casos de menores encontrados sin vida y con signos de violencia, tortura y abuso.
Cuando se trata de niñez, la Fiscalía tiene la obligación legal de actuar de oficio cuando existen indicios de la comisión de un delito y de desarrollar las investigaciones con la debida diligencia.
Ante el elevado número de denuncias por abusos contra menores, resulta indispensable que el Ministerio Público investigue también las actuaciones de la SENAF cuando existan señalamientos concretos por posibles violaciones de derechos, abuso de autoridad, negligencia o retrasos injustificados en los procedimientos.
El Ministerio Público debe esclarecer esas denuncias y establecer responsabilidades cuando corresponda.
También debe revisarse la aplicación de medidas como la separación de niños de sus familias y su ingreso a casas de protección. Antes de una institucionalización prolongada, las autoridades deben verificar si existen familiares idóneos, distintos de la persona denunciada, capaces de asumir su cuidado y garantizar su seguridad.
Juristas consultados sostienen que el Ministerio Público debe sentar precedentes, garantizar justicia y ofrecer respuestas a las familias que reclaman por sus hijos.
La Fiscalía Especial de la Niñez tiene atribuciones para intervenir en procedimientos administrativos cuando estén comprometidos los derechos de menores de edad y debe actuar bajo el principio del interés superior del niño.
El artículo 16 que regula sus atribuciones faculta a esa Fiscalía para intervenir en procedimientos administrativos cuando sea necesario proteger esos derechos.
En este escenario de violencia contra la niñez, las autoridades hondureñas también mantienen vigilancia sobre organizaciones criminales que pudieran aprovechar los movimientos migratorios. La Policía Nacional ha advertido sobre el riesgo de que integrantes de estructuras criminales intenten infiltrarse en caravanas para salir del país.