Ignacio García Jueves, 22 de Octubre del 2026
Foro Público
El ex fiscal General de Justicia de Chihuahua, César Jáuregui, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) por traición a la patria. El gobierno de Maru Campos negoció con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para evitar alguna acusación penal a cambio de la entrega del principal aspirante a la gubernatura de esa entidad por el Partido Acción Nacional (PAN).
Luego de una confrontación frontal entre la mandataria estatal y la presidenta, ambas han omitido dirigirse directamente y han responsabilizado al ex fiscal estatal del operativo en el que participaron elementos de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés) en abril pasado.
La gobernadora panista había organizado un masivo evento en mayo en donde había reunido a los ex presidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como la ex candidata presidencial Xóchilt Gálvez, en el cual representaba de una acción partidista para defender a Campos y confrontarse con Palacio Nacional.
No obstante, esta semana la mandataria estatal cambió su postura de forma radical, ya que decidió entregar al ex fiscal de Chihuahua, quien no era de su agrado para buscar la gubernatura de la entidad el próximo año. El cambio de posición de la gobernadora ocurre después de la reunión directa que sostuvo con la presidenta.
Por ello, la narrativa de Campos ha cambiado al considerar que la decisión de la colaboración de las autoridades estatales con agentes de la CIA en territorio mexicano sin informar a la Federación dependió exclusivamente de Jáuregui, quien supuestamente fue el único que tuvo contacto con la institución estadounidense.
La acusación de la FGR sobre traición a la patria sólo ha ocurrido en tres ocasiones anteriores desde que se promulgó la actual Constitución en 1917, y sólo en uno de los casos prosperó, debido a que la normativa es ambigua para fincar responsabilidades.
Después de haberse posicionado como la principal panista, Campos decidió salvarse a sí misma y entregar a uno de sus principales colaboradores para que la FGR la exonerara tácitamente e incluso negociara la entrega de la gubernatura de la entidad a cambio de una embajada, como ha sucedido con los ex gobernadores priistas que fueron recompensados con estos cargos diplomáticos por todo el mundo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque públicamente la gobernadora panista ha rechazado haber negociado con el gobierno federal, la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero ha hecho mutis sobre la decisión de la mandataria estatal, lo que evidencia un pacto político para evitar que Campos fuera acusada penalmente por “traición a la patria” o se configuraran otros delitos por irregularidades en su administración estatal.
La falacia de la traición de la patria
El Código Penal Federal establece 15 conductas que pueden considerarse como “traición a la patria”, con los cuales pueden fincar responsabilidades desde cinco hasta 40 años de prisión y una multa de 50 mil pesos, pero en más de un siglo sólo han existido tres casos previos.
En 1945 al cierre de la administración de Manuel Ávila Camacho fueron detenidos los diputados Carlos A. Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre por traición a la patria, debido a supuestas irregularidades en la entrega del programa Bracero, que formaba parte de una norma para el trabajo temporal de la población mexicana en Estados Unidos.
Después de haber permanecido recluidos durante ocho meses en el Palacio de Lecumberri, salieron por amparos concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Posteriormente, en 2003 durante el gobierno de Vicente Fox un juzgado de Chihuahua solicitó el arresto 60 elementos de la policía municipal y de la Inspección Fiscal Aduanal por haber entregado a agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) a 15 mexicanos que presuntamente habían asaltado un tren en Estados Unidos, con lo cual supuestamente les requirieron por traición a la patria, no obstante, en esa ocasión la acusación penal no funcionó.
El más reciente de los casos sucedió en 2024, cuando la FGR acusó a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa (CDS), por traición a la patria, tras haber negociado con el FBI la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada en territorio mexicano, sin embargo, hasta el momento dicha acusación no ha prosperado, debido a que el narcotraficante es procesado penalmente en la Unión Americana.
Antes, en el siglo XIX el gobierno de Benito Juárez acusó por traición a la patria a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, al haber encabezado un gobierno que respondía a los intereses de Francia, y por ello fueron fusilados tras el final del segundo Imperio.
Jáuregui, el chivo expiatorio
Jáuregui había manifestado sus intenciones de buscar la gubernatura de Chihuahua, lo que provocó molestias para Campos, quien decidió entregar a uno de sus principales operadores políticos y con ello provocar una caída significativa en la estructura del panismo ante las elecciones del siguiente año.
Incluso la gobernadora podría llegar a un acuerdo con el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Cruz Pérez Cuellar, quien durante años fue panista y apenas se integró a las filas del partido guinda, por lo que sería el perfil más idóneo para garantizar impunidad al finalizar la administración estatal.
Además, Campos es señalada de haber sido una de las colaboradoras más importantes del gobierno de César Duarte, quien fue uno de los ex gobernadores más corruptos en la historia de la entidad, y por ello la FGR podría utilizar expedientes para reiniciar investigaciones.
La decisión de la mandataria estatal podría implicar una eventual derrota electoral para el panismo, siendo una de las tres entidades que el partido buscará mantener el siguiente año, pues también estarán en disputa Aguascalientes y Querétaro, mientras que Morena podría adherirse otra entidad más a su control sin la intervención de Andrea Chávez, a quien le ofrecieron la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez.
Para Campos, su principal perfil para sucederla sería el actual alcalde de la capital de Chihuahua, Santiago de la Peña, pero el escenario actual para el panismo es un desastre, en medio una cada vez más probable derrota del panismo en el proceso electoral.
Mientras este panorama ocurre, la principal beneficiaria sería la presidenta, pues no sólo evitó que el grupo político de Adán Augusto López obtuviera la candidatura a la gubernatura del estado, sino que también la cesión del panismo al cargo más importante de esa entidad y con ello tener un perfil a modo en medio de una debacle que el panismo no ha logrado contener.
En tanto, la legitimidad de las decisiones políticas de Campos está en duda, debido a que cada vez menos personas confiarán en las acciones emprendidas por el gobierno estatal ante los escasos meses que restan de la actual administración estatal, mientras que el panismo tendrá que deslindarse de la propia gobernadora.
Los panistas tendrían que optar por conformarse como una oposición dentro del gobierno de su propio partido que decidió negociar con el gobierno federal, mientras que Cruz Pérez Cuellar tiene vía libre para garantizar el triunfo electoral en junio y con ello obtener el control del estado geográficamente más grande del país.
La polarización política que se ha intensificado en los últimos días en Chihuahua ha causado que incluso los propios panistas locales condenen la decisión de la gobernadora al dejar abandonado a Jáuregui, quien era considerado como el principal perfil para tratar de mantener el control de la entidad en los siguientes comicios.