Daniel Lee Jueves, 22 de Octubre del 2026
Los migrantes podrían quedar expuestos a una tecnología militar diseñada para provocar dolor intenso como mecanismo de control y disuasión fronteriza.
Por Daniel Lee
La frontera como campo de pruebas
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a probar un arma militar que utiliza ondas electromagnéticas para provocar un doloroso ardor en la piel y obligar a las personas a retirarse. El Sistema de Denegación Activa (ADS) podría incorporarse a las estrategias de vigilancia y control de la frontera con México, aunque la autorización para realizar pruebas no significa que ya esté siendo utilizado contra migrantes.
La decisión abre un debate que va mucho más allá de la tecnología militar: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno para impedir el ingreso de personas a su territorio y qué riesgos está dispuesto a imponerles en nombre de la seguridad fronteriza?
El dispositivo no dispara balas ni emite un rayo láser visible. Utiliza ondas milimétricas que calientan las capas superficiales de la piel hasta generar una sensación de ardor prácticamente insoportable. El propósito es provocar una reacción inmediata: que la persona huya del haz de energía. Su clasificación como arma no letal, sin embargo, no elimina los riesgos ni garantiza que su utilización en condiciones reales carezca de consecuencias graves.
La frontera no es un campo de batalla. Ese principio debería orientar cualquier decisión sobre el empleo de tecnología militar contra personas cuyo propósito es cruzar una línea internacional, muchas veces en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La diferencia entre una demostración controlada y una operación fronteriza es enorme. En un laboratorio, las condiciones pueden medirse y la exposición interrumpirse bajo protocolos establecidos. En el desierto, junto al río Bravo o en terrenos accidentados, una persona sometida a un dolor intenso puede correr sin dirección, caer, golpearse o lanzarse al agua para escapar. Si viaja con sus hijos o intenta ayudar a otro integrante de su familia, el peligro puede multiplicarse.
El riesgo no reside únicamente en la energía dirigida contra el cuerpo, sino también en la reacción que busca provocar. Convertir el dolor en un mecanismo de disuasión puede generar consecuencias que no se resuelven con la simple afirmación de que el arma no pretende matar.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO) ha advertido que los efectos a largo plazo de las armas de energía dirigida no están completamente claros y que su aplicación plantea interrogantes sanitarios, éticos y operativos. Aunque el Sistema de Denegación Activa ha sido sometido a estudios y pruebas militares, las condiciones de una operación real en la frontera no pueden equipararse automáticamente con las de un entorno controlado.
Llamar no letal a un arma no equivale a declararla inocua. Una exposición excesiva puede provocar lesiones térmicas, mientras que una respuesta de pánico puede derivar en accidentes. Por ello, antes de considerar su utilización, las autoridades deben demostrar qué riesgos existen, cómo se limitarían y quién respondería si una operación termina con personas heridas o muertas.
El debate también exige distinguir entre controlar una frontera y castigar a quienes intentan cruzarla. Estados Unidos tiene facultades para regular el ingreso a su territorio y aplicar sus leyes migratorias. Pero esas atribuciones no eliminan sus obligaciones de proteger la vida, evitar el uso arbitrario de la fuerza y garantizar un trato humano. La persecución de una infracción migratoria no puede convertirse en una autorización general para infligir sufrimiento físico.
Además, la migración no se explica únicamente por la decisión individual de cruzar una línea. Detrás de muchos desplazamientos existen la necesidad de trabajar, la reunificación familiar, la violencia y la búsqueda de mejores oportunidades. Ninguna de esas circunstancias justifica ignorar las leyes fronterizas, pero tampoco puede reducirse a millones de personas a una amenaza que debe ser repelida mediante cualquier recurso disponible.
Aquí otra contradicción: mientras la economía estadounidense depende del trabajo de millones de inmigrantes, la respuesta institucional a la migración insiste en ampliar los mecanismos de vigilancia, contención y expulsión. La tecnología puede modificar la forma de ejercer el control, pero no resuelve las causas que llevan a las personas a migrar ni sustituye una política migratoria capaz de combinar seguridad, legalidad y respeto a los derechos humanos.
México tampoco debería observar esta decisión como un asunto exclusivamente interno de Estados Unidos. La posibilidad de emplear un arma de energía dirigida en la frontera compartida obliga a exigir información clara sobre las pruebas, los protocolos de seguridad, las zonas de operación y los mecanismos para investigar posibles lesiones.
Para tenerlo en cuenta...La frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en un espacio donde la innovación tecnológica y la política migratoria se encuentran frente a una pregunta fundamental: ¿la seguridad se mide por la capacidad de impedir el paso o por la capacidad de hacerlo sin poner vidas innecesariamente en peligro?
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