Miguel Montesinos León Viernes, 23 de Octubre del 2026
En Oaxaca, la narrativa oficial de seguridad contrasta con focos de violencia, rezagos sociales y reclamos por infraestructura y protección.
Por Miguel Montesinos León
Oaxaca de Juárez, Oax.— El gobernador Salomón Jara Cruz recibió este 22 de octubre a Sarah A. Duffy, nueva cónsul general de Estados Unidos en México, para hablar de turismo, migración y seguridad. El encuentro fue presentado por el gobierno estatal como una señal de confianza y fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos.
Durante la reunión, Jara Cruz afirmó que Oaxaca es el quinto estado más seguro del país y atribuyó esa condición a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la participación de las comunidades y una estrategia enfocada, según dijo, tanto en combatir los delitos como en atender las causas de la violencia.
El problema es que esa narrativa oficial convive con una realidad mucho más incómoda.
Oaxaca sigue siendo uno de los estados con mayores niveles de pobreza del país. Más allá de la riqueza cultural, lingüística, gastronómica y natural que el gobierno suele exhibir ante visitantes y funcionarios extranjeros, una parte sustancial de la población oaxaqueña continúa enfrentando carencias materiales profundas, desigualdad y falta de oportunidades para alcanzar siquiera condiciones mínimas de bienestar.
A ello se suma la historia política de quienes hoy controlan las principales áreas del gobierno estatal: las filas de las que provienen el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y el propio gobernador Salomón Jara Cruz; los señalamientos sobre los vínculos y espacios de influencia atribuidos al llamado “hermano incómodo”; y la estructura que, desde el poder, se ha tejido alrededor del círculo más cercano del mandatario.
También aparecen figuras como la secretaria de Turismo, Saymi Adriana Pineda Velasco, responsable de una política turística que ha intentado transformar incluso la Guelaguetza bajo una lógica de espectáculo. En los corredores del propio Palacio de Gobierno circulan versiones sobre sus aspiraciones a contender, llegado el momento, por la gubernatura de Oaxaca.
La afirmación de que Oaxaca ocupa el quinto lugar nacional en seguridad tampoco puede analizarse de manera aislada. El propio gobierno estatal ha repetido esa posición durante 2025 y 2026, con base en estadísticas de incidencia delictiva.
Pero mientras el gobernador exponía esa imagen ante la nueva cónsul estadounidense, Juchitán atravesaba una nueva escalada de violencia.
En apenas tres días se registraron seis homicidios dolosos y varias personas heridas en ese municipio del Istmo de Tehuantepec. Uno de los asesinatos ocurrió la mañana del 21 de octubre, cuando un trabajador municipal fue atacado a balazos a plena luz del día. La noche anterior había sido asesinado un estudiante del Instituto Tecnológico del Istmo y también se reportó la muerte violenta de un mototaxista.
La gravedad de la situación llevó al comisionado municipal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, a acudir a la Secretaría de Gobernación para gestionar respaldo y coordinación con el gobierno federal.
Un día después, la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención de siete personas presuntamente vinculadas con los homicidios recientes y reconoció expresamente la existencia de “brotes de violencia focalizados” en la región del Istmo.
El contraste es evidente.
Si Oaxaca es, como afirma el gobierno estatal, uno de los cinco estados más seguros del país, conviene explicar cómo se concilia esa clasificación con municipios donde las autoridades locales requieren respaldo federal ante episodios sucesivos de homicidios y ataques armados.
También debe explicarse qué mide exactamente esa clasificación.
Un promedio estatal puede reducir estadísticamente la incidencia delictiva y, al mismo tiempo, ocultar territorios donde la violencia se concentra con particular intensidad. La seguridad que se presenta en una conferencia no necesariamente es la misma que experimenta una familia que vive en una comunidad sometida a asesinatos, amenazas o disputas entre grupos criminales.
Tampoco es cosa menor la presencia de distintos grupos criminales en las ocho regiones de Oaxaca y la manera en que se han distribuido territorialmente. Mientras los gobiernos estatal y federal sostienen que existe control y coordinación, en distintas zonas la percepción de los habitantes es otra: autoridades rebasadas, carreteras inseguras y comunidades que viven bajo la presión cotidiana de la violencia.
La infraestructura exhibe otra parte del problema.
La vía rápida que conecta a Oaxaca con el centro del país se encuentra en condiciones que distan mucho de corresponder a una ruta estratégica para el turismo y la economía estatal. Ingresar por carretera puede convertirse en un viacrucis, y no precisamente en Semana Santa. Hay casetas de cobro, tramos deteriorados y una presencia de seguridad que los usuarios difícilmente perciben de manera constante.
La Guardia Nacional, División Caminos, debería garantizar vigilancia y auxilio en esas rutas. Sin embargo, entre transportistas persiste la queja de que su presencia resulta insuficiente y que, cuando aparece, suele asociarse más con infracciones que con una vigilancia permanente de los trayectos.
Mientras tanto, el gobernador y su séquito se desplazan en convoyes y camionetas blindadas.
Y ahí surge una contradicción imposible de ignorar: si Oaxaca es tan seguro como sostiene el discurso oficial, ¿por qué quienes gobiernan requieren semejantes dispositivos para trasladarse por el mismo territorio que presentan como ejemplo de seguridad?
La distancia entre el Oaxaca que se presenta en reuniones diplomáticas y el que viven diariamente sus habitantes merece una revisión mucho más seria.
Nadie discute la riqueza cultural de la entidad ni su enorme potencial turístico. Tampoco que Estados Unidos y Oaxaca puedan construir una relación útil en materia de turismo, migración, inversión o seguridad.
Lo que resulta insuficiente es utilizar esas virtudes como escaparate mientras persisten la pobreza, la precariedad de la infraestructura y focos de violencia que obligan incluso a buscar apoyo federal.
La reunión con Sarah A. Duffy puede servir para fortalecer relaciones internacionales. También debería servir para algo más elemental: reconocer que la seguridad no puede medirse solamente mediante posiciones en una tabla ni presentarse como una postal institucional.
Ése es Oaxaca en la realidad. No el que venden en postales y folletos para atraer al turismo nacional y extranjero, sino el de las comunidades que enfrentan pobreza, el de las carreteras deterioradas, el de Juchitán pidiendo respaldo ante la violencia y el de miles de habitantes cuya vida cotidiana está muy lejos de la imagen que el gobierno ofrece a sus visitantes.