Jorge Octavio Ochoa Domingo, 25 de Octubre del 2026
Taddei enfrenta críticas por decisiones que debilitan la autonomía del INE y favorecen intereses del poder político.
Por Jorge Octavio Ochoa
Guadalupe Taddei es tan sólo el rescoldo de un expresidente abusivo, que convirtió en soberbia e ironía la acumulación del poder. En ese grupo podrían estar Rocío Nahle, Layda Sansores, Marina del Pilar, Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila, como parte de una pléyade de corifeos que se sentían protegidos por Andrés Manuel López Obrador.
Afirmaciones como la del “Sistema de Salud como Dinamarca”; “El IMSS-Bienestar es el más eficaz del mundo”; “En México ya no hay corrupción”; “saco mi pañuelito blanco”; en este gobierno “no se ejecutan masacres, no se tortura y no se desaparece a nadie”; “ella es honesta”, enmarcaron la burla a un pueblo leal y ávido de creer.
Ante los hechos, la burla se vuelve todavía más sardónica. “Conozco a su familia. Y sí, son gentes progresistas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo que defiende Reforma, porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos”. Así presentaba AMLO a Taddei. “Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo”.
Al paso del tiempo, algo pasó. El fuego empieza a llegar a los aparejos de los López Beltrán, Amílcar Olán, Daniel Azáf, Juan Domingo Beckman, Mauricio Garguño, amigos todos de “Andy”, a quien Morena se apresta a convertir en diputado federal por Tabasco. Y ni qué decir de los “primo hermanos” de AMLO: Adán Augusto, Audomaro, los Mollinedo, también en la mira judicial.
Guadalupe Taddei ha mantenido una relación muy estrecha con José Alfredo Hernández Casillas, uno de los principales accionistas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, empresas proveedoras del INE de materiales electorales. Ambas, junto con otras de su propiedad, se encuentran bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por simulación de competencia para obtener contratos.
Aun así, Cajas Graf y TOL Producciones, de José Alfredo Hernández, ganaron una asignación directa por 197 millones de pesos para la fabricación de materiales electorales de la pasada elección judicial. Todo esto tipifica un grave conflicto de interés. Su relación es muy cercana. Él asistió al último cumpleaños de Taddei. La mujer ya no es confiable para los fines institucionales y llena de sombras al país.
México se encuentra inmerso en un año electoral viciado de origen. El instituto encargado de garantizar la certeza y transparencia de los comicios está lejos de poder hacerlo. A la luz de estos primeros hechos, que no ha podido desmentir ni aclarar Guadalupe Taddei, está sumido en el lodo, bajo el fantasma de graves delitos.
Se configuran desde conflictos de interés hasta delitos como peculado y asociación delictuosa. El asunto es de tal tamaño que involucra la remoción de la titular del INE. De lo contrario, no hay nada que garantice la confiabilidad de los comicios del año próximo. Este asunto no es sólo de un “chofer”. Están involucrados al menos otros cuatro funcionarios muy allegados a ella.
Jonathan Navarrete Torres, adscrito oficialmente como chofer de Taddei, aparece desde 2023 como “apoderado” de Corporativo Zeg, empresa proveedora del INE indagada por irregularidades en sus contratos. Junto con Cajas Graf, dominan el mercado de materiales electorales. Tiene contratos millonarios con el INE.
Jesús Octavio García González fue también representante legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg en 2023. Bajo la presidencia de Taddei se desempeñó, hasta abril pasado, como director de Administración del INE, a pesar del obvio conflicto de interés.
Claudia Arlett Espino, expresidenta del instituto electoral de Chihuahua, asignó en 2021 un contrato por 33,9 millones de pesos a Cajas Graf. Tres años después se convirtió en secretaria ejecutiva del INE.
Iliana Araceli Hernández Gómez, exsecretaria ejecutiva del Instituto en Oaxaca, dio un contrato por 32 millones de pesos a Corporativo Zeg. Tiempo después fue nombrada por Taddei como titular de la Unidad de Género del INE. En ambos casos se configura, cuando menos, un conflicto de interés.
Todo esto fue publicado por el diario Reforma la semana pasada, en una sucesión de reportajes de Érika Hernández. Es tan sólo el colofón de una serie de polémicas en las que ha estado involucrada Guadalupe Taddei quien, paradójicamente, ha respondido con una actitud déspota, de funcionario que se sabe intocable. A ella no parece importarle el riesgo en el que ha metido al país.
Desde hace tiempo, Taddei ha sido cuestionada por el número de familiares que han ocupado puestos políticos en Sonora, como son los casos de su hija Ivana Celeste Taddei Arreola, que es diputada local; Jorge Carlos, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en aquella entidad, o Pablo Daniel, director de LitioMX, un organismo del gobierno federal que no produce nada.
Están también sus sobrinos Luis Rogelio Piñeda, que fue director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso estatal; Jorge Francisco Piñeda, que ha sido encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado, y León Fernando Piñeda, secretario escribiente del Tribunal de Justicia Administrativa local. Hay otros familiares.
Hace poco se le cuestionó tener ocho “aviadores” que cobraron 6 millones de pesos entre enero de 2023 y septiembre de 2025, que no acreditaron los trabajos de consultoría y coordinación por proyectos realizados. Sus salarios netos quincenales fluctuaban entre 22 mil y 47 mil pesos. Ella dijo que ya no laboran en el INE.
En suma, ella está involucrada en un proceso que de por sí amenaza con judicializarse. El INE tiene que revisar los actos de precampaña que desde hace un año empezaron personajes de Morena, como Andrea Chávez, que envuelven un uso ilegal de recursos y bienes de la nación.
¿Qué garantía de equidad puede ofrecer Guadalupe Taddei cuando inicien las controversias por la famosa Ley Antimemes, que pretende sancionar con pena de uno a cinco años de prisión y multas de 117 mil a un millón 173 mil pesos “a quien reproduzca y utilice logos, emblemas o dominios electrónicos de instituciones públicas para inducir al error o engaño”?
Imagínese cómo sancionarán a los adversarios que se les ocurra utilizar, por ejemplo, la figura de la presidenta Sheinbaum como bailarina, parafraseando el insulto de Donald Trump que, por cierto, no mereció ni una nota de “extrañamiento” del Congreso de la Unión. Ofendió no sólo a la persona, sino al país en su conjunto. Pero ya vemos que algunos tienen la lengua muy larga y la falda muy corta.
La corrección más importante de puntuación estaba en las enumeraciones y en varias comas entre sujeto y verbo. También corregí “cómo sancionarán”, los años precedidos innecesariamente por el, y uniformé cifras y cargos.