Hazael Sayavedra Sábado, 26 de Septiembre del 2026
Bonilla reaparece como pieza clave en la negociación política de Baja California, con el PT en posición de disputar espacios a Morena rumbo a 2027.
Por Hazael Sayavedra
La fotografía de Julieta Ramírez Padilla y Jaime Bonilla Valdez en PSN, la empresa televisiva del exgobernador, cuenta una historia de reconfiguración política que trasciende el acto mismo de la reunión. No se trata simplemente de dos políticos del mismo movimiento coordinando esfuerzos. Se trata de un acto de subordinación política que descifra los verdaderos equilibrios de poder en Baja California rumbo a 2027.
Jaime Bonilla es un referente político en la entidad que cuenta con el apoyo de muchos de los bajacalifornianos. No hay que olvidar que llegó a la gobernación con el apoyo del pueblo. Su designación como Senador de la República desde agosto de 2022, y su actual posición como dirigente estatal del Partido del Trabajo —PT—, lo mantienen como una pieza fundamental en cualquier configuración electoral estatal. Su poder radica no en un cargo ejecutivo, sino en la capacidad de movilizar bases electorales y de negociar con actores institucionales —una forma de poder que, frecuentemente, es más duradera que los cargos públicos formales.
Años atrás, cuando Julieta Ramírez ejercía otras funciones, se refería a Bonilla como "mentiroso profesional". La ruptura entre ambos era evidente. Las diferencias públicas eran inevitables. Hoy, después de que Morena designara a Ramírez como Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California —el 15 de septiembre—, ella busca a Bonilla.
La fotografía muestra a Ramírez, aspirante a la gubernatura, tendiendo un puente al exgobernador. Pero no es un puente de iguales. Es un puente donde Ramírez besa la mano del poder que requiere para ganar.
La senadora con licencia necesita del apoyo de Bonilla porque sabe que las encuestas internas de Morena no le permiten una victoria sin negociación. El Partido del Trabajo, bajo la conducción de Bonilla, controla bases electorales que son decisivas en municipios estratégicos. Ramírez no puede ganar la gubernatura sin ese respaldo. Por eso, después de haberse permitido llamarlo mentiroso, ahora construye narrativas de "unidad", de "diálogo", de "encontrar coincidencias". El lenguaje de la derrota política siempre es el lenguaje de la reconciliación.
Mientras tanto, existe una jugada maestra en el tablero: Monserrat Caballero como candidata a presidenta municipal de Tijuana por el Partido del Trabajo. Caballero es la exalcaldesa que logró hacer lo que parecía imposible: pagó la deuda histórica de Tijuana. En enero de 2024, ante la ciudad, anunció la liquidación de 2 mil 290 millones de pesos en deuda pública acumulada desde 2008. Su gestión fiscal fue reconocida. Fue la única edil en haber enfrentado esa deuda con responsabilidad financiera. Esto la posiciona como una candidata con credibilidad municipal.
Si Caballero encabeza la candidatura presidencial municipal por el PT, mientras Morena posiciona a alguien como Ismael Burgueño —alcalde actual de Tijuana con un expediente comprometido—, se reduce significativamente el poder electoral de Morena en el municipio más importante de Baja California. Burgueño enfrenta investigaciones de la Fiscalía General de la República —FGR— por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue citado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada —FEMDO— el 18 de noviembre de 2025, acusado de haber otorgado contratos millonarios del Ayuntamiento de Tijuana a empresas controladas por Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación —CJNG—.
Adicionalmente, durante su administración, Burgueño entregó 7.2 millones de pesos del Ayuntamiento de Tijuana al Centro de Rehabilitación Jireh, vinculado con la denominada Patrulla Espiritual, operación dirigida por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como "El Chiquilín". Estos recursos, canalizados a través del fideicomiso Fondos Tijuana, fueron destinados a financiar el programa "Salud para Todos: Rescate y Vida Nueva". Posteriormente, un joven internado en Jireh fue asesinado dentro de las instalaciones en agosto de 2026, y la Sindicatura Procuradora de Tijuana inició auditorías para verificar si la organización comprobó el uso de los fondos públicos. El escándalo ha generado una percepción negativa en la ciudadanía sobre el manejo de recursos municipales.
Burgueño llegó a la presidencia municipal de Tijuana en 2024 como candidato del Partido Verde Ecologista de México —PVEM— en alianza con Morena. Ahora, después de haber perdido la candidatura interna de Morena a gobernador el 15 de septiembre de 2026 frente a Julieta Ramírez, se reposiciona dentro del PVEM para aspirar a su reelección como alcalde de Tijuana en 2027. Esta maniobra política es reveladora: Burgueño, marginado de la candidatura estatal, busca mantener el control municipal a través de su socio histórico, el Partido Verde. Su permanencia en la alcaldía representa una fortaleza territorial que ni Morena ni el PT pueden ignorar fácilmente, pero su déficit de credibilidad —producto de las investigaciones y escándalos— lo hace un activo comprometido.
El Partido Verde, aliado de Morena en la coalición, mantiene vínculos complejos con actores poco honrosos. El esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, fue notificado en mayo de 2025 sobre la revocación de su visa de no inmigrante por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Marina del Pilar recibió notificación similar poco después. Aunque ambos fueron enfáticos en insistir que se trataba de "asuntos administrativos", la revocación simultánea de visas a dos funcionarios públicos de alto nivel envía un mensaje político claro sobre la credibilidad institucional.
El pronóstico electoral para 2027 apunta a una configuración clara: Julieta Ramírez como gobernadora de Baja California, respaldada por la estructura política de Jaime Bonilla y el PT. Monserrat Caballero como presidente municipal de Tijuana, también bajo la bandera del PT. Esta configuración le quita poder electoral a Morena en su bastión más importante, pero mantiene la gobernación dentro de la Cuarta Transformación. Es una jugada maestra porque garantiza continuidad de la administración, pero redistribuye el poder de forma que reduce el dominio de Morena a nivel municipal, fortaleciendo al PT como socio no subordinado.
La fotografía en PSN no es un acto de democracia interna. Es la captura de un momento donde Julieta Ramírez reconoce que necesita el poder de Bonilla más de lo que le importa su dignidad política anterior. Es el cálculo frío de quién puede ganar. Y en Baja California en 2027, ese cálculo favorece a quienes entienden que el poder no está en los votos, sino en las redes de influencia que movilizan esos votos. Bonilla lo sabe. Ramírez acaba de comprenderlo. Burgueño, por su parte, intenta salvarse refugiándose en el PVEM, pero sus antecedentes lo perseguirán.