Jorge Octavio Ochoa Domingo, 27 de Septiembre del 2026
Sheinbaum enfrenta señalamientos por desabasto, violencia y falta de rendición de cuentas en problemas heredados y actuales del gobierno federal.
Por Jorge Octavio Ochoa
Por mucho que se esforzaron en escenificar este domingo un cierre glorioso al “tour por la República” para propagandear el 2.º Informe de Gobierno, en términos reales no hay grandes noticias y sí muchos desfalcos heredados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ahora ella se ve obligada a aclarar.
La “rendición de cuentas” en algunos estados se convirtió en un calvario por las fracturas que empiezan a profundizarse en Morena y que están a punto de implosionar a la luz de la grave crisis de abasto de medicinas, que coloca a la 4T nuevamente en el ojo del huracán.
El expresidente modificó el sistema de distribución, importación y gestión de medicamentos en México porque, según él, había corrupción. El mercado estaba concentrado en muy pocos distribuidores y 10 empresas controlaban casi el 80 % del gasto en medicamentos.
Nunca comprobó la presunta corrupción y ningún empresario o accionista del ramo fue a la cárcel. Solo fue para acallar cualquier intento de protesta. En contrapartida, AMLO adjudicó de manera directa contratos por más de 420 millones de pesos al poderoso y millonario senador Carlos Lomelí Bolaños.
Esto distorsionó el sistema de distribución y ahora Birmex admite que hubo “problemas” y tuvieron que redistribuir 168 millones de medicamentos que fueron enviados a destinos equivocados. Hay claves de productos que no pudieron adjudicarse y distribuidores con dificultades para entregar a tiempo.
Mientras la presidenta Sheinbaum negaba la legitimidad de las protestas de médicos por el desabasto, más de 156 mil piezas e insumos no habían sido entregados por 11 proveedores seleccionados por el gobierno federal. Por eso la crisis en la CDMX, Guerrero, Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas y Colima.
Según el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, entre los faltantes hay tratamientos contra el cáncer, antibióticos e insulina. En total, 20 proveedores registran un cumplimiento inferior al 25 % en sus entregas. Pero Morena y la 4T han querido presentarnos una imagen de felicidad y bonanza en el Zócalo.
Igualmente, resulta pasmosa la normalización que ha alcanzado el abuso de poder, la violencia y la penetración del crimen organizado. En tan solo un sexenio, han sido asesinados y/o han desaparecido más de 300 activistas, luchadores sociales, dirigentes de comunidades o periodistas, pero la cifra ya no mueve a espanto.
Los gobernadores se han convertido en caciques y jefes de plaza que dictan leyes a modo para perseguir a sus enemigos o para someter a sus aliados, como ocurrió con las “dichosas encuestas”, que tienen tan inconforme al infausto PT, el partido con más intereses que militantes.
Así, un gobernador puede quitar el fuero de manera discrecional a los alcaldes y concejales para mantenerlos bajo control, como ocurrió en Veracruz; o tender cercos y quitar la libertad a los adversarios políticos para humillarlos y amedrentarlos, como ocurrió con Ernesto Ruffo.
Sin pena ni gloria, hace unos días se dio a conocer una investigación de la Universidad de Berkeley que documentó el asesinato de 78 periodistas y 259 activistas sociales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Por el volumen de víctimas, en cualquier otro país sería motivo de escándalo.
En México, se ha mantenido en bajo perfil el nivel de descomposición que sufre el aparato político, con media docena de gobernadores implicados en graves casos no solo de corrupción, sino de asesinatos y abierta persecución a líderes de opinión, como se ha visto en Campeche, Puebla, Veracruz, Morelos y Edomex.
En los últimos dos años, al menos 13 alcaldes y varios exalcaldes de distintos partidos políticos han sido detenidos o vinculados a proceso por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros delitos graves, en el marco de la llamada Operación Enjambre.
El caso más reciente es el de Miguel Sánchez Altamirano, el “Quetu”, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ligado a Los Cromos, célula identificada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región. Se le acusa de cobro de piso a empresarios, comercios pequeños y medianos.
Además, se investiga su posible participación en la compra de armas y en el control de casas de seguridad utilizadas para el tráfico de migrantes. Otros casos notables son el de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, de Morena, acusado también de extorsión a empresarios y colaboración con el CJNG.
Pero hay de otros partidos, como Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan, Morelos, emanado del PAN, acusado de extorsión, con presuntos nexos con células del Cártel de Sinaloa; o Jesús Corona Damián, de Cuautla, Morelos, postulado por PRI-PAN-PRD, también vinculado con el Cártel de Sinaloa.
Es decir, el mal se ha extendido. Sin embargo, las redes de protección se mantienen para los altos niveles, en una metástasis que ahoga a todo el sistema. El pueblo es el que paga las consecuencias: 510,000 hogares (1.6 millones de personas) abandonaron su residencia debido a la violencia o la inseguridad.
En el sexenio de AMLO se registraron más de 200 mil crímenes violentos y más de 100 mil desapariciones forzadas. Más de 8 mil niños y adolescentes han desaparecido o siguen “no localizados”, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
El volumen de denuncias de menores de 0 a 17 años desaparecidos llega a 47 mil 745 casos. Pero la población parece no registrar ya “los otros datos”. Lo peor es que, como ocurría en el pasado, las autoridades judiciales continúan con la práctica de acciones ilegales y violatorias de los derechos más elementales.
Así ocurrió con la abogada Herminia Báez Vázquez, a quien policías ministeriales del estado de Veracruz detuvieron dentro de su propia casa. Sin órdenes de cateo ni de detención, derribaron la puerta a las 3 de la madrugada, la esposaron y la detuvieron junto con sus hijos.
La acusaron de secuestro, posesión de drogas y de un vehículo robado. Es decir, le sembraron evidencias falsas, pero tuvieron que liberarla porque otro de sus hijos había grabado el operativo. Así, la liberaron, sin ninguna consecuencia y sin castigo para los que armaron el montaje.
Este abuso de poder e intimidación pudo verse también en el caso de Ernesto Ruffo, quien ha sido trasladado por tierra (2,790 km) desde el penal del Altiplano hasta Ensenada, B.C. Dos días de martirio, solo para recordarle y hacerle sentir las consecuencias de oponerse al régimen.
Otro caso extremo es el ocurrido en Veracruz, donde el Congreso, por órdenes de la gobernadora Rocío Nahle, aprobó eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos e integrantes de concejos municipales, pero no a la gobernadora ni a los diputados locales. Evidentemente, será un mecanismo de control político.
Esto ocurre en la absoluta impunidad, mientras otros políticos de alto nivel como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza o Adán Augusto López gozan de fuero y altos ingresos, aunque están bajo sospecha de delitos graves, incluido el ideólogo de la llamada “4.ª Transformación”.
Fue precisamente con Andrés Manuel López Obrador que inició esa práctica abierta de presión, intimidación y estigmatización a periodistas, a los que se ha exhibido públicamente; se han dado a conocer sus salarios y direcciones. Todo condensado en una “lista” de periodistas a los que tienen “ubicados”.
Al menos eso fue lo que informó la exsecretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, ahora asesora jurídica de la presidenta Sheinbaum. Fue AMLO quien usó plataformas de espionaje, investigación e inteligencia como Pegasus para acosar periodistas, según reveló la Universidad de Berkeley.
Fue esta la que documentó el asesinato en México de 78 periodistas y 259 activistas sociales durante el sexenio de AMLO. Desde el Ejecutivo Federal no solo se fomentó el ataque político contra periodistas adversarios, sino que se creó un centro secreto de inteligencia militar con herramientas como Geomatrix, de Rayzone, y Cellebrite UFED.
La persecución se daba desde las “Mañaneras”. Hoy quieren hablar de la represión “de antes”, cuando están a punto de aprobar una ley que amenaza seriamente la libertad de expresión. Así empiezan las dictaduras.