En Honduras, niños víctimas de trata y abuso sexual enfrentan investigaciones deficientes, evidencias ignoradas y una impunidad que prolonga su sufrimiento.
Por Itsmania Platero
Una escena del crimen requiere la intervención de un experto que inspeccione minuciosamente cada uno de sus cuadrantes. Es el momento de observar todo lo que tenemos delante, sin dejar escapar ningún detalle ni dar lugar a la imaginación. Debemos descartar las suposiciones y concentrarnos en las evidencias, porque en cada huella puede encontrarse nuestro «testigo mudo».
Cada niño víctima de trata, abuso sexual, pornografía infantil o explotación por parte de un pedófilo experimenta una lenta metamorfosis. Poco a poco, sin comprender lo que le está sucediendo, queda atrapado en el miedo, el aislamiento y un estado de constante angustia. Su transformación recuerda a una oruga que permanece encerrada, sin conseguir convertirse en mariposa.
Para los expertos es esencial identificar y preservar las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios que permitan establecer que se ha cometido un delito. Sin embargo, las pruebas necesitan ser interpretadas. Su verdadero valor depende de la capacidad del investigador para reconstruir los hechos y comprender el dolor del niño que ha sido privado de su inocencia, especialmente cuando es víctima de trata y trasladado a través de las fronteras.
Los nombres utilizados en este relato son ficticios.
Cuando conocí a Lili, descubrí en ella una huella que había observado en otras víctimas: un terror silencioso que la atormentaba día y noche, le arrebataba el sueño y la mantenía prisionera de sus propios recuerdos.
Lili parecía un alma atormentada, encerrada entre paredes enmohecidas. Contaba los días mediante pequeñas rayas de lápiz y llevaba el registro de las múltiples agresiones que había sufrido. Recordaba las ocasiones en que su agresor le apretaba el cuello con las manos.
Durante tres años permaneció atrapada en sí misma. Nadie la escuchaba. Había llegado a sentir que la violencia sufrida constituía una especie de castigo que merecía. Temía que denunciar la pérdida de su inocencia terminara por incriminarla, convertirla en culpable y dejar en libertad a quien la había agredido.
En Honduras operan redes criminales que se desplazan con una rapidez extraordinaria, amparadas por la corrupción y la impunidad. En este escenario, las normas y los tratados internacionales destinados a proteger a la infancia pierden eficacia cuando las instituciones encargadas de aplicarlos incumplen sus obligaciones.
Aquí el tiempo cuenta. Cada cuatro horas y 45 minutos, un niño es víctima de violación sexual, según la cifra que recoge esta denuncia. De cada diez casos, apenas uno consigue llegar a los tribunales. El silencio y la impunidad estatal se convierten en los principales aliados de los agresores.
Después de horas de búsqueda y angustia, el corazón de Lili se acelera. Los policías llenan informes y recogen evidencias. Sin embargo, la Fiscalía de turno declara sin lugar el caso.
Lili termina internada en un hospital psiquiátrico de Honduras. La declaran mentalmente incompetente y, además, la desacreditan públicamente, calificándola de mentirosa.
Aunque la Fiscalía debió intervenir de oficio e investigar los hechos denunciados, el caso quedó sepultado en el silencio.
Para los depredadores, vender a un niño y someterlo a explotación sexual representa un negocio extremadamente rentable. Una bala puede costar menos que un grano de arroz, mientras que un niño puede ser vendido y explotado repetidamente. Cuando las víctimas cruzan las fronteras, su destino se vuelve todavía más incierto.
«Es evidente que una Alerta Amber no será beneficiosa para algunos».
Sonia se desgarra en llanto. La impotencia la sumerge en un vacío abrumador ante la inoperancia gubernamental y la protección que, según denuncia, reciben quienes cometen estos delitos por parte de algunas autoridades estatales.
Las evidencias deberían servir para esclarecer los hechos, independientemente de que favorezcan a la acusación o a la defensa. Sin embargo, en estos casos, el dolor de las víctimas y los indicios que aparecen en sus declaraciones resultan insuficientes para impulsar investigaciones eficaces. Los expedientes pasan de una instancia a otra, entre procedimientos que terminan por favorecer la impunidad.
El equipo de trabajo de una unidad especial puede reducirse a una computadora, una impresora vieja y apenas un vehículo. Con recursos tan limitados, los investigadores deben enfrentarse a organizaciones criminales que cuentan con armas, dinero y estructuras capaces de dificultar cualquier operación.
El objetivo es identificar a los integrantes de una red criminal, determinar la responsabilidad de cada uno y reunir las pruebas necesarias para conseguir su detención. El investigador debe seguir los indicios hasta encontrar al culpable o establecer la inocencia de quien ha sido acusado injustamente.
Cuando finalmente se localiza a un sospechoso, comienza otra etapa. Las operaciones requieren vehículos, armas, chalecos antibalas y otros recursos para garantizar que las detenciones puedan llevarse a cabo sin poner en riesgo al personal ni a las víctimas.
Un oficial, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó la importancia de un trabajo coordinado y del principio de intercambio formulado por Edmond Locard. Este principio establece que, cuando dos elementos entran en contacto, puede producirse una transferencia de materiales que permita reconstruir los hechos.
Entre esos materiales pueden encontrarse fluidos corporales y otros indicios que ayuden a establecer el contacto entre el agresor y la víctima, así como las circunstancias en que se cometió el delito.
El oficial advirtió que estos procedimientos pierden eficacia cuando las evidencias son enviadas por los fiscales a las bodegas y permanecen allí durante años, sin recibir el análisis o el seguimiento correspondiente.
Con el paso del tiempo, aquellas pruebas terminan convertidas en «testigos olvidados». Su abandono contribuye a fortalecer la impunidad.
«La violencia en Honduras sería menor si los jueces y fiscales tomaran en consideración la importancia del trabajo del investigador, si remitieran las evidencias en los juicios orales y si se ejecutaran los principios de la criminalística. También sería necesario motivar a los peritos en lugar de marginarlos».
El oficial señaló que, con frecuencia, los investigadores deben realizar actividades administrativas, como la recopilación de denuncias y los fichajes, que los apartan de las funciones técnicas y operativas para las que fueron preparados.
Por su parte, don Gregorio, un campesino de 80 años, asegura que conoce otras maneras de identificar a los criminales. Sus explicaciones pertenecen al universo de las creencias populares, transmitidas de una generación a otra.
Cuenta que, cuando una persona asesinada cae boca abajo, su agresor será descubierto rápidamente. También habla de la costumbre de amarrar los dedos de los pies de los muertos con tusa, de las revelaciones que llegan a través de los sueños y de las mariposas negras que anuncian desgracias.
Para don Gregorio, los zopilotes que se reúnen atraídos por un olor desagradable también pueden anunciar la presencia de la muerte. Habla de observar las manos, los rostros y los pies de los difuntos, e incluso de interpretar la manera en que se realiza un nudo.
Está convencido de que los muertos regresan para reclamar venganza y delatar a sus asesinos. Según sus creencias, los criminales siempre dejan una señal o una huella que termina por descubrirlos. En última instancia, deposita su esperanza en las manos de un Dios justo.
«Porque la conciencia, aunque sea sucia, es un juez que golpea incansablemente». Itsmania Platero