El Gobierno del presidente Joe Biden mantuvo su postura de que es “imposible” la detención y deportación de todos los inmigrantes indocumentados, porque no hay recursos suficientes, por ello defendió su política de enfocarse en personas con récord criminal y que representan un peligro para la seguridad nacional.
Ese y otros aspectos se abordaron en la sesión de argumentos orales ante la Corte Suprema de los procuradores generales Elizabeth Prelogar, de la Administración Biden, y del Judd Stone, de Texas.
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El caso fue aceptado por el Máximo Tribunal luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana contra el memorando de septiembre del 2021 firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
En esa guía se pide a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizar a inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de detener y procesar para la deportación a una persona solamente por no tener papeles.
Los jueces cuestionaron a ambos procuradores sobre tres aspectos: 1) si un estado tiene o no el derecho de demandar al Gobierno federal sobre sus políticas –en este caso migratorias—; 2) si las reglas de deportación obedecen la ley de inmigración o no, y 3) si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo.
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“Juez [Brett] Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, dijo la procuradora Prelogar. “Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.
Varios de los jueces, incluidos Samuel Alito, el presidente del Tribunal John Roberts y el juez Kavanaugh expresaron escepticismo sobre las políticas “discrecionales” de la Administración Biden sobre los inmigrantes indocumentados.
“¿No deberíamos simplemente decir cuál es la ley?”, sugirió el juez Roberts, quien luego reconoció que el Gobierno federal no tendría acceso a recursos necesarios para aplicar la norma sin excepciones, es decir, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.
La jueza Sonia Sotomayor cuestionó sobre el argumento de los gobiernos demandantes en cuanto a la decisión de deportación, ya que enfatizó que todos los jueces tienen discrecionalidad al respecto, entonces consideró que las guías tenían como base esa discrecionalidad, es decir, que los oficiales de ICE eran instruidos en determinar “varios factores” para el arresto de una persona.
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Con información de La Opinión.