Daniel Lee Sábado, 07 de Noviembre del 2026
Stephen Miller tendrá mayor control sobre la coordinación de la Casa Blanca y la ejecución de la política migratoria impulsada por Trump.
Por Daniel Lee
La derrota electoral del Partido Republicano no provocó un cambio de rumbo en la política migratoria de Donald Trump. Por el contrario, su respuesta fue colocar a Stephen Miller, uno de los principales impulsores de las deportaciones masivas, al frente de la coordinación de la Casa Blanca. El mensaje es difícil de ignorar: la presión contra los inmigrantes no solamente continuará, sino que su principal promotor tendrá todavía más poder para definir las decisiones del gobierno estadounidense.
El nombramiento, anunciado este viernes 6 de noviembre, representa una señal particularmente preocupante para los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, tanto para quienes carecen de documentos migratorios como para quienes tienen residencia, empleos, familias y décadas de arraigo en ese país. La derrota republicana en las elecciones intermedias abrió un nuevo escenario político, pero la decisión de Trump demuestra que no está dispuesto a moderar su estrategia migratoria como respuesta al resultado de las urnas.
Miller no es un funcionario recién llegado ni un colaborador circunstancial. Es uno de los principales arquitectos de la política de inmigración que ha marcado las dos administraciones de Trump. Su trayectoria está vinculada con la llamada política de tolerancia cero, que provocó la separación de miles de niños de sus padres en la frontera, y con la estrategia de ampliar arrestos, redadas y expulsiones mediante el fortalecimiento de las facultades de las autoridades migratorias.
Su ascenso tiene una consecuencia política fundamental: quien ha defendido las deportaciones masivas deja de ser solamente un asesor influyente para convertirse en el responsable de coordinar el funcionamiento de la Casa Blanca.
El problema no termina en el número de deportaciones. Miller ha promovido objetivos de hasta 3 mil arrestos diarios y una expansión de los operativos del ICE, con consecuencias que alcanzan incluso a personas que llevan años construyendo una vida en Estados Unidos. Para miles de familias mexicanas, esto significa vivir bajo la incertidumbre de que una detención puede separar padres e hijos, destruir hogares y dejar comunidades enteras sin trabajadores.
Pero hay algo todavía más delicado: el alcance que pretende dar a las facultades del gobierno frente a los derechos individuales. Miller impulsó recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar expulsiones y ha planteado medidas que abrieron cuestionamientos sobre garantías constitucionales, incluido el habeas corpus. Pues si, cuando la política migratoria comienza a avanzar sobre derechos fundamentales, el debate deja de ser exclusivamente migratorio y se convierte en un problema de Estado de derecho.
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